3/29/2016

Concentración, apertura y persecución


El regulador se muestra fuerte con los débiles.

lasillarota.com
De nueva cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió que el Grupo Televisa (GTV) no tiene poder sustancial de mercado en el mercado de la televisión restringida ya sea de cable o satelital, aún cuando tiene el 60.9 por ciento de participación en el mercado nacional, pero ese porcentaje puede ser aún mayor cuando se trata de mercados regionales o locales a través de los sistemas de pago  Sky, Izzi, Cablemás, TVI (Televisión Internacional), Cablecom y Telecable que adquirió recientemente.

La resolución del regulador se dio precisamente por esta última operación del GT que compró el 100% de las acciones representativas del capital social de Cablevisión Red, S.A. de C.V. (Telecable), por parte de diversas empresas pertenecientes al Grupo de Interés Económico encabezado por Grupo Televisa, S.A.B. De acuerdo al comunicado oficial del IFT, afirma que su Pleno no encontró la existencia de elementos suficientes  que permitan concluir que GTV puede fijar precios de manera unilateral o restringir el abasto en los mercados analizados sin que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

Sin más el IFT utilizó el mismo, y tan criticado, argumento que el año pasado para igualmente negar el poder sustancial de mercado de la empresa: debido a que otras empresas aumentaron su número de suscriptores hasta en un 2 por ciento y que Televisa perdió ese mismo porcentaje de suscriptores no había elementos para demostrar su influencia en el mercado nacional.

Flagrantemente, una vez más, la institución encargada por velar por la competencia efectiva en la radiodifusión y las telecomunicaciones evade el mandato del artículo 28 constitucional que dispone eliminar eficazmente la concentración nacional y regional. Con su análisis sólo toma en cuenta la situación nacional sin tomar en cuenta que en las 62 localidades de cobertura de Televisa-Telecable fusionadas alcanza hasta un 82.5 de participación en ese mercado regional con múltiples efectos no solamente en el número de suscriptores, sino también en la determinación de precios en los servicios, publicidad comercial, producción y distribución de contenidos.

Si aún bajo estos elementos, que no fueron tomados en cuenta por el IFT, no tiene el GTV poder sustancial de mercado, vale la pena preguntarle a su Pleno ¿cuándo sí? ¿Qué elementos se tendrían que cumplir  para que considere tal condición?

La historia se repite, no solamente porque esta segunda resolución reedita la primera en el tema, sino porque a pesar de que ahora contamos con un órgano regulador autónomo con mayores facultades, herramientas y recursos (que por cierto nos cuestan miles de millones de pesos a los contribuyentes), se siguen protegiendo desde las instituciones del Estado a los mismos dominantes en el sector audiovisual. Salvo en telefonía, la reforma en telecomunicaciones no se ha traducido en mejores precios para los servicios, ni en más pluralidad y diversidad. Se confirma una vez más que tenemos un nuevo diseño institucional, pero las mismas vejas prácticas en el sector.

Apertura y persecución en FM

Finalmente a mediados de marzo el IFT aprobó el cambio de la Disposición Técnica en la banda de FM para reducir la separación entre frecuencias de 800 Khz a 400 Khz, eso permitirá que existan más señales para radio incluyendo las plazas con supuesta saturación de espectro como la Ciudad de México o más dicho el Valle de México, Monterrey y Jalisco, en las que constantemente se rechazaron peticiones de nuevas estaciones por la supuesta “saturación” de espectro, que tal como lo demuestran los estudios llevados a cabo por el regulador era en realidad una barrera artificial para evitar la entrada de nuevos jugadores en la radio de FM.

En el continente americano esa norma técnica de separación de frecuencias en 800 Khz dejó de usarse desde hace ¡20 años! Pero las presiones de la industria de la radio y la televisión a las autoridades habían impedido ese cambio, por lo que es una buena noticia la apertura de este espectro. Sin duda es una oportunidad para fomentar el pluralismo en la radio pero aún falta ver si esas nuevas frecuencias se destinarán para el sector comercial o si se reserva una parte de ellas para el sector público, social, comunitario o indígena, ya es hora que en plazas como las mencionadas existan más medios de los dos últimos y de que se le otorgue a Radio Educación una frecuencia en AM.

Lo peor que pudiera pasar es que esa ganancia espectral sea destinada mayormente a radiodifusores de AM que se quedaron sin una frecuencia en el 2008 por un Acuerdo que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en un privilegio indebido, pues el espectro radioeléctrico es un bien finito, escaso y caro que debe de administrarse bajo criterios equitativos y en condiciones de igualdad, lo cuales no se cumplieron en aquel entonces cuando se destinaron más de 500 frecuencias de manera automática a operadores de AM.

La medida se tomó por la queja de los radiodifusores por la crisis de negocios de la radio AM, la respuesta de las autoridades fue otorgarles una frecuencia en FM en lugar de atender uno de los problemas de raíz: la inequitativa distribución en el mercado de la publicidad comercial y oficial producto de la indebida concentración en medios electrónicos.

Mientras tenemos esa buena noticia de la apertura en FM, la mala en estos días es la desmedida y desproporcionada campaña que está haciendo el IFT en contra de emisoras sin autorización en distintos medios de comunicación calificando el hecho como un delito, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que este tipo de acciones son una criminalización de la libertad de expresión y ejerce un efecto inhibitorio de su ejercicio especialmente para la población más vulnerable. La campaña, aduciendo que quién opera si autorización una frecuencia del espectro “nos está robando” es una copia de la campaña llevada a cabo por la industria de la radiodifusión de Guatemala llevada a cabo hace un par de años, misma que se opone al reconocimiento del sector comunitario e indígena en aquel país.

Resulta altamente preocupante que ante las trabas prácticas que existen para que los medios comunitarios e indígenas puedan acceder a las frecuencias ante los proceso administrativos, la respuesta del IFT sea una política persecutoria propia de los más viejos tiempos autoritarios.

De manera reciente se hicieron operativos en Oaxaca que resultaron en la detención de dos indígenas[1], otro más en Milpa Alta en la Ciudad de México en los que la comunidad originaria por falta de información solicitó la autorización para abrir su emisora a las autoridades de Bienes Comunales en lugar el IFT, a la hora de su cierre la radio impartía clases de nahuátl a la comunidad.

Antes que acciones represivas el IFT debería de emitir una campaña para informar a las comunidades sobre los procesos para obtener autorizaciones y ser eficaz para otorgar las decenas de peticiones que tienen para abrir este tipo de estaciones, pues casi a dos años de la ley ha otorgado sólo UNA concesión social comunitaria.

Entre la resolución de no declarar a Televisa con poder sustancial de mercado, propiciando una mayor concentración en la televisión de paga y la mano dura en contra de comunidades en situación de vulnerabilidad, el regulador se muestra fuerte con los débiles y débil con los fuertes.



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