El futuro del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, está en juego luego de descubrirse los cobros que realizaba su hermano Jonás dentro de varios casinos de la ciudad. Se prevé un encontronazo entre las distintas fuerzas panistas del estado.
- Milenio semanal
Las horas del 30 de agosto avanzaron lentas para Fernando Larrazabal Bretón. Al alcalde de Monterrey le reventó en la cara el escándalo generado por su “hermano incómodo”, Manuel Jonás, el mayor de la familia, cuando éste apareció en videos recibiendo dinero en efectivo de varios responsables de casinos de la capital de Nuevo León.
Los videos de los pagos se filtraron a seis días de que un comando armado de Los Zetas incendiara el Casino Royale buscando forzar a los dueños a pagarles protección, matando a 52 personas en la peor tragedia relacionada con el crimen organizado en Nuevo León y arrojando sospechas sobra la posible vinculación de la administración de Larrazabal con el hecho.
La sacudida política por las implicaciones de corrupción inició a las 7:15 horas, con el primer intento de deslinde del edil cuando éste arribó a presumir la reapertura de la céntrica calle Colegio Civil, cerrada por 28 años al instalarse allí vendedores informales que hicieron de la zona una especie de Tepito regiomontano, con todo y sus lazos con la delincuencia organizada. La ironía era obvia: Larry, como se le apoda al munícipe, iba a presumir la conclusión de un golpe contra la ilegalidad y fue allí donde tuvo que afrontar los primeros cuestionamientos. “La ciudad de Monterrey eligió a Fernando Larrazabal; de los actos de mi hermano no me puedo yo hacer responsable. Yo voy a pedir a la Procuraduría que sea quien investigue, y si él tiene una responsabilidad, que sea llevado a la justicia como cualquier persona”, dijo a los reporteros que lo rodearon durante el acontecimiento.
Al mediodía leyó un comunicado desde la Sala de Cabildo, pero no fue sino hasta pasadas las 19 horas, 12 horas después de su primera aparición pública, cuando se plantó ante las cámaras de televisión para hacer enlaces en vivo para finalmente no aclarar nada. Repitió la dosis de pantalla chica la mañana del primero de septiembre, cuando en Las noticias de Televisa Monterrey aceptó que su hermano recibía pagos de los casinos, pero que él lo ignoraba, que no eran para él.
Muy poco después comenzaron las exigencias de que dejara el cargo por parte de panistas, priistas y hasta de organismos intermedios ligados al Partido Acción Nacional (PAN). Larry las rechazó todas. Pero el caso se ha convertido ya en una crisis para su administración al girar la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) una orden de presentación en contra de Manuel Jonás Larrazabal, y al ser abierta una demanda de juicio político para destituir al propio alcalde por parte de Fernando Canales Stelzer, ex secretario del ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García.
EL MEDIO ES EL MENSAJE
Los hechos retratados en uno de los videos ocurrieron el 19 de agosto (http://youtu.be/XPs4pX9ZIpE), y muestran a Jonás dentro de un casino —sin identificar por el diario que publicó la nota, pero el cual, confirmó Larry, es el Casino Red, vecino del Royale—, caminando y tomando agua hasta llegar sentarse a una mesa de juego donde no hay tallador, para luego comenzar a conversar con un empleado que después se retira. Pronto llega otra persona que de una caja de Nextel saca un fajo de billetes y los extiende en la mesa. El hermano del alcalde los cuenta y vuelve a meterlos a la caja para despedirse.
En otro video se muestra la irrupción, el 25 de mayo, de un comando de al menos 30 sujetos armados que destrozan las instalaciones de otro casino no identificado, pero se alude a que es el mismo donde el 30 de mayo Jonás recibió dinero. La agresión se repitió en otros tres casinos. “Métanse al aro”, fue el mensaje de los sicarios. También se mostraron otras grabaciones fechadas los días 30 de mayo y 20 junio, donde Jonás recibe más dinero de la misma manera mientras está sentado en mesas vacías de juego de cartas.
