El Estado de Guerrero se encuentra al borde de la ingobernabilidad

Marcos Matías Alonso

Servindi

El Estado de Guerrero se encuentra al borde de la ingobernabilidad por la inseguridad pública y la pobreza, y presente un panorama desolador expresó el investigador Marcos Matías Alonso, al comentar un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Se trata del “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero” que presentó el 17 de diciembre Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH y que expone una alarmante situación.

“Los testimonios de las víctimas son irrefutables: secuestros, homicidios, extorsiones, desplazados, perseguidos y desapariciones son parte de las historias de dolor que cientos de guerrerenses entregaron de viva voz a los funcionarios de la CNDH. Esas voces y esos testimonios reclaman la justicia que hoy se encuentra ausente en Guerrero” escribe Matías Alonso.

Según indica Matías Alonso, el informe se sustenta en varios ejes principales pero él destaca la inseguridad pública y la creciente pobreza “en que se hunde Guerrero”.

“Si al mapa de los 46 municipios con influencia de los grupos de autodefensa se sobrepone el mapa que domina el crimen organizado, estamos ante una situación de grave ingobernabilidad” enfatiza el analista.

“Si aunado a lo anterior cruzamos el mapa de la pobreza creciente en Guerrero, la ingobernabilidad se torna en una seria amenaza para la estabilidad social” agrega.
“Las tesis de la CNDH sobre el crecimiento de la pobreza en Guerrero, obliga a cuestionar severamente las políticas públicas del nivel federal como la Cruzada Nacional contra el Hambre”, tema en que se evidencia “un vacío institucional y un fracaso social en las políticas públicas”.

El autor culmina afirmando que es altamente aconsejable que el pueblo de Guerrero “participe en los espacios de diálogo y debate para superar la ingobernabilidad creciente que ahí se vive”.
A continuación el artículo completo de Marcos Matías Alonso:

México: Guerrero al borde de la ingobernabilidad

Por Marcos Matías Alonso

26 de diciembre, 2013.- En días pasados recibí el “Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa y la Seguridad Pública en el Estado de Guerrero”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El 17 de diciembre, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la CNDH presentó a la opinión pública su Informe Especial, redactado en 116 cuartillas en las cuales presenta una alarmante situación en el estado de Guerrero.

La CNDH documenta en Guerrero la existencia de seis grupos de autodefensa o policías comunitarias en 46 municipios guerrerenses, con una población aproximada de 2,307,169 ciudadanos que habita en dichos municipios, lo cual representa el 65.47% de la población total del estado (3,523,858 ciudadanos). Resalta que 20 de los 46 municipios afectados, corresponden a municipios con fuerte población indígena. Si al mapa de los 46 municipios con influencia de los grupos de autodefensa se sobrepone el mapa que domina el crimen organizado, estamos ante una situación de grave ingobernabilidad. Si aunado a lo anterior cruzamos el mapa de la pobreza creciente en Guerrero, la ingobernabilidad se torna en una seria amenaza para la estabilidad social.

El Ombudsman Nacional indicó que el material recopilado se encuentra integrado en un expediente de 11 tomos, que consta de 6,298 fojas. Los datos en que fundamenta su Informe están sólidamente sustentados y difícilmente podrá demostrarse lo contrario. Las ligeras e infundadas opiniones de la clase política local no debilitan ninguna de las tesis del Informe del Ombudsman.

Por la naturaleza del Informe Especial, difícil puede pensarse que su contenido no haya sido conocido con antelación en Los Pinos. Es ingenuo suponer que el morador del Palacio de Cobián no haya dado su anuencia para dar a conocer a la opinión pública el Informe. Aún con el carácter autónomo de la CNDH, hay reglas políticas que no pasan por encima del poder presidencial. Sin duda, la presidencia de la República tiene una estrategia política que está por encima de la “amistad” y la “buena relación” con el titular del poder ejecutivo local.
Más que la buena o mala fe de la Presidencia de la República hacia Guerrero, lo cierto es que el estado se encuentra en un panorama desolador. Son varios los ejes principales en que se sustenta el Informe de la CNDH. En este artículo sólo enfatizo en la inseguridad pública y en la creciente pobreza en que se hunde Guerrero.

