9/07/2011

Reclama la CIDH investigar “de manera exhaustiva” crímenes de reporteras en Ciudad de México

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Ana Marcela Yarce y Rocío González Trápaga. Foto: Contralínea. Fuente: http://www.guardian.co.uk/

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de las reporteras Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron hallados el 1 de septiembre pasado y advirtió que es indispensable “investigar de manera exhaustiva” las hipótesis sobre el doble crimen y urgió a las autoridades a “esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas”.

La relatoría recuerda que Marcela Yarce era una de las fundadoras de la revista Contralínea, fundada en 2002, y que “se ha distinguido por un periodismo crítico acerca de los temas políticas y especialmente por formular importantes denuncias en materia de corrupción”.

“La revista y sus periodistas han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales”, abundó.

En su comunicado de este 7 de septiembre, la relatoría de la CIDH recuerda que tan sólo en 2011 ya se registraron 8 asesinatos a periodistas en México: Noel López Olguín (8 de marzo en Veracruz); Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerca Meléndez (25 de marzo en Monterrey); Miguel Angel López Velasco (20 de junio en Veracruz); Yolanda Ordaz (26 de julio en Boca del Río, Veracruz); y Humberto Millán (25 de agosto en Culiacán, Sinaloa).

También se reporta como desaparecido el periodista Marco Antonio López Ortiz, de Guerrero, cuyo paradero se desconoce desde el 7 de junio. Y reportó otros ataques a los medios como la muerte de la repartidora de periódicos Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez, y del ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.

La relatoría advirtió que “el esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia contra la prensa en México”.

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