EL UNIVERSAL:
EXCÉLSIOR: PENSIONES PUEDEN INVERTIRSE EN PEMEXA un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su director Miguel Ángel Yunes no descarta la posibilidad de que los 60 mil millones de pesos que conformarán el Pensionissste se puedan invertir en el sector energético. El funcionario federal explicó que antes de que termine junio, los más de dos millones 200 mil burócratas activos del país tendrán que decidir si se mantienen en el régimen de reparto o si se inclinan por la cuenta individualizada que manejará sus recursos para el retiro. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: AHORRAMOS 1500 MDD CON REPSOL: CFE A AMLOLa Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que la licitación que ganó Repsol en 2007 para abastecer de gas natural a una de sus plantas representó ahorros de “más de mil 500 millones de dólares”. En respuesta al señalamiento de Andrés Manuel López Obrado, quien anunció que pedirá a la Auditoría Superior de la Federación una investigación sobre dicho contrato, la CFE indicó en un comunicado que la licitación internacional del proyecto se hizo pública un año antes. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: REVENDERÁ REPSOL A CFE GAS DE PERÚ A PRECIO DE OROLa intermediación de la trasnacional española Repsol para la compra de gas licuado a Perú, y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación de energía eléctrica, le costará 21 mil millones de dólares a México, entre 2011 y 2016, debido a que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aceptó adquirir el combustible a esa empresa con base en el índice Henry Hub, el más caro del mundo. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: LA IZQUIERDA DE LAS IDEAS DEBE VENCER A LA AUTORITARIA: BORJARodrigo Borja es profesor de ciencias políticas y doctor en Jurisprudencia. Fundador ideológico y figura máxima del partido socialdemócrata Izquierda Democrática. En México, dice, hay una constante pelea entre las izquierdas democráticas y las autoritarias. “Los mexicanos no se sustraen a esas izquierdas en las que una masa se arremolina en torno a un caudillo populista. Mi alegato no es a favor de los líderes mágicos, sino de las ideas”. VER NOTA COMPLETA
Editorial La Jornada.
¿Nueva emboscada de Uribe?
Las más recientes gestiones del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para lograr la liberación de la política colombofrancesa Ingrid Betancourt –secuestrada desde hace seis años–, o al menos para hacerle llegar hasta el sitio de su cautiverio la ayuda médica que, al parecer, requiere con urgencia, han dado pie al gobierno colombiano para lanzar una nueva ofensiva propagandística en la que se presenta como partidario de un acuerdo humanitario de intercambio de guerrilleros presos por secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero, sin desconocer la grave y primigenia responsabilidad de esa organización insurgente en la dramática situación por la que atraviesan las personas a las que mantiene secuestradas, el régimen que encabeza Álvaro Uribe es, hoy por hoy, el menos interesado en que se produzca su puesta en libertad, y de ello ha dado innumerables pruebas.
Uribe se ha manifestado partidario de los rescates a sangre y fuego de los rehenes, con todo y el enorme riesgo que tales operaciones representan para los cautivos. En junio del año pasado, 11 legisladores provinciales que se encontraban en poder de la guerrilla murieron en el fuego cruzado cuando fuerzas militares tomaron por asalto el campamento en que se hallaban retenidos. Poco antes, el presidente colombiano había intentado tomar el pelo a la opinión pública cuando excarceló, “en un gesto unilateral”, a decenas de reclusos a los que presentó como miembros de las FARC, sin que necesariamente lo fueran.
En adelante, las mediaciones públicas o discretas de terceras partes para conseguir la libertad de los secuestrados, con o sin intercambios, desembocaron en conflictos creados por el gobierno colombiano para torpedearlas. Así ocurrió con la gestión emprendida a finales del año pasado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien, a pesar de todo, logró liberar a dos de las cautivas de las FARC; como ellas mismas lo narraron, su liberación se vio severamente obstaculizada por los constantes ataques de la aviación militar de Colombia justo en la zona en la que habría de tener lugar su entrega a funcionarios de Venezuela. Algo mucho peor sucedió el pasado primero de marzo, cuando las fuerzas armadas colombianas invadieron el territorio de Ecuador, bombardearon –presumiblemente con la ayuda de Estados Unidos– un campamento insurgente y dieron muerte a más de una veintena de personas, entre ellas el comandante guerrillero Raúl Reyes –quien mantenía contactos con los gobiernos francés y ecuatoriano para liberar a Betancourt– y cuatro estudiantes mexicanos.
Las razones de fondo de los sabotajes de Uribe a la puesta en libertad de los cautivos de la guerrilla pueden apreciarse con claridad: el empecinamiento en mantener a su país en un estado de guerra permanente que justifique la perpetuación del Plan Colombia y que le permita blandir el espantajo del terrorismo –en la acepción acuñada por Washington– ante la opinión pública. En esa lógica, el cálculo uribista, como ha quedado patente en las acciones recientes de la Casa de Nariño, es crear condiciones para que los secuestrados mueran, a fin de poder culpar a la organización armada que los retiene.
En la circunstancia actual, las contradicciones en el discurso del presidente colombiano refieren con claridad los nuevos peligros que se ciernen sobre los rehenes: mientras que por un lado Uribe ofrece a Sarkozy abstenerse de realizar operaciones militares en la zona en la que se encuentran los cautivos, por el otro sigue ofreciendo a la población recompensas en efectivo para que dé al Ejército información sobre el sitio en que se encuentran, con el propósito inocultable de preparar ataques militares. Anuncia su disposición a excarcelar a los insurgentes que se encuentran presos, pero insta a quienes no lo están a que deserten con todo y rehenes, a sabiendas de lo peligroso que esto resulta para los segundos.
En suma, a juzgar por los antecedentes, la gestión del mandatario francés tiene muchas probabilidades de culminar en un nuevo conflicto diplomático, como los provocados por Uribe con Caracas y Quito y, ojalá que no sea el caso, en algo peor.
¿Nueva emboscada de Uribe?
Las más recientes gestiones del presidente francés, Nicolas Sarkozy, para lograr la liberación de la política colombofrancesa Ingrid Betancourt –secuestrada desde hace seis años–, o al menos para hacerle llegar hasta el sitio de su cautiverio la ayuda médica que, al parecer, requiere con urgencia, han dado pie al gobierno colombiano para lanzar una nueva ofensiva propagandística en la que se presenta como partidario de un acuerdo humanitario de intercambio de guerrilleros presos por secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero, sin desconocer la grave y primigenia responsabilidad de esa organización insurgente en la dramática situación por la que atraviesan las personas a las que mantiene secuestradas, el régimen que encabeza Álvaro Uribe es, hoy por hoy, el menos interesado en que se produzca su puesta en libertad, y de ello ha dado innumerables pruebas.
Uribe se ha manifestado partidario de los rescates a sangre y fuego de los rehenes, con todo y el enorme riesgo que tales operaciones representan para los cautivos. En junio del año pasado, 11 legisladores provinciales que se encontraban en poder de la guerrilla murieron en el fuego cruzado cuando fuerzas militares tomaron por asalto el campamento en que se hallaban retenidos. Poco antes, el presidente colombiano había intentado tomar el pelo a la opinión pública cuando excarceló, “en un gesto unilateral”, a decenas de reclusos a los que presentó como miembros de las FARC, sin que necesariamente lo fueran.
En adelante, las mediaciones públicas o discretas de terceras partes para conseguir la libertad de los secuestrados, con o sin intercambios, desembocaron en conflictos creados por el gobierno colombiano para torpedearlas. Así ocurrió con la gestión emprendida a finales del año pasado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien, a pesar de todo, logró liberar a dos de las cautivas de las FARC; como ellas mismas lo narraron, su liberación se vio severamente obstaculizada por los constantes ataques de la aviación militar de Colombia justo en la zona en la que habría de tener lugar su entrega a funcionarios de Venezuela. Algo mucho peor sucedió el pasado primero de marzo, cuando las fuerzas armadas colombianas invadieron el territorio de Ecuador, bombardearon –presumiblemente con la ayuda de Estados Unidos– un campamento insurgente y dieron muerte a más de una veintena de personas, entre ellas el comandante guerrillero Raúl Reyes –quien mantenía contactos con los gobiernos francés y ecuatoriano para liberar a Betancourt– y cuatro estudiantes mexicanos.
