Diputados en la sede alterna del Centro BanamexFoto Marco Peláez
Mientras en forma insólita el Congreso mexicano
sesiona en el centro financiero estadunidense Citigroup/Banamex –que
evadió impuestos vía bolsa por 2 mil 500 millones de dólares y uno de
cuyos principales ex propietarios, Roberto Hernández, posee un
importante paquete en Televisa–, debido al cerco de los maestros
disidentes en sus respectivas sedes nacionales, la
entreguista/neoliberal/antiambientalista “reforma Peña/Videgaray/Aspe
entró en una extraña fase de disquisición bizantina sobre el booking de las reservas del petróleo mexicano en favor de las trasnacionales anglosajonas (Bajo la Lupa, 21/8/13).
Para que no quede duda sobre el booking –que ya suena a operación de vulgar casino– la agencia Bloomberg (22/8/13) afirma que México planea un edulcorante de sus reservas petroleras para seducir a Exxon y Chevron. ¿Dónde dejan a BP y a Shell?
Bloomberg cita al polémico Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Energía –con una biografía notablemente entreguista/neoliberal
desde su asesoría con el cordobista/zedillista Téllez Kuenzler, ex
miembro del bushiano grupo Carlyle –quien sentenció que el gobierno de
Peña planea levantar las restricciones (¡supersic!) al registro del
valor de los contratos de las empresas con la reguladora bursátil de
Nueva York (SEC, por sus siglas en inglés).
Ochoa Reza luego negó en México lo que espetó a Bloomberg, quien interpreta que tales valores (sic) pueden entonces ser convertidos en volumen y ser reconocidos en las hojas contables. ¡Una enajenación pirata de las reservas petroleras de México!
Bloomberg comenta que al permitir a las trasnacionales anglosajonas el famoso booking de “algunas (¡supersic!) reservas incrementaría el atractivo del modelo de reparto de utilidades ( profit sharing),
lo que haría más fácil (sic) conseguir financiamiento (¡supersic!)”, de
acuerdo con Citigroup (hoy sede inusitada del Congreso mexicano).
Mejor que las grotescas piruetas bizantinas de Ochoa Reza más vale
la hermenéutica del Olimpo bursátil de Julio Zamora, estratega bursátil
de Citigroup: Es muy significativo (sic) que el booking de las
reservas sea una manera para que las trasnacionales las coloquen en sus
hojas contables y permitan a sus usuarios en sus declaraciones
financieras entender (sic) dónde están gastando e invirtiendo y dónde
están buscando su producción futura.
Las petroleras anglosajonas realizan lo que saben hacer: apalancar
su financiamiento de inversiones mediante sus bancos asociados que
forman parte de sus consejos de administración, como demostré en Bajo
la Lupa (La interconectividad bidireccional del petróleo/gas con los bancos trasnacionales anglosajones,
6/3/13): Lee R. Raymond (director de Exxon Mobil y ex director de JP
Morgan Chase); Lord Browne de Madingley (director de British Petroleum
y miembro del consejo de administración de Goldman Sachs); Willian
Rhodes (miembro del consejo de administración de Conoco Philips y
vicepresidente de Citigroup); David O’Reilly (miembro de Chevron Texaco
y del consejo de administración de JP Morgan Chase) y sir Mark
Moody-Stuart (ex presidente de Royal Dutch/Shell y director de HSBC
Holding).
Lo que quedaría de la sepultura del cascarón de Pemex en tierra firme y/o aguas someras sería otorgado a 10 empresas locales
La
inversión total de los 10 empresarios locales sería mayor a 3 mil 316.5
millones de dólares en su totalidad, para una reserva en declive que ya
alcanzó su pico, mientras las trasnacionales anglosajonas solamente invertirán la bicoca de 10 mil millones de dólares al año (Lozoya dixit) para unas reservas pletóricas –el famoso tesoro en aguas profundas, sin contar el shale gas (gas esquisto/lutitas)–, lo cual hace lógico el manejo del booking mediante
la entrega del gobierno de Peña a la SEC de las reservas petroleras de
México para conseguir financiamientos expeditos y baratos
(prácticamente internos, ya que provienen de su propia banca de
inversiones). ¿Peña empeña las reservas a la SEC?
Resulta desproporcionado que las trasnacionales aporten en el
pletórico petróleo de aguas profundas –cifras de Pemex: 27 mil millones
de barriles que contrastan con los entre 50 mil/100 mil millones de
barriles de Kessel (empleada de Iberdrola)/Reyes Heroles (cabildero de
trasnacionales texanas)/Calderón (fallido director de Repsol)– una
bicoca tres veces mayor a la inversión de los 10 empresarios locales en
el petróleo declinante en tierra firme/aguas someras (13 mil 870
millones de barriles).
La reforma Peña/Videgaray/Aspe busca el booking de
las reservas del petróleo mexicano para seducir a las trasnacionales
anglosajonas: punto intermedio entre el reparto de utilidades ( profit sharing),
que desdeñan los anglosajones (con la advertencia tácita de devaluación
del peso, salida de capitales y desplome de la bolsa), y el reparto de
la producción ( production sharing), el ideal de Wall Street
–lo cual es avalado por Tim Samples, profesor de leyes en la
Universidad de Georgia: “Las grandes trasnacionales petroleras se
preocupan realmente de las reservas vía booking” y constituye la segunda (¡supersic!) mejor cosa después de los contratos al reparto de la producción ( production sharing). ¡Obvio!
Bloomberg volvió a sacudir la espada de Damocles bursátil que pende
sobre el gobierno de Peña al sentenciar que las declaraciones de Ochoa
Reza habían detenido la devaluación del peso (Bajo la Lupa, ¿Amenaza Bloomberg con caída de la bolsa, devaluación del peso y fuga de capitales si no privatizan Pemex?, 24/7/13).
Bloomberg explica la guía de la SEC: permite a las
empresas registrar los equivalentes (sic) de reservas al declarar que
bajo el método del interés económico (sic), la participación de la
empresa en el costo de recuperación de los ingresos del petróleo y de
las ganancias es dividido por el precio del petróleo a final del año
que representa la garantía del volumen.
Traducido al castizo: este tecnicismo de contabilidad financierista neoliberal de Wall Street (reservas booking en la SEC) es lo mismo en última instancia que el “reparto de la producción ( production sharing)”
con la sola diferencia del tiempo: en la primera, la propiedad se
contabiliza a final del año, mientras en la segunda es perentoria; en
las dos, con todo y los sofismas vulgares de Ochoa Reza, diseñados para
oligofrénicos/cándidos/neófitos, México pierde la propiedad y/o
el control de sus reservas de petróleo en beneficio unilateral de las
trasnacionales mediante el truco contable financierista del booking pirata. Si no: ¿cuál es la necesidad de acudir a la SEC en lo oscurito a empeñar humillantemente el petróleo mexicano?
En
el sector energía ya se entregaron, sobre todo a transnacionales,
varios elementos valiosos. En electricidad, por un lado hay contratos
de 15 y 20 años para comprar gas, caro y en forma especial. Se contrató
a empresas extranjeras la compra de electricidad, a 20 años y carísima.
