TLCAN, dos décadas
Ana de Ita
El
campo mexicano ha cambiado sustancialmente durante los pasados 20 años
y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido
pieza clave. Uno de los efectos más evidentes es la concentración e
integración regional de la producción y los mercados en favor de firmas
trasnacionales. El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de
regulación que operaban en el sector agropecuario. El vacío que dejó el
Estado fue aprovechado por trasnacionales subsidiarias de firmas
estadunidenses, muchas de las cuales se vincularon a partir de fusiones
o compra de acciones con las empresas mexicanas más fuertes. Sin
regulaciones estatales ni protección, muchos de los pequeños
productores comerciales y de las unidades campesinas de producción
sucumbieron frente a la competencia con las exportaciones que inundaron
el mercado doméstico. Los grandes productores empresariales, mejor
dotados de tierra, riego, insumos, crédito, e incluso beneficiarios del
grueso de los subsidios, aprovecharon las ventajas de la apertura para
absorber una mayor porción del mercado interno.
Para México, la producción de maíz fue la piedra de toque en la
negociación del tratado. El maíz es el cultivo más importante en cuanto
volumen de producción, superficie sembrada y número de productores,
además de ser el alimento básico de toda la población, pero no tiene
ventajas comparativas frente a la producción de Estados Unidos y
Canadá. En 1991 existían 3.1 millones de productores de maíz y, desde
el enfoque de los diseñadores de las políticas, la actividad de 85 por
ciento de ellos, con predios menores a cinco hectáreas, no sería
competitiva; 4.7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a
otro cultivo y se dejarían de producir 7.1 millones de toneladas de
maíz en esa superficie. La pequeña producción campesina de maíz debía
desaparecer, a pesar de que aportaba más de la mitad de la producción
nacional, aunque destinaba la mitad de ella para autoconsumo.
Sin el consenso de la sociedad civil, el gobierno mexicano acordó la
liberalización del maíz en el tratado y argumentó haber conseguido una
protección extraordinaria por 15 años con aranceles altos y cuotas de
importación reducidas. Pero a partir de 1996, el gobierno mexicano
realizó dumping contra los productores nacionales de maíz al
eliminar unilateralmente la protección acordada, para favorecer a las
comercializadoras trasnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland,
Corn Products International, Arancia, Maseca, Minsa, quienes controlan
actualmente el mercado mexicano de maíz.
La reducción unilateral de los
aranceles también fue una concesión a los productores de ganado vacuno,
porcino y pollo –crecientemente integrados con sus contrapartes de
Estados Unidos– que utilizan el maíz como insumo para la fabricación de
alimentos balanceados y piensos.
A
pesar de las intenciones gubernamentales, la producción de maíz no sólo
se ha mantenido, sino se ha duplicado entre 1989 y 2012 a partir del
aumento de los rendimientos, al sobrepasar los 22 millones de
toneladas, en una superficie sembrada relativamente constante de más de
7 millones de hectáreas. Sin embargo, sí ha ocurrido una mayor
polarización de los productores maiceros. Los productores de riego, que
producen con un paquete tecnológico similar al de Estados Unidos, con
semillas comerciales, fertilizantes y plaguicidas químicos, y
maquinaria agrícola para el cultivo de grandes extensiones, aportan
actualmente más de 42 por ciento de la producción de maíz, cuando a
finales de los 80 únicamente aportaban 25 por ciento. El volumen de
producción de maíz en riego ha aumentado dos y media veces, aunque se
concentra en sólo 40 mil unidades de producción. En contraste, la gran
mayoría de unidades de producción de temporal, alrededor de 2.6
millones, han perdido importancia a pesar de que aportan todavía 57 por
ciento de la producción y aumentaron su volumen en 50 por ciento,
durante estos más de 20 años.
Las importaciones de maíz crecieron exponencialmente, alentadas por
el gobierno mexicano desde 1996 y actualmente absorben 30 por ciento
del consumo nacional de maíz. El grueso de las importaciones son de
maíz amarillo destinado a la alimentación de ganado. En 1995 la crisis
económica en la ganadería mexicana provocó la destrucción de gran
número de explotaciones y la concentración del sector en grandes
productores modernizados, integrados horizontal y verticalmente, y
vinculados a las principales corporaciones productoras en Estados
Unidos. El gobierno mexicano eliminó unilateralmente los aranceles que
protegían a los productores nacionales de maíz para dotar al sector
pecuario de maíz amarillo importado y barato para que pudiera competir
con las importaciones de carne. Las importaciones de maíz sin arancel
causaron la caída de los precios del maíz en el mercado interno y
llevaron a la ruina a miles de productores. Mientras, las corporaciones
pecuarias instaladas en el país, como Smithfield –líder mundial en la
producción de puercos y responsable de la fiebre porcina H1N1–, Tyson,
Pilgrims Pride y Cargill –en la de pollos–, así como IBP y Tyson –en la
de res– aprovechan las ventajas de la falta de regulaciones ambientales
y establecen explotaciones intensivas en el país para lanzarse a los
mercados asiáticos, además de absorber el crecimiento del consumo
interno.
Los maiceros mexicanos, primer eslabón de la cadena, son los
perdedores netos del TLCAN, pero también la única posibilidad de
soberanía alimentaria.
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