🗞 LA JORNADA
Gobernadora atribuye crisis de seguridad a ex fiscal Carmona
Por décadas, Morelos fue para miles de habitantes de la Ciudad de México y de otras entidades cercanas un refugio para escapar de la rutina. Antiguas haciendas convertidas en sitios de descanso, casas de fin de semana, balnearios y pueblos de raíces originarias ofrecían un ritmo de vida distinto.
Ese arquetipo comenzó a resquebrajarse hace más de una década, cuando enfrentamientos entre grupos criminales, extorsiones, homicidios, feminicidios y deficiencias institucionales dejaron de ser episodios excepcionales para convertirse en algunas de las principales preocupaciones de sus habitantes.
La muerte de Arturo Beltrán Leyva, abatido por la Marina en Cuernavaca en diciembre de 2009, durante la llamada “guerra contra el narco” del gobierno de Felipe Calderón, marcó un punto de inflexión. El operativo no acabó con las redes criminales, sino que abrió una pelea por el control de su estructura. Los homicidios se dispararon más de 300 por ciento, al pasar de 259 aquel año a mil 125 en 2024.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mantienen a la entidad entre las más violentas del país: ocupa el séptimo lugar por número de homicidios y el segundo si se considera la incidencia por cada 100 mil habitantes.
La crisis también ha alcanzado a las instituciones. En mayo de 2026, como parte de la operación Enjambre, fueron detenidos funcionarios y ex funcionarios de la región oriente, entre ellos Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, ex alcalde de Yecapixtla, y Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, por presuntos vínculos con estructuras criminales y delitos como delincuencia organizada.
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), las movilizaciones estudiantiles detonadas por casos como la desaparición y el feminicidio de Kimberly Ramos Beltrán, en marzo de este año, han colocado en el centro de la discusión las desapariciones, la violencia contra las mujeres y la exigencia de seguridad.
A dos años de iniciada su administración, la gobernadora Margarita González Saravia sostiene, en entrevista con La Jornada, que la seguridad ocupa el centro de su agenda.
Atribuye parte de la crisis a la gestión del ex fiscal Uriel Carmona, quien llegó al cargo en 2018, durante el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu, y permaneció en él durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. También exige corresponsabilidad a los municipios, particularmente a los gobernados por la oposición.
“Lo que quiero es que en mi estado avancemos con el tema de la paz y la seguridad como asuntos centrales”, afirma.
Asegura estar dispuesta a dialogar con las estudiantes de la UAEM: “fui revolucionaria de joven, las entiendo muy bien”.
Defiende, además, el potencial económico de Morelos, donde identifica actividades como la industria manufacturera, la investigación científica, el campo –“con 90 productos de exportación”– y el turismo, que recibe 11 millones de visitantes al año. Añade un proyecto para atraer recursos mediante la producción audiovisual.
No recibieron con fallas
–¿Qué estado encontró al asumir el gobierno?
–Encontré a Morelos con poca inversión en infraestructura y con problemas de seguridad, que es la demanda principal de la ciudadanía.
“Somos un gobierno de la Cuarta Transformación. Antes no existía ese proyecto aquí. Había un gobierno emanado del movimiento, pero no un proyecto de Cuarta Transformación.”
–Morelos lleva más de una década inmerso en una crisis de violencia. ¿Cómo se llegó a esta situación?
–Teníamos un fiscal, Uriel Carmona, que permaneció durante los seis años de Cuauhtémoc Blanco. Era fundamental ese cambio en la fiscalía y fue una de las primeras tareas que emprendimos. Su salida nos ayudó a iniciar la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y las fuerzas federales.
🗞 CONTRAPORTADA
Medicina tradicional china, una herencia que genera 75 mil mdd al año
La práctica de la medicina tradicional china se complementa con la variedad de plantas y raíces que por milenios se han utilizado en este país para el tratamiento de las enfermedades y desde hace ya varias décadas se realizan procesos industriales que crecen de manera constante para obtener tabletas, jarabes y otras presentaciones farmacéuticas que facilitan su consumo.
Las preparaciones y tés siguen disponibles, pero no son los favoritos de las personas que trabajan y carecen del tiempo que se necesita para mezclar las hierbas, reconoce Yuan Qinhui, vicepresidente y secretario del Consejo de Administración de la corporación Longshen Rongfa Pharmaceutical.
Además, como parte de la modernización y el avance tecnológico que abarca todas las áreas en el país, la medicina tradicional no se podía quedar atrás. De hecho, el sector forma parte del plan Acción por una China Saludable, el cual tiene entre sus objetivos la prevención y promoción de la salud de las personas.