Las razones de fondo de los sabotajes de Uribe a la puesta en libertad de los cautivos de la guerrilla pueden apreciarse con claridad: el empecinamiento en mantener a su país en un estado de guerra permanente que justifique la perpetuación del Plan Colombia y que le permita blandir el espantajo del terrorismo –en la acepción acuñada por Washington– ante la opinión pública. En esa lógica, el cálculo uribista, como ha quedado patente en las acciones recientes de la Casa de Nariño, es crear condiciones para que los secuestrados mueran, a fin de poder culpar a la organización armada que los retiene.
En la circunstancia actual, las contradicciones en el discurso del presidente colombiano refieren con claridad los nuevos peligros que se ciernen sobre los rehenes: mientras que por un lado Uribe ofrece a Sarkozy abstenerse de realizar operaciones militares en la zona en la que se encuentran los cautivos, por el otro sigue ofreciendo a la población recompensas en efectivo para que dé al Ejército información sobre el sitio en que se encuentran, con el propósito inocultable de preparar ataques militares. Anuncia su disposición a excarcelar a los insurgentes que se encuentran presos, pero insta a quienes no lo están a que deserten con todo y rehenes, a sabiendas de lo peligroso que esto resulta para los segundos.
En suma, a juzgar por los antecedentes, la gestión del mandatario francés tiene muchas probabilidades de culminar en un nuevo conflicto diplomático, como los provocados por Uribe con Caracas y Quito y, ojalá que no sea el caso, en algo peor.
Repsol venderá a CFE el gas más caro del mundo, denuncia AMLO
■ Esa intermediación de la empresa española le costará a México 21 mil millones de dólares entre 2011 y 2016, dice
■ La trasnacional se benefició de información privilegiada, acusa
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
■ Esa intermediación de la empresa española le costará a México 21 mil millones de dólares entre 2011 y 2016, dice
■ La trasnacional se benefició de información privilegiada, acusa
Enrique Méndez y Alma E. Muñoz
La intermediación de la trasnacional española Repsol para la compra de gas licuado a Perú, y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generación de energía eléctrica, le costará 21 mil millones de dólares a México, entre 2011 y 2016, debido a que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa aceptó adquirir el combustible a esa empresa con base en el índice Henry Hub, el más caro del mundo.
Al presentar ayer los detalles del contrato, Andrés Manuel López Obrador confirmó –como lo publicó La Jornada el 29 de febrero pasado– que Repsol se benefició de información privilegiada de la actual administración federal para hacerse del negocio. Sin embargo, explicó, debido al alto precio del gas se elevará el costo de la energía eléctrica que, alertó, será trasladado al consumidor.
En cambio, explicó, para Repsol, “que se ha convertido en la empresa favorita” del presidente Felipe Calderón, esta operación constituye una de las más importantes y rentables, debido a que a Perú sólo le pagarán 6 mil 26 millones de dólares por el gas durante 15 años, por lo que su utilidad únicamente por ser intermediario será de aproximadamente 15 mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial presentó ayer un conjunto de documentos que comprueban cómo la trasnacional española se beneficiará con la venta de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas importado de Perú, a partir de un convenio suscrito durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Informó que se constituirá una comisión anticorrupción que investigue este caso, y que entregará la información a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez requiera una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Anticipó también que cuenta con información adicional sobre contratos obtenidos por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar, y advirtió que no se permitirá un albazo legislativo que pretenda aprobar una reforma administrativa para permitir la participación de empresas privadas en la explotación y exploración de petróleo.
Este martes, López Obrador proporcionó detalles del contrato entre la CFE y Repsol, avalado por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía, como resultado de la licitación pública internacional 181664067-009-006 (LI-509-06), por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso.
Sostuvo que la firma del contrato entre Repsol, la CFE y Pemex es “un botón de muestra de cómo la privatización del sector energético significa jugosos negocios para las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses nacionales”, y además afecta a la economía del país y representará “un daño al erario”.
Explicó entonces que, a partir de un análisis del “gobierno legítimo” basado en información pública y fidedigna, se detectó que el costo máximo del gas que Repsol traerá de Perú es de 2.45 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas).
Dicho costo se desglosa, a su vez, de la siguiente manera: costo de producción, 60 centavos de dólar por millón de BTU; transporte por gasoducto a la planta de licuefacción, 40 centavos de dólar; licuefacción, un dólar, y transporte por barco a Manzanillo, 45 centavos de dólar.
Así que, detalló, en suma los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas 6 mil 26 millones de dólares.
Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad –acusó– aceptó pagar a la trasnacional española, a precios actuales, 21 mil millones de dólares, y por lo tanto, Repsol tendrá una utilidad extraordinaria de aproximadamente 15 mil millones de dólares.
El negocio para Repsol, dijo, se deriva del hecho de que mientras el gobierno de Calderón firmó el contrato con la trasnacional española con el índice más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza, la empresa ibérica “tuvo la ‘oportunidad’ de firmar con el gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”.
Refirió que la Contraloría del gobierno peruano inició, desde 2006, una investigación sobre las condiciones del contrato para la explotación de yacimientos de gas en Camisea, en la zona desértica central de ese país, a diferencia de México.
López Obrador sostuvo que desde 2005 la CFE trabajaba de manera interna en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y otro para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, e “inexplicablemente” Repsol conoció de esos planes y, con la información privilegiada, operó para meterse al negocio.
Así, dijo, la empresa española se sumó al consorcio que originalmente había obtenido en 2000 la concesión para la explotación de gas en la región de Camisea, y en diciembre de 2005 el entonces presidente Alejandro Toledo firmó el decreto para permitir la venta de gas a México y en la costa oeste de Estados Unidos.
Sin embargo, en México la Comisión Federal de Electricidad publicó hasta junio de 2006 las bases de licitación para el suministro de gas y la construcción de la planta de regasificación; esto significa que Repsol amarró el contrato para la obtención del gas desde año y medio antes que la paraestatal iniciara los trámites oficiales.
El contrato, dijo, tiene vigencia a partir de 2011, pues desde 2008 y hasta esa fecha, se prevé concluir la planta de licuefacción, cuando Repsol estaría en condiciones de comenzar el suministro del gas a México.
Sería conveniente, concluyó López Obrador, que se iniciara una auditoría a la CFE, porque esta operación podría implicar una quiebra de la empresa, y consideró que éste también es el propósito del gobierno federal: terminar de arruinar a Petróleos Mexicanos para justificar su privatización.
Al presentar ayer los detalles del contrato, Andrés Manuel López Obrador confirmó –como lo publicó La Jornada el 29 de febrero pasado– que Repsol se benefició de información privilegiada de la actual administración federal para hacerse del negocio. Sin embargo, explicó, debido al alto precio del gas se elevará el costo de la energía eléctrica que, alertó, será trasladado al consumidor.
En cambio, explicó, para Repsol, “que se ha convertido en la empresa favorita” del presidente Felipe Calderón, esta operación constituye una de las más importantes y rentables, debido a que a Perú sólo le pagarán 6 mil 26 millones de dólares por el gas durante 15 años, por lo que su utilidad únicamente por ser intermediario será de aproximadamente 15 mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, el ex candidato presidencial presentó ayer un conjunto de documentos que comprueban cómo la trasnacional española se beneficiará con la venta de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas importado de Perú, a partir de un convenio suscrito durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo. Informó que se constituirá una comisión anticorrupción que investigue este caso, y que entregará la información a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez requiera una investigación a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Anticipó también que cuenta con información adicional sobre contratos obtenidos por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar, y advirtió que no se permitirá un albazo legislativo que pretenda aprobar una reforma administrativa para permitir la participación de empresas privadas en la explotación y exploración de petróleo.
Este martes, López Obrador proporcionó detalles del contrato entre la CFE y Repsol, avalado por funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Reguladora de Energía, como resultado de la licitación pública internacional 181664067-009-006 (LI-509-06), por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso.
