2/06/2013

Los periodistas pal cafe....



Julio Hernández López: Astillero

Maude Versini cree que ha llegado la hora de que el gobierno francés actúe diplomáticamente para que le devuelvan a sus tres hijos, a los que no ve desde 14 meses atrás, cuando su ex esposo, Arturo Montiel, decidió mantenerlos en México, a pesar de que la custodia de ellos se ejercía en París, conforme a los términos de un divorcio marcado, como fueron los años de matrimonio, por el poder, el enriquecimiento y los abusos.
La otra francesa en litigio con la justicia mexicana se casó con Arturo Montiel Rojas, entonces gobernador del estado de México, el 23 de junio de 2002 en Toluca, estado de México, y tuvieron tres hijos: Adrián y Sofía, nacidos el 23 de marzo de 2004, y Alexi, el 21 de julio de 2005. El matrimonio terminó en México el 29 de noviembre de 2007 y sus términos fueron convalidados y ejecutados a partir del 25 de septiembre de 2008, en Francia. Versini se quedó con un departamento en París, con costo de un millón de euros como único beneficio económico, según dijo a esta columna, y con la custodia de los tres niños.
Decidida a difundir su caso en los medios de comunicación, Versini ha solicitado ayuda en Twitter (@MaudeVersini ) El autor de esta columna entabló comunicación por Internet y telefónica con ella y recibió el siguiente relato que, más allá del contexto político de esa relación con Arturo Montiel, es el de una madre despojada de la custodia de sus hijos e impedida de verlos, en un lance de poder renovado por parte del ex gobernador mexiquense que tiene ahora a su pupilo, familiar y sucesor como ocupante de Los Pinos.
“El señor Arturo Montiel se benefició, según la convención de divorcio, de la presencia de sus hijos durante las vacaciones de verano, Navidad y pascua.Habíamos acordado para las vacaciones de diciembre 2011 que se iban los niños el 16 de diciembre, para regresar el primero de enero de 2012 a Francia, para estar presentes para la entrada a la escuela en París el 3 de enero de 2012.
“El domingo primero de enero de 2012, en la noche, Arturo Montiel me indicó que mis hijos se quedarían ahora en México con él, definitivamente, por razón de que ellos fueran maltratados en Francia por parte mía y de mi marido (me he vuelto a casar en 2009 con Philippe Lancry, con quien tuve una hija, Tara, de cuatro años); una mentira espantosa, con un plan bien armado: quitarme mi patria protestad. No sé dónde están domiciliados mis hijos, y no tengo ninguna manera de comunicarme con ellos; sospecho que están en el domicilio del padre: Residencia los Encinos, kilómetro 44.5 de la carretera México-Toluca, municipio de Lerdo, estado de México.
“Hay que añadir que uno de los menores, Alexi, es discapacitado (80 por ciento) y se beneficia en Francia de un trato especial y de una persona especialmente formada que se queda con él en su escuela; Montiel deja a sus hijos en una situación vulnerable y contraria a sus intereses, y esto es susceptible de dejarles un trauma sicológico grave, particularmente en el caso de Alexi (quien sufre autismo). El comportamiento del señor Montiel es muy reprensible, constituye una no representación de los niños en el sentido del artículo 3 de la convención sobre los aspectos civiles sobre el secuestro internacional de niños, concluido el 25 de octubre 1980 en La Haya, ratificado entre otros por Francia y México.
“Después de una investigación, y de cientos de testimonios, el procurador general de justicia en Francia descartó situación de maltrato y la denuncia en contra nuestra por parte de las niñeras mexicanas fue desechada en marzo de 2012. Yo busqué al ministerio de justicia francés para denunciar el secuestro de mis hijos y su no representación en Francia en enero de 2012. La autoridad central francesa armó un expediente con el objetivo de recuperar a los niños en México, a través de un proceso de emergencia, por tratarse de niños; empezó un juicio internacional en marzo de 2012 en un tribunal federal de Toluca.
“En mayo de 2012, gané el juicio en Toluca y se ordenó a Montiel regresar los niños a Francia; pero él apeló. Esta apelación suspendió la ejecución de la sentencia. En julio de 2012 gané el juicio de apelación. Se confirmó la sentencia en contra de Montiel, pero éste se amparó en agosto de 2012. Eso me impide recuperar a mis hijos, que tiene bien guardados en su casa. Van a la escuela con sus guardaespaldas y no me dejan acercarme a su casa. Tampoco a su escuela, no me dejan entrar; la última vez que intenté ver a mis hijos en su escuela de Lerma, el Colegio Miraflores, el director del colegio, al verme, ¡exfiltró (sic) mis tres niños por la puerta de atrás para que no me vieran! Justo antes, pude ver de lejos a mi hijo Alexi y me quise acercar a su salón para tocarlo y abrazarlo, ¡pero su maestra me echó del salón diciendo que no me conocía, qué horror! Cuando pienso que yo soy la que ganó el juicio en las dos primeras instancias y ¡me tratan en esta escuela como si no fuera yo la madre de mis niños, como si yo fuera una criminal! Es impensable (en francés, un reportaje en video http://dai.ly/12rmTPN )
“Desde agosto de 2012 estaba esperando la audiencia del amparo que al final llegó en octubre; a finales de noviembre, la sentencia cayó: los tres magistrados se declararon ¡incompetentes! Increíble. Bárbaro. Después de casi cuatro meses de estudio de mi expediente, una eternidad para una madre sin sus niños, se dicen incompetentes. No entiendo cómo esto sea posible…
Fui cuatro veces a México y nunca Montiel me dejó ver a mis hijos. Me mandaron a otro tribunal en diciembre de 2012. La audiencia fue prevista para el 28 y ese día la pospusieron para el 24 de enero. Ese 24 de enero la pospusieron de nuevo para el 18 de febrero. Qué me dirán el 18 de febrero, ¿otra fecha, seguramente? Estoy desesperada, nadie quiere tomar una decisión firme en devolverme a mis niños. ¿Qué temen? ¿A quién? ¿Por qué? No sé, no entiendo. Escribí a medio mundo, sin respuesta. Casi todos me dan la espalda. El gobierno francés no se querría meter mientras Florence Cassez no regresaba a Francia. Ahora vamos a ver qué pasa. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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Enrique Galván Ochoa: Dinero