Con esta visión, el Estado ha impulsado el desarrollo de una industria de medicamentos tradicionales que al año genera ingresos por más de 75 mil millones de dólares.
Regiones productoras
La provincia de Gansu está entre las regiones productoras más importantes. Estimaciones de empresas de consultoría indican que en 2025 el valor de la industria instalada en esta localidad fue de alrededor de 820 mil millones de dólares. Así, el proceso que comienza con el cultivo de más de dos mil variedades de plantas que luego se secan y seleccionan, se limpian, cocinan y muelen, ha crecido a escala industrial y eso incluye a empresas como Gansu Longshen Rongfa, con varias fábricas en las que trabajan más de 8 mil personas.
Una de ellas está en la Zona de Alta Tecnología de Lanzhou, en Gansu, al oeste del país asiático. La historia del corporativo inició en 2002 con la fusión de dos empresas farmacéuticas que estaban bajo el control del ejército regional de Lanzhou y del gobierno.
En 2012, se aprobó la participación de la iniciativa privada, con lo que se fortaleció el financiamiento para una nueva base de producción que inició en 2014 y desde hace una década Longshen Rongfa cotiza en el ChiNext de la Bolsa de Valores de Shenzhen con activos totales de mil 396 millones de yuanes (alrededor de 208 millones de dólares).
“Somos una empresa pequeña”, advirtió Qinhui. No obstante, cuenta con reconocimiento por su desempeño para mejorar de manera sostenida la eficiencia y calidad de su producción. En 2017 recibió el Premio de Excelencia de Patentes de China por su medicamento contra el dolor Yuanhu Zhitong. Además, figura entre las 100 principales empresas chinas de medicina tradicional.
🗞 CONTRALÍNEA
Priístas, empresarios y banqueros, los más beneficiados del Fobaproa
El rescate bancario que el priísta Ernesto Zedillo pagó con dinero del pueblo no favoreció a ahorradores, sino a millonarios: entre los beneficiarios estuvieron Claudio X González Laporte, Agustín F Legorreta, Carlos Cabal Peniche, Carlos Sánchez de la Peña, Salvador Martínez Garza, Jorge Lankenau, Ángel Isidoro Rodríguez, e incluso el Partido Revolucionario Institucional, que previo al “error de diciembre de 1994” constituyó cuatro fideicomisos en Banco Unión y Banca Cremi. Al año, el gasto actual del servicio de esa deuda –48 mil millones de pesos– equivale, aproximadamente, a dos veces el presupuesto completo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o casi al presupuesto íntegro de Sembrando Vida. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se ha pagado 1 billón 600 mil millones de pesos sólo de intereses, por lo que la deuda sería impagable
El 7 de septiembre de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que el Fobaproa es impagable; y luego lo confirmó un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda, pues desde hace 30 años el gobierno mexicano no paga capital –sólo una parte de los intereses, y el resto lo cubre con más deuda–. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, 552 mil millones de pesos reconocidos en 1998 se han convertido en 1.6 billones de pesos, tres veces más que el valor nominal original, pagados únicamente en intereses. El capital, mientras tanto, no ha bajado. Al contrario: ha crecido. Sólo en 2027 se destinarán 48 mil millones de pesos, un monto que bien podría orientarse a fines sociales o productivos.
Traducido a la economía de hoy, la magnitud original de ese rescate es todavía más difícil de asimilar. El costo del Fobaproa equivalía, en junio de 1999, al 19.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Aplicado al tamaño actual de la economía mexicana –36 billones 125 mil 500 millones de pesos, según los Criterios Generales de Política Económica 2026–, ese mismo porcentaje representaría hoy casi 7 billones de pesos: como si el gobierno anunciara mañana que asumirá, con cargo al presupuesto público, una deuda privada equivalente a siete años de programas del bienestar.
Todo esto derivado de una característica esencial de los gobiernos neoliberales: la decisión plena y decidida de rescatar a grandes empresas y bancos que sufrieran los estragos de la competencia internacional o cualquier otra contingencia, en este caso aquella derivada de la gran crisis del 94, que provocó una caída del PIB de 6.2 por ciento, el disparo de las tasas de interés y de la inflación, y una abultada cartera vencida donde convivían, mezclados, créditos reales con ficticios. El gobierno dejó naufragar al ciudadano de a pie, a las pequeñas y medianas empresas, pero se avocó a construir un mecanismo de salvamento para los grandes consorcios financiero-empresariales, la élite mexicana, beneficiada especialmente por la privatización bancaria salinista.