La inseguridad pública

En diversos numerales del Informe, la CNDH enfatiza “La conformación de grupos de autodefensa en diversos municipios del estado de Guerrero, los cuales decidieron encargarse de la seguridad de la población frente a la creciente delincuencia, inseguridad y violencia en que se vieron inmersas sus comunidades, ante el abandono y la omisión de las autoridades estatales y municipales de ejercer de manera eficiente sus obligaciones en materia de seguridad pública”. Esta es la tesis principal del Informe Especial de la CNDH y repite su postulado en diversos numerales del Informe.

Reitera que la “seguridad pública es una función estatal indelegable…”, enfatiza que en Guerrero se impulsan estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad, lo cual ha conllevado que los derechos humanos de los guerrerenses se vulneren día con día”. Explica que el surgimiento de los grupos de autodefensa se debe a “las lamentables condiciones sociales que imperan en dicha entidad provocadas por el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones de seguridad pública a cargo de los gobiernos estatales y municipales…”.

Es severo al considerar que en Guerrero hay un “sistema de seguridad ineficiente, así como cuerpos policiacos y autoridades de procuración de justicia que no ofrecen respuestas en la prevención del delito y el combate a la delincuencia”.

De la voz de las víctimas “permiten evidenciar la situación de violencia que se vive en estas comunidades del estado de Guerrero, en donde rige la ilegalidad y la impunidad, debido a que los servidores públicos han abandonado el ejercicio de la función en materia de seguridad pública, creando una victimización de la sociedad guerrerense, especialmente de los habitantes de estas comunidades, quienes ante la exclusión y el abandono han decidido tomar en sus propias manos la defensa de sus localidades en aras de alcanzar orden y seguridad”. Los servidores públicos no sólo abandonaron su función en materia de seguridad pública, en el peor de los casos, se coludieron con el crimen organizado.

El Informe Especial nos recuerda que el tema de la seguridad pública es una responsabilidad de la Federación, el Estado y los Municipios, consagrada en el artículo 21 Constitucional. Lamentablemente, el Informe Especial omite responsabilidad por parte de la Federación. Hay desequilibrio en el análisis en la parte que corresponde a la Federación. Sin duda, el sistema de seguridad federal ha sido deficiente e ineficiente y también abandonó a los guerrerenses en su responsabilidad de brindar justicia y seguridad pública.

Además, hay que tomar en cuenta que en Guerrero los pueblos indígenas disponen de Ley 701, de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que contiene la normatividad para ejercer funciones de seguridad comunitaria. Es una Ley que protege derechos no sólo para la CRAC, sino para todos los pueblos indígenas de Guerrero.

La alarmante situación de pobreza

La CNDH señala que “no debe perderse de vista que las condiciones económicas, la falta de desarrollo, el desempleo, la pobreza y la desigualdad, son fundamentales. Lo anterior, porque estas condiciones van generalmente aparejadas de un abandono social y del incumplimiento por parte del Estado de garantizar condiciones mínimas de subsistencia digna, situación que se observa en el estado de Guerrero”. “… la situación de pobreza, marginación y exclusión impide el disfrute de un catálogo amplio de derechos humanos a sus habitantes”.

En los 46 municipios referidos, el 68.6 % de la población se encuentra por debajo de la línea de bienestar básico. El Informe Especial de la CNDH señala que, entre 2010 y 2012, el porcentaje de la población por debajo de la línea de bienestar mínimo en el estado de Guerrero pasó de 38.8 % a 45.1 %. En los 46 municipios en referencia, el 37.4 % de las personas sufren pobreza alimentaria.

El mapa de la pobreza señala que el “porcentaje de personas en los 46 municipios que no tienen acceso a la seguridad social asciende a 76.9 por ciento. En los 46 municipios, 57.2 % de los pobladores viven con la ausencia de servicios básicos en vivienda, lo cual comprende servicios esenciales como agua, drenaje o energía eléctrica. En 2012, en el estado de Guerrero, el 26.8 % de los pobladores se encontraban rezagados educativamente. En los 46 municipios que se analizan, 26.9 % de la población no cuenta con el nivel de educación obligatorio”.

