Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles exigen que la nueva sea elaborada teniendo en cuenta a las víctimas, y que ésta reconozca la problemática de las desapariciones forzadas “en su verdadera dimensión y profundidad”.
“Necesitamos una Ley sobre desaparición forzada hecha desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas.
Con esta demanda como base, colectivos de familiares de personas
desaparecidas y organizaciones civiles de México, Centroamérica y
también de Estados Unidos, presentaron a representantes de los poderes
Ejecutivo y Legislativo una propuesta ciudadana para la elaboración de
la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Particulares.
Por
medio de un documento, que ya fue entregado al subsecretario de
Derechos Humanos, Roberto Campa, y al presidente del Senado, Roberto
Gil, los familiares de personas desaparecidas exigen que la nueva Ley,
la cual aún se encuentra en fase de discusión, quede cimentada sobre tres principios básicos.
El primero,
que se reconozca la problemática de las desapariciones forzadas y las
desapariciones por particulares “en su verdadera dimensión y
profundidad”. En este sentido, recordaron que, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Gobernación, al 31 de diciembre de 2014 existen en
México más de 25 mil 320 personas desaparecidas, “sin contar una enorme cifra negra de quienes no han denunciado por diversos motivos”.
El segundo,
que la nueva ley contemple mecanismos de rendición de cuentas y control
ciudadano sobre el desempeño de los servidores públicos y las
instituciones en su implementación. Mientras que en el tercer principio,
los familiares demandan que se les garantice su participación en la
formulación e implementación de la nueva ley, a partir de “los
mecanismos y procedimientos adecuados”.
Los 11 puntos
A partir de estos tres ejes, los familiares y organizaciones civiles demandaron que la nueva ley general incluya los siguientes 11 puntos:
1.- Debe ser una ley integral, que aborde las diferentes dimensiones de esta problemática.
2.- En ella debe ampliarse el concepto de persona desaparecida para que sea reconocida como sujeto de derecho.
3.-
Debe ser autoaplicativa para que con su entrada en vigor se convierta
en obligatoria para todas las instituciones en los tres niveles de
gobierno.
4.- La ley debe incluir y ser aplicada a todas las
desapariciones, las del pasado, presente y las que puedan ocurrir en el
futuro.
5.- La ley debe atender las desapariciones de personas migrantes, y tener un enfoque trasnacional.
6.- Debe formularse desde una visión de derechos y con perspectiva de género.
7.- La ley debe prever un enfoque diferenciado en atención a los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad.
8.-
Más allá de una ley, se requiere una legislación amplia en la materia.
A partir de su aprobación debe generarse un proceso de armonización con
todas las leyes y ordenamientos que se requieran para hacer posible su
cabal cumplimiento.
9.- A partir de su publicación, se debe
generar un proceso de información, capacitación y sensibilización de
los funcionarios responsables de aplicarla.
10.- Para que se
convierta en un instrumento efectivo para los familiares de las
personas desaparecidas, debe redactarse en un lenguaje sencillo y ser
accesible para todos.
11.- Finalmente, la ley debe garantizar las
condiciones para la búsqueda inmediata de la persona desaparecida, la
investigación científica, transparente y expedita, así como contemplar
sanciones a los actores materiales e intelectuales que hayan obstruido
la investigación o la búsqueda, a quienes dieron la orden de perpetrar
la desaparición, y a quienes de cualquier manera oculten información
sobre el paradero de la persona.
Lee aquí el documento íntegro que presentaron los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles.
“No queremos una ley elaborada por personas que no conocen el sufrimiento de las víctimas”
“Las
familias de los desaparecidos construimos esta iniciativa ciudadana con
el objetivo de que nuestras necesidades quedaran plasmadas en la ley.
Porque, por desgracia, se han hecho leyes sin tener en cuenta a las víctimas, y sin conocer las necesidades que tenemos”, explica en entrevista con Animal Político María Elena Salazar, madre de un joven de 30 años desaparecido en Torreón, Coahuila, en el año 2009.
“Es decir, queremos que se haga una ley con las víctimas y para las víctimas, y no que la elaboren personas que no saben del problema, ni conocen el sufrimiento de los familiares”, añade la madre de familia, quien como en muchos otros casos, tuvo que asumir ella misma las investigaciones de la desaparición de su hijo ante la falta de resultados.
La veracruzana Araceli Saucedo, madre de la joven Fernanda Rubí que fue plagiada por cuatro personas
en septiembre de 2012 en un bar de Orizaba, y cuyo caso también está
siendo investigado por ella misma y su familia, subraya que de todas
las propuestas dos son fundamentales: la correcta tipificación del delito de desaparición forzada y la incorporación del delito de desaparición por particular.
“Esto sería un gran paso para acceder a la justicia, a la verdad y a la sanción de los responsables”,
señala la veracruzana, quien detalla que entre las necesidades de los
familiares de desaparecidos se encuentran, entre otras, la creación de un banco nacional de ADN y de un registro nacional de personas desaparecidas,
además de que puedan coadyuvar en las investigaciones “sin importar la
nacionalidad, ni el país de residencia de las familias de los
desaparecidos”.
“Fuimos más de 70 colectivos de todo el país, de Centroamérica y de Estados Unidos los que trabajamos en esta propuesta. Ya le hicimos la chamba a los diputados. Ahora sólo tienen que analizarlas, incluirlas y aplicarlas en la nueva ley”, concluye Saucedo.
Por su parte, Perseo Quiroz,
director de la oficina de Amnistía Internacional en México, advierte
que “sería muy desacertado si los legisladores no toman en serio estas
propuestas de la ciudadanía”, ya que se estaría ignorando la voz de los
principales afectados y como consecuencia el resultado final sería “una ley de escritorio”.
“Estamos
ante una gran oportunidad para demostrar que se está haciendo una ley
con las víctimas y para las víctimas, y que se están poniendo todos los
recursos necesarios para que esta ley tenga dientes”, argumenta el activista.
Cabe
recordar que en función a la reforma constitucional del artículo 73,
que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de
julo, se estableció un plazo de 180 días, como máximo,
para aprobar esta Ley general sobre Desapariciones Forzadas y
Desapariciones por Particulares. Por lo que esa iniciativa deberá estar
aprobada a inicios del próximo mes de enero del 2016.
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