Zona de Reflexión
Por Lucía Lagunes Huerta*
México DF, 20 enero 09 (CIMAC).- En los últimos cinco años, México se colocó ante la lupa internacional por la falta de una política de protección a los derechos humanos. En ese marco, uno de los rubros más preocupantes es la dimensión que significa la agresión contra la libertad de expresión.
Tal es la situación, que México ocupa el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Irak. México es un país sin guerra, impera, dicen, Estado de derecho, con instituciones especiales para atender las agresiones contra las y los periodistas, pero no ha logrado su tarea principal: proteger la libertad para ejercer el periodismo y con ello garantizar el derecho de la población a estar informados.
No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado un verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático.
Tan solo en 2008, el gobierno de Felipe Calderón cierra el año con más agresiones a periodistas: 13 asesinatos; 8 desapariciones y 178 agresiones, cifras que superan con mucho lo que han sido los años anteriores.
Este inicio de 2009 parece que no pinta mejor para las y los comunicadores. Los hechos hablan por sí mismos, ya que mientras escribo estas líneas la joven periodista Ana Lilia Pérez Mendoza sigue escondida ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años, por informar sobre los negocios millonarios que han hecho la familia Sahagún y la familia Zaragoza.
Como parte de su investigación, la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza descubrió que los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Un hecho que, la lectora o lector imaginará, no dejaba ni por poco bien al Gobierno federal actual.
La información publicada en Contralínea está respaldada con copias de los contratos multimillonarios, todo publicado el 6 de febrero del año 2008.
SEÑALES PREOCUPANTES
Sin embargo hoy existen señales preocupantes para lograr la integridad física y moral de Ana Lilia Pérez y del director de Contralínea Miguel Badillo. La detención del segundo por la Policía Bancaria, el pasado viernes, hizo que Ana Lilia tuviera que ser protegida por organizaciones especializadas en libertad de expresión y derechos humanos.
Ana Lilia dejó todo de un día para otro, ante las amenazas contra su seguridad e integridad. Esta joven periodista de 32 años, con diez años de ejercicio profesional, labora todos los días bajo dos convicciones fundamentales: que no se hará rica con su profesión y que su ejercicio periodístico cumple bajo la lógica del servicio a la sociedad.
Ana logró apenas hoy un amparo que le permite volver a caminar las calles de la Ciudad de México. Pero, señal muy preocupante, en la madrugada de ayer las oficinas de Contralínea fueron allanadas.
Estas agresiones provocaron nuevamente, en una reacción inmediata, la condena por parte de las y los periodistas, organizaciones, sociedad en general y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Lo que no lograron las agresiones, sin embargo, es mover instituciones que tendría que actuar en consecuencia con su misión y encargo social: entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de la propia Ana Lilia y Miguel Badillo.
Al margen también se ha mantenido la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. Ambas instituciones trabajan con presupuesto federal que emana de la contribución de nuestros impuestos.
Son funcionarios públicos a nuestro servicio. La CNDH está para proteger nuestros derechos humanos, sin importar los intereses políticos, económicos que se encuentren en juego, la segunda para proteger nuestro derecho de ejercer con libertad nuestra labor periodística.
Sin las agresiones y amenazas contra Ana Lilia Pérez se concretan, y se vulnera su integridad física, ambas instituciones habrán fracasado, el Gobierno actual confirmará que no le importa lo que suceda contra el gremio periodístico, la sociedad habrá perdido una periodista más que le garantice su derecho a la información, el gremio seguirá contando agresiones y exigiendo respeto. En síntesis, si se daña a Ana Lilia Pérez, la población mexicana toda habrá perdido.
* Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
09/LLH/GG
Por Lucía Lagunes Huerta*
México DF, 20 enero 09 (CIMAC).- En los últimos cinco años, México se colocó ante la lupa internacional por la falta de una política de protección a los derechos humanos. En ese marco, uno de los rubros más preocupantes es la dimensión que significa la agresión contra la libertad de expresión.