Sostuvo que la firma del contrato entre Repsol, la CFE y Pemex es “un botón de muestra de cómo la privatización del sector energético significa jugosos negocios para las empresas extranjeras, en perjuicio de los intereses nacionales”, y además afecta a la economía del país y representará “un daño al erario”.
Explicó entonces que, a partir de un análisis del “gobierno legítimo” basado en información pública y fidedigna, se detectó que el costo máximo del gas que Repsol traerá de Perú es de 2.45 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas).
Dicho costo se desglosa, a su vez, de la siguiente manera: costo de producción, 60 centavos de dólar por millón de BTU; transporte por gasoducto a la planta de licuefacción, 40 centavos de dólar; licuefacción, un dólar, y transporte por barco a Manzanillo, 45 centavos de dólar.
Así que, detalló, en suma los 500 millones de pies cúbicos diarios durante 15 años representan un costo real de apenas 6 mil 26 millones de dólares.
Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad –acusó– aceptó pagar a la trasnacional española, a precios actuales, 21 mil millones de dólares, y por lo tanto, Repsol tendrá una utilidad extraordinaria de aproximadamente 15 mil millones de dólares.
El negocio para Repsol, dijo, se deriva del hecho de que mientras el gobierno de Calderón firmó el contrato con la trasnacional española con el índice más caro del mundo, fluctuante y con tendencia al alza, la empresa ibérica “tuvo la ‘oportunidad’ de firmar con el gobierno de Perú un tope al precio del gas que asegura que el incremento acumulado anual no será superior a 5 por ciento en los primeros seis años del suministro, y de 7 por ciento en los cinco años siguientes”.
Refirió que la Contraloría del gobierno peruano inició, desde 2006, una investigación sobre las condiciones del contrato para la explotación de yacimientos de gas en Camisea, en la zona desértica central de ese país, a diferencia de México.
López Obrador sostuvo que desde 2005 la CFE trabajaba de manera interna en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y otro para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, e “inexplicablemente” Repsol conoció de esos planes y, con la información privilegiada, operó para meterse al negocio.
Así, dijo, la empresa española se sumó al consorcio que originalmente había obtenido en 2000 la concesión para la explotación de gas en la región de Camisea, y en diciembre de 2005 el entonces presidente Alejandro Toledo firmó el decreto para permitir la venta de gas a México y en la costa oeste de Estados Unidos.
Sin embargo, en México la Comisión Federal de Electricidad publicó hasta junio de 2006 las bases de licitación para el suministro de gas y la construcción de la planta de regasificación; esto significa que Repsol amarró el contrato para la obtención del gas desde año y medio antes que la paraestatal iniciara los trámites oficiales.
El contrato, dijo, tiene vigencia a partir de 2011, pues desde 2008 y hasta esa fecha, se prevé concluir la planta de licuefacción, cuando Repsol estaría en condiciones de comenzar el suministro del gas a México.
Sería conveniente, concluyó López Obrador, que se iniciara una auditoría a la CFE, porque esta operación podría implicar una quiebra de la empresa, y consideró que éste también es el propósito del gobierno federal: terminar de arruinar a Petróleos Mexicanos para justificar su privatización.
Convoca el FAP a especialistas y académicos al “gran debate” sobre el futuro de Pemex
■ Debe clarificarse el tipo de transformación que requiere la paraestatal para servir al desarrollo
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Víctor Ballinas
El Frente Amplio Progresista (FAP) propuso ayer en ambas cámaras que el Congreso de la Unión convoque a un amplio debate nacional sobre el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de clarificar el tipo de transformación que requiere “para servir al desarrollo nacional”.
En el Senado, la propuesta la llevó a tribuna el perredista Carlos Navarrete quien reiteró, en nombre del FAP, que está en juego un modelo de empresa pública que preserve lo que es de los mexicanos o un modelo privatizador “que sólo llevará a socavar el patrimonio que le queda al pueblo de México para salir”, y por ello cualquier reforma a Pemex debe cimentarse en un gran debate nacional.
Igual planteamiento llevó ayer el Frente Amplio a la Cámara de Diputados, aunque quedó pendiente de pasar al pleno hasta el jueves. En el documento, los coordinadores de PRD, PT y Convergencia precisan que al debate se convocará a especialistas e interesados en el tema para que sus voces se escuchen.
De tal suerte que la UNAM, las demás universidades públicas, el IPN, el Instituto Mexicano del Petróleo, intelectuales, técnicos, investigadores y organizaciones podrán expresar ante la nación, en tiempos oficiales del Estado en medios de comunicación, las posiciones en favor y en contra, “como ocurre en las democracias consolidadas”.
Navarrete y el coordinador del PT en el Senado, Alejandro González Yáñez, expresaron en conferencia de prensa que esperan que la propuesta a ese “gran debate nacional” desde el Congreso sea aprobada por las demás fuerzas políticas, ya que no aceptarán “de ninguna manera y en ninguna de sus modalidades, un albazo legislativo”.
Luego, ante el pleno senatorial, el perredista argumentó que es necesario que se abra la discusión pública sobre la reforma a Pemex, porque el debate en esa materia no puede ser superficial, ni reducirse a un simple encuentro entre dirigentes políticos y funcionarios federales.
“Un debate sobre Pemex es más que un encuentro de algún legislador en la oficina del titular del Ejecutivo, o una reunión entre integrantes del partido gobernante, secretarios del gabinete y el responsable de conducir la empresa como director.”
La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política, que preside el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Mientras, en San Lázaro, el FAP dio a conocer la propuesta, firmada por los coordinadores de PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete y Ricardo Cantú Garza, respectivamente, misma que se presentará al pleno en la próxima sesión ordinaria del jueves.
En el documento, el Frente Amplio advierte que sin el rescate de Pemex “se habrá perdido la oportunidad de encontrar los recursos necesarios para transformar al país”.
Expresan que “el petróleo debe seguir siendo del pueblo de México, porque así lo establece la Constitución, porque Pemex ha probado su capacidad técnica, laboral y profesional, porque de la industria petrolera se han obtenido cuantiosos recursos para financiar al gobierno, más allá de los abusos y la corrupción”.
En réplica a la postura oficial, manifestada un día antes, el FAP resalta que la paraestatal es capaz de suministrar combustibles de calidad, a precios competitivos, para satisfacer a clientes nacionales e internacionales.
Sólo una “visión reduccionista” pretende ignorar que Pemex es el instrumento de mayor importancia con que cuenta el país para financiar políticas públicas que alienten su desarrollo económico y social.
“Petróleos Mexicanos es una empresa pública, vital y estratégica; por tal razón, los legisladores del Frente Amplio Progresista nos oponemos a la privatización de la industria energética en cualquiera de sus modalidades, ya sea mediante la asociación y acompañamiento de otras empresas o la participación de capital privado en refinación, exploración, perforación y ductos, o a través de una reorganización administrativa que pretenda crear instancias para ampliar los contratos de riesgo.’’
■ Debe clarificarse el tipo de transformación que requiere la paraestatal para servir al desarrollo
Andrea Becerril, Roberto Garduño y Víctor Ballinas
El Frente Amplio Progresista (FAP) propuso ayer en ambas cámaras que el Congreso de la Unión convoque a un amplio debate nacional sobre el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de clarificar el tipo de transformación que requiere “para servir al desarrollo nacional”.
En el Senado, la propuesta la llevó a tribuna el perredista Carlos Navarrete quien reiteró, en nombre del FAP, que está en juego un modelo de empresa pública que preserve lo que es de los mexicanos o un modelo privatizador “que sólo llevará a socavar el patrimonio que le queda al pueblo de México para salir”, y por ello cualquier reforma a Pemex debe cimentarse en un gran debate nacional.
Igual planteamiento llevó ayer el Frente Amplio a la Cámara de Diputados, aunque quedó pendiente de pasar al pleno hasta el jueves. En el documento, los coordinadores de PRD, PT y Convergencia precisan que al debate se convocará a especialistas e interesados en el tema para que sus voces se escuchen.