Se les paga la electricidad, el mantenimiento, el gas consumido, el
desgaste, etcétera.
En Pemex, se les contrató en Burgos, por 15 años en unos casos y en
otros por 20, el uso completo de regiones para la producción de gas
natural. Han agotado buena parte de las reservas de gas, y en los
recientes 5 años la producción se redujo al 83 por ciento. Se han
firmado contratos por 15 años por la compra de nitrógeno, que no se ha
demostrado su utilidad real.
No está claro qué van a hacer con las áreas ya agotadas y que fueron
gigantes. Por ejemplo, el enorme Cantarell, que llegó a producir 2
millones 125 mil barriles diarios de petróleo crudo. y ahora se
producen 380 mil. o sea un 18 por ciento de lo que se extraía. O en
Chicontepec, del que se decia que aumentaba su producción, la baja a lo
largo de este mismo año de 75 mil barriles diarios, a 65 mil.
Por si fuera poco, se quiere cambiar los artículos 27 y 28 de la
Constitución, entre otras cosas para que las empresas –que en los
hechos serán extranjeras en lo fundamental– puedan tener todos los
equipos de perforación, de generación, de refinación, etcétera. Se
verá, por ejemplo, si se extraen yacimientos productivos.
Pemex seguirá pagando las rentas, los contratos y demás, a las
trasnacionales, y éstas podrán tener además sus refinerías, plantas
petroquímicas, plantas de generación, perforación de petróleo y gas y
demás.
Se habla también de socios. Los extranjeros obtienen su gran tajada, además de sus otros ingresos. Ya tienen ganadas por concursos tierras con reservas de crudo, algunas extintas, etcétera.
Por
supuesto que el discurso oficial no habla de lo que tiene Pemex de
positivo. Hemos usado los ejemplos de cantidad de reservas probadas de
gas natural, de Litoral de Tabasco, en los siguientes años:
2008 - 63%
2009 - 55%
2010 - 54%
Porcentajes del total mundial en cada año. En cambio, los
porcentajes de Burgos, con sus trasnacionales, tuvieron en esos años
los porcentajes de 7, 10 y 4 por ciento.
Recordamos que en el litoral, en los recientes 10 años, se elevó la
producción de crudo más de ocho veces, y también más de ocho veces la
producción de gas natural.
Nada de esto quieren decir los gobernantes. Se oiría muy feo entregar áreas productivas a empresas extranjeras.
Hoy domingo 25 de agosto, en el Distrito Federal y otras entidades,
es el día en que los ciudadanos que lo decidan darán su opinión sobre
varios aspectos importantes de los cambios oficiales energéticos
proyectados por el gobierno, y sus cambios en los impuestos a pagar por
los ciudadanos mismos.
La emisión de opinión se presenta como oportunidad ante problemas
que evidentemente interesan a la gente. El próximo domingo se darán las
opiniones en los estados que no lo hicieron hoy. Y poco después, se
conocerán los resultados.
Esto no obliga al gobierno, pero representa una presión moral hacia
el mismo. Si el número de participantes es muy alto, con mayor razón.
De una u otra manera, se puede influir en el proceso que está en marcha
en torno a la energía, y en torno a los impuestos que se quiere
aumentar.
Estudiantes, activistas, amas de casa, campesinos… Contra
cualquiera se podrían enfilar las instituciones de seguridad nacional
del Estado mexicano. El marco jurídico define ambiguamente cuáles son
las actividades que amenazan a la nación; y nada dice de cuáles son los
objetivos, intereses y aspiraciones nacionales. Cada una de las
dependencias encargadas de defender al Estado –Sedena, Semar, Cisen–
entienden de manera distinta cuáles son los valores que deben tutelar,
según se desprende de las respuestas entregadas a Contralínea
por medio de la Ley de Transparencia. Así, cada grupo determina quiénes
son los enemigos del Estado: desde narcotraficantes hasta quienes se
oponen a las reformas estructurales o son adversarios políticos del
titular de cada dependencia
Un número indeterminado de ciudadanos
mexicanos es considerado, por sí mismo o por las organizaciones en que
participa, actor de una de las “amenazas” a la seguridad del Estado
mexicano. Sin saberlo –a veces sin siquiera sospecharlo– activistas,
campesinos, colonos, trabajadores, estudiantes, amas de casa,
profesionistas, maestros, periodistas, políticos… son objeto de
espionaje y acoso por parte de los organismos de inteligencia –civil y
militar– del Estado mexicano.
Un presupuesto anual de 73 mil millones
de pesos y recursos humanos y materiales de, al menos, tres secretarías
de Estado hacen posible un seguimiento puntual de quiénes son
considerados por los estrategas del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) –organismo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación (Segob)–, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
la Secretaría de Marina (Semar) participantes de las “amenazas” a la
seguridad nacional de la República.
Y es que son las propias entidades de
seguridad nacional las que determinan cuáles son los intereses,
objetivos y aspiraciones nacionales y cuáles las actividades que
implican amenazas y riesgos para la nación. El Plan Militar de Defensa
Nacional (a cargo de la Sedena) y la Agenda Nacional de Riesgos (a
cargo del Cisen) son documentos que se guardan celosamente –“en caja
fuerte”, en el caso de la Defensa Nacional–, lejos de la mirada del
Congreso de la Unión y más aún, de los medios de comunicación y la
sociedad.
Con recursos públicos –que no son
auditados– se investiga y se “contienen, neutralizan o desactivan” a
los enemigos de la nación, que pueden ser organizaciones estudiantiles,
grupos de campesinos que se oponen a una minera, activistas, disidentes
políticos e ideológicos del grupo en el poder. Todo, en nombre de la
“seguridad nacional”.
Contralínea ha tenido acceso a documentos del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, el Cisen,
y ha recabado información de la Sedena que dan cuenta de la utilización
de recursos públicos para infiltrar e intentar desactivar a movimientos
sociales que realizan sus actividades políticas dentro de los marcos
legales.
En la investigación realizada por Contralínea
–que se publica por entregas y de la cual el presente texto es la
segunda parte– se da cuenta de la acción de las instituciones del
Estado mexicano contra estudiantes del movimiento #Yosoy132,
los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, los
campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (de San
Salvador Atenco), simpatizantes de la Otra Campaña o la Sexta
(movimiento aglutinado en torno a la Sexta declaración de la Selva
Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y políticos de
oposición al régimen en turno.
“Todas esas prácticas de espionaje y
acciones contra los ciudadanos no están dentro del marco de la ley”,
dice la diputada Lizbeth Rosas Montero, consultada al respecto. La
integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional agrega: “la
Ley de Seguridad Nacional no autoriza la utilización de las
instituciones de seguridad nacional contra los ciudadanos; de hecho, la
ley lo prohíbe”.
La también secretaria de la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados reconoce que hoy en día los
servicios de inteligencia siguen respondiendo a los intereses del grupo
en el poder y no a los de la nación.
“Desafortunadamente las instituciones
de inteligencia siguen combatiendo a los grupos que cuestionan al
gobierno. Es claro para nosotros que en el momento en el que algún
grupo cuestiona las actividades del gobierno se convierte en sujeto de
investigaciones por parte de las agencias de seguridad nacional. Y esto
es totalmente inaceptable. Al contrario, es totalmente condenable.”
