6/26/2018

Una agenda legislativa para cambiar a México


Pedro Salmerón Sanginés

El 18 de junio pasado, Martí Bátres Guadarrama, candidato a senador por Ciudad de México, presentó los 50 puntos iniciales de una agenda legislativa que, se infiere, no es únicamente individual: es la articulación de varios de los cómos fundamentales del proyecto de gobierno de Morena, desde el ámbito del Poder Legislativo.
Estos puntos son iniciales y abiertos a la discusión, pues como dice Martí, queda abierta la agenda, sin embargo, porque un cambio produce nuevos cambios, y una sociedad liberada de la opresión adopta un renovado ánimo propositivo. Porque la historia nos enseña que los grandes procesos de transformación van abriendo sobre la marcha nuevas perspectivas, a veces impensadas. Las 50 propuestas tienen cuatro ejes, que cito:
• Combate a la corrupción, al derroche y los privilegios.
• Fomento al crecimiento económico.
• Derechos sociales y estado de bienestar social.
• Erradicación de la violencia y pleno ejercicio de los derechos humanos.
El combate a la corrupción empieza con la aprobación de la ley de austeridad republicana. “Para eliminar privilegios y derroches en la administración pública federal, bajando los sueldos desmedidos de los altos mandos, eliminando bonos, sobresueldos, escoltas, guardaespaldas… seguros médicos de gastos mayores con cargo al erario… entre otros privilegios que hoy queremos eliminar para ahorrar recursos” y destinarlos al desarrollo económico y al desarrollo social.
En los puntos cuatro al ocho se enuncia la reforma educativa que el país necesita y se presentan los temas de la que el país no necesita, aprobada en 2013 por los partidos del régimen, y aquellos temas que necesitan revisarse, discutirse o derogarse. Educación, salud y seguridad social deben ser para todos. Entre otras propuestas, se buscará establecer el seguro del desempleo (111 años después que en el primer país que lo aprobó, la cuna del capitalismo industrial); ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico, y hacer universal la pensión para adultos mayores.
Aplaudo enfáticamente el punto 23: “Retomar el tema de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar plasmados en el proyecto legislativo conocido como ley Cocopa, que quedó interrumpido en 2001, para cumplir los compromisos que asumió el Estado mexicano con los pueblos indígenas del país. Dichos acuerdos recogen no sólo postulados sociales, sino también propuestas de de­mocratización política, cuarto nivel de gobierno, disfrute de los recursos naturales por los pueblos originarios, así como el reconocimiento de nuestra diversidad lingüística… y cultural”.
Paridad de género, derechos de las minorías, eliminación