En los comienzos del
sexenio de Enrique Peña Nieto se puso en marcha un ambicioso programa de
contrarreformas institucionales. Entre éstas, la más antipopular y
retardataria era la educativa, y pretendía dar un paso decisivo para
privatizar la educación hasta ahora pública y más o menos popular.
Este objetivo se explica al tomar en cuenta el muy vasto y muy rico
mercado educativo que representan muchos millones de demandantes de
educación: niños y jóvenes entre los 4 y los 25 años de edad.
Desde luego, el primer paso en el programa privatizador era y es poner
en cuestión la calidad del sistema educativo, repitiendo la vieja,
manida y tramposa cantaleta de que los servicios prestados por el Estado
son deficientes. Y que basta con que pasen a manos privadas para que,
como por arte de birlibirloque, mejoren sustancialmente.
¿Pero
cómo lograr que un millón de maestros dejen de ser empleados públicos
para pasar a ser asalariados del sector privado? La respuesta es
sencilla: hay que evaluarlos. Tramposamente, dede luego. Y como
consecuencia de una mala calificación, despedirlos, sacarlos de la
nómina oficial, mandarlos al desempleo, a la calle.
Esta es la
esencia de la contrarreforma educativa: despedir maestros. Y dejarlos en
condiciones y necesidad de ser de nuevo contratados, pero ahora por
escuelas privadas. No a todos los nuevos desempleados, por supuesto.
Sólo a los más jóvenes, a los más fuertes, a los más sanos. Y desechar a
los viejos, a los enfermos, a los obesos, a los diabéticos, a los
débiles visuales o auditivos. La contrarreforma educativa recuerda,
quizá sin proponérselo, al viejo agrónomo latino Catón, que aconsejaba a
a los terratenientes de su época vender los esclavos ancianos y comprar
esclavos nuevos.
Este propósito oculto, sin embargo, fue
plenamente percibido, visto, intuido por los maestros mexicanos.
Recuérdese que las normas que componen la dichosa contrarreforma
educativa plantean una evaluación magisterial para el ingreso, la
promoción y la permanencia (la permanencia) en el empleo.
Queda
claro que la interesada y consecuentemente tramposa evaluación
propuesta por la contrarreforma educativa dejaría sin empleo y, también
consecuentemente, sin jubilación a los maestros más viejos, más
desgastados, más desactualizados.
Y éstos, lógicamente, y
habiendo percibido el peligro, se plantearon e hicieron pública una
solución que los librara del desempleo y de la carencia de una pensión
jubilatoria. Esta salida era, simplemente, adelantar su jubilación.
Algunos especialistas en la materia calculan la cifra de profesores
dispuestos a la jubilación anticipada (a partir de los 15 años de
servicio) es de un cuarto de millón de mentores, es decir, más o menos
una cuarta parte de todos los profesores actualmente en servicio. Y
ocurre que las finanzas públicas no están en condiciones de afrontar la
asignación de pensiones de 250 mil personas, prácticamente de un día
para otro. Y esto, sumado a la oposición militante y activa de los
maestros agrupados en la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación), consiguió mandar la contrarreforma educativa al cesto de
la basura.
Pensionar de un día para otro a un cuarto de millón
de personas que pasan a retiro, y contratar además al cuarto de millón
de profesores sustitutos de los nuevos jubilados implicaría un gasto
irresistible para las finanzas públicas.
Sabiendo todo esto,
qué tiene de extraño que el gobierno peñanietista haya decidido
suspender la absurda y repudiada evaluación educativa. Aunque tal
conducta le haya granjeado las acres críticas de los empresarios que
buscaban quedarse con el nicho de mercado que constituiría la educación
privada, es decir, de paga.
Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.
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