NACIONAL
Roban equipo de cómputo; periodistas exigen investigación
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El grupo armado que ingresó a la casa de la periodista Anabel Hernández el pasado sábado 21 de diciembre se llevó el CPU que resguardaba información de las cámaras de vigilancia que procuran su seguridad.
Así lo informó la periodista galardonada con el Premio Internacional Pluma de Oro de la Libertad 2012 a la comisión de denuncias de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Relató que según información de testigos y vecinos cercanos, la tarde del pasado 21 de diciembre, mientras ella estaba fuera de su domicilio, ubicado en un municipio mexiquense, un grupo de hombres armados y vestidos de civil llegó a su calle a bordo de camionetas particulares sin placas de circulación.
Quienes se identificaron primero como agentes judiciales, luego como miembros del cártel de “Los Zetas” y finalmente aseguraron que pertenecían a la Policía Federal intimidaron a vecinos de la periodista.
Los hombres que portaban armas cortas y fusiles llegaron a las casas vecinas para preguntar de manera hostil e intimidatoria por el domicilio de la periodista, quien ha denunciado la presunta corrupción del gobierno federal.
Después de preguntar en varias casas, el grupo identificó su domicilio y entró sin permiso al parecer a través de una ventana y se dirigió a su recámara, donde localizó el CPU y lo sustrajo.
La ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 2001 por su investigación sobre los altos costos de la vida en la residencia oficial de Los Pinos durante la presidencia de Vicente Fox (hecho conocido como “El toalla gate”), consideró que no se trató de un grupo del crimen organizado, ya que hubiera cometido algún otro delito, como un asesinato, y no se hubiera llevado sólo el equipo de cómputo.
Hernández interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, con el expediente AP.179/FEADLE/2013.
Hoy la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y la Red Nacional de Periodistas lanzaron un pronunciamiento público, para manifestar su solidaridad con la reportera y reprobaron la violencia ejercida contra ella.
Por lo que exigieron que se garanticen de manera permanente las medidas de seguridad y protección para la informadora, así como que se lleve a cabo un proceso claro con una investigación fidedigna “que tome en cuenta el contexto de violencia contra el gremio periodístico y la condición social de las mujeres que ejercen esta labor”.
Cabe recordar que a raíz de sus investigaciones en temas de corrupción y su fuerte postura contra el narcotráfico, la periodista ha sufrido amenazas que se recrudecieron tras la publicación en 2010 de su libro “Los señores del narco”, en el que evidencia la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) le asignó desde 2010 escoltas destinados para su protección, luego de que una fuente le informó que el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pretendía asesinarla.
A principios de este año, el GDF le notificó a la periodista que declinó su competencia y envió la averiguación previa a la PGR, ya que los presuntos responsables, García Luna y otros funcionarios, eran servidores públicos federales cuando los hechos ocurrieron.
En febrero pasado, la PGR fue informada de que la Policía Federal, a la que Anabel Hernández acusa de las amenazas en su contra, sería la encargada de protegerla, por lo que ella pidió entrar al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.
El caso fue aceptado por la Junta de Gobierno del mecanismo el pasado 23 de abril; luego el 2 de mayo se le envió a Anabel el oficio CEN/142/2013, con el que se le otorgan nueve medidas de protección, cuatro de las cuales no se aplicaron.
En octubre pasado, la comunicadora denunció que la FEADLE y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no tienen interés en proteger la vida de las y los informadores.
En un texto publicado en la revista Proceso, la reportera acusó que a pesar de las amenazas en su contra no recibía protección gubernamental, y aseguró que su caso es muestra de la “negligencia criminal” de las autoridades y una razón de que en el país se siga asesinando y amenazando impunemente a defensores de Derechos Humanos y periodistas.
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