Si alguna posibilidad remota existe de que algún día lleguemos a conocer qué sucedió realmente en el complejo Pemex, quedaría cancelada si el senador Manlio Fabio Beltrones consigue controlar el Ifai –el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Pretende que los actuales comisionados sean remplazados. Sería muy falto de elegancia que Beltrones, o su partido, presentaran directamente la iniciativa, así que, astuto como es, le encargó el trabajito a alguien más. ¿A quién creen? A su yerno, Pablo Escudero, que cobra como senador del Verde. ¿Puede tener éxito la maquinación? Sí, porque en estos días se discutirá en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que incorpora cambios al Ifai, y uno podría ser el cese de los comisionados.
Candidatos al cese
¿Recuerdan sus nombres? A Gerardo Laveaga, nuevo presidente del Ifai, se le cuestiona por ser ex condiscípulo de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho, aunque asegura que el ex presidente ni lo saludaba; a Jacqueline Peschard, ex presidenta, se le atribuye el negocito inmobiliario de fin de sexenio por la compra del nuevo edificio; María Elena Pérez-Jaén se ganó el puesto con su exaltado antilopezobradorismo; Sigrid Arzt, una presunta espía que llegó del Cisen, y Ángel Trinidad, frustrado aspirante a la presidencia del instituto, fue quien desató la crisis cuando atacó a Laveaga, por la que ahora todos pueden quedarse sin su bien pagada chamba. El Partido Acción Nacional se opone a su remoción. La senadora Marcela Torres, de Querétaro, me dice en un mensaje de Twitter que su partido no lo permitirá por el riesgo de que el Ifai quede sujeto a chantajes, presiones y manipulación del actual gobierno.
El país de los rumores
Los rumores sobre la explosión en Petróleos Mexicanos recorren la República de norte a sur y de océano a océano. Es muy sugerente el análisis sobre la rumorología elaborado por la firma de inteligencia global Stratfor. Dice que ‘‘rumores no confirmados indican que un aparato explosivo pudo haber causado el estallido el 31 de enero en la planta baja de las oficinas centrales de Pemex, en la ciudad de México. De acuerdo con otros rumores no confirmados, otros dos aparatos explosivos no estallaron. Si esas versiones son verdaderas finalmente podrían ofrecer claridad sobre la explosión, la cual dejó al menos 32 personas muertas y más de 100 lesionadas’’. Stratfor agrega que ‘‘aunque el autor de un posible ataque es desconocido hasta el momento, el evento podría indicar una gama de posibles desafíos políticos para la administración del nuevo presidente Enrique Peña Nieto’’. En la parte final de su análisis, Stratfor dice que es posible que la explosión haya sido un completo accidente –una fuga de gas natural o el estallido de un transformador porque, en efecto, muchos reportes de prensa han apuntado hacia el pobre récord de mantenimiento de Pemex como una probable explicación. Rumores, rumores, rumores, por la falta de claridad y coherencia.
Y, además, tormenta
El dólar se cotiza en la frontera norte a $12.40, lo que significa la resurrección del superpeso, aun cuando el Índice Big Mac dice que está subvaluado. No es un síntoma de salud financiera, sino de enfermedad, el nocivo efecto de la llegada de capitales golondrinos por miles de millones de dólares. Advierte Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, que está formándose la ‘‘tormenta perfecta’’ en los países emergentes donde se presenta el fenómeno. Sin embargo, no dice cómo enfrentarlo. En Costa Rica, por ejemplo, donde también enfrentan la invasión de capitales especulativos –huyen de la inestabilidad de Europa y Estados Unidos–, la presidenta Laura Chinchilla se dispone a imponer un gravamen que los golondrinos deberán pagar cuando alcen el vuelo.


