Batalla legal y protestas en México y EU a favor de la activista
Víctima
de violaciones al debido proceso, Nestora Salgado García cesó su ayuno
de protesta, pero continúa su defensa por las acusaciones de secuestro.
Desde el momento de su detención, el 21 de agosto de 2013, las
autoridades locales y federales han violado los Derechos Humanos (DH) de
la ex comandanta de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero,
Nestora Salgado García.
Sin condena, Nestora lleva 22 meses en prisión; sin embargo, el abogado
Sandino Rivero, integrante de la organización Defensa Estratégica en
Derechos Humanos y que litiga el caso, explica que en este proceso hay
graves violaciones a las garantías procesales.
La ex comandanta estuvo recluida en el Centro Federal Femenil del
Noroeste, en Tepic, Nayarit; pero el pasado 29 de mayo la Secretaría de
Gobernación (Segob), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado
de Prevención y Readaptación Social, la trasladó al reclusorio de
Tepepan, al sur de la Ciudad de México.
La reubicación se dio tras 25 días de huelga de hambre, ya que el 5 de
mayo la activista inició un ayuno que concluyó este 4 de junio en
protesta por su injusto encarcelamiento. Con ello sólo consiguió
atención médica, pero no su libertad ni avances en su proceso legal.
Rivero precisa que aún con este beneficio, no se pueden dejar atrás las
violaciones procesales. “Desde la misma detención hubo violaciones a sus
DH; legalmente la detención se ejecuta por la Policía Ministerial de
Guerrero, pero quien la hizo fue la Marina”.
El 21 de agosto de 2013 elementos del Ejército, Marina y Policía Estatal
a bordo de tanquetas, camionetas hummers y un helicóptero,
interceptaron en la zona de La Montaña, en Guerrero, el vehículo de la
entonces comandanta y la arrestaron.
El abogado detalla que hay un parte policiaco que dice que se le detuvo
para cumplir con una orden de aprehensión; pero en los hechos las
fuerzas armadas no llevaban el documento al momento del operativo.
Además, Nestora fue trasladada al Centro Federal Femenil del Noroeste
sin orden judicial, incluso su familia afirma que por un par de días no
supo nada de ella hasta que la localizaron recluida en el penal de
máxima seguridad.
El abogado de la activista señala que de manera ilegal la Secretaría de
Seguridad Pública de Guerrero pidió al Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob que
llevaran a la detenida al penal de Tepic.
El traslado, expone Rivero, “fue un diálogo entre autoridades
administrativas pero quien tenía que dar la autorización era un juez,
sin embargo eso no se hizo”.
Para el litigante, “el mismo hecho que no se hayan podido desahogar
audiencias en Nayarit, por la lejanía, implica una violación a sus
derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia”.
Agrega además que si bien hay un estancamiento en la parte procesal,
éste se debe en gran medida a las condiciones de los Juzgados Primero y
Segundo Penal –con sede en Tlapa, Guerrero– que conocen el caso.
Esos juzgados, dice Rivero, no tienen las condiciones necesarias para
generar audiencias a larga distancia por videoconferencia porque no
cuentan con televisión ni internet.
A ello hay que sumar que en octubre de 2014 y marzo de este año el
personal de los juzgados estuvo en paro laboral exigiendo al Tribunal
Superior de Justicia del estado un incremento salarial, seguridad social
y sistematización de la carrera judicial.
Por si fuera poco, la reclusión de la ex comandanta en otra entidad
distinta al lugar donde sucedieron los supuestos delitos de secuestro,
implicó una violación al artículo 18 constitucional, que señala que las
personas sentenciadas podrán purgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a su domicilio.
Aunque el abogado precisó que Nestora no está sentenciada y además
aunque en un primer momento estaba acusada de delincuencia organizada –y
eso permitió mantenerla en una prisión de máxima seguridad–, en marzo
de 2014 un juez desestimó los cargos federales y ordenó su liberación.
Ella no pudo quedar en libertad porque aun continúan tres acusaciones de
secuestro, además sus defensores saben que podría haber más órdenes de
aprehensión en su contra que serían usadas por las autoridades en caso
de que sea exonerada por las actuales acusaciones.
“PRESA POLÍTICA”
El hacinamiento en prisión implicó más violaciones a sus DH, ya que
nunca se pudieron realizar audiencias donde participaran la parte
acusadora y la indiciada, debido a la lejanía de ambas partes.
Las personas que acusan a Nestora de secuestro y quienes pueden
presentarse como testigos viven en La Montaña de Guerrero, lo que
dificultó que se trasladaran a Nayarit a las audiencias, lo cual también
podría suceder ahora que ella está recluida en la capital del país.
Una irregularidad más de las autoridades mexicanas fue que violaron el
derecho a la asistencia consular, ya que no se informó a la embajada de
Estados Unidos en México que se tenía a una ciudadana estadounidense
privada de la libertad.
Tampoco se cumplieron de manera inmediata las medidas cautelares que el
pasado 28 de enero dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a favor de la activista, cuando llamó al Estado mexicano a
atender la ya desde entonces deteriorada salud de la mujer.
Como la petición de la CIDH no fue atendida, el 20 de mayo activistas de
México y EU, integrados en el Frente para la Liberación de Nestora
Salgado, pidieron al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez
Icaza, su intervención en el caso para conseguir la libertad de la
activista.
Una vez que concluyó su traslado a Tepepan, la mujer aún se defiende por
las tres acusaciones de secuestro de tres personas que dicen que fueron
privadas de su libertad, aunque en realidad estaban en “reeducación” en
la Casa de Justicia de Olinalá.
Asimismo, organizaciones estadounidenses piden la intervención de la
embajada de EU en México para que coadyuve en la liberación de Nestora;
mientras que este jueves 4 de junio el gobernador de Guerrero, Rogelio
Ortega, visitó a la ex comandanta en el penal de Tepepan y se
comprometió a apoyar su libertad.
A decir de quienes la defienden, Nestora hacía labores de seguridad en
su comunidad, lugar donde la PC está permitida por la estatal Ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, por lo que es una “presa política”.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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