No hay que olvidar que este tema significó una gran movilización popular y partidista frente al evidente atraco al presupuesto público, especialmente por el hecho que marca la ilegitimidad de esta deuda: el fideicomiso del Fobaproa operó, de facto, violando la Constitución, en específico el artículo 73, que señala que la emisión de cualquier deuda en nombre de la Nación solamente puede ser autorizada por el Congreso de la Unión. Cada pagaré, firmado por el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, significó un acto violatorio de la carta magna desde el mismo origen. El comité técnico dedicado a recibir la cartera vencida a cambio de los pagarés del Fobaproa pudo actuar de manera totalmente discrecional. Tal como señalaba Andrés Manuel López Obrador en su libro Fobaproa: expediente abierto, de 1999, el mecanismo fue una “paraestatal tecnocrática” con súper poderes para imponer deuda a futuras generaciones sin respetar las reglas mínimas de fiscalización de lo público.
🗞 EL UNIVERSAL
Ocultar patrimonio abre puerta enorme a corrupción: SNA
Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirma que ocultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos abre “una puerta enorme a la corrupción”, un riesgo mayúsculo en un gobierno que ha eliminado instituciones de origen autónomo que garantizaban esos procesos, como el Inai.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Patricia Talavera, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA y, por lo tanto, presidenta del mismo, considera que la eliminación dejó desarmados a los ciudadanos frente a la exigencia de rendición de cuentas con los gobiernos.
“Tenemos a Transparencia para el Pueblo, pero tiene las mismas atribuciones que el Ejecutivo federal, ¿no? ¿En dónde quedan todas esas atribuciones que le daban la autonomía al Inai, que podía justamente tener injerencia en todas estas entidades que no son del Ejecutivo federal?”.
“A mí me parece que es un poco lo mismo de antes: sigue quedando en el poder político la decisión de transparentar o no, de perseguir o no, los actos de corrupción. Este decreto del 4 de agosto trae lo que ya estaba antes, lo que ya viene en la ley, pero sin una institución que lo garantice”, dice.
Sobre la tasa tan baja de resoluciones a quejas y solicitudes de información debidamente sustentadas que han tenido los sujetos obligados a transparentar información en el último sexenio, Patricia Talavera lamenta que lo que antes era una excepción ahora es la regla.
“Digamos que nos deja más oscuras las partes que estaban ya oscuras, o sea, deja a los ciudadanos con más indefensión. Creo que por ello era importante tener al Inai, justamente por sus atribuciones y porque con ellas podíamos, los ciudadanos, solicitar a cualquier institución información, pero hoy estas excepciones se están utilizando como regla y no como una excepción. Estamos viendo el abuso de la excepción”.
Patricia Talavera destaca que los abusos de esas excepciones y las omisiones que los servidores públicos hacen de las leyes que regulan la apertura de información pueden llevar a que se vinculen con procesos penales, además de los administrativos que se sigan de oficio.
“Recordemos que el actuar del servidor público y, especialmente de quienes forman parte de los Comités de Transparencia de las instituciones, pues tienen responsabilidades para actuar y por la omisión de sus actuaciones inclusive pueden ser vinculados de forma penal, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal.
🗞 MILENIO
Protesta por el agua causa enfrentamiento
Vallas metálicas cerraron todos los perímetros de Casa Jalisco. Detrás de ellas, filas de policías estatales antimotines, cascos, escudos y extintores. El acceso a la avenida Manuel Acuña estaba cortado. Era la antesala de lo que venía.
A las 12:00 en punto partió la manifestación desde La Minerva. Miles caminando bajo el sol con pancartas de “agua limpia”, garrafones vacíos y botellas con agua turbia.
Se reportaron poco más de 4 mil manifestantes
El reclamo era uno, el agua que desde marzo llega oscura, pestilente y con sedimentos a colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.
El contingente llegó a Casa Jalisco y se instaló frente a las vallas de forma pacífica. El Gobierno estatal reportó entonces 4 mil 500 manifestantes pacíficos.
Según la información oficial, un bloque de unas 400 personas, la mayoría con capuchas, paliacates y pasamontañas, llegó por la retaguardia y se fue contra el cerco.
Patearon las vallas, las jalaron con cuerdas, golpearon los escudos. Rompieron parte del perímetro y lanzaron piedras, pirotecnia y cloro, relató el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández.