De tal suerte que la UNAM, las demás universidades públicas, el IPN, el Instituto Mexicano del Petróleo, intelectuales, técnicos, investigadores y organizaciones podrán expresar ante la nación, en tiempos oficiales del Estado en medios de comunicación, las posiciones en favor y en contra, “como ocurre en las democracias consolidadas”.
Navarrete y el coordinador del PT en el Senado, Alejandro González Yáñez, expresaron en conferencia de prensa que esperan que la propuesta a ese “gran debate nacional” desde el Congreso sea aprobada por las demás fuerzas políticas, ya que no aceptarán “de ninguna manera y en ninguna de sus modalidades, un albazo legislativo”.
Luego, ante el pleno senatorial, el perredista argumentó que es necesario que se abra la discusión pública sobre la reforma a Pemex, porque el debate en esa materia no puede ser superficial, ni reducirse a un simple encuentro entre dirigentes políticos y funcionarios federales.
“Un debate sobre Pemex es más que un encuentro de algún legislador en la oficina del titular del Ejecutivo, o una reunión entre integrantes del partido gobernante, secretarios del gabinete y el responsable de conducir la empresa como director.”
La propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política, que preside el priísta Manlio Fabio Beltrones.
Mientras, en San Lázaro, el FAP dio a conocer la propuesta, firmada por los coordinadores de PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, Javier González Garza, Alejandro Chanona Burguete y Ricardo Cantú Garza, respectivamente, misma que se presentará al pleno en la próxima sesión ordinaria del jueves.
En el documento, el Frente Amplio advierte que sin el rescate de Pemex “se habrá perdido la oportunidad de encontrar los recursos necesarios para transformar al país”.
Expresan que “el petróleo debe seguir siendo del pueblo de México, porque así lo establece la Constitución, porque Pemex ha probado su capacidad técnica, laboral y profesional, porque de la industria petrolera se han obtenido cuantiosos recursos para financiar al gobierno, más allá de los abusos y la corrupción”.
En réplica a la postura oficial, manifestada un día antes, el FAP resalta que la paraestatal es capaz de suministrar combustibles de calidad, a precios competitivos, para satisfacer a clientes nacionales e internacionales.
Sólo una “visión reduccionista” pretende ignorar que Pemex es el instrumento de mayor importancia con que cuenta el país para financiar políticas públicas que alienten su desarrollo económico y social.
“Petróleos Mexicanos es una empresa pública, vital y estratégica; por tal razón, los legisladores del Frente Amplio Progresista nos oponemos a la privatización de la industria energética en cualquiera de sus modalidades, ya sea mediante la asociación y acompañamiento de otras empresas o la participación de capital privado en refinación, exploración, perforación y ductos, o a través de una reorganización administrativa que pretenda crear instancias para ampliar los contratos de riesgo.’’
La SFP reservó por tres años la historia patrimonial de Fox fuera de su sexenio
Elizabeth Velasco C.
Elizabeth Velasco C.
■ El IFAI podría decidir hoy si esa información se mantiene clasificada o se hace pública
La copia de la evolución patrimonial del ex presidente Vicente Fox Quesada, documento distinto a las declaraciones que por ley deben presentar los funcionarios públicos, fue clasificada como reservada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un lapso de tres años.
Según la SFP, la clasificación obedece a que su difusión “puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y las estrategias procesales en actuaciones judiciales o administrativas”.
La SFP detalló que en estos momentos dicha información está siendo objeto de un proceso de investigación, y por ello no se puede revelar el contenido del análisis evolutivo sobre la situación financiera del ex mandatario, elaborado antes de llegar a la Presidencia y posterior a ese hecho, es decir, antes de 2000 y desde 2007.
La respuesta de esa dependencia fue motivo de una queja interpuesta ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual tendrá que resolver hoy si procede o no dicha clasificación. El caso fue turnado al comisionado Alonso Gómez Robledo.
También se evaluará la respuesta que dio la Presidencia de la República a una solicitud de información sobre el contenido de los archivos y documentos que dejó Vicente Fox al concluir su gestión.
De acuerdo con la respuesta de esa entidad del Ejecutivo federal, el gobierno foxista generó alrededor de 75 mil 500 expedientes; dos mil 368 paquetes que contienen negativos; 122 con engargolados de “hojas de contacto”, y 340 cidís que integran diversas imágenes.
Del total de expedientes, según lista entregada por la Presidencia, 300 tienen que ver con la “correspondencia” de Marta Sahagún de Fox. Esa correspondencia fue generada de 2002 a 2006.
También sobresalen documentos registrados por la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, entre ellos 600 expedientes relativos a “infraestructura, reforma hacendaria, desarrollo regional y asuntos internacionales empresariales y de competitividad”.
Sobre las “designaciones presidenciales” y las notas periodísticas respectivas, las secretarías particular y técnica de la Presidencia entregaron 239 expedientes, así como 493 de los programas y bitácoras de las giras presidenciales.
También se incluyen 362 expedientes relativos a “solicitudes de audiencia, cartas, oficios, notas informativas, antecedentes y otros”, del área de Coordinación de Agenda y Eventos Presidenciales.
Otros 44 mil 850 expedientes tienen que ver con peticiones ciudadanas realizadas ante la Coordinación de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia.
De la Coordinación de Opinión Pública e Imagen, de la secretaría particular de la Presidencia, se generaron cuando menos 30 expedientes que contienen inserciones en diferentes medios de comunicación, oficios y notas periodísticas.
A su vez, la dirección general de Difusión y Logística generó 12 expedientes con correspondencia que va de 2002 a 2005, y la dirección general adjunta de Control de Gestión y Documentación unos 26 mil 408 expedientes con “correspondencia” de 2001 a 2005.
El solicitante de esa información presentó una queja ante el IFAI por considerar que la información referida es incompleta.
Según la SFP, la clasificación obedece a que su difusión “puede causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes y las estrategias procesales en actuaciones judiciales o administrativas”.
La SFP detalló que en estos momentos dicha información está siendo objeto de un proceso de investigación, y por ello no se puede revelar el contenido del análisis evolutivo sobre la situación financiera del ex mandatario, elaborado antes de llegar a la Presidencia y posterior a ese hecho, es decir, antes de 2000 y desde 2007.
La respuesta de esa dependencia fue motivo de una queja interpuesta ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual tendrá que resolver hoy si procede o no dicha clasificación. El caso fue turnado al comisionado Alonso Gómez Robledo.
También se evaluará la respuesta que dio la Presidencia de la República a una solicitud de información sobre el contenido de los archivos y documentos que dejó Vicente Fox al concluir su gestión.
De acuerdo con la respuesta de esa entidad del Ejecutivo federal, el gobierno foxista generó alrededor de 75 mil 500 expedientes; dos mil 368 paquetes que contienen negativos; 122 con engargolados de “hojas de contacto”, y 340 cidís que integran diversas imágenes.
Del total de expedientes, según lista entregada por la Presidencia, 300 tienen que ver con la “correspondencia” de Marta Sahagún de Fox. Esa correspondencia fue generada de 2002 a 2006.
También sobresalen documentos registrados por la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas, entre ellos 600 expedientes relativos a “infraestructura, reforma hacendaria, desarrollo regional y asuntos internacionales empresariales y de competitividad”.
Sobre las “designaciones presidenciales” y las notas periodísticas respectivas, las secretarías particular y técnica de la Presidencia entregaron 239 expedientes, así como 493 de los programas y bitácoras de las giras presidenciales.
También se incluyen 362 expedientes relativos a “solicitudes de audiencia, cartas, oficios, notas informativas, antecedentes y otros”, del área de Coordinación de Agenda y Eventos Presidenciales.
Otros 44 mil 850 expedientes tienen que ver con peticiones ciudadanas realizadas ante la Coordinación de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia.
De la Coordinación de Opinión Pública e Imagen, de la secretaría particular de la Presidencia, se generaron cuando menos 30 expedientes que contienen inserciones en diferentes medios de comunicación, oficios y notas periodísticas.