En síntesis, la “Comisión Nacional pone de manifiesto que en el estado de Guerrero, en particular en estas zonas, existen carencias básicas que impiden a los individuos contar con un nivel de vida adecuado y, por lo tanto, un acceso primordial a sus derechos económicos, sociales y culturales. En efecto, debido a que las autoridades han omitido suplir dichas carencias, surgen zonas que parecen operar fuera de la ley.

Las normas y el aparato estatal no alcanzan en estas zonas, ya sea porque el aparato estatal los olvida, porque es selectivo o porque relega la regulación de ciertos grupos, y pone de relieve un vacío institucional que afecta de manera profunda a las comunidades guerrerenses, lo cual se evidencia al reparar en que prácticamente en la totalidad de los rubros analizados, vinculados con bienes jurídicos fundamentales para la vida humana, esta entidad federativa presenta notables atrasos y deficiencias en comparación con el resto del país”.

Es preocupante el abandono de las “funciones en materia de derechos sociales, que demuestra que las autoridades no han tomado las medidas encaminadas para resolver el rezago en que habitan estas personas, propiciando que se generen zonas sin ley, donde impera la violencia. Este ciclo de falta de desarrollo y violencia constituye uno de los principales obstáculos para la garantía de los derechos humanos”.

Son fundamentales las siguientes tesis de la CNDH: “… la seguridad, la paz y los derechos humanos no sólo son indispensables, sino que también se fortalecen recíprocamente. Si bien no puede decirse que la pobreza sea la causa directa de la violencia, sí incrementa considerablemente el peligro de la inestabilidad, como ocurre en el estado de Guerrero”.

Recomienda que al “analizar las políticas que deben formularse en el estado, debe tomarse en cuenta que no es posible el desarrollo sin seguridad, ni la seguridad sin desarrollo, y no será posible acceder a éstos si no se respetan los derechos humanos”.

Las tesis de la CNDH sobre el crecimiento de la pobreza en Guerrero, obliga a cuestionar severamente las políticas públicas del nivel federal como la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este apartado la CNDH evidencia un vacío institucional y un fracaso social en las políticas públicas. La pobreza y la desigualdad social siguen siendo temas que lastiman al pueblo de Guerrero.

El Informe Especial de la CNDH canaliza sus propuestas, en primer orden, al Senado de la República, para que de acuerdo con sus facultades constitucionales analice la situación que impera en el estado. Obvio, además de analizar el caso, generará las recomendaciones respectivas a las instancias de decisión nacional para tomar medidas emergentes en Guerrero.
Para el titular del poder ejecutivo de Guerrero, la CNDH emite siete recomendaciones y lo conmina a recobrar las funciones de seguridad pública y lo exhorta a establecer con urgencia mecanismos de diálogo político con las partes afectadas. Al Congreso del estado le emite tres recomendaciones para restablecer el orden jurídico y recuperar la gobernabilidad, promover mecanismos de consulta para hacer la armonización legislativa con los sistemas normativos indígenas. A los Ayuntamientos de Guerrero, los exhorta a garantizar la paz y el orden público en sus comunidades.

Además de las recomendaciones enunciadas, es altamente aconsejable que todo el pueblo de Guerrero participe en los espacios de diálogo y debate para superar la ingobernabilidad creciente que ahí se vive. Dudo que los actores políticos de Guerrero desmientan la veracidad de los planteamientos de la CNDH. Los testimonios de las víctimas son irrefutables: secuestros, homicidios, extorsiones, desplazados, perseguidos y desapariciones son parte de las historias de dolor que cientos de guerrerenses entregaron de viva voz a los funcionarios de la CNDH. Esas voces y esos testimonios reclaman la justicia que hoy se encuentra ausente en Guerrero.
Marcos Matías Alonso es actualmente investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Del 2002 al 2004 se desempeñó como experto del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Correo electrónico: marcos104@hotmail.com
Fuente: http://servindi.org/actualidad/98480