La senadora Angélica de la Peña Gómez,
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la
República, sentencia: “las violaciones a los derechos humanos no pueden
fundarse de ninguna manera en función de que debe prevalecer como un
interés superior la seguridad nacional”.
—La preservación de la seguridad de la nación necesita de servicios de inteligencia secretos –se le advierte.
—No se puede justificar la intromisión
a la vida privada de las personas ni la violación a sus derechos
humanos bajo el discurso de la seguridad nacional –expone.
De la Peña Gómez explica que ninguna ley autoriza el espionaje
o acoso contra aquellos mexicanos que se organizan y hacen uso de sus
derechos políticos, cuestionan, critican o, incluso, buscan un cambio
de gobierno por medio de los cauces legales que establecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
federales y estatales.
“Simple y sencillamente quien utiliza a
los aparatos de inteligencia para socavar el derecho a la organización,
a disentir, a protestar está actuando fuera de la ley”, considera.
La falta de controles legales sobre los
organismos de inteligencia y la ausencia de mecanismos reales de
rendición de cuentas han impedido la profesionalización de los
servicios de seguridad nacional. Y una condición que debe cumplir todo
servicio secreto para que sus actividades no violenten los derechos
humanos es, precisamente, el de la profesionalización, a decir de
especialistas en seguridad y Fuerzas Armadas.
Para el investigador mexicano Iñigo
Guevara y Moyano, maestro en seguridad nacional por la Universidad de
Georgetown, Estados Unidos, y miembro del Colectivo de Análisis para la
Seguridad con Democracia, “mientras menos política sea una institución
[de seguridad nacional], mejor estará estructurada para responder a la
protección de los intereses nacionales”.
Sin embargo, a decir del especialista
en Fuerzas Armadas y seguridad nacional, en materia de
profesionalización los servicios de inteligencia mexicanos han avanzado
muy poco, “y se corre el riesgo de que se retroceda”, porque sigue
imperando una “cultura de cadena de favores”.
De acuerdo con el también experto en
Fuerzas Armadas y seguridad nacional Jorge Luis Sierra Guzmán, México
no ha conseguido transitar “hacia la formación profesional de
inteligencia al margen de los cambios sexenales que ocurren en el
poder”.
El egresado del Centro Hemisférico de
Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en
Washington, DC, Estados Unidos, señala que “hay algunas evidencias de
que en algunos casos y servicios de inteligencia no se ha actuado
conforme a un interés de Estado o de nación, sino a intereses
particulares, de fracciones que están en el poder”.
Sierra Guzmán ejemplifica con el caso
de los videos dados a conocer públicamente en Televisa sobre el dinero
recibido por el político René Bejarano de parte del empresario Carlos
Ahumada. Entonces, marzo de 2004, Bejarano era coordinador de la
bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y uno de los políticos más cercanos al
jefe de gobierno de aquel año, Andrés Manuel López Obrador.
“Te podría hablar, por ejemplo, de cómo
funcionarios del Cisen estuvieron presentes en el interrogatorio a
Carlos Ahumada, empresario argentino que aparentemente desarrolló un
sistema de corrupción de funcionarios locales del PRD en el Distrito
Federal con el fin de obtener contratos gubernamentales.
“Y en ese interrogatorio [en el que se
diseñó la estrategia de difusión del video] había personal del Cisen y
abogados particulares. Al parecer estaba presente un funcionario
importante del Partido Acción Nacional [PAN]. Era muy evidente que
había detrás un interés político partidista de fracción en el poder.”
Para el especialista, existen claras
evidencias de que “aún nos falta mucho por alcanzar en el camino de la
profesionalización” de los servicios de inteligencia.
Jorge Luis Sierra explica que la actual
situación de las instituciones de seguridad nacional es un problema de
sexenios atrás. De hecho, nunca se ha concretado el proceso de
profesionalización de los servicios. Entre las causas que el
investigador identifica se encuentra la falta de continuidad
programática institucional.
“Los cuerpos de inteligencia no han
seguido un camino constante. Más bien, ha sido errático y ha dependido
de la voluntad de los gobiernos en turno. Una evidencia de eso es que
durante el gobierno de Felipe Calderón y, antes, durante el de Vicente
Fox, los servicios de inteligencia fueron profundamente transformados.
Los líderes de estos servicios eran personas que provenían de otros
ramos de la actividad del gobierno o empresarial privada y que no
contaban con antecedentes ni preparación suficiente como para poder
ejercer un cargo tan importante, con tanta responsabilidad.”
Agrega que, incluso, el actual gobierno
de Peña Nieto encontró con que en materia de inteligencia el país
estaba “prácticamente en el desastre”. Entre las irregularidades,
Sierra Guzmán destaca: “expedientes que no estaban integrados, pistas
que habían sido sueltas, personal que no estaba debidamente capacitado…
Se encontraron con una especie de desintegración, en la práctica, de
los servicios de inteligencia”.
—¿Cómo pueden justificar su existencia
servicios de inteligencia que no rinden cuentas, que son ineficaces en
la protección del Estado y que se utilizan frecuentemente contra la
población?
—Todo Estado requiere de servicios que
garanticen su integridad y seguridad. No es que no deban existir en
México, sino que deben recorrer un camino hacia su profesionalización.
Un camino profesional pudiera ser aquel que va dirigido hacia el
cumplimiento de los objetivos nacionales y hacia la formación integral
de inteligencia al margen de los cambios sexenales. Eso implicaría
tener un plan nacional de décadas en materia de inteligencia, de 30 o
40 años.
Amenazas, objetivos y aspiraciones ¿nacionales?
Aunque la Ley sí se refiere a las
acciones y hechos que se consideran amenazas a la seguridad nacional,
no define cuáles son los objetivos nacionales ni las aspiraciones
nacionales. Así, cada grupo en el poder, cada sexenio, redefine de
manera unilateral cuáles son esos objetivos y esas aspiraciones
supuestamente de la nación.
El artículo 5 de la Ley de Seguridad
Nacional determina que existen 12 tipos de actos que son amenazas a la
seguridad nacional. De los objetivos y aspiraciones nacionales,
conceptos abundantes en la literatura de seguridad nacional pero
escasamente definidos, sólo de manera genérica se dice que derivan de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Contralínea preguntó al Cisen,
por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (solicitud 0410000016912) cuáles son los ideales
que ese órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano
considera las aspiraciones nacionales.
En su respuesta, la institución
señala que la solicitud “no corresponde al marco de la Ley”, pues la
dependencia sólo está obligada a entregar aquellos datos que disponga
en documentos o en información generada por el organismo.
Así, el organismo “cuyo propósito es
generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita
preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano,
dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el estado de derecho” no
sabe cuáles son las aspiraciones nacionales.
También se le preguntó cuáles son los
intereses nacionales que tutela como dependencia integrante del Sistema
de Seguridad Nacional (solicitud 0410000 017012). La respuesta es
idéntica: “la solicitud no corresponde al marco de la Ley”. La
justificación tampoco cambia una coma.