A su vez, la dirección general de Difusión y Logística generó 12 expedientes con correspondencia que va de 2002 a 2005, y la dirección general adjunta de Control de Gestión y Documentación unos 26 mil 408 expedientes con “correspondencia” de 2001 a 2005.
El solicitante de esa información presentó una queja ante el IFAI por considerar que la información referida es incompleta.
Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ “Periodismo” selectivo
■ Te invito para pegarte
■ Enjundia facciosa en Televisa
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ “Periodismo” selectivo
■ Te invito para pegarte
■ Enjundia facciosa en Televisa
No fue periodismo lo que se ejerció ayer en Televisa Chapultepec durante una “entrevista” a Andrés Manuel López Obrador sino una celada vengativa, una programada demostración de soberbia y desmesura y una comprobación al aire del encono profundo que guardan los dueños, directivos y estrellas de la principal empresa nacional de televisión al aspirante presidencial al que contribuyeron a defraudar electoralmente en 2006. Carlos Loret de Mola fue ayer impaciente y cortante, obsesivo en la búsqueda de descarrilar declarativamente a su presunto invitado, faccioso en cuanto se transmutó en contrincante dispuesto a saltar verbalmente encima del visitante para romperle el ritmo discursivo, de por sí lento, y para oponer a la visión y el verbo del malamente entrevistado las opiniones y deducciones de un anfitrión que manejó una “apertura” informativa, luego de año y medio de golpeteo, como una concesión personal o como el cumplimiento forzado y de mal humor de un trámite necesario para que la contaminadora empresa y sus empleados puedan adjudicarse un falso engomado de verificación democrática.
La agresividad matutina desplegada ayer en el canal dos de televisión abierta contrasta notablemente con el tono rutinariamente utilizado en ese y otros programas al entrevistar a funcionarios y políticos que son cuestionados por encima, tratados con amabilidad que todo lo diluye o, en caso extremo (sólo cuando es necesario), exhibidos sin enjundia ni persecución en sus contradicciones y errores, solidariamente pillados en falta pero sin que el conductor estrella asuma una postura adversa militante, propia más de quien forma parte de un litigio de partido que de quien se supone que actúa como periodista sin consigna. Con el mayor desparpajo, sin tribunales del santo oficio electrónico enfrente, desfilan por foros y programas de Televisa (y, con más descaro, en Televisión Azteca) los principales culpables de las desgracias del país y son tratados con complacencia general que, para aparentar acuciosidad, es salpicada con interrupciones menores, precisiones que suelen servir como preámbulo de más demagogia, y supuestos chispazos de ingenio y profundidad que no se vuelven insistencia, desesperación, descompostura facial, enojo evidente ni ruptura de reglas básicas ya no de periodismo sino incluso de cortesía.
La nueva tesis Televisa (te invito para pegarte) tendrá, desde luego, ilimitada oportunidad de demostrar que su puesta en práctica de ayer con López Obrador sólo fue la circunstancial inauguración de una nueva faceta periodística en la que los conductores de programas informativos se comportarán de similar manera con la amplísima nómina de políticos susceptibles de ser contradichos, impugnados y desprovistos del hilo argumental que desearen exponer (y que ya no habrá más entrevistas a modo, con guiones prestablecidos en los que el compareciente cómodamente se encuentre las preguntas para las que lleva respuestas aprendidas de memoria e incluso reacciones y frases estudiadas para enfrentar los cuestionamientos presuntamente peliagudos que también han sido convenidos. Por ejemplo, las entrevistas a Juan Camilo Mouriño). Ya se verá si frente a Felipe Calderón, a Mouriño o a otros miembros destacados del sistema al que Televisa pertenece se producirán joyas de enjundia persecutoria como las mostradas ayer por el economista que ha sido considerado uno de los líderes globales jóvenes de Latinoamérica.
Ya por último, sobre este tema, ha de señalarse que a pesar de la presión ejercida en su contra, y del entrampamiento en que quedó respecto a un párrafo de sus planteamientos de campaña en el que aceptaba cierto tipo de asociaciones de capital privado en Pemex, López Obrador pudo comenzar a instalar un nuevo golpe seco a la compañía gallego-michoacana, MuCal, a partir de contratos recientes en los que según eso aparece la firma del tesorito de Bucareli y, por otra parte, al darle más fuerza mediática a la denuncia sobre negocios con Repsol autorizados por Calderón cuando era secretario de Energía y ya instalado en Los Pinos.
Astillas
Salvo la ambición desbocada, parece que no tenían ningún plan notable los empresarios provisionalmente encargados de la administración federal que buscan hacerse del petróleo nacional (a menos que se quiera llamar “plan” a la práctica elemental de despojo en mercados y estaciones del Metro comúnmente llamada “descontón”). En el colmo de la impericia, el calderonismo cree posible resucitar al Zombi de Bucareli para que, convertido en algo parecido a los repartidores de directorios telefónicos casa por casa, lleve ejemplares del “diagnóstico” gubernamental sobre el petróleo a gobernadores y a obispos que, obviamente, le dan la suave al sedicente secretario de gobernación... Ayer fue el último programa de Charlas sobre filosofía que durante 15 años se transmitió semanalmente por una de las difusoras del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT). Producido por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el citado programa fue sentenciado a muerte en razón de las nuevas políticas culturales del gobierno de sacristía que encabeza Emilio González Márquez, el donante de 90 millones de pesos para la construcción de un santuario cristero. En delante, todo lo que se difunda en las estaciones propiedad del Estado deberán “competir” con la radio comercial, a pesar de que el artículo sexto del acta constitutiva del SJRT, del 12 de enero de 1999, establece que no se perseguirán fines de lucro… Organizaciones de derechos humanos, feministas y ciudadanos en general se manifestaron ayer en Monterrey para exigir que uno de los diarios de aquella ciudad restituya en sus páginas la columna A bocajarro que escribía Sanjuana Martínez. Deseosos de entregar una carta con sus puntos de vista a directivos del diario, los manifestantes se quedaron con el texto en sus manos porque nadie lo quiso recibir… Y, mientras el director de la Comisión Federal de Electricidad (toda la CFE es Slim) usa impropiamente el nombre de la Fundación Heberto Castillo, y se escuda tras “testigos sociales”, ¡hasta mañana, con la evolución patrimonial de Fox declarada tres años bajo reserva por el calderonismo cómplice!
La agresividad matutina desplegada ayer en el canal dos de televisión abierta contrasta notablemente con el tono rutinariamente utilizado en ese y otros programas al entrevistar a funcionarios y políticos que son cuestionados por encima, tratados con amabilidad que todo lo diluye o, en caso extremo (sólo cuando es necesario), exhibidos sin enjundia ni persecución en sus contradicciones y errores, solidariamente pillados en falta pero sin que el conductor estrella asuma una postura adversa militante, propia más de quien forma parte de un litigio de partido que de quien se supone que actúa como periodista sin consigna. Con el mayor desparpajo, sin tribunales del santo oficio electrónico enfrente, desfilan por foros y programas de Televisa (y, con más descaro, en Televisión Azteca) los principales culpables de las desgracias del país y son tratados con complacencia general que, para aparentar acuciosidad, es salpicada con interrupciones menores, precisiones que suelen servir como preámbulo de más demagogia, y supuestos chispazos de ingenio y profundidad que no se vuelven insistencia, desesperación, descompostura facial, enojo evidente ni ruptura de reglas básicas ya no de periodismo sino incluso de cortesía.
La nueva tesis Televisa (te invito para pegarte) tendrá, desde luego, ilimitada oportunidad de demostrar que su puesta en práctica de ayer con López Obrador sólo fue la circunstancial inauguración de una nueva faceta periodística en la que los conductores de programas informativos se comportarán de similar manera con la amplísima nómina de políticos susceptibles de ser contradichos, impugnados y desprovistos del hilo argumental que desearen exponer (y que ya no habrá más entrevistas a modo, con guiones prestablecidos en los que el compareciente cómodamente se encuentre las preguntas para las que lleva respuestas aprendidas de memoria e incluso reacciones y frases estudiadas para enfrentar los cuestionamientos presuntamente peliagudos que también han sido convenidos. Por ejemplo, las entrevistas a Juan Camilo Mouriño). Ya se verá si frente a Felipe Calderón, a Mouriño o a otros miembros destacados del sistema al que Televisa pertenece se producirán joyas de enjundia persecutoria como las mostradas ayer por el economista que ha sido considerado uno de los líderes globales jóvenes de Latinoamérica.