Fuentes consultadas cercanas al alcalde afirman que Jonás es una debilidad para su hermano, y que en el palacio municipal ya se esperaba un golpe en ese sentido. Jonás Larrazabal residió hasta hace varios años en Oaxaca, de donde se dice salió por problemas al tratar de involucrar en sus negocios a su otro hermano, Jaime Arturo, quien es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tuvo un cargo menor en el gobierno de Ulises Ruiz.
EL QUESOGATE
Las escaleras del Palacio de Justicia, localizado junto al Penal del Topo Chico, se convirtieron en un set de televisión para Jesús Martínez García, el abogado de Jonás, tras presentar una denuncia de hechos porque la nota que publicó El Norte infama a su cliente. Allí, el abogado trató de explicar el por qué el hermano del alcalde recibió dinero en efectivo mientras estaba sentado en una mesa de blackjack del Casino Red. Según su versión, ese dinero fue por el pago de venta de quesos de Oaxaca y otros productos típicos del estado del cual son originarios los Larrazabal, y que además correspondían al pago en efectivo de los premios que gana porque en efecto aceptó ser adepto (sic) al juego, expresó Martínez García. El litigante dijo que su cliente quería dar la rueda de prensa, como lo sugirió Larry durante sus apariciones públicas tras estallar el escándalo, pero que él le recomendó no hacerlo.
Al día siguiente el presidente municipal calificó de desafortunada la explicación durante una entrevista en un canal de televisión local, a donde acudió para reiterar su deslinde por los pagos de casinos que recibió su hermano. El quesogate, desde el mediodía del 30 de agosto, se convirtió así en imparable.
Los pronunciamientos del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, echaron más leña al fuego. Casi a la misma hora en que Larry tuvo su primer encuentro con los medios, el gobernador relacionaba el incidente de Jonás con la tragedia del Casino Royale: “Sin duda que las imágenes demuestran en primera instancia la complicidad y corrupción, más ahora donde tenemos un trágico acontecimiento en donde perdieron la vida 52 personas, y me parece que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Por supuesto que se puede iniciar una averiguación e investigarla; en estos momentos no podemos escatimar ningún esfuerzo, y en este caso en particular tenemos que investigar caiga quien caiga. Creo que las investigaciones y las indagatorias nos deberán llevar a que esto se amplíe, seguramente saldrá más información; creo que es algo que apenas inicia, pero creo que esa es una respuesta que tendrá que dar el presidente municipal”.
Agregó que el atentado tiene dos líneas de investigación, una de ellas contra los criminales y la otra contra autoridades, y es ahí donde podría integrarse el caso de Larrazabal.
PANISTAS AL GRITO DE GUERRA
A 10 meses de las elecciones de ayuntamientos y del Congreso local de 2012, proceso que en Nuevo León es concurrente con el federal, Larry se enfrenta a su peor crisis luego de año y medio de gestión y de una reciente campaña de combate a los giros negros que incluyó el cierre de bares y de table dance en la calle Villagrán, como consecuencia de la masacre de 21 personas en el bar Sabino Gordo, así como los cierres de casinos que se multiplicaron tras el atentado incendiario en el Royale.
El encontronazo entre los dos bandos panistas en Nuevo León no se hizo esperar: la vieja cúpula que integran el ex gobernador Fernando Canales y José Luis Coindreu, quien fue su primer secretario General de Gobierno, y la hermana de Mauricio Fernández Garza, Alejandra, entre otros, contra la neocúpula, que tiene tres grandes liderazgos: Larrazabal, Raúl Gracia Guzmán, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La vieja cúpula y los panistas tradicionales, declarados enemigos políticos del alcalde regiomontano, arremetieron contra él.