Los antimotines avanzaron, dispararon gas lacrimógeno y activaron pipas de agua a presión contra un tumulto que ya se estimaba en 10 mil personas. El gas se metió entre la multitud. La gente corrió tosiendo, con los ojos llorosos, cubriéndose con playeras. Había sangre en el piso.
Al menos tres manifestantes con la cara ensangrentada. Del otro lado, policías con uniformes rasgados y cascos abollados.
🗞 EXCÉLSIOR
Violencia política contra mujeres arde en redes
En comparación con 2023, la violencia política de género se ha triplicado en quejas y denuncias de enero al 20 de septiembre de este año, según el último informe presentado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre este fenómeno a nivel federal.
Mientras que para estas mismas fechas en 2023 se habían presentado 17 quejas, en 2026 ya van 46 medios de impugnación interpuestos por mujeres debido al acoso derivado de su decisión de participar en la vida pública.
De esta cantidad, el 85% de las agresiones registradas se han dado a través de redes sociales.
Si bien en el ámbito federal la violencia política de género, la calumnia y otros contenidos prohibidos en plataformas digitales han estado más acotados, estos temas tienen mayor presencia a nivel local. Por ello, los institutos electorales de las entidades concentran cientos de peticiones de información a empresas de internet y solicitudes de restricción de contenidos que violan la legislación electoral.
Foco de agresiones en plataformas digitales
Del 1 de enero al 20 de septiembre pasado, los institutos locales y el INE han realizado 745 actuaciones referentes a redes sociales a fin de investigar quejas y denuncias dentro de Procedimientos Especiales Sancionadores, Procedimientos Ordinarios Sancionadores y solicitudes de medidas cautelares.
De esa cifra, 436 acciones de los institutos locales fueron dirigidas a Meta por tratarse de contenidos publicados en Facebook e Instagram, ocho a la red social X, 14 a TikTok y 99 a contenidos administrados por Google, de acuerdo con el reporte del órgano electoral.
Adicionalmente, se tramitaron 186 solicitudes dirigidas a las plataformas para retirar información que presumiblemente violaba la ley electoral. De esta cantidad, 184 peticiones fueron enviadas a Meta y dos a la red social X. Por su parte, las juntas locales y distritales del INE realizaron dos actuaciones para requerir información a Meta.
🗞 EL HERALDO
Sancionan a seis funcionarios al día
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclara que las revisiones de fiscalización están en aclaración y no determinan faltas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) precisó los alcances del procedimiento de vigilancia e investigación institucional. La dependencia enfatizó que entre sus atribuciones principales se encuentran prevenir la corrupción, vigilar el desempeño de las instituciones públicas, investigar posibles faltas administrativas y determinar responsabilidades en faltas no graves. Asimismo, tiene la facultad de remitir expedientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en casos donde se señalen presuntas faltas graves.
La aclaración institucional surge con relación a diversas publicaciones de medios de comunicación, las cuales presentan información imprecisa que induce a una percepción equivocada sobre el quehacer público. Para determinar la existencia de una falta administrativa de forma legal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que es indispensable agotar un proceso estructurado en tres etapas fundamentales: 1) Visitas de inspección y auditorías (fiscalización), 2) Investigaciones y 3) Responsabilidades. Durante las primeras fases, se recaba documentación, se atienden observaciones y se desahogan pruebas.
Actualmente, las revisiones señaladas en la prensa corresponden únicamente a la etapa inicial de fiscalización y están en proceso de aclaraciones. La autoridad aclaró que no todas las revisiones implican daño patrimonial y que ninguna falta administrativa ha sido determinada aún. Incluso, en los informes finales de fiscalización se explicita que, aunque existan montos asociados, no se ha identificado un impacto directo al erario o afectación económica para el Gobierno Federal.
🗞 REPORTE ÍNDIGO
Fosas en riesgo de ser borradas
En México un hotel, un rancho, una bodega o un predio baldío pueden haber sido casa de seguridad, sitio de retención o lugar de inhumación, y al día siguiente estar en venta, en obra o bajo una nueva escritura. La sospecha no los detiene. Tampoco existe un registro público, completo y homologado que diga cuáles son esos inmuebles, en qué municipio están y si ya fueron prospectados.
La ley ordena algo parecido, no lo mismo. El Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas debe concentrar las fosas de los panteones y las que localicen la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales. Es un inventario de hallazgos, no un catastro de predios bajo sospecha. Y ni siquiera esa versión está disponible: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) retiró en 2025 su mapa público, que ya iba rezagado y solo cubría a 15 entidades.