Ya por último, sobre este tema, ha de señalarse que a pesar de la presión ejercida en su contra, y del entrampamiento en que quedó respecto a un párrafo de sus planteamientos de campaña en el que aceptaba cierto tipo de asociaciones de capital privado en Pemex, López Obrador pudo comenzar a instalar un nuevo golpe seco a la compañía gallego-michoacana, MuCal, a partir de contratos recientes en los que según eso aparece la firma del tesorito de Bucareli y, por otra parte, al darle más fuerza mediática a la denuncia sobre negocios con Repsol autorizados por Calderón cuando era secretario de Energía y ya instalado en Los Pinos.
Astillas
Salvo la ambición desbocada, parece que no tenían ningún plan notable los empresarios provisionalmente encargados de la administración federal que buscan hacerse del petróleo nacional (a menos que se quiera llamar “plan” a la práctica elemental de despojo en mercados y estaciones del Metro comúnmente llamada “descontón”). En el colmo de la impericia, el calderonismo cree posible resucitar al Zombi de Bucareli para que, convertido en algo parecido a los repartidores de directorios telefónicos casa por casa, lleve ejemplares del “diagnóstico” gubernamental sobre el petróleo a gobernadores y a obispos que, obviamente, le dan la suave al sedicente secretario de gobernación... Ayer fue el último programa de Charlas sobre filosofía que durante 15 años se transmitió semanalmente por una de las difusoras del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRT). Producido por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el citado programa fue sentenciado a muerte en razón de las nuevas políticas culturales del gobierno de sacristía que encabeza Emilio González Márquez, el donante de 90 millones de pesos para la construcción de un santuario cristero. En delante, todo lo que se difunda en las estaciones propiedad del Estado deberán “competir” con la radio comercial, a pesar de que el artículo sexto del acta constitutiva del SJRT, del 12 de enero de 1999, establece que no se perseguirán fines de lucro… Organizaciones de derechos humanos, feministas y ciudadanos en general se manifestaron ayer en Monterrey para exigir que uno de los diarios de aquella ciudad restituya en sus páginas la columna A bocajarro que escribía Sanjuana Martínez. Deseosos de entregar una carta con sus puntos de vista a directivos del diario, los manifestantes se quedaron con el texto en sus manos porque nadie lo quiso recibir… Y, mientras el director de la Comisión Federal de Electricidad (toda la CFE es Slim) usa impropiamente el nombre de la Fundación Heberto Castillo, y se escuda tras “testigos sociales”, ¡hasta mañana, con la evolución patrimonial de Fox declarada tres años bajo reserva por el calderonismo cómplice!
Bernardo Barranco
Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal ranchero
El cardenal Sandoval ha presentado al Papa su renuncia a la arquidiócesis de Guadalajara, como lo manda el derecho canónico al cumplir 75 años. Dicho trámite está acompañado de reproches y escándalos a raíz del anunciado donativo de 90 millones de pesos por parte del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para el llamado Santuario de los Mártires, en el que al parecer se destinan recursos del erario, privilegiando a la Iglesia católica y atropellando, por tanto, la equidad de las minorías religiosas. Asimismo se sienta un nuevo precedente contra el carácter laico del Estado.
Seguramente el hecho ha sido minimizado por el propio Sandoval, tan acostumbrado ya a los altercados y grescas mediáticas que han acompañado a su ejercicio episcopal. Robusto, rojizo, rebosante de salud, el cardenal está confiado en que Roma postergue su retiro; sin embargo, ya ha escuchado las campanadas del implacable reloj que indican que su jubilación está próxima y que se cierra un ciclo.
Más que un católico ultraconservador, el cardenal Sandoval es, a decir de la investigadora Renée de la Torre, un clérigo a la antigua. Es decir, un sacerdote tradicionalista de ideas fijas y rígidas, al que le cuesta trabajo comprender los cambios de época que atraviesa la sociedad. Uno no se explica los pleitos casados que mantiene el prelado con grupos de derechos humanos, colectivos de mujeres, homosexuales, intelectuales, académicos, dirigentes de partidos políticos y periodistas. Es decir con todos aquellos sectores pensantes y actores seculares.
Tras el trágico asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas en mayo de 1993, todos pensaban que el sucesor natural sería su obispo auxiliar Martín Rabago, que guardaba gran ascendencia local; sin embargo, el Vaticano realizó cambios y enroques, bajo la conducción del entonces nuncio Girolamo Prigione: Juan Sandoval viene a Guadalajara procedente de Ciudad Juárez. Como Norberto Rivera, en tiempos del delirio romano para combatir todo brote de progresismo católico en los años 80, Juan Sandoval se ensañó en combatir corrientes de la teología de la liberación y de la pastoral de las comunidades eclesiales de base, presentes vivamente al interior del seminario que él dirigió y del que se jacta constantemente. De inmediato el nuevo arzobispo de Guadalajara utilizó la causa de Posadas para posicionarse no sólo ante el difícil clero tapatío, sino para ganar notoriedad en la clase política regional y de paso hacerse sentir en el Vaticano. Con terquedad ha denunciado una y otra vez su hipótesis de complot pero que no ha podido o no ha querido demostrarlo de manera contundente. Dicha posición lo llevó a enfrentarse con muchos obispos, que querían llevar la fiesta en paz; recordamos aquel sonado episodio en el que el extinto obispo de Cuernavaca Luis Reynoso, y José Fernández Arteaga, obispo de Chihuahua, formaron parte del grupo interinstitucional que en 1998 integró una nueva investigación del caso Posadas. En su reporte final y en su carácter de jurista, Reynoso consideró que no existen pruebas suficientes para demostrar que hubo un complot contra el religioso. Gracias a su tenacidad Sandoval ha convencido tanto a los obispos como a la Santa Sede de que el magnicidio fue fruto de un crimen de Estado.
Juan Sandoval nació en Yahualica, en la región de Los Altos de Jalisco, cuna de la guerra cristera y de los sectores católicos más conservadores del país. Sus modales hoscos y sus polémicas declaraciones lo han llevado a tener fricciones con diversos actores de la sociedad. Es un cardenal claridoso, sus planteamientos no guardan ni matiz ni sutileza, son contundentes y no admiten mediación, como cuando declaró que: “Se necesita no tener madre para ser protestante”, provocando la reacción airada de los Testigos de Jehová y otras iglesias. Sobre los homosexuales, estableció que “las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlas, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto”. O sobre el acoso a las mujeres, el cardenal estipuló que “las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas”, lo que le valió duras críticas de los colectivos femeninos, por lo que se vio obligado a desdecirse (Efe, 25/09/2003). Sus confrontaciones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco son sonoras. El año pasado no sólo arremetió contra su líder Gabino Berumen Cervantes, sino provocó a la militancia al llamarlos “hijos de las tinieblas” (La Jornada, 9/5/2007).
Estos ejemplos muestran el efervescente temperamento del cardenal, que lo lleva a imprudencias costosas. No obstante, es un actor poderoso en Jalisco. Su secreto ha sido articularse con la iniciativa privada y con el gobierno, estableciendo redes triangulares de complicidad, apoyo y fortalecimiento institucional mutuo. Cada vez que alguno enfrenta una controversia, es respaldado por los otros. Sin duda el episodio más delicado que ha enfrentado el cardenal son las acusaciones en 2003 por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, así también su estrecha relación con José María Guardia, el zar del juego; dicha denuncia fue promovida, como todos recordamos, por el ex procurador Jorge Carpizo McGregor. Así, sus cuentas, nexos familiares, movimientos y negocios fueron investigados. Si bien fue finalmente exonerado, el cardenal en un momento pareció zarandeado por la presión mediática que se generó en su contra.