Fernando Canales Clariond y su hijo Canales Stelzer figuraron entre los primeron en exigir explicaciones a Larry. “Fernando Larrazabal debe dar facilidades desde ahora, de inmediato (...) para que se esclarezcan estos hechos”, expresó Canales padre. Su hijo, quien acusó al edil regiomontano de que su campaña por la alcaldía la financiaron los dueños de casinos, presentó una solicitud de juicio político en su contra para que sea destituido, además de exigirle su renuncia. “Es muy extraño para la ciudadanía creer que no hay nada relacionado con un hermano de un presidente municipal recibiendo en un casino esos fajos de billetes, y que después argumente que estaba vendiendo quesos; eso hiere a la ciudadanía, ¿y ésta qué hace? Uno pierde la confianza en sus autoridades y es el clima propicio para que la violencia continúe”, aseguró.
Canales Stelzer recordó que el 11 de marzo la Marina detuvo a Rogelio González Heredia, director de Inspección y Vigilancia de Monterrey y responsable de controlar los negocios de alcohol, ligándolo con Los Zetas, y que horas después del atentado al Royale el jefe de la policía municipal fue llevado a interrogatorio por las Fuerzas Armadas.
Los casinos y sus dueños han tenido viejas ligas con alcaldes del PAN; antes del affaire actual, otro panista, el mismo Zeferino Salgado Almaguer, del grupo de Larrazabal, se vio involucrado en un escándalo cuando fue alcalde de San Nicolás, durante el trienio 2006-2009, al recibir un helicóptero donado por Juan José Rojas Cardona, operador de casinos en el estado. Esto no le costó el cargo a Salgado Almaguer, pero sí exhibió el primer nexo de los gobiernos panistas locales con las casas de apuestas.
Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro, afirma que los señalamientos de corrupción de hermanos o familiares dañan a los funcionarios públicos y los partidos a los que pertenecen. “Siempre en la historia ‘los familiares incómodos’, como les han puesto al de Salinas y al del otro y al que sea, pues si hay una participación del hermano de Fernando, o esté quien esté involucrado, pues claro que no le ayuda”, aseguró Fernández Garza tras conocer las revelaciones. Al día siguiente fue más allá y le pidió al edil considerar su renuncia: “El propio Larrazabal tendrá que hacer una evaluación; sin duda es un perjuicio al partido, y habrá que ir valuando hasta qué punto el mismo partido también considerará cómo solicitárselo. Será la dirigente estatal y el consejo del partido quien lo vea”, aseveró.
Agregó que si Larrazabal Bretón en realidad quiere combatir los casinos, debe prohibir el giro en sus reglamentos municipales. “Pues qué quieres, que no quieres casino, pues sí; pero ahorita, hasta lo que yo sé, no sé si ya lo modificaron hasta hace poco, en el municipio de Monterrey está autorizado el giro, en el caso de San Pedro, no”, aseveró el munícipe, quien logró cerrar las dos casas de apuestas que operaban en su municipio e impulsó la remoción de un juez federal que las amparaba contra acciones del Ayuntamiento.
Luego de condenar a Larrazabal, en la neocúpula del PAN buscaron dilucidar de dónde habría surgido este escándalo que sacudió al “Palacio de cristal”, como se nombra a la sede del Ayuntamiento de Monterrey. La presidente estatal del PAN, Sandra Pámanes Ortiz, pidió una investigación, y dijo que no solaparían la corrupción, pero no se desligó del todo de Larrazabal, favorito del ex presidente Vicente Fox, quien le encomendó la construcción de la Biblioteca Vasconcelos, ganándose acusaciones de malversación de fondos por el sobreprecio y el marcado retraso en la obra; y favorito también del presidente Calderón, quien le habría encomendado a Larry la campaña de Ernesto Cordero en Nuevo León. Pámanes señaló: “Solicitamos a nuestro alcalde Fernando Larrazabal que coadyuve con las autoridades correspondientes para se esclarezca de forma transparente y eficaz este tema”.
En el ámbito nacional se apresuraron a negar la filiación panista de Jonás, pese a que varios militantes aseguraron que está dado de alta en el padrón de San Nicolás de los Garza, el municipio que también gobernó su hermano. Las peticiones de albiazules ante el líder nacional, Gustavo Madero, para iniciar un procedimiento contra el edil regio no prosperaron, mientras que el grupo afín a Larry consiguió un pronunciamiento más suave que el presentado en el comité estatal. Lo que se da por un hecho en las conversaciones en pasillos y oficinas públicas es que, pase lo que pase y en contra de todos sus deseos, Fernando Larrazabal ya no podría ser el próximo candidato albiazul a la gubernatura.
Arraigan a Jonás
Manuel Jonás Larrazabal, hermano del alcalde de Monterrey, permanecerá 30 días arraigado por los delitos de cohecho y delincuencia organizada. Declaró por más de cinco horas ante tres diferentes agencias del Ministerio Público en Monterrey.
Su abogado, Jesús Martínez García, dijo que ambas acusaciones carecen de fundamento, mientras que el alcalde Fernando Larrazabal pidió a la Procuraduría de Justicia del Estado que cite a Sergio Gil García, apoderado del Casino Red, para hablar de los supuestos pagos que se le hicieron a su hermano.
Antes de ser arraigado, Jonás reconoció que él es la persona que aparece en unos videos realizando cobros, y explicó que fue en tres ocasiones “a recibir el pago de producto de la venta de artículos regionales que yo comercializo aquí en la ciudad de Monterrey”.
(Redacción M semanal )
Cierran casinos en todo México por ilegalidades y falta de seguridad
En Monterrey, el Distrito Federal, Guadalajara, Mazatlán y Cancún fueron cerrados diversos casinos en operativos especiales realizados a raíz del atentado y las muertes en el Casino Royale de Monterrey, el pasado 25 de agosto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el operativo en Monterrey y el Distrito Federal se inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde del sábado 27, y comprendió la revisión de 11 casinos, ocho en Monterrey y tres en el Distrito Federal.
En conferencia de prensa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, informó que “durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de cinco mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de tres mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior”. Durante los operativos también resultaron detenidas tres personas que portaban armas de fuego. El funcionario agradeció la participación en los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a más de 700 elementos que participaron en las acciones.
En Guadalajara el ayuntamiento local clausuró temporalmente los casinos Capri, GDL, Rwin Lions y Gran Nevada. Desde hace varios meses los dos primeros no contaban con permiso para operar. Esto ha generado un escándalo ante posibles actos de corrupción con los que estarían relacionados el propio presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, y el regidor Eduardo Almaguer.
También en Mazatlán se realizó un operativo en el cual se detectaron fallas en el centro de apuestas denominado Midas, ya que no cuenta con puertas de emergencia ni extintores, informó Roberto Osuna Tirado, titular de esta área en Mazatlán. Por lo que toca a Cancún, pese a contar con un amparo judicial para operar, la Dirección de Protección Civil clausuró el casino Playboy de esa ciudad la noche del viernes 26 de agosto, ya que el establecimiento no contaba con extintores ni salidas de emergencia, entre otras anomalías. El director de Protección Civil, Félix Díaz, informó además que continúa la revisión de los casinos Juega-Juega, Caliente, Dubai Palace, Play City, Palace, Royal Yak y Play City.
En cuanto al Estado de México, se ha intensificado la vigilancia en las casas de juego pero no se han realizado clausuras. En un recorrido realizado por MILENIO se observó la presencia de varias patrullas y uniformados en las instalaciones y zonas de casinos, como El Caliente, ubicado en Plaza las Américas; el Play City, ubicado en la Plaza Pabellón Metepec; la casa de juego ubicada en la Plaza Galerías Metepec, el casino Winpot, en la Plaza Mía de Avenida Tecnológico, y en el casino denominado 777, situado en la plaza Sendero del municipio de Lerma.
(Redacción M Semanal)
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Abandona el PAN a Larrazabal; le pide su licencia
Foto: Archivo
MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) se deslindó hoy del alcalde de Monterrey, el panista Fernando Larrazabal, y lo emplazó a solicitar licencia mientras se esclarece la presunta corrupción que involucra además a su hermano Jonás, pero también emplazó a hacer lo mismo al gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, para aclarar sus propias responsabilidades.
