La tortura es en efecto una práctica sistemática de las corporaciones policiacas estatales y municipales, en su función preventiva y en la investigación del delito. Existe una alarmante cantidad de muertes de personas en los centros de detención de Yucatán, ya sea en cárceles municipales o en reclusorios estatales. Durante el año 2010 han muerto por lo menos siete personas en esas penitenciarías, y son al menos 13 las personas fallecidas en aquellas cárceles desde 2006. En varios de estos casos hay indicios de tortura, tratos crueles, inhumanos y denigrantes cometidos en contra de los acusados o sentenciados. A pesar de la evidente responsabilidad de las autoridades, prevalece la impunidad. De acuerdo con las declaraciones de la procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Celia Rivas Rodríguez, la violencia de género y la violencia intrafamiliar ha disminuido. Pero tan sólo en los últimos meses la entidad ha sido sacudida por los asesinatos de dos mujeres, lo cuales bien se podrían calificar como feminicidios. Las autoridades yucatecas suelen minimizar este tipo de crímenes, culpan a las mujeres de provocar a los agresores sexuales y les restringen la información y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, el apoyo que el gobierno solía brindar a las bordadoras de Yucatán, y que permitía que muchas familias, sobre todo las encabezadas por mujeres, pudieran tener un ingreso a partir de un trabajo artesanal, de calidad y atractivo para el turismo, fue recortado sin mediar explicación. Casualmente, la gobernadora creó su propia empresa de bordado. El organismo público encargado de la defensa y protección de los derechos humanos en el estado, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), ha resultado una verdadera decepción. Su presidente fue ratificado hace poco más de un año por la Legislatura local, a pesar de existir doce demandas de juicio político en su contra, por su deficiente labor y el encubrimiento a las autoridades. La Codhey ha sido negligente para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos. No ha emitido de manera oportuna recomendaciones, y, cuando se ha hecho, han resultado bastante tibias
. Todo esto ha contribuido a que persistan prácticas incompatibles con los derechos humanos, particularmente en los ámbitos de la seguridad y de la procuración de justicia.
En los hechos no existe avance en la entidad en materia de defensa y promoción de los derechos humanos, ni mucho menos una comisión crítica que se erija como una verdadera defensoría del pueblo. Desde el inicio de su administración, la gobernadora Ivonne Ortega ha incrementado de manera excesiva los gastos de la entidad, y con ello la deuda pública, que en un periodo de cinco años pasó de 300 millones a 8 mil millones de pesos. Tan sólo con el Banco Mundial tiene una deuda de 697 millones de pesos para un proyecto de desarrollo sustentable muy cuestionado por la población y por los organismos civiles, ya que la riqueza natural ha sido depredada. Toda la Riviera Maya ha sido arrasada y los arrecifes han sido afectados para impulsar la llegada del capital turístico.
La población y los empresarios están molestos, pues para poder sostener su ritmo de gastos y pagar la deuda se ha elevado el cobro de impuestos. En cambio los apoyos al campo y a los programas sociales se han reducido de manera considerable. Gran parte de la deuda, con cargo al erario público, ha sido para mercadotecnia y el lucimiento de las distintas autoridades de los niveles estatal y municipal. Por ejemplo, los dos pasados informes de gobierno fueron todo un espectáculo mediático de alto costo, repleto de escenas que buscan conmover a la población y promover a la gobernadora como mate
rnal protectora de los pobres
, al mismo tiempo que se la inviste como princesa maya
, que, por cierto, no acepta crítica alguna a su gestión, y ha adoptado como norma de acción la divisa de que están conmigo o están contra mí
.