Con la renuncia presentada a Benedicto XVI, la pregunta obligada es sobre el perfil necesario para un alto prelado hoy. Los estilos hoscos, rudos y bravucones que poseen Rivera y Sandoval responden a otro momento de la circunstancia mexicana, donde los actores religiosos negociaban políticamente, palmo a palmo, espacios y posiciones de la Iglesia. Hoy se antoja otro tipo de negociación, con ánimo más mediador y dialógico. Importante tomar nota de ello que, con los cambios hechos y por venir, se está reconfigurando el relevo generacional del conjunto del episcopado mexicano en más de 30 por ciento.
Juan Sandoval Íñiguez, el cardenal ranchero
El cardenal Sandoval ha presentado al Papa su renuncia a la arquidiócesis de Guadalajara, como lo manda el derecho canónico al cumplir 75 años. Dicho trámite está acompañado de reproches y escándalos a raíz del anunciado donativo de 90 millones de pesos por parte del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para el llamado Santuario de los Mártires, en el que al parecer se destinan recursos del erario, privilegiando a la Iglesia católica y atropellando, por tanto, la equidad de las minorías religiosas. Asimismo se sienta un nuevo precedente contra el carácter laico del Estado.
Seguramente el hecho ha sido minimizado por el propio Sandoval, tan acostumbrado ya a los altercados y grescas mediáticas que han acompañado a su ejercicio episcopal. Robusto, rojizo, rebosante de salud, el cardenal está confiado en que Roma postergue su retiro; sin embargo, ya ha escuchado las campanadas del implacable reloj que indican que su jubilación está próxima y que se cierra un ciclo.
Más que un católico ultraconservador, el cardenal Sandoval es, a decir de la investigadora Renée de la Torre, un clérigo a la antigua. Es decir, un sacerdote tradicionalista de ideas fijas y rígidas, al que le cuesta trabajo comprender los cambios de época que atraviesa la sociedad. Uno no se explica los pleitos casados que mantiene el prelado con grupos de derechos humanos, colectivos de mujeres, homosexuales, intelectuales, académicos, dirigentes de partidos políticos y periodistas. Es decir con todos aquellos sectores pensantes y actores seculares.
Tras el trágico asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas en mayo de 1993, todos pensaban que el sucesor natural sería su obispo auxiliar Martín Rabago, que guardaba gran ascendencia local; sin embargo, el Vaticano realizó cambios y enroques, bajo la conducción del entonces nuncio Girolamo Prigione: Juan Sandoval viene a Guadalajara procedente de Ciudad Juárez. Como Norberto Rivera, en tiempos del delirio romano para combatir todo brote de progresismo católico en los años 80, Juan Sandoval se ensañó en combatir corrientes de la teología de la liberación y de la pastoral de las comunidades eclesiales de base, presentes vivamente al interior del seminario que él dirigió y del que se jacta constantemente. De inmediato el nuevo arzobispo de Guadalajara utilizó la causa de Posadas para posicionarse no sólo ante el difícil clero tapatío, sino para ganar notoriedad en la clase política regional y de paso hacerse sentir en el Vaticano. Con terquedad ha denunciado una y otra vez su hipótesis de complot pero que no ha podido o no ha querido demostrarlo de manera contundente. Dicha posición lo llevó a enfrentarse con muchos obispos, que querían llevar la fiesta en paz; recordamos aquel sonado episodio en el que el extinto obispo de Cuernavaca Luis Reynoso, y José Fernández Arteaga, obispo de Chihuahua, formaron parte del grupo interinstitucional que en 1998 integró una nueva investigación del caso Posadas. En su reporte final y en su carácter de jurista, Reynoso consideró que no existen pruebas suficientes para demostrar que hubo un complot contra el religioso. Gracias a su tenacidad Sandoval ha convencido tanto a los obispos como a la Santa Sede de que el magnicidio fue fruto de un crimen de Estado.
Juan Sandoval nació en Yahualica, en la región de Los Altos de Jalisco, cuna de la guerra cristera y de los sectores católicos más conservadores del país. Sus modales hoscos y sus polémicas declaraciones lo han llevado a tener fricciones con diversos actores de la sociedad. Es un cardenal claridoso, sus planteamientos no guardan ni matiz ni sutileza, son contundentes y no admiten mediación, como cuando declaró que: “Se necesita no tener madre para ser protestante”, provocando la reacción airada de los Testigos de Jehová y otras iglesias. Sobre los homosexuales, estableció que “las desviaciones de algunas personas no deben servir para condenarlas, pero tampoco para presumirlas; que las mantengan más bien en secreto”. O sobre el acoso a las mujeres, el cardenal estipuló que “las mujeres no deben de andar provocando, por eso hay muchas violadas”, lo que le valió duras críticas de los colectivos femeninos, por lo que se vio obligado a desdecirse (Efe, 25/09/2003). Sus confrontaciones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Jalisco son sonoras. El año pasado no sólo arremetió contra su líder Gabino Berumen Cervantes, sino provocó a la militancia al llamarlos “hijos de las tinieblas” (La Jornada, 9/5/2007).
Estos ejemplos muestran el efervescente temperamento del cardenal, que lo lleva a imprudencias costosas. No obstante, es un actor poderoso en Jalisco. Su secreto ha sido articularse con la iniciativa privada y con el gobierno, estableciendo redes triangulares de complicidad, apoyo y fortalecimiento institucional mutuo. Cada vez que alguno enfrenta una controversia, es respaldado por los otros. Sin duda el episodio más delicado que ha enfrentado el cardenal son las acusaciones en 2003 por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, así también su estrecha relación con José María Guardia, el zar del juego; dicha denuncia fue promovida, como todos recordamos, por el ex procurador Jorge Carpizo McGregor. Así, sus cuentas, nexos familiares, movimientos y negocios fueron investigados. Si bien fue finalmente exonerado, el cardenal en un momento pareció zarandeado por la presión mediática que se generó en su contra.
Con la renuncia presentada a Benedicto XVI, la pregunta obligada es sobre el perfil necesario para un alto prelado hoy. Los estilos hoscos, rudos y bravucones que poseen Rivera y Sandoval responden a otro momento de la circunstancia mexicana, donde los actores religiosos negociaban políticamente, palmo a palmo, espacios y posiciones de la Iglesia. Hoy se antoja otro tipo de negociación, con ánimo más mediador y dialógico. Importante tomar nota de ello que, con los cambios hechos y por venir, se está reconfigurando el relevo generacional del conjunto del episcopado mexicano en más de 30 por ciento.
Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ El frustrado plan de la ruta azul
■ Denuestos, para que algo quede
¿Que qué pretendía Nueva Izquierda con su exigencia de que se contaran todas las casillas, todos los votos de la elección perredista pasada? Nada más sencillo de responder: seguir la ruta azul.
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a esa forma de ganar elecciones sin haber conseguido la mayoría de votos que impuso la democracia neoliberal desde la elección de 2006.
Vamos a tratar de verlo como dictan los hechos. La primera condicionante para lograr esa victoria es tejer acuerdos con todos los enemigos del contrincante para crear una red de seguridad que permita legitimar mediáticamente, por ejemplo, el supuesto triunfo; la segunda, preparar un escenario de ilícitos electorales que ponga en duda la derrota, es decir, crear un ambiente de corruptelas tal que obligue al contrincante a defenderse con armas de la misma calaña, o peores, y la tercera, convertir, vía el conteo de todos los votos, aún los inexistentes, en una elección reñida, donde la duda salte a su favor.
Y luego de todo eso, con el conteo de los votos sucios y limpios, encaramarse en el poder y resistir la andanada que provenga de los contrincantes supuestamente derrotados por el mecanismo del fraude, sin dejar el poder usurpado. Entonces, con el triunfo fraudulento en la bolsa, que se cuente lo que se cuente, que se diga lo que se diga, la red de protección mediática hará su trabajo para tratar de evitar que el sujeto caiga en ilegitimidad total.
El plan, que ahora resulta obvio, debería funcionar más que en el nivel nacional, en el local, es decir, en el Distrito Federal, donde la última salida tendría que ser llamar al desconocimiento de la elección, sólo que en la capital las anomalías, el cochinero, no fue del tamaño que se hizo en la elección nacional, lo que en buena medida frustró el proyecto.
