Acuerdos de San Andrés: rendición de cuentas del Estado

Magdalena Gómez

En días recientes, diversos medios distintos a La Jornada abordaron los 20 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sin renunciar a la tendencia de dictar juicios sobre el mismo, donde, por cierto y con frecuencia, se insiste en colocar la figura del sub Marcos como sinónimo de esta emblemática fuerza, pese a su reiterada postura de respetar y privilegiar a la comandancia indígena y a la representación auténtica de los pueblos. Ninguno destaca que en los diálogos de San Andrés fueron ellos y no el sub quienes participaron, igual en el Congreso de la Unión en 2001. Tampoco se coloca la mirada en los pueblos indígenas de todo el país; de alguna manera se pretende chiapanizar al EZLN, omitiendo su impacto y relación en el país y fuera de él. En fin, que no sorprenden tales posturas que, por lo demás, también omiten lo que ha planteado el zapatismo a partir de diciembre de 2012 y la demostración de lo que ha construido a lo largo de estos años en la lógica autonómica. Todos estos reportajes hay que analizarlos, como se ha dicho, no sólo por lo que dicen, sino por lo que callan.

Por otra parte, se está pretendiendo colocar en medios, de parte oficial, la supuesta inminencia de que ahora sí se cumplirán los acuerdos de San Andrés. No conocemos el alcance de tales afirmaciones ni, por supuesto, lo que el EZLN y los pueblos dirán al respecto; lo cierto es que a estas alturas la llamada armonización constitucional y legislativa tendría que ser precedida de la rendición de cuentas del Estado. ¿Cuáles han sido sus decisiones fundamentales respecto a pueblos indígenas?, ¿cuáles son los saldos de la nueva institucionalidad, en contraste con la autonomía y libre determinación reconocida en el artículo segundo constitucional? ¿El neoindigenismo ha sido parte activa de la estrategia oficial de aplicar la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos un carácter de cosa juzgada? ¿Cuáles son las políticas que expresan la posición de concebir los pueblos indígenas como objetos de asistencia social más que como sujetos de derecho?. Porque es frecuente que aún se les denomine grupos vulnerablesen la lógica del llamado combate a la pobreza que se ha constituido en caballo de Troya para dividir a los pueblos. ¿En cuáles decisiones y acciones prevalece la razón de Estado, que se definió en 2001, para evitar que los pueblos indígenas se reconstituyeran y contaran con el uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios y su carácter de entidades de derecho público?

¿Cómo se ha relacionado el neoindigenismo con la profundización de las políticas neoliberales –la reforma enrgética, la más reciente– que han hecho del Estado-nación mera ficción? ¿Porqué las trasnacionales no han requerido de proceso constituyente alguno fuera de los aparatos en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial? ¿Se ofrecerá un informe detallado de las concesiones forestales, mineras, turísticas, hidroeléctricas en territorios indígenas y de los mecanismos para otorgarlas? ¿Cuál es el balance de Estado respecto al reforzamiento de la privatización que se abrió con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y se profundizó en 2005 con las reformas a la ley minera, entre otras?, ¿cuáles son los datos sobre criminalización de las crecientes movilizaciones de resistencia, al valorar la problemática indígena bajo un esquema de seguridad nacional?, ¿se dará un informe sobre el notorio incremento de migración indígena a zonas urbanas marginales y su relación con el despojo? ¿Estará el Estado dispuesto a ofrecer un informe detallado que dé pie a una comisión de la verdad?

Estas interrogantes sólo son la punta del iceberg de la operación de Estado aplicada desde 2001, cuando se decidió patear el tablero en relación con el zapatismo y los pueblos indígenas y sacarle el agua a la autonomía en lógica contrainsurgente. Si el artículo segundo constitucional pretendió ser la evidencia del cumplimiento a los emblemáticos acuerdos de San Andrés, encontramos en su texto el reflejo de la esquizofrenia que desnuda la estrategia frente a los pueblos indígenas. En su apartado A se dice que los pueblos indígenas tienen autonomía y libre determinación y en el B se les niega al sentar las bases ¿también constitucionales? de la antiautonomía, señalando o reiterando que el Estado aplicará programas, sólo que no se vinculan ambos apartados y en la práctica el B y el Estado caminan, eso sí, con autonomía. Ha optado por apropiarse del discurso, para diseñar, más que un traje, un disfraz, para decirlo a la manera de Lowenstein.

Sin embargo, felizmente la realidad tiene otros escenarios, bolsones de resistencia, como dicen los zapatistas; por ello ofrecen las escuelitas, para compartir la autonomía y sus lecciones construidas a contrapelo del Estado. Buen camino en el treinta-veinte aniversario.