Un caso reciente a nivel municipal fue el de la represión de una manifestación pacífica en contra de la construcción de un paso a desnivel en la glorieta de la Prolongación Montejo, en la ciudad de Mérida. Los manifestantes, entre éstos niños y personas adultas mayores, fueron golpeados por policía. Varios ciudadanos señalan que este paso a desnivel es innecesario, afecta a la circulación vehicular y obliga a invertir recursos mucho más necesarios en otras zonas de la ciudad. Empresarios, legisladores y ciudadanos exigieron también parar la obra, pues daña una zona antigua de gran belleza arquitectónica, que forma parte del patrimonio de la Ciudad blanca. Algo positivo que se puede señalar es que ante estas acciones, el derecho al medio ambiente y los derechos de las mujeres, entre otros, se han posicionado entre la población, que ya ha iniciado acciones para su defensa. Por su parte, las organizaciones civiles se están articulando para exigir políticas públicas que frenen las violaciones a los derechos humanos que se presentan en Yucatán.
En una situación como la que se vive en México, de grave inseguridad y violencia exacerbada, la sociedad se vuelve s
usceptible a aceptar, tolerar y a exigir, desde la desesperanza y la indefensión, que el Estado aplique medidas de mano dura para combatir los flagelos que dañan a la sociedad y mantienen en zozobra al país.Tristemente nos hallamos en un escenario de esa naturaleza. De acuerdo con resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jóvenes de entre 15 y 19 años constituyen la mayoría de los que manifestaron estar de acuerdo con la tortura como método para interrogar a criminales detenidos, a favor de la pena de muerte, y que consideran que la mejor manera de combatir la violencia es con el empleo mismo de métodos violentos.
Lo anterior resulta inquietante, ya que hay un grave retroceso moral en unas instituciones y en una sociedad que comienzan a preferir la ley del talión en lugar de la edificación del Estado de derecho al hacer valer el marco jurídico vigente. Por otro lado, el hecho de que sean jóvenes la mayoría de quienes comienzan a considerar la violencia como aceptable y no algo condenable, nos habla del abandono en el que está nuestra juventud y de las fallas que el Estado ha tenido hacia ella. Entre otras cosas, al no poder garantizarles una vida libre de violencia y con oportunidades, o el acceso a la educación y a espacios en los que puedan desarrollarse y formar un carácter cimentado en los valores y principios humanistas.
Si pretendemos salir de esta tragedia, un paso fundamental es demandar al Estado que renuncie a cometer actos violatorios de los derechos humanos y castigue a los responsables directos de la desaparición forzada de personas; la extorsión, discriminación y las agresiones a personas, mexicanos o extranjeros, en territorio nacional; la privación de la libertad injustificada o la tortura; y a todos los que hayan cometido actos estipulados como de lesa humanidad, que no son sino muestras de barbarie y abuso de poder.
En cuanto a la pena de muerte, México ha sido parte de los esfuerzos internacionales para abolir esta práctica indigna de todo ideal humanista, principalmente porque viola dos derechos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Mejor habría que preocuparnos por abolir la impunidad y sanear nuestro pésimo sistema de justicia. Además, el argumento de que la pena capital disuade a los delincuentes es contradictorio con numerosas investigaciones que demuestran que su efecto en los índices delictivos no es mayor al de otro tipo de penas. Es incongruente que muchos de los paladines de su instauración en México no sólo carecen de autoridad moral y de argumentos, sino que lo han hecho de manera irresponsable y con fines espurios; incluso entre ellos hay quienes serían, según sus propios argumentos, candidatos a ella (el caso de las “ratas de dos patas” que para Montiel eran merecedoras de esa pena).
Es urgente que el Estado se abstenga de realizar ejecuciones extraoficiales o aplicar, de facto, la pena de muerte, pues cuando un gobierno la aplica sin llevar de por medio un proceso justo comete una injusticia, pero cuando lo hace y, además, en sus leyes no está aceptada, lo que comete es un acto ilegal y tiránico. No podemos perder los parámetros ni olvidar que el Estado está obligado a respetar y hacer valer los derechos humanos en todo momento, incluso cuando se enfrente a enemigos que no respetan la vida ni la dignidad humana. Ojalá encontremos las formas que nos impidan perdernos en un círculo vicioso y que la situación nos permee al grado de terminar por igualarnos a quienes repudiamos y no quisiéramos tener que combatir.
Directora de la Facultad de Ciencias, UNAM
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