Violación. Ante la indiferencia de autoridades penitenciarias, miles de indígenas purgan sentencias.
Durante 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
realizó 621 trámites para buscar la libertad del mismo número de
personas indígenas que se encuentran en distintas cárceles del país,
sin embargo, aún siguen más de 8 mil indígenas en prisión que sufren
discriminación, deficiencia en la atención médica y acceso a la
justicia.
En ese sentido, el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Raúl Plascencia ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los 8 mil 486 indígenas que se encuentran presos.
En un comunicado la CNDH señaló que mediante el Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, lleva a cabo visitas regulares a los centros penitenciarios para brindar asesoría jurídica y realiza acciones de difusión de sus derechos.
“Este Organismo realizó 612 trámites a favor de los indígenas privados de su libertad, ante autoridades penitenciarias del orden federal y las diferentes entidades del país, con el propósito de que se analicen los expedientes y determinar la procedencia de alguno de los beneficios de libertad anticipada”, dijo.
Informó que del total de indígenas recluidos, sólo 290 son mujeres y 8 mil 196 son hombres que a diario enfrentan problemas como discriminación y escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros y sus comunidades, entre otras cosas.
Asimismo, enfatizó la CNDH, son víctimas de falta de información sobre los derechos humanos que los asisten y desconocimiento de los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, “circunstancias que preocupan a este organismo”.
Mencionó que aún y cuando la Constitución garantiza que los indígenas sean auxiliados por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, esto no es una realidad.
Agregó que durante las visitas que realizan a las cárceles, se hace una revisión de los expedientes técnicos, jurídicos y médicos de los indígenas con la finalidad de documentar la situación en la que se encuentran.
Cabe destacar que entre los actos violatorios que encuentra la CNDH en contra de los indígenas con mayor frecuencia son las detenciones arbitrarias, la incomunicación, tratos crueles, falta de asesoría jurídica inmediata y la falta de traductores en sus lenguas.
Caso patishtán
El profesor tzotzil que logró el indulto presidencial
El caso más reciente de un indígena que recobró su libertad, por indulto presidencial, tras permanecer 13 años en prisión fue el de Alberto Patishtán, un profesor tzotzil sentenciado a 60 años de prisión por el homicidio de siete policías en Chiapas ocurrido en junio de 2000.
El 12 de junio del año 2000 fueron asesinados siete policías en una emboscada que hasta la fecha no se ha aclarado.
Alberto Patishtán, en ese entonces de 29 años de edad, fue inculpado del múltiple homicidio. Siete días después de la emboscada, aunque Patisthán se dijo inocente y que testigos dijeron que él no estuvo ahí, fue detenido
El indígena tzotzil denunció múltiples irregularidades en el proceso en su contra, como haber sido detenido sin una orden de aprehensión.
Antes de su arresto, el profesor de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya era conocido en la zona por su activismo político.
Patishtán fue sentenciado a 60 años de prisión el 18 de marzo de 2002. Estuvo encarcelado en el penal de Cerro Hueco, posteriormente en El Amate.
Sus familiares y habitantes de El Bosque organizaron una férrea defensa, mientras que el maestro rural siguió con su activismo dentro de la cárcel, hasta que recobró su libertad.
En ese sentido, el organismo que encabeza el ombudsman nacional, Raúl Plascencia ratificó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de los 8 mil 486 indígenas que se encuentran presos.
En un comunicado la CNDH señaló que mediante el Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, lleva a cabo visitas regulares a los centros penitenciarios para brindar asesoría jurídica y realiza acciones de difusión de sus derechos.
“Este Organismo realizó 612 trámites a favor de los indígenas privados de su libertad, ante autoridades penitenciarias del orden federal y las diferentes entidades del país, con el propósito de que se analicen los expedientes y determinar la procedencia de alguno de los beneficios de libertad anticipada”, dijo.
Informó que del total de indígenas recluidos, sólo 290 son mujeres y 8 mil 196 son hombres que a diario enfrentan problemas como discriminación y escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros y sus comunidades, entre otras cosas.
Asimismo, enfatizó la CNDH, son víctimas de falta de información sobre los derechos humanos que los asisten y desconocimiento de los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, “circunstancias que preocupan a este organismo”.
Mencionó que aún y cuando la Constitución garantiza que los indígenas sean auxiliados por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, esto no es una realidad.
Agregó que durante las visitas que realizan a las cárceles, se hace una revisión de los expedientes técnicos, jurídicos y médicos de los indígenas con la finalidad de documentar la situación en la que se encuentran.
Cabe destacar que entre los actos violatorios que encuentra la CNDH en contra de los indígenas con mayor frecuencia son las detenciones arbitrarias, la incomunicación, tratos crueles, falta de asesoría jurídica inmediata y la falta de traductores en sus lenguas.
Caso patishtán
El profesor tzotzil que logró el indulto presidencial
El caso más reciente de un indígena que recobró su libertad, por indulto presidencial, tras permanecer 13 años en prisión fue el de Alberto Patishtán, un profesor tzotzil sentenciado a 60 años de prisión por el homicidio de siete policías en Chiapas ocurrido en junio de 2000.
El 12 de junio del año 2000 fueron asesinados siete policías en una emboscada que hasta la fecha no se ha aclarado.
Alberto Patishtán, en ese entonces de 29 años de edad, fue inculpado del múltiple homicidio. Siete días después de la emboscada, aunque Patisthán se dijo inocente y que testigos dijeron que él no estuvo ahí, fue detenido
El indígena tzotzil denunció múltiples irregularidades en el proceso en su contra, como haber sido detenido sin una orden de aprehensión.
Antes de su arresto, el profesor de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya era conocido en la zona por su activismo político.
Patishtán fue sentenciado a 60 años de prisión el 18 de marzo de 2002. Estuvo encarcelado en el penal de Cerro Hueco, posteriormente en El Amate.
Sus familiares y habitantes de El Bosque organizaron una férrea defensa, mientras que el maestro rural siguió con su activismo dentro de la cárcel, hasta que recobró su libertad.
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