“El presidente del PAN, Gustavo Madero, dijo que estas acciones contribuirán a evitar que este tema tan delicado y sensible para la sociedad siga siendo objeto de manipulación y pugna entre fuerzas políticas. El respeto a los ciudadanos en general, y especialmente a las víctimas de este ataque criminal, ameritan que estos funcionarios actúen como lo solicita el PAN”, informó este partido en un comunicado nocturno.
En el comunicado, que se emitió poco antes de las 21 horas, no se menciona que Larrazabal aceptó solicitar licencia como alcalde por 30 días, como trascendió y pese a que la víspera y desde la tragedia en el Casino Royale, en cuyo incendio intencional murieron 52 personas, reiteró que seguiría en el cargo.
Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista emitió un segundo boletín para desmentir que Larrazabal haya aceptado separase del cargo de manera temporal.
En un hecho inusual, el documento establece también que el CEN “acordó deslindarse temporalmente de esta administración municipal mientras se desarrollan las indagaciones en torno a su hermano y el funcionario dependiente del alcalde”, refiriéndose al secretario de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Miguel Ángel García Domínguez, quien junto con Jonás Larrazabal negocia con el dueño de uno de los casinos.
Luego de que anoche el CEN del PAN acordó solicitar a Larrazabal que pida licencia al cargo y tras una reunión de éste con Madero, la tarde de hoy, ese partido informó de ese acuerdo, “luego del escándalo que ha implicado al hermano del alcalde, el señor Jonás Larrazábal, en supuestos actos de corrupción, lo que ha generado un ambiente de desconfianza e indignación por parte de la sociedad mexicana”.
El PAN también “le pide al gobernador del estado que solicite licencia para que se aclaren las eventuales responsabilidades de sus subordinados en acciones de posible corrupción e ineficiencia de los órganos de seguridad pública y protección civil de su administración”.
Expone: “En estricto sentido de justicia, exige también a Rodrigo Medina que presente una licencia al cargo de gobernador del estado, a fin de que su administración se someta a una investigación para establecer hasta qué punto funcionarios de su gobierno colaboran con el crimen organizado, sustentado en el evidente apoyo que policías estatales brindaron a los criminales que cometieron el incendio de las instalaciones del Casino Royale, según averiguación realizada por la PGR y que también está soportada en videos que fueron difundidos por los medios de comunicación”.
En el comunicado, el PAN asegura que el ayuntamiento de Monterrey había clausurado tanto el Casino Royale, que fue incendiado, y el Casino Red, que fue donde se filmaron los videos en los que aparecía el hermano del alcalde.
“Ambas clausuras por parte del ayuntamiento, aunadas a otras similares que forman parte del programa de combate a la informalidad y la ilegalidad, han sido revertidas por orden judicial de un mismo juez de lo contencioso administrativo”, aclara el PAN.
Enseguida detalla: “En medio de estos lamentables acontecimientos, se han difundido una larga serie de aseveraciones que posteriormente han sido rebatidas, entre las que destaca el hecho de que el señor Jonás Larrazabal no recibió 400 mil pesos en las escenas mostradas en un video, y de que no obtuvo pagos de tres diferentes casinos. Según afirma esta persona, recibió tres pagos de 5, 6 y 12 mil pesos (21 mil pesos en total) como pagos de venta de mercancías en un solo casino.”
Y puntualiza: “En cualquier caso, el Partido Acción Nacional demanda que la autoridad estatal esclarezca con prontitud estos hechos, ya sea para que se castiguen los delitos implicados o para que se restituya la confianza en las personas y dependencias involucradas.”
Madero sostuvo, según el comunicado del PAN, que los mexicanos merecen autoridades que se conduzcan con verdad, rectitud y probidad. “Sin hacer juicios a priori, y sosteniendo el principio de presunción de inocencia, las sospechas sobre eventuales actuaciones irregulares de funcionarios que pertenezcan a nuestro partido, es razón suficiente para exigir una investigación que conduzca a la verdad y la aplicación de la justicia.”
Y rubricó: “Finalmente, reiteró que los panistas no tolerarán ningún tipo de impunidad por razón de parentesco o afiliación política y seguirán trabajando por un país de leyes y rendición de cuentas.”
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