Las organizaciones y la academia han tenido que reconstruir el mapa por su cuenta. El informe Trazar la ausencia, de la Universidad Iberoamericana, documentó que México no cuenta con un registro único. Entre 2006 y 2024 las fiscalías reportaron 5 mi 152 fosas y la prensa entre 3 mil 516 y 4 mil 71. En el periodo reciente, predios e inmuebles privados concentraron la mayor parte de los hallazgos.
Nacional | "Enterrar la verdad": informe de la @IBERO_mx, @datacivica y @article19mxca revela un grave retroceso en la transparencia sobre fosas clandestinas en México. Ocho fiscalías dejaron de entregar datos. https://t.co/GcvUaKTUHl— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 17, 2026
Ese vacío tiene consecuencias civiles. La Ley General en materia de desaparición permite inspeccionar, asegurar y exhumar con indicios y, cuando hace falta, con autorización judicial. No saca el predio del comercio, no extingue el dominio ni impide la demolición por el solo señalamiento. La Ley Nacional de Extinción de Dominio tampoco incluye la desaparición entre los hechos que habilitan quitarle un bien a su titular.
🗞 LA RAZÓN
Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400
Miles de personas se congregaron ayer en Guadalajara, en una manifestación para protestar por el agua contaminada que se distribuye en las viviendas de la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco desde principios de febrero pasado, la cual derivó en actos de violencia.
La protesta comenzó al filo de las 11:00 horas y partió de la Glorieta de La Minerva con dirección a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.
Durante el trayecto, los manifestantes gritaron algunas consignas como: “¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡queremos agua, no represión!” y “¡no es desfile, es protesta!”.
Al llegar a las inmediaciones de Casa Jalisco, un grupo de inconformes derribó la primera valla que rodeaba a la residencia oficial, por lo que de inmediato los policías formaron un muro humano para tratar de proteger el recinto.
El Dato: Lemus atribuyó la contaminación al deterioro de la infraestructura hídrica y a descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas.
Algunos manifestantes agredieron a los policías estatales en las inmediaciones de la Casa Jalisco, quienes respondieron con agua y algún tipo de gas, lo que también afectó a personas que protestaban de manera pacífica.
Los hechos violentos comenzaron a registrarse después de las 13:00 horas frente al personal de la Secretaría de Seguridad del Estado desplegado en el lugar. Entre quienes comenzaron las agresiones estaba el bloque negro.
Los manifestantes intentaron avanzar, por lo que se dieron varias confrontaciones con policías.
Los uniformados utilizaron primero agua para repeler las agresiones con piedras, palos y petardos, posteriormente lanzaron algún tipo de gas y los agresores continuaron los ataques aun después de la respuesta policial.
El gas alcanzó también a manifestantes que no participaban en las agresiones. Entre las personas afectadas había niños y adultos mayores.
El choque, ayer, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado
320 Colonias al menos reciben agua contaminada desde marzo
Ante los hechos, las autoridades solicitaron apoyo y también se desplegaron elementos de la Policía de Guadalajara.
En un balance oficial tras el episodio, las autoridades mencionaron que 39 personas fueron detenidas y 31 civiles resultaron lesionados.
El coordinador general de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, indicó que alrededor de 10 mil personas participaron en la protesta y todo transcurrió en forma pacífica hasta que un grupo de 400 personas, muchas encapuchadas, que llevaban palos, “incitaron a la violencia”.
Se informó que, luego de ocurridos los enfrentamientos, 28 policías resultaron heridos, de los cuales dos se encuentran graves, pues uno de ellos resultó con fractura de cráneo y el otro, con un desprendimiento de dedo.
Vecinos y colectivos pidieron a las autoridades intervenir ante los reportes de líquido con olores desagradables, tonalidades extrañas y residuos en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Los inconformes reclamaron una solución al problema y denunciaron que la compra de garrafones se ha convertido en un gasto adicional para las familias que buscan garantizar agua para beber y cocinar.
Uno de los principales reclamos se centró en los posibles daños a la salud pues, de acuerdo con los ciudadanos afectados, se han reportado diarreas, problemas gastrointestinales, ronchas e infecciones en los ojos, además de otras afecciones que atribuyen al contacto con el agua.
🗞 REFORMA
Exhibe EU fentanilo que AMLO negaba
Desde 2019, José Ángel Rivera Zazueta "El Flaco", operador del Cártel de Sinaloa detenido en CDMX con fines de extradición a EU, traía a México los precursores de fentanilo que en esos años el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador negaba.