Tal es la situación, que México ocupa el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo, sólo después de Irak. México es un país sin guerra, impera, dicen, Estado de derecho, con instituciones especiales para atender las agresiones contra las y los periodistas, pero no ha logrado su tarea principal: proteger la libertad para ejercer el periodismo y con ello garantizar el derecho de la población a estar informados.
No sólo el Estado ha faltado a esta obligación, el Gobierno actual federal ha mostrado un verdadero desinterés por contar con acciones efectivas y sigue en el escenario de lo mediático.
Tan solo en 2008, el gobierno de Felipe Calderón cierra el año con más agresiones a periodistas: 13 asesinatos; 8 desapariciones y 178 agresiones, cifras que superan con mucho lo que han sido los años anteriores.
Este inicio de 2009 parece que no pinta mejor para las y los comunicadores. Los hechos hablan por sí mismos, ya que mientras escribo estas líneas la joven periodista Ana Lilia Pérez Mendoza sigue escondida ante las agresiones y amenazas que ha sido objeto desde hace dos años, por informar sobre los negocios millonarios que han hecho la familia Sahagún y la familia Zaragoza.
Como parte de su investigación, la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza descubrió que los contratos que Juan Camilo Mouriño Terrazo firmó entre 2001 y 2004, en su dualidad como funcionario público del sector energético y contratista privado de Pemex Refinación. Un hecho que, la lectora o lector imaginará, no dejaba ni por poco bien al Gobierno federal actual.
La información publicada en Contralínea está respaldada con copias de los contratos multimillonarios, todo publicado el 6 de febrero del año 2008.
SEÑALES PREOCUPANTES
Sin embargo hoy existen señales preocupantes para lograr la integridad física y moral de Ana Lilia Pérez y del director de Contralínea Miguel Badillo. La detención del segundo por la Policía Bancaria, el pasado viernes, hizo que Ana Lilia tuviera que ser protegida por organizaciones especializadas en libertad de expresión y derechos humanos.
Ana Lilia dejó todo de un día para otro, ante las amenazas contra su seguridad e integridad. Esta joven periodista de 32 años, con diez años de ejercicio profesional, labora todos los días bajo dos convicciones fundamentales: que no se hará rica con su profesión y que su ejercicio periodístico cumple bajo la lógica del servicio a la sociedad.
Ana logró apenas hoy un amparo que le permite volver a caminar las calles de la Ciudad de México. Pero, señal muy preocupante, en la madrugada de ayer las oficinas de Contralínea fueron allanadas.
Estas agresiones provocaron nuevamente, en una reacción inmediata, la condena por parte de las y los periodistas, organizaciones, sociedad en general y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Lo que no lograron las agresiones, sin embargo, es mover instituciones que tendría que actuar en consecuencia con su misión y encargo social: entre ellas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió el pasado 12 de septiembre la queja formal por parte de la propia Ana Lilia y Miguel Badillo.
Al margen también se ha mantenido la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. Ambas instituciones trabajan con presupuesto federal que emana de la contribución de nuestros impuestos.
Son funcionarios públicos a nuestro servicio. La CNDH está para proteger nuestros derechos humanos, sin importar los intereses políticos, económicos que se encuentren en juego, la segunda para proteger nuestro derecho de ejercer con libertad nuestra labor periodística.
Sin las agresiones y amenazas contra Ana Lilia Pérez se concretan, y se vulnera su integridad física, ambas instituciones habrán fracasado, el Gobierno actual confirmará que no le importa lo que suceda contra el gremio periodístico, la sociedad habrá perdido una periodista más que le garantice su derecho a la información, el gremio seguirá contando agresiones y exigiendo respeto. En síntesis, si se daña a Ana Lilia Pérez, la población mexicana toda habrá perdido.
* Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC).
09/LLH/GG
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