De cualquier forma esa salida ya está en la discusión. Cancelar la elección para exhibir a ese partido como ejemplo de triquiñuela política, cuando menos, y si así les conviene, y vacunar los fraudes venideros que serían la única posibilidad de lograr mantener a la derecha en el poder.
No obstante el momento para declarar que la elección debería se abortada ya pasó. En todas partes, en todos los ámbitos se sabía que la elección perredista sería un desastre. Los métodos usados por Nueva Izquierda saltaban a la vista, y las formas de contrarrestarlos desde la trinchera de Izquierda Unida corrieron por el mismo carril. Entonces, frente a la certeza de que en ese partido se diera un juego limpio, la elección debería haber sido anulada. Hoy ya es muy tarde.
Y no era todo, en el mismo paquete se metió la pretensión dolosa de querer comparar la elección presidencial con la del PRD, para tratar de limpiar el fraude de 2006, y eso obedece al mismo plan, y sólo se entiende cuando se miran los esfuerzos de los medios llamados masivos, por insertarla en ese debate que ya fue juzgado por una buena parte de la población que considera a esos comicios un fraude. El proyecto no se ha podido realizar en el Distrito Federal, pero desde todas las trincheras alineadas a NI, no se pierden las esperanzas de repetir el numerito.
De pasadita
La denuncia del secretario general del partido del sol azteca en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gámiz, en contra del secretario federal del Trabajo pesa demasiado entre los azules, que ya no quieren cargar con otro muerto, y juran y perjuran que no entrarán a defender al funcionario. Tan es así que dicen que el punto de acuerdo que desde la Cámara de Diputados se dará para investigar a Javier Lozano no será impedido por el panismo. En pocas palabras, lo dejarán rascarse con sus propias uñas. Ni modo.
Miguel Ángel Velázquez ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com
■ El frustrado plan de la ruta azul
■ Denuestos, para que algo quede
¿Que qué pretendía Nueva Izquierda con su exigencia de que se contaran todas las casillas, todos los votos de la elección perredista pasada? Nada más sencillo de responder: seguir la ruta azul.
¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a esa forma de ganar elecciones sin haber conseguido la mayoría de votos que impuso la democracia neoliberal desde la elección de 2006.
Vamos a tratar de verlo como dictan los hechos. La primera condicionante para lograr esa victoria es tejer acuerdos con todos los enemigos del contrincante para crear una red de seguridad que permita legitimar mediáticamente, por ejemplo, el supuesto triunfo; la segunda, preparar un escenario de ilícitos electorales que ponga en duda la derrota, es decir, crear un ambiente de corruptelas tal que obligue al contrincante a defenderse con armas de la misma calaña, o peores, y la tercera, convertir, vía el conteo de todos los votos, aún los inexistentes, en una elección reñida, donde la duda salte a su favor.
Y luego de todo eso, con el conteo de los votos sucios y limpios, encaramarse en el poder y resistir la andanada que provenga de los contrincantes supuestamente derrotados por el mecanismo del fraude, sin dejar el poder usurpado. Entonces, con el triunfo fraudulento en la bolsa, que se cuente lo que se cuente, que se diga lo que se diga, la red de protección mediática hará su trabajo para tratar de evitar que el sujeto caiga en ilegitimidad total.
El plan, que ahora resulta obvio, debería funcionar más que en el nivel nacional, en el local, es decir, en el Distrito Federal, donde la última salida tendría que ser llamar al desconocimiento de la elección, sólo que en la capital las anomalías, el cochinero, no fue del tamaño que se hizo en la elección nacional, lo que en buena medida frustró el proyecto.
De cualquier forma esa salida ya está en la discusión. Cancelar la elección para exhibir a ese partido como ejemplo de triquiñuela política, cuando menos, y si así les conviene, y vacunar los fraudes venideros que serían la única posibilidad de lograr mantener a la derecha en el poder.
No obstante el momento para declarar que la elección debería se abortada ya pasó. En todas partes, en todos los ámbitos se sabía que la elección perredista sería un desastre. Los métodos usados por Nueva Izquierda saltaban a la vista, y las formas de contrarrestarlos desde la trinchera de Izquierda Unida corrieron por el mismo carril. Entonces, frente a la certeza de que en ese partido se diera un juego limpio, la elección debería haber sido anulada. Hoy ya es muy tarde.
Y no era todo, en el mismo paquete se metió la pretensión dolosa de querer comparar la elección presidencial con la del PRD, para tratar de limpiar el fraude de 2006, y eso obedece al mismo plan, y sólo se entiende cuando se miran los esfuerzos de los medios llamados masivos, por insertarla en ese debate que ya fue juzgado por una buena parte de la población que considera a esos comicios un fraude. El proyecto no se ha podido realizar en el Distrito Federal, pero desde todas las trincheras alineadas a NI, no se pierden las esperanzas de repetir el numerito.
De pasadita
La denuncia del secretario general del partido del sol azteca en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gámiz, en contra del secretario federal del Trabajo pesa demasiado entre los azules, que ya no quieren cargar con otro muerto, y juran y perjuran que no entrarán a defender al funcionario. Tan es así que dicen que el punto de acuerdo que desde la Cámara de Diputados se dará para investigar a Javier Lozano no será impedido por el panismo. En pocas palabras, lo dejarán rascarse con sus propias uñas. Ni modo.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR
- PANORAMA DEL DIA
ECUADOR-COLOMBIA
El gobierno de Ecuador demandó este lunes al estado colombiano ante la Corte Interamericana de Justicia por las constantes fumigaciones aéreas a cultivos de coca en zona de frontera. El herbicida afectó a población, animales y cultivos ecuatorianos.
(+) Presidene Correa advierte a gobierno de Colombia
GUATEMALA-DDHH
La CIDH celebra veto presidencial a la pena de muerte en Guatemala
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó recientemente su satisfacción ante el veto del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a la ley que restablecía la pena de muerte en ese país. Ahora el Congreso decidirá si acepta el veto.
BRASIL-RADIOS COMUNITARIAS
Las radios comunitarias del estado nodestino de Pernambuco, en Brasil, evalúan los próximos reclamos que iniciarán, luego del operativo policial que cerró 30 emisoras comunitarias que funcionaban sin autorización del estado.
Cobertura en terreno, "Con Memoria y Alegría adelante por la Vida"
Este 29 de marzo de 15.00 a 18.00 horas (- 04:00 GMT), Radio Tierra transmitirá en vivo y en directo el acto en conmemoración del 27 aniversario del secuestro y asesinato de tres importantes personalidades de la intelectualidad chilena.
"Los elefantes tienen una memoria prodigiosa , pueden memorizar centenares de sonidos y olores entre ellos y de manera muy especial, los de su tribu. Los elefantes no olvidan a los suyos e incluso hay estudios que demuestran que llevan luto por los ausentes. Pero se dice que no solamente son capaces de almacenar recuerdos si no que también resignificarlos permanentemente".
Un día 29 de marzo fueron secuestrados desde el Colegio Latinoamericano de Integración el sociólogo José Manuel Parada, el profesor Manuel Guerrero y el artista plástico Santiago Nattino , esto ocurrió en Santiago de Chile en 1985 en plena dictadura militar . Al día siguiente el 30 de marzo sus cuerpos fueron encontrados degollados en la periferia de la ciudad. Fue un crimen que remeció al país y conmovió al mundo.
Este año 2008 sus hijos Javiera Parada, Eduardo Nattino y Manuel Guerrero, junto a destacadas personalidades de la cultura y las artes agrupados en CIUDAD ELEFANTE http://ciudadelefante.blogspot.com brindan este homenaje de memoria viva en un acto llamado CON MEMORIA Y ALEGRIA ADELANTE POR LA VIDA.
La actividad que se realizará en la Plaza Brasil de Santiago será transmitida por Radio Tierra a través de sus señales Am 1300 y www.radiotierra.cl
entre las 15.00 y las 18.00 horas (-04:00 GTM) del sábado 29 de marzo.(PÚLSAR)
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