Escrito por Wendy Rayón Garay
Canva.- Ciudad
de México.- El pasado 7 de enero, la ciudadana Renee Nicole Good fue
asesinada en Mineápolis, Estados Unidos, por un agente del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de una redada migratoria.
Ahora, su muerte se suma a otros casos documentados donde mujeres
detenidas fueron sometidas al uso de la fuerza excesiva durante los
operativos migratorios.
La noche en que Renee Nicole Good fue
asesinada, en Estados Unidos se desplegaron diferentes manifestaciones
por las ciudades de Mineápolis, Seattle, Nueva York, Chicago, Evanston,
Boston, Ventura, Tucson, Phoenix, Columbus, Portland y San Antonio
contra los agentes de ICE. La población estadounidense mostró su
descontento ante la criminalización de quienes protegen a las personas
migrantes y a estos mismos de las redadas migratorias.
De acuerdo
con los videos e imágenes difundidos en medio de un altercado con las
autoridades migratorias, la mujer conducía su camioneta cuando un agente
de ICE trató de bloquear el paso al vehículo y la asesinó con un arma
de fuego.
Renee Nicole Good de 37 años no era activista ni
defensora, sino una ciudadana estadounidense que protegía a sus vecinos
de la redada. Estudio la carrera de escritura creativa en la Universidad
Old Dominion de Norfolk en Virginia y también se graduó de la Facultad
de Artes y Letras de la misma universidad. Tras su muerte, su hijo de
seis años quedo al cuidado de su pareja.
Desde su cuenta de Truth
Social, Trump calificó a Renee Nicole Good como una «agitadora social» y
también por haber atropellado a un oficial de ICE, aunque dicho acto no
se muestra en los videos y fotografías capturados del incidente. De la
misma manera, Kristi Noem, secretaría del Departamento de Seguridad
Nacional, la señaló por «terrorismo doméstico».
En el mismo estado
en que fue asesinada, también ocurrió la muerte del afro estadounidense
George Floyd el 5 de mayo de 2020 cuando el agente Derek Chauvin esposó
al hombre reteniéndolo en el suelo y la presión ejercida sobre el
pavimento terminó con su vida. Esto ocurrió durante la primera gestión
del presidente Donald Trump (2017-2021) y desató una serie de
manifestaciones ante casos similares de racismo y xenofobia. La historia
se repite en su segunda administración, esta vez contra una mujer.
Debajo de la bota militar, estarán mujeres, niñas y adolescentes migrantes – cimacnoticias.com.mx
Cuando la persona arrestada es una mujer migrante
La
violencia a mujeres por parte de autoridades como la CBP, la Patrulla
Fronteriza y ICE no es menor y se recrudece cuando son migrantes y el
territorio esta militarizado. Diversos informes como el de Human Rights Watch advierten
casos de abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato
discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención
médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del
debido proceso.
De acuerdo con Paulina Córdoba Cantú de la Universidad Iberoamericana en su investigación ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’,
el sistema patriarcal provoca que las mujeres sufran violencia de
matera diferenciara debido al factor de género. A esto se suma que, por
su situación de movilidad, la búsqueda de mejores oportunidades sea otro
elemento determinante para exponerse a dicha violencia durante su
trayecto.
Las omisiones e inacciones del Estado mexicano y de sus
instituciones permiten la vulnerabilidad de las mujeres migrantes desde
la negación a servicios de atención médica, asistencia legal y refugios
seguros. «Con frecuencia, las autoridades no solo desatienden los
derechos humanos fundamentales de las migrantes, sino que también
contribuyen activamente a su victimización a través de detenciones
arbitrarias y maltratos», menciona Paulina Córdova.
Migrar en territorio militarizado, consecuencias para mujeres – cimacnoticias.com.mx
Lorena Cano, coordinadora de la clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI),
documentó que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos
cometidos contra personas migrantes en Estados Unidos, y el 20 por
ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso
sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio.
Del
total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva,
aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia
apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento. Algunos delitos son
cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales.
Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del
daño se ha hecho efectiva para las migrantes.
Los arrestos de ciudadanas ante redadas de ICE
Las
deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de
la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo
mandato presidencial en enero de 2025. Gracias a una serie de ordenes
ejecutivas se determinó la suspensión de programas para el
reasentamiento de refugiados; la cancelación de las citas en la
aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como
terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar la
política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos
migratorios; el cierre de la frontera junto a su militarización; y el
uso de redadas simultaneas, para expulsar a las personas migrantes del
país.
«Viene la deportación más grande de la historia». Política antimigrante de Trump – cimacnoticias.com.mx
De
acuerdo con un informe del medio independiente ProPublica, ante la
ausencia de datos y registros por parte del gobierno, el medio logró
mapear al menos 170 casos de detenciones durante una redada o protesta
ocurrida durante los primeros nueve meses de la segunda gestión de
Trump. De estos, al menos 20 personas permanecieron más de un día sin
poder llamar a sus familiares o pedir defensa legal.
La
información señala que, la violencia se intensificó cuando en septiembre
de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los
agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como
factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con
ese permiso, no solo llevaron a cabo a cabo las detenciones sino una
serie de violaciones a derechos humanos que implicó casos extremos de
violencia física.
Las detenciones no solo se llevaron a cabo
contra quienes posiblemente se encontraban habitando el territorio
estadounidense de forma indocumentada, sino a aquellos señalados por
interferir o agredir a los oficiales de ICE. De los 170 arrestos, 130
fueron en contra de personas funcionarias y aquellas acusadas de agredir
u obstaculizar a las autoridades migratorias.
A Sabrina Medina de
28 años la arrestaron en Huntington Park, Los Ángeles, mientras los
agentes de ICE buscaban a su marido quien es indocumentado. En el caso
de Cary López Alvarado de 28 años fue detenida en un aparcamiento
privado en la ciudad de Hawthorne, California. De la tercera mujer que
completa la lista no se sabe su nombre, pero los medios locales
reportaron que la sacaron de un auto estacionado frente a un restaurante
mexicano.
Todas ellas se encontraban embarazadas en el momento
del arresto, una de ellas ya la habían enterregado en su hogar con la
presencia de la propia Kristi Noem, secretaría del Departamento de
Seguridad Nacional. ProPublica también detectó 10 niñas y niños
arrestados, dos de ellos con padecimientos de cáncer y cuatro retenidos
con sus madres indocumentadas sin poder acceder a la asistencia legal.
Redadas del ICE agravan violencia estructural contra jornaleras migrantes en California – cimacnoticias.com.mx
Otro
caso particular expuesto en el informe es el de Andrea Vélez, acusada
de agredir a un agente mientras llegó a su trabajo, en el cual se estaba
llevando una redada contra vendedores ambulantes en el centro de Los
Ángeles. Los agentes de ICE dieron por sentado que no hablaba inglés y
le quitaron su teléfono acusándola de colaborar con otro ciudadano
detenido ese día acusado por agresión.
La mujer pasó dos días
detenida, siendo este el tiempo máximo que los funcionarios federales
pueden retener a una persona sin imponer un cargo en cumplimiento con lo
establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos. En ese tiempo,
no le permitieron llamar a un familiar o solicitar asistencia legal y
más tarde, un juez desestimo las acusaciones en su contra.
El
informe también refiere que no hay espectadoras para que agentes de ICE
rindan cuentas por su conducta incluso cuando detienen a la ciudadanía
estadounidense. Las vías para demandar son limitadas tomando en cuenta
que la persona pueda identificar a quien la detuvo: “De hecho, el gobierno desmanteló la oficina que investigaba las denuncias de abusos por parte de los agentes”, señala ProPublica.