Ninguna iniciativa ha prosperado en la Cámara de Diputados
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 15 oct 10 (CIMAC).- Durante este año, legisladoras de la Cámara de Diputados, han presentado cinco iniciativas para reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, el Código Federal de Procedimientos Penales, y la Constitución mexicana, además de una iniciativa para expedir una Ley General en la materia. Aunque desde el 27 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas”, esta ley no ha sido suficiente, y en la Cámara de Diputados, se han presentado diversas iniciativas para combatir este delito. Ninguna de ellas ha sido aprobada. La exposición de motivos de estas iniciativas coinciden en afirmar que los tratados internacionales son normas jurídicas que deben ser adoptadas por el derecho interno, tomando en cuenta que en 2003 México ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas.
De acuerdo con información parlamentaria de dicho órgano legislativo, el 18 de febrero pasado, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa para reformar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución mexicana, para que el Congreso tuviera la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada y trata de personas. Pinedo Alonso propuso elevar la actual ley, a rango federal e incluir en ésta, la obligación de los Congresos estatales, y de la Asamblea del Distrito Federal, de adecuar sus legislaciones para que se homologaran a la nueva ley. Esta iniciativa se quedó en las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Dos meses después, el 8 de abril, la legisladora perredista, María Araceli Vázquez Camacho, presentó una propuesta que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha iniciativa buscaba reformar el artículo 20 constitucional para resguardar la identidad y datos personales de las víctimas de trata de personas. Unos días después, y tras considerar que la trata era una agresión a la humanidad que dejaba ganancias anuales de 42 mil millones de dólares, equivalentes al 0.06 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, sólo abajo del tráfico ilegal de narcóticos y de armas, la diputada de la fracción panista, Rosi Orozco, también planteó una iniciativa.
De acuerdo con la también presidenta de la Comisión especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara baja, se debía abrogar la Ley vigente en la materia, y en su lugar aprobar una Ley General. La iniciativa también buscaba que en el Presupuesto de Egresos se garantizara el cumplimiento de los objetivos de la nueva ley. Hasta ahora, la propuesta permanece en la Comisión de Derechos Humanos, aunque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también la esta analizando.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, propuso modificar el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de trata de personas, para que especificara el deber de “resguardar la identidad y otros datos personales de menores de edad; o bien, víctimas de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. Finalmente, las legisladoras perredistas Claudia Edith Anaya Mota y María Araceli Vázquez Camacho, en mayo y junio de este año, respectivamente, también enviaron iniciativas que se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, pero hasta el momento ninguna ha sido aprobada.
México, D.F., 15 oct 10 (CIMAC).- Durante este año, legisladoras de la Cámara de Diputados, han presentado cinco iniciativas para reformar la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, el Código Federal de Procedimientos Penales, y la Constitución mexicana, además de una iniciativa para expedir una Ley General en la materia. Aunque desde el 27 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas”, esta ley no ha sido suficiente, y en la Cámara de Diputados, se han presentado diversas iniciativas para combatir este delito. Ninguna de ellas ha sido aprobada. La exposición de motivos de estas iniciativas coinciden en afirmar que los tratados internacionales son normas jurídicas que deben ser adoptadas por el derecho interno, tomando en cuenta que en 2003 México ratificó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas.
De acuerdo con información parlamentaria de dicho órgano legislativo, el 18 de febrero pasado, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa para reformar la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución mexicana, para que el Congreso tuviera la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada y trata de personas. Pinedo Alonso propuso elevar la actual ley, a rango federal e incluir en ésta, la obligación de los Congresos estatales, y de la Asamblea del Distrito Federal, de adecuar sus legislaciones para que se homologaran a la nueva ley. Esta iniciativa se quedó en las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Dos meses después, el 8 de abril, la legisladora perredista, María Araceli Vázquez Camacho, presentó una propuesta que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha iniciativa buscaba reformar el artículo 20 constitucional para resguardar la identidad y datos personales de las víctimas de trata de personas. Unos días después, y tras considerar que la trata era una agresión a la humanidad que dejaba ganancias anuales de 42 mil millones de dólares, equivalentes al 0.06 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, sólo abajo del tráfico ilegal de narcóticos y de armas, la diputada de la fracción panista, Rosi Orozco, también planteó una iniciativa.
De acuerdo con la también presidenta de la Comisión especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara baja, se debía abrogar la Ley vigente en la materia, y en su lugar aprobar una Ley General. La iniciativa también buscaba que en el Presupuesto de Egresos se garantizara el cumplimiento de los objetivos de la nueva ley. Hasta ahora, la propuesta permanece en la Comisión de Derechos Humanos, aunque la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública también la esta analizando.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, propuso modificar el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de trata de personas, para que especificara el deber de “resguardar la identidad y otros datos personales de menores de edad; o bien, víctimas de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada. Finalmente, las legisladoras perredistas Claudia Edith Anaya Mota y María Araceli Vázquez Camacho, en mayo y junio de este año, respectivamente, también enviaron iniciativas que se turnaron a la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, pero hasta el momento ninguna ha sido aprobada.
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