La Guardia Costera de Taiwán (GCT) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) intervinieron las comunicaciones telefónicas y siguieron las operaciones de "El Flaco", para documentar que el sinaloense usaba la ruta China-Alaska-CDMX.
Aún en 2023, el entonces Mandatario negaba que en México hubiera laboratorios para producir la droga.
Sin embargo, la investigación de Estados Unidos determinó que por lo menos del 2019 al 15 de marzo de 2022, el sinaloense traficó la sustancia conocida como N-Fenilpiperidina4-Amina-Diclorhidrato (4-AP) desde China y Taiwán, en las aerolíneas Cargolux Airlines o Cathay Pacific Airlines, con una escala en Anchorage, Alaska.
Con base en la vigilancia telefónica al capo, el 5 de agosto de 2020 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y la Oficina de la DEA en Alaska aseguraron 25 kilos de 4-AP en Anchorage y el 20 de noviembre siguiente otros 25 kilos en la misma ciudad.
Según la División de Control de la DEA, 100 kilos de 4-AP pueden producir 190 kilogramos de fentanilo.
Con una orden de detención provisional con fines de extradición, basada en la indagatoria de EU y Taiwán, el pasado 22 de septiembre Rivera fue capturado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.
Marco Antonio González Cortazar, Juez federal del Reclusorio Oriente, decretó su detención e internamiento y dio un plazo de 60 días a Estados Unidos para formalizar el pedido de extradición y presentar las pruebas con las que busca juzgarlo.
Según la solicitud de extradición, los dos lotes de precursores asegurados en 2020 en Anchorange fueron adquiridos en Hong Kong.
La Guardia Costera de Taiwán también interceptó en forma legal unas comunicaciones entre dos presuntos cómplices de "El Flaco" -identificados en el expediente con las claves CC-3 y CC4-, en las que refieren que los 25 kilos de precursores asegurados en agosto de 2020 iban a enviarse desde Hong Kong a la Ciudad de México.
"La investigación identificó a Rivera-Zazueta como un líder de la organización situado en México, quien es coordinador y financiador de los embarques de los precursores químicos del fentanilo para los miembros de la organización que trabajan a su nombre", señala el documento.
Además de los cargos penales, en marzo del 2025 el Departamento del Tesoro de EU sancionó a "El Flaco" por apoyo financiero al terrorismo y también le atribuyó el tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia a distintos países.
🗞 EL ECONOMISTA
Aumentan las importaciones agropecuarias ; se reduce superávit
Durante el periodo acumulado de enero a agosto de 2026, la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 4,283 millones de dólares, lo que representó un descenso de 13.1% respecto al saldo de 4,931 millones de dólares reportado en el mismo lapso del año previo.
De acuerdo con datos del Banco de México compilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), las exportaciones agroalimentarias sumaron 36,035 millones de dólares, con un crecimiento de 2.5%, mientras que las importaciones alcanzaron 31,752 millones de dólares, reflejando una variación de 5.1%.
En los resultados del mes de agosto de 2026, las exportaciones del sector se situaron en 3,862 millones de dólares, equivalente a un incremento de 6.6% en comparación con agosto de 2025. Por su parte, las importaciones mensuales se elevaron a 4,027 millones de dólares, lo que significó una tasa de crecimiento de 1.1%. De esta manera, el saldo mensual de la balanza agroalimentaria cerró con un déficit de 165 millones de dólares.
En el desglose acumulado de las principales exportaciones agroalimentarias de enero a agosto, la cerveza se ubicó en el primer lugar con un valor de 4,424 millones de dólares, mostrando una disminución de 2.1%. El tequila se colocó en la segunda posición con 3,015 millones de dólares, lo que significó un aumento de 15.5%.
El aguacate ocupó el tercer sitio con ventas por 2,256 millones de dólares, una caída de 13.2 por ciento. El producto bovino (ganado en pie y carne) se posicionó de manera estratégica en el cuarto lugar con 2,103 millones de dólares, un aumento de 9.6% en su demanda internacional.
Las berries sumaron 2,035 millones de dólares, con una contracción de 3.4%, mientras que las exportaciones de tomate alcanzaron 1,805 millones de dólares, con un incremento de 1.6 por ciento.
Por su parte, el azúcar registró ventas por 1,405 millones de dólares, con un descenso de 8.0%, y los chiles sumaron 1,287 millones de dólares, con una variación positiva de 7.2 por ciento.