Carlos Fernández-Vega: México SA

En esta república de discursos es común que las urgencias verbales no vayan de la mano con las reales. Por ejemplo, en un alarde de capacidad negociadora, apenas 24 horas después de su toma de posesión el nuevo gobierno firmó el Pacto por México con las fuerzas opositoras (así se autodenominan) y, de la mano, hicieron públicos 95 compromisos de apremiante aterrizaje, pues el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.
Se oye muy bien, pero hasta ahora la sincronización de las urgencias verbales con las reales se ha limitado a la llamada reforma modernizadora de Petróleos Mexicanos, que privatizará, sin privatizar, el oro negro nacional, aderezada con la Cruzada Nacional contra el Hambre (que no cuenta con recursos propios) y algunos buenos deseos sobre una hipotética reforma fiscal de gran calado, que hasta ahora lo único que ha provocado es una sonora carcajada del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Los demás compromisos prioritarios pueden permanecer en el refrigerador, como en el caso de la oferta número 61 del citado pacto, que prevé la aprobación de una nueva ley de explotación minera para transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable y que los pingües beneficios que genera incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se establece. Sesenta y cuatro días después de la citada firma, de este vital asunto ninguno de los abajo firmantes ha dicho una sola palabra.
¿Será que el gobierno federal y las fuerzas opositoras (léase los abajo firmantes) de plano no pueden atender más de un asunto a la vez? ¿O que los barones de la minería, raudos y efectivos que son, ya movieron sus hilos para borrar del mapa cualquier intento de alterar el generoso marco legal que les obsequió Salinas de Gortari y les refrendaron, con creces, Fox y Calderón? Ambos supuestos son válidos, especialmente el segundo.
De acuerdo con el calendario de reformas ligadas al Pacto por México, a estas alturas cuando menos se habría divulgado un esbozo de la nueva ley minera, toda vez que su presentación formal ante el Congreso está prevista para el primer semestre del presente año. Pero el hecho es que los abajo firmantes están concentrados en los estires y aflojes del asunto energético (privatizar sin privatizar Pemex), dejando para mejor ocasión el tema de la explotación minera, en manos de los voraces consorcios que por cortesía de las concesiones federales se quedan con la riqueza que, se supone, es de la nación.
Parece que no llevan prisa, pero la hasta ahora verbalmente urgente nueva ley de explotación minera es urgente de verdad, de vital importancia para el país, y no sólo porque uno de los mayores filones de riqueza lo acaparan unas cuantas empresas nacionales y foráneas sin mayor beneficio para la nación, sino porque los estados saqueados, y obvio es que sus habitantes, nada reciben de ese descomunal tesoro, aunque sí un daño ecológico irreparable y relaciones laborales dignas del porfiriato, no sin la decidida colaboración de las supuestas autoridades.
Se registra explotación minera en prácticamente toda la geografía nacional, y los gobiernos locales nada pueden hacer porque el asunto es de carácter federal, y en este contexto los legisladores voltean a otro lado cuando se les exige la revisión de las concesiones mineras. En el mejor de los casos, los consorcios entregan al gobernador en turno un miserable cheque (riguroso acto mediático de por medio) para taparle el ojo al macho y presumir importantes contribuciones adicionales a la economía nacional, así como obras de infraestructura tales como escuelas, caminos, hospitales, para el suministro de energía eléctrica y agua, entre muchos otros (versión de la Cámara Minera de México).
El compromiso de los citados abajo firmantes en el asunto que se comenta es la expedición de una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.
Sin embargo, la siempre adelantada Cámara Minera de México (la cara pública de los barones del sector) desde antes pintó su raya, y en su informe 2012 advierte lo siguiente: “se preparó un estudio sobre la imposición de un eventual derecho a la producción minera considerando todos los elementos: objeto, no objeto, exenciones, sujetos, base, momento de causación, acreditamiento, tasa, declaración, época de pago, deducción, estímulos fiscales y vigencia y se concluyó la inviabilidad de tal derecho. Paralelamente se estudió otro esquema basado en las regalías mineras vigentes en Perú y Chile, concluyéndose igualmente su inviabilidad en México…”.
En otras palabras, la respuesta adelantada de la Camimex a la eventual promulgación de una nueva ley minera promovida por el Pacto por México es igual y de la misma dimensión a la que dio el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios a la reforma fiscal de gran calado: si saben contar, no cuenten con nosotros.
Así, entre retrasos y olvidos, entre urgencias verbales y reales, Enrique Peña Nieto debe demostrar si en realidad es el presidente de la República, o, como sus cinco antecesores en Los Pinos, se limita a fungir como gerente de los barones de la minería, entre otros.
Las rebanadas del pastel
Qué alivio: ¡ya apareció Carlos Romero Deschamps! (aunque en el Senado), y lo hizo para mostrar lo mejor que sabe hacer: administrar plazas laborales a discreción: “donde murió el papá o la mamá (en el edificio B-2 de Pemex) vamos a proponer que trabajen de manera definitiva el hijo o la hija para que sean ellos los que se hagan cargo de la familia que se quedó sin sustento. Es lo más que podemos hacer ante una tragedia de esta magnitud… Mi obligación es estar pendiente de los casos” (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).