Sobre cuáles son los objetivos
nacionales que identifica (solicitud 0410000017112), el Cisen responde
que la información se conoce públicamente y remite al Programa para la
Seguridad Nacional 2009-2012. En el documento no se aclara si los
objetivos del programa son los mismos que los objetivos nacionales.
El Plan Nacional de Desarrollo del
gobierno de Enrique Peña Nieto, en el apartado “México en paz”, cita
“una serie de objetivos e intereses estratégicos nacionales, tales como
la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos; la
preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa
del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la
preservación de la unidad de las partes integrantes de la federación;
la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o
sujetos de derecho internacional; y el desarrollo económico, social y
político del país como ejes en la preservación de la democracia”.
Contralínea también preguntó a
la Sedena cuáles son las aspiraciones nacionales que tutela (solicitud
0000700099812). En su respuesta, la Secretaría de Estado asienta: “son
los ideales comunes a todo el pueblo mexicano, que expresan deseos o
pretensiones y finalidades a que él mismo aspira y que se van formando
paulatinamente en sus habitantes a través de su historia, tradiciones
morales y religiosas, composición étnica y social, corrientes
ideológicas y problemas económicos. Las aspiraciones son, por lo
general, ideales de carácter noble, basados en la moral y que con
frecuencia pueden pregonarse, darse a conocer abiertamente”.
En el mismo documento de respuesta, entregado a Contralínea
por la Sedena, se enlistan “algunas de las aspiraciones nacionales”:
paz, seguridad, libertad, independencia, soberanía, mejoría económica,
justicia e igualdad social.
También explica que las aspiraciones nacionales pueden traducirse en los siguientes objetivos nacionales:
“1. Convicción de que la solución
pacífica de los conflictos entre las naciones es la única forma legal y
aceptable de dirimir querellas, de acuerdo con la moral y prácticas
legales internacionales.
“2. Que se observe en la teoría y en la práctica el derecho irrestricto de los pueblos a darse la forma de gobierno que deseen.
“3. La observancia mundial al principio de no intervención en los asuntos internos de un país por otro u otros.
“4. Buscar la elevación del nivel del vida del pueblo sin menoscabo de sus libertades, costumbres, tradiciones y soberanía.”
En respuesta a Contralínea, la
Sedena informa también cuáles son los intereses nacionales que
identifica. En un documento generado a partir de la solicitud de
información 0000700099912, la dependencia que organiza y administra al
Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana señala:
“Los intereses nacionales son deseos o
pretensiones pero no del pueblo en su conjunto sino del gobierno o de
ciertos sectores políticos, económicos, religiosos o culturales. Por lo
regular se refieren a actividades o inversiones de las que se espera
obtener provecho, utilidad o beneficio. Entre los intereses más
extendidos por el mundo figuran los mercados de consumo, las fuentes de
materias primas, las zonas de seguridad estratégica, protectorados y
dominios, las áreas de influencia o hegemonía, etcétera.”
Por su parte, la Semar remite al
Programa Sectorial de Marina 2007-2012 para señalar cuáles son los
objetivos nacionales. Así, de acuerdo con la respuesta a la solicitud
de información presentada por Contralínea (folio 0001300044612), los objetivos de la nación mexicana son:
Desarrollar la capacidad operativa de
los buques, aeronaves y unidades terrestres de la Armada de México,
para mantener el control y dominio de los mares nacionales;
reestructurar el despliegue operativo de los mandos de las regiones,
zonas y sectores navales; reorganizar las unidades de Infantería de
Marina para aumentar la presencia del personal naval en funciones de
policía marítima en la franja costera del país; optimizar las
operaciones para la salvaguarda de la vida humana en la mar; optimizar
las operaciones para proporcionar auxilio a la población en casos y
zonas de desastres, y fortalecer la moral, el profesionalismo y la
capacitación del personal naval.
Sobre cuáles son los intereses
nacionales, la Semar remite al mismo documento, pero al apartado
“Vinculación del Programa Sectorial de Marina 2007-2012 a los Objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo y las metas de la Visión 2030”. Es
decir, los intereses nacionales serían: proteger los intereses
marítimos nacionales; aplicar el estado de derecho en los mares y
litorales mexicanos; garantizar la seguridad física de las personas;
incrementar la confianza de la población hacia la Semar…
Para responder a la solicitud de información 00 01300045112, en la que Contralínea
le solicitó conocer cuáles son los riesgos a la seguridad nacional, la
Semar de nueva cuenta remite a un apartado del Programa Sectorial de
Marina 2007-2012, “Amenazas en el entorno marítimo”.
Así, los riesgos a la seguridad
nacional que observa la Semar son: “el tráfico ilegal de drogas, de
indocumentados y de armas; actos de sabotaje de grupos subversivos y la
piratería. Además, los que afectan el desarrollo del país, la
explotación irracional de los recursos renovables y no renovables, la
contaminación del medio ambiente marino y los daños causados por los
fenómenos naturales”.
Como puede observarse, en lo único que
están de acuerdo las tres dependencias encargadas de la seguridad del
Estado mexicano es en el caso de las amenazas a la seguridad nacional,
que están definidas en la Ley de Seguridad Nacional. Los riesgos a la
seguridad nacional parecen estar definidos por el gobierno en turno. Y
los objetivos, intereses y aspiraciones “nacionales” son definidos
unilateralmente por cada una de las instituciones. Así diseñan sus
políticas y así identifican a los enemigos del Estado mexicano.
Opositores a reformas estructurales, ¿enemigos del Estado?
En 2007 Contralínea solicitó
copia de la Agenda Nacional de Riesgos, que elabora el Cisen. En vez de
lo solicitado, el Centro entregó un documento de cinco páginas titulado
Nota metodológica para construir agendas de riesgos, en el que
se revela que las “reformas estructurales” constituyen uno de sus
cuatro “valores tutelados”; además, que entre sus objetivos se
encuentra “facilitar” la aprobación de esas reformas.
El Cisen justifica su empeño en la
imposición de las “reformas estructurales” al considerar que “la
convergencia entre intereses particulares legítimos y el interés
nacional es la clave del éxito de las políticas de Estado incluyentes y
de largo plazo”.
También revela que entre los “temas”
que rigen sus actividades desde el “último lustro” se encuentra la
promoción de “cambios en las estructuras organizativas y jurídicas de
diversos sectores estratégicos”.
Las “reformas estructurales” promovidas
por los gobiernos de Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y Peña han sido,
principalmente, la energética, laboral, hacendaria o fiscal, de
seguridad social y pensiones y educativa.
—¿Entonces la acción de las
instituciones de seguridad nacional se realiza contra quienes se oponen
a este tipo de reformas? –se le pregunta al antropólogo Gilberto López
y Rivas, especialista en seguridad nacional y autonomías de los pueblos
indígenas.
—Los servicios de inteligencia en
México nunca han funcionado como servicios del Estado. Nunca han
defendido los intereses de la nación y del pueblo. Siempre han estado
al servicio de los grupos poderosos, incluso de facciones dentro de
esos grupos. Y siempre han servido al grupo gobernante para establecer
estrecha vigilancia sobre quienes considera subversivos o enemigos del
Estado.
El doctor en antropología por la
Universidad de Utah, Estados Unidos, y maestro en Antropología por la
Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, agrega que, incluso, las instituciones de
seguridad nacional vigilan a los propios funcionarios en el poder y a
los políticos de todos los partidos.
“Hay un seguimiento de la propia clase
política; esos datos están dentro de los secretos mejor guardados.
Evidentemente no sólo buscan detectar posibles adversarios, sino
hacerse de formas de chantaje político y del control de personas
incómodas. El Estado vigila y se vigila a sí mismo. Vigila a todos sus hijos y no discrimina a nadie.
—Pero eso no lo contemplan las leyes.
—Ningún órgano de inteligencia de los
países llamados democráticos está facultado, según las leyes, para
espiar a sus ciudadanos. Se señala que se debe contar con la
autorización de un juez y exponer razones fundadas para que se pueda
penetrar sus comunicaciones. Pero eso es lo que está en la ley. La
verdad, eso se violenta sistemática, permanente y universalmente.
Según la información recabada, la
acción de las instituciones de seguridad nacional contra ciudadanos y
movimientos sociales –que se irá publicando por entregas– no se limita
al seguimiento o la recopilación de información. Los organismos de
seguridad y defensa nacionales han buscado infiltrar a las
organizaciones para incidir en la toma de decisiones y desmovilizarlas.
López y Rivas no se sorprende.
Considera que en México siempre ha sido así, desde la Dirección Federal
de Seguridad (antecedente del Cisen) e, incluso, desde antes, con el
Servicio Secreto. Sin embargo, destaca que estas acciones violentan las
leyes nacionales y los tratados internacionales firmados por México en
materia de derechos humanos.
“Los servicios de inteligencia
prácticamente nunca actúan dentro de la ley. La naturaleza misma de los
servicios se los permite. Es conocido el modus operandi de los
infiltrados que radicaliza los movimientos sociales y luego los
criminaliza.”
A decir del investigador, los actuales
servicios de inteligencia mexicanos aparentemente violan menos derechos
humanos, pero ahora dependen casi totalmente de las agencias
estadunidenses.
“Ésa es la otra característica: son
proestadunidenses. Habría que preguntarle a los agentes y a los
militares encargados de la seguridad nacional de México qué piensan del
control de los aeropuertos que ejerce Estados Unidos; y qué de la
oficina, instalada en el Distrito Federal, de las agencias de
inteligencia de ese país; y qué de esos oficiales que se pasean armados
por todo el territorio; y qué de la Iniciativa Mérida que no pasó por
el Congreso…”.
Quien también fuera asesor del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional en los diálogos que sostuvo con el
gobierno mexicano en San Andrés Larráizar, Chiapas concluye: “los
servicios de inteligencia mexicanos están al servicio de los grupos en
el poder, y estos grupos en el poder que hoy gobiernan México han
formado, parafraseando a [Carlos] Marx, gobiernos de traición nacional”.
Ilegal, todo espionaje y seguimiento no autorizado por un juez: defensores de derechos humanos
José Rosario Marroquín, director del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reconoce que cada
Estado tiene la necesidad de contar con organismos que realicen labores
de inteligencia para brindar seguridad a los ciudadanos. Sin embargo,
señala que en México las instituciones encargadas de prestar estos
servicios se dedican principalmente al espionaje político y social,
pues lo que buscan es controlar a la disidencia.
“Se mantienen prácticas muy abusivas y
contrarias a los derechos humanos. Por ejemplo, las intervenciones
telefónicas sin la autorización de un juez, el seguimiento a personas
consideradas peligrosas y la vigilancia constante sin una justificación
ni autorización para hacerlo. Todo eso viola los derechos humanos”,
considera.
El abogado defensor de derechos humanos
Jesús Robles Maloof señala que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son
inviolables.
“No sólo la Constitución interviene en
estos casos, también la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
en la cual se establece una figura de control”, señala Robles Maloof.
El defensor explica que la ley no sólo
se refiere a las escuchas telefónicas, sino a todas las intervenciones
que se realizan por medios digitales y las que se desarrollan en
recintos, incluso públicos.
Robles Maloof menciona que otro derecho
vulnerado por las instituciones encargadas de la seguridad nacional del
país es el de la asociación.
“El derecho de asociación brinda a los
ciudadanos la capacidad de organizarse con un fin. La vigilancia, el
acoso o la infiltración por parte de autoridades del Estado en
organizaciones sociales o en movimientos populares está fuera del
principio de legalidad.”
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que el
espionaje que realizan los órganos de inteligencia del país contra
ciudadanos que se organizan pacíficamente afecta la dignidad y la honra
de las personas.
“Por el trabajo que realizamos como
defensores de derechos humanos sabemos que estos cuerpos de seguridad
hacen un seguimiento de ciertas personas e intervienen comunicaciones
telefónicas”, explica.
—¿Las intervenciones de comunicaciones legales también afectan los derechos humanos? –se le pregunta.
—Sí. Todo el espionaje vulnera los
derechos. En el caso de México, durante la década de 1970, cumplió
prácticamente una sola labor: controlar a la oposición política. El
espionaje de la Dirección Federal de Seguridad en aquellos años fue el
paso previo a la desaparición forzada y la tortura.
El defensor de derechos humanos alerta
sobre las implicaciones del espionaje, pues generalmente esta acción
tiene como fin otros actos aún más violentos.
“Se vigila a las personas en su vida
diaria y en su trabajo, lo cual después desemboca en actos represivos.
Con orden judicial o sin ella se violan los derechos humanos. El 80 por
ciento de los actos de espionaje son ilegales, clandestinos, opacos”.
De 2002 a la fecha, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “no ha recibido ninguna
recomendación en materia de derechos humanos, ni discriminación y/o
equidad de género”, señala en su página de internet el órgano civil
encargado de las labores de inteligencia civil en el país.
Sin embargo, organizaciones defensoras
de derechos humanos coinciden en que esto ha sido posible debido a que
los ciudadanos no conocen las acciones del Centro, ni es posible para
los ciudadanos discernir cuando sus derechos son violados por esta
institución.
José Rosario Marroquín señala: “Gran
parte de las labores que realiza el Centro son en el escritorio, lejos
de los ciudadanos con intervenciones que muchas veces desconocemos. No
sabemos con qué reglas operan”. El defensor menciona que, a veces, sólo
se conocen los casos que causan escándalo.
“Prácticamente ningún ciudadano se
entera que está siendo objeto de espionaje o seguimiento. Con excepción
de algunos que militan en algún movimiento u organización, que son
conscientes de los riesgos que tienen, la ciudadanía no está atenta a
este tipo de situaciones.”
Además, menciona, que pocas veces las
personas son conscientes del derecho a no ser molestadas en nuestra
vida privada. “Las agresiones directas, las amenazas o los golpes nos
ocupan más; por ello se puede explicar las pocas denuncias contra el
Cisen en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Por su parte, Jesús Robles Maloof
señala que para que se vulneren los derechos humanos debe existir un
acto de autoridad. Ejemplifica con las labores policiacas en las que el
ciudadano identifica plenamente al policía, su uniforme, su placa, su
patrulla. “A los agentes del Cisen no los conocemos, no sabemos cómo
actúan. Por tanto, no sabemos si violan nuestros derechos”.
Vidulfo Rosales explica que el
monitoreo a los movimientos sociales no es la única actividad encargada
a las instituciones de seguridad nacional: sus agentes inciden en las
organizaciones para llevarlos a un curso favorable a los intereses
gubernamentales.
“Hay casos documentados en los que
agentes del Cisen se infiltran en los movimientos sociales con el fin
de darles un curso diferente, de causar división al interior de ellos.”
Participación ciudadana
Robles Maloof considera que la
ciudadanía debe estar más atenta a las labores de las instituciones que
realizan labores de inteligencia.
“No sabíamos muchos detalles de los
acuerdos del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Estados
Unidos para realizar labores de recolección de evidencia. Ahora sabemos
que hay convenios donde se autorizaban centros de inteligencia en todo
el país, cuyos contratistas eran estadunidenses. Se sospecha que quien
tiene la información recolectada no sean las agencias mexicanas sino
las agencias estadunidenses, lo cual sería muy grave.”
Señala que la ciudadanía “se
acostumbró” a que en México las agencias de inteligencia de Estados
Unidos tengan mayor información sobre el narcotráfico en el país que
las mexicanas.
—¿Las labores de inteligencia que realizan instituciones extranjeras en el país violan los derechos humanos de los mexicanos?
—Quien vulnera los derechos es el
gobierno mexicano. Nuestro reclamo, más que dirigido al gobierno
estadunidense, es al gobierno mexicano.
Robles Maloof indica que “los espacio
legislativos deben fortalecerse. En Estados Unidos el trabajo del
Congreso con órganos de inteligencia es constante, al grado de que se
les ha acusado de complicidad. Aquí el Poder Ejecutivo no ha tomado en
serio al Congreso y, por ello, no existe la posibilidad de un control”.
Finalmente, Vidulfo Rosales comenta que
la seguridad nacional y los derechos humanos no son conceptos
excluyentes. Por ello, se deben fortalecer las leyes de control de
estos organismos para que actúen con estricto apego a la Constitución y
a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “Debe
quedar claro que los actos de control ciudadano que restringen los
derechos humanos no tienen cabida en sociedades democráticas. Para
reducir los índices de inseguridad y para brindar paz y tranquilidad
existen otros mecanismos; por ejemplo, atacar la corrupción del poder
político, de los cuerpos de seguridad; garantizar la vivienda, la
alimentación, el empleo. La paz social no se va a conseguir con actos
que restrinjan las garantías y los derechos fundamentales”.
Unidad de Inteligencia Naval: 32.6 MDP al final del sexenio… 232 MDP en 2013
De acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Marina a la solicitud de información 00013 00044412, presentada por Contralínea
a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la Unidad de Inteligencia Naval fue creada en
2009 con el siguiente objetivo:
“Proporcionar al alto mando de la
Secretaría de Marina-Armada de México la inteligencia naval objetiva,
útil, oportuna y confiable mediante la administración del Sistema de
Inteligencia Naval a fin de aportar elementos de juicio para la
concepción, preparación y conducción de las operaciones navales,
coadyuvando con el esfuerzo nacional de inteligencia y la preservación
de la seguridad nacional.”
En el documento se informa que el
presupuesto total para la Unidad durante 2009 ascendió a 6 millones de
pesos; para 2010, a 4 millones 620 mil; para 2011, a 11 millones, y
para 2012, a 11 millones de pesos. De acuerdo con el documento Programa
de inversión de adquisiciones, dado a conocer por la Secretaría de
Marina el 22 de julio pasado, la Unidad pretende ejercer un presupuesto
de 232 millones para adquirir equipo “vital” para obtener información y
producir inteligencia.
Las “unidades administrativas” que realizan actividades de inteligencia en México
Seguridad nacional
Militares
• Estado Mayor del Ejército Mexicano (Sección Segunda, Secretaría de la Defensa Nacional)
• Estado Mayor General de la Armada de México (Unidad de Inteligencia Naval, Secretaría de Marina)
• Estado Mayor Presidencial (Presidencia de la República)
Civiles
• Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Secretaría de Gobernación)
Seguridad pública (policiaca y civil)
• Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal
(Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Gobernación)
• Centro de Planeación para el Control de Drogas (Procuraduría General de la República)
• Unidad Contra la Delincuencia Organizada (ahora Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Procuraduría
General de la República)
• Unidad de Inteligencia Financiera (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
Fuente: Respuesta del Cisen a la solicitud de información 0410000010607, presentada por Contralínea
Antagonismos a la seguridad nacional
Amenazas: Fenómenos intencionales generado por el poder de otro
Estado, o por agentes no estatales contemplados en el artículo 5 de la
Ley, cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone
en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses
permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el
país, y cuestionan la existencia del mismo Estado
Riesgos: Antagonismos a la seguridad nacional que no tienen el
carácter de amenaza conforme a la Ley, pero cuya condición interna o
externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o
agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen
humano o epidemias, pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional
Amenazas
• Delincuencia organizada
• Narcotráfico
• Grupos armados
• Terrorismo
• Vulnerabilidades en fronteras
Riesgos
• Conflictos políticos y sociales
• Pérdida de cohesión social
• Dinámicas migratorias
• Pandemias y epidemias
• Medio ambiente y calentamiento global
• Desequilibrios en el desarrollo nacional
Fuente: Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012
Amenazas a la seguridad nacional
I. Actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo,
rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados
Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades a actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes
integrantes de la Federación, señaladas en el Artículo 43 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales
nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de
destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o
servicios públicos.
Fuente: Ley de Seguridad Nacional, artículo 5
Miembros del CNTE bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Foto: Víctor Camacho.
Se ha registrado una cobertura
intensiva en noticiarios radiofónicos, televisivos y cibernéticos sobre
las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia formada a partir de
algunas secciones sindicales de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el
Distrito Federal, pero en muy pocos casos se ha explicado qué detonó
estas protestas.
“Maestros flojos”, “vándalos”,
“irracionales”, “radicales”, entre muchos otros calificativos, se han
vertido en tinta y en el espectro radioeléctrico. Los dirigentes de la
CNTE tampoco han utilizado los medios de manera intensiva o alternativa
para explicar a la siempre irascible ciudadanía capitalina por qué los
bloqueos a las sedes del Congreso de la Unión y al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
El centro
de esta propuesta está en la primera de las tres grandes reformas
constitucionales que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó a través
de este mecanismo de acuerdos cupulares que es el Pacto por México: la
reforma educativa.
Bien dicen los críticos que no se trató
de una reforma educativa al ciento por ciento, sino de una reforma
laboral en el sector educativo. De ahí provino el desplante de Elba
Esther Gordillo, la lideresa del sindicalismo oficial, que desembocó en
la cárcel para quien controló durante más de dos décadas al mayor
sindicato de América Latina.
La CNTE nunca ha sido aliada de
Gordillo, pero en el tema de las reformas a los artículos 3 y 73
existen más coincidencias que diferencias entre ambos sectores. Esta
reforma, promulgada por el Ejecutivo federal el 26 de febrero de 2013,
estableció las bases jurídicas para cambios en la carrera docente, en
el acceso a puestos directivos de escuelas y zonas escolares y en el
diseño e implementación de la política educativa a nivel básico y medio
superior. De estos cambios surgió el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
En las reformas constitucionales se
estableció que el ingreso para el servicio docente y la promoción a
cargos directivos sería mediante exámenes de evaluación que garanticen
“la idoneidad de conocimientos y capacidades que correspondan” a cada
función, así como la sujeción de reconocimientos, estímulos y la
permanencia en el servicio a la evaluación obligatoria.
Todos estos procesos deberán definirse
y reglamentarse en la ley secundaria conocida como Ley del Servicio
Profesional Docente, para cuya expedición se facultó al Congreso de la
Unión mediante un agregado al artículo 73 constitucional.
Las movilizaciones recientes se
detonaron en la Ciudad de México por múltiples razones –incluyendo las
demandas de mejores condiciones para aulas e ingresos de los mentores-,
pero el núcleo central fue la inclusión de la Ley General del Servicio
Profesional Docente en el periodo extraordinario de sesiones de la
Cámara de Diputados y del Senado, junto con otras dos leyes que tampoco
fueron del agrado de la CNTE.
Durante meses, la CNTE negoció en el
seno de la Secretaría de Gobernación que sus propuestas alternativas de
legislación secundaria serían consideradas por el Pacto por México y en
la discusión legislativa. PRI y PAN avanzaron en la redacción de unas
reformas que no son del agrado de los docentes de la CNTE. De ahí
vienen las movilizaciones que, bien vistas, constituyen la primera gran
presión en contra de las reformas de la generación del Pacto por México.
Hasta dónde la evaluación
Los estereotipos de “los maestros son
flojos”, “no quieren dar clases”, le tienen “miedo a la evaluación” y
“son revoltosos” fueron alimentados durante meses por los medios de
comunicación y por la propia SNTE, que pagó spots televisivos para diferenciar al magisterio “elbista” (hasta que la apresaron) del profesorado disidente (la CNTE).
En marzo de 2013, el Instituto
Belisario Domínguez del Senado organizó un seminario titulado “La
Reforma Constitucional en Materia Educativa: Alcances y Desafíos”. Tuvo
escasa cobertura en los medios. Sin embargo, ahí se plantearon algunos
puntos de vista que convienen retomar a la luz de las recientes
protestas.
La síntesis, elaborada por Rodolfo
Ramírez Raymundo, investigador del Instituto, aporta elementos
importantes en relación con el tema de la evaluación. Aquí algunos de
los puntos clave:
1.-En el artículo 3 se incluyó la
obligación del Estado de “garantizar el máximo logro de aprendizaje en
los educandos” como resultado de la confluencia de métodos, materiales
educativos, organización escolar y condiciones materiales adecuados,
así como la disposición de cada centro escolar de profesores y
directivos escolares “idóneos”.
2.-La evaluación del desempeño docente
y del aprendizaje es importante “pero no suficiente para mejorar la
calidad de la educación”, se discutió en el seminario. La aplicación
reiterada de pruebas tanto a estudiantes como a profesores “no origina
procesos de mejoramiento de la calidad, aún cuando incluya estímulos
por resultados; bajo ciertas condiciones –deficiencia de los
instrumentos, asociación de los resultados con salarios y débil control
de su implementación- esta política puede ser, incluso,
contraproducente; la experiencia mexicana de la última década es
elocuente al respecto”, dice la síntesis elaborada por el Instituto
Belisario Domínguez.
3.-Se propuso que en la legislación
secundaria se incluyan “la evaluación del desempeño no solamente de los
profesores, directores y supervisores” sino de “los funcionarios que
dirigen el sistema en sus diversos niveles (regionales, estatales,
federales); asimismo deberían ser objeto de evaluación las políticas
federales y estatales, el currículo, los libros de texto, la oferta de
formación continua, las condiciones materiales en las que trabajan y
estudian profesores y alumnos”.
Al parecer, estos criterios no se incluyeron en la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Uno de los criterios más importantes, expuestos por especialistas en ese foro del Senado fue el siguiente:
“Las capacidades, habilidades y los
saberes de los profesores se manifiestan –como cualquier competencia,
en cualquier campo laboral se cierra la diferencia- en el desarrollo
mismo del trabajo; por esta razón, la evaluación de los profesores debe
concentrarse en la práctica docente; lo que implicaría dar prioridad a
la observación del trabajo con los estudiantes, e incluir otros
instrumentos que permitan conocer la calidad del trabajo real, es
decir, su congruencia con propósitos educativos y principios
pedagógicos esenciales, su compromiso y creatividad para responder a
las circunstancias particulares de los estudiantes, su pertinencia a la
diversidad cultural. Con las adaptaciones correspondientes, este
criterio aplica en el caso de directores, supervisores y del personal
que se ocupa de la tesorería, técnica o pedagógica”.
Se espían entre sí los gobiernos, sean amigos o enemigos; rivales o aliados.
Nos espían los gobiernos, los cárteles, las empresas, las empresitas que compran nuestros datos a los gobiernos o a las grandes empresas; nos espiamos unos a otros grabando cualquier cosa con los celulares, para luego ventanearlo en las redes; y lo que antes era privado y considerado vergonzoso, se convierte en público.
Por más atroz que nos parezca, los espías son hoy fantasmas muy reales, que están en todos lados y se nos aparecen a cada rato.
A las pocas horas de entrar a una página web a indagar costos de algún vuelo o facilidades de cualquier hotel, llegan correos de intermediarias turísticas, aerolíneas, cruceros, o cadenas hoteleras para hacer ofertas, siempre mejores que las de las páginas recién visitadas.
Entran llamadas de empresas telefónicas con las que no hay contratado ningún servicio, ofreciendo planes más convenientes, más minutos, mayor capacidad de internet y menores precios.
¿Cómo se enteran? ¿Cómo saben a dónde vamos y lo que consumimos y hacemos?
Porque espían…
Y no son sospechas; hay evidencias.
El excontratista de la CIA Edward Snowden, entregó al diario inglés The Guardian documentos que indican que un sistema de vigilancia llamado XKeyscore permite a la inteligencia gringa espiar lo que se hace en la web; que los servicios estadunidenses llegaron a interceptar en un mes medio millón de comunicaciones; y que el programa está siendo actualizado para hacerlo más potente y rápido.
Que bueno que esté saliendo a la luz pública el espionaje que hace el gobierno de EU; y que malo que los responsables declaren que espiar “es normal en todo país”.
Por eso es importante lo que expresó Snowden, “cualquiera que no quiera vivir vigilado, tiene la obligación de actuar”.
Y lo están haciendo ya miles.
Marchas realizadas en Francfort, Múnich y Berlín, bajo el lema “Yes, we protest” impreso sobre la imagen del presidente Barack Obama, se pronunciaron contra el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos y a favor de quienes revelen esas acciones.
Además, a consecuencia de las operaciones de espionaje electrónico reveladas por Snowden –a quien Putin concedió asilo enfureciendo tanto al presidente Obama que canceló un encuentro con su par ruso–, Alemania no renovó un pacto de vigilancia firmado durante la Guerra fría con EU y Gran Bretaña.
Y la presidenta argentina Cristina Kirchner condenó en el Consejo de Seguridad de la ONU el espionaje masivo.
Pero en México no hacemos nada.
Así como al parecer nos hemos acostumbrado a la corrupción de los políticos y a la violencia desde y contra los narcos sin que nos cause el mismo horror que hace unos pocos años, la dejadez nos está llevando a considerar natural vivir espiados; a sentir indiferencia ante al hecho de estar constantemente vigilados; y a tolerar que con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, se esté limitando la libertad.
Si gobiernos y empresas nos espían y lo reconocen, ¿qué nos toca hacer a nosotros la gente normal?
No lo sé; porque por un lado no podemos renunciar a usar las nuevas tecnologías que además de información, nos dan facilidad en millones de trámites.
Pero por el otro, y mientras esos adelantos no nos permitan privacidad y seguridad, debíamos tratar de no seguir dejando pistas que les permitan cruzar datos que los lleven a saber todo sobre nosotros; lo que incluye, nuestras enfermedades y lo que medicamente nos espera en el futuro.
Todo, para sugerirnos análisis y remedios; que seguramente son los que conviene vender a sus industrias.
Debemos convencernos de que tenemos que defendernos nosotros, porque los del poder no lo harán; acabamos de ver que la Cámara de Representantes de EU derrotó una iniciativa de ley para prohibir a la NSA, “recolectar libremente” información telefónica.
Pero tal vez me equivoque pensando que todos queremos protegernos y no sea así; podría ser que sólo seamos unos pocos los ofendidos con el espionaje y que son más a los que no les importa, porque son los primeros que “suben” a las redes sociales con todo y fotos, lo que les pasa a lo largo del día; confesando ahí sus pensamientos y anhelos y alardeando de sus hazañas, posesiones y riquezas.
Fortograma de Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta, sobre el linchamiento mediático de la pensadora judía
Comentando la sección Perspectivas del cine alemán en el pasado Festival Internacional de Cine de Berlín, la curadora Linda Sköffer precisa: Lo
que más parece preocupar a la nueva generación de realizadores es el
tema de la separación, ya sea del hogar o de una persona amada. En
ocasiones la exploración es dolorosa, otras veces festiva, pero en
todos los casos estos jóvenes cineastas encuentran una expresión
fílmica incitante.
La 12 Semana de Cine Alemán refleja fielmente esa exploración y esa
tendencia. Se trata de 12 largometrajes, 10 de ellos de ficción y dos
documentales, que someramente pueden dividirse en dos grandes
vertientes, de seis películas cada una.
La primera se aboca a una exploración social con una aguda revisión
del pasado histórico reciente y una reflexión sobre problemáticas
comunitarias; la segunda se concentra en dramas familiares que oscilan
entre el drama y la comedia sentimental.
Dramas histórico-sociales: Lore, de la australiana Cate
Shortland, trabajo realizado en Alemania, es una revisión novedosa de
los efectos sicológicos de la ocupación del territorio alemán por las
tropas aliadas luego de la derrota del régimen nazi, desde la
perspectiva ya no de los vencedores, sino de los propios
sobrevivientes
alemanes que vagan atónitos y desesperanzados por los escombros del
gran sueño autoritario.
Hannah Arendt (Margarethe von Trotta) es la crónica del
linchamiento moral que padeció, y aún soporta, una gran pensadora judía
cuya opinión heterodoxa sobre la tragedia del Holocausto hace de la
mediocridad moral de los subalternos una fuerza mayor en la propagación
del mal. La fácil demonización de villanos excepcionales olvida, según
ella, la fría eficacia burocrática de quienes finalmente ejecutan las
órdenes de exterminio. Una mirada crítica e inteligente tan vigente hoy
como hace medio siglo.
Nada malo puede suceder (Katrin Gebbe) es la escalofriante parábola del martirio de un joven punk fanático de Jesús (Jesus freak)
enfrentado a una ignorante familia rural que procura demoler su candor
y sus creencias religiosas para deshumanizarlo y triunfar sobre él.
Algo similar sucede con los muy jóvenes protagonistas de El hijo adoptivo (Markus Imboden),
que en una comunidad rural suiza de los años 50 padecen el escarnio de
granjeros que los explotan y humillan en un intento por derribar el
insultante talento artístico de un siervo y la inocencia de una joven
huérfana.
El amigo alemán (Jeanine Meerapfel) es una agridulce
reflexión histórica, de factura más convencional, sobre el peso que
soportan dos jóvenes hijos de exiliados alemanes en Argentina, del
pasado inmediato de sus padres al término de la guerra mundial, y de
sus efectos en sus respectivos compromisos políticos y sentimentales.
Finalmente, el documental Tierra desolada (Anne
Kodura) evoca las crisis de identidad y la resistencia lúdica de un
grupo de niños de origen árabe que en una periferia urbana de Alemania
experimentan algo de las incertidumbres y angustias de sus padres
refugiados.
Dramas intimistas: Silvi (Nico Sommer) es la crónica amarga
del desencuentro y desgaste afectivo de una pareja conyugal de largos
años, de los efectos mayores sobre Silvi, la mujer madura, y su
formidable proceso para dar un curso nuevo a su libertad recobrada. Una
película ágil, políticamente incorrecta, ajena al melodrama y de clara
empatía con los impulsos vitales de su protagonista.
Polvo sobre nuestros corazones (Hanna Doose) es la cróni-ca
de otra liberación femenina, la de una joven madre soltera, actriz poco
exitosa, que debe sobreponerse al frenesí manipulador de su solitaria y
fría madre sicóloga. Dos estupendos retratos femeninos en una
confrontación moral e intelectual de intenso calibre dramático.
El brillo de los días (Tizza Covi y Rainer Frimmel) dos
personajes masculinos, sobrino y tío estrafalario, empeñados en
contribuir, por todos los medios, incluidos los ilegales, al rencuentro
de una familia de inmigrantes moldavos. Una parábola de la eficacia de
la solidaridad afectiva en el marco de una familia ampliada.
De nuevo una intensa solidaridad amorosa en No me olvides (David
Sieveking), crónica muy directa de las atenciones que un hijo, el
propio cineasta, brinda a su madre anciana aquejada por el Alzheimer.
Un relato conmovedor, sorpresivamente humorístico, de inusitada
generosidad y franqueza.
Oh Boy, 24 horas en Berlín (Jan Ole Gerster), exitosa
comedia dramática sobre la deriva existencial de un joven que se
cuestiona las carencias y prioridades de su vida en un largo deambular
por las calles de su ciudad. Una de las mejores obras del ciclo.
Finalmente, El extraño gatito (Ramón Zurcher) es una
experiencia formal arriesgada con el absurdo como eje central de una
intensa crónica familiar costumbrista.