Según información difundida el pasado lunes por The New York Times, en días previos a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el gobierno estadunidense presionó al equipo de transición del mexiquense para evitar la designación del general Moisés García Ochoa como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que Washington sospechaba de posibles vínculos de ese oficial con el crimen organizado y con casos de corrupción. Significativamente, en coincidencia con el relevo en la administración pública federal, el general García Ochoa fue reubicado en la 11 Región Militar, en Torreón, Coahuila, en tanto que Peña Nieto nombró al frente de la dependencia al general Salvador Cienfuegos.

La Constitución y Pemex
Cinco de febrero, 96 aniversario de la Constitución, y ésta es violada impunemente. México está dolido por los muertos y heridos que generó la explosión en Pemex. La PGR declaró que la ocasionó el gas, pero hay indicios de que pudo haber sido un bombazo, posiblemente con explosivo C4 (Composite 4). Todo indica que los responsables responden a intereses de quienes buscan debilitar a Pemex para privatizar el petróleo dando entrada a corporaciones privadas nacionales y extranjeras –lo que es claramente anticonstitucional– para lucrar con la renta petrolera, que pertenece a todos los mexicanos, y adueñarse del negocio petroquímico violando los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Exigimos respeto a la Carta Magna.

El priísmo en su fase decadente y ahora, cuando alega haberse renovado, según reza su tarjeta de presentación, no adopta, porque no quiere o, tal vez porque no pueda acoger, la peliaguda senda de los intereses del pueblo raso, de esos millones que han quedado mero abajo. Sus atenciones, siempre disfrazadas de pragmatismos modernizantes y responsabilidades al canto, se fijan, con rigideces cada vez más notables en los asuntos, deseos y ambiciones de los de arriba. Ante la soberbia plutocracia local se revisten con sus mejores galas retóricas y les dan todas las seguridades de cumplirles con esmero. Saben bien que, en tal reparto, algo conseguirán, aunque sea sólo una pequeña parte del botín. La mala suerte, empero, se va cebando contra las oportunidades de que un ensamble de estas características pueda continuar sin serias disonancias.

En situaciones de tragedia y desgracia no falta el político mexicano que con sus declaraciones ultraja a las víctimas de algún suceso doloroso. En todo el espectro partidista existen personajes faltos de sensibilidad. No sé si el déficit de sensibilidad es resultado de la falta de inteligencia o si, más bien, la carencia de inteligencia es porque les falta sensibilidad.

El “vendedor de ciudades ‘llave en mano’ más grande del mundo”, Paul Romer, resultó un tipo más práctico que el precursor de la mayología John L. Stephens (1805-52), empresario, aventurero, explorador y escritor romántico que en Honduras compró la ciudad maya de Copán en 50 dólares.

Anoche la Biblioteca Pública de Nueva York ofreció en su programación nocturna una conversación con el historiador italiano Carlo Ginzburg. Tuve la fortuna de estar presente, y no puedo menos que compartir algo de lo que dijo ese pensador extraordinario.

Los sabihondos se reunieron como siempre en Davos, pero ahora nadie les da bola y ni ellos mismos confían en sus recetas, preocupados como están por la crisis de civilización y por esta crisis estructural del capitalismo que es al mismo tiempo una crisis ecológica.

Las fuerzas del capital financiero harán muy difícil frenar el cambio climático. Algunos dicen que la estructura del sector financiero no facilitará la transición a una economía baja en carbono. El problema es más grave: el sistema financiero es un potente obstáculo para prevenir una catástrofe derivada del calentamiento global.

La política y eventual cobertura universal de salud es un tema discutido en el mundo entero al igual que en México. A pesar de que hay una pretensión de dar cientificidad a los argumentos en favor de los seguros de salud, alegando que están basados en evidencias, recientemente se han publicado artículos que lo cuestionan. Además, está en proceso una profunda reforma de salud en Colombia, donde el gobierno reconoce que el seguro obligatorio de salud, promovido como ejemplo a seguir, no está funcionando (El Tiempo, 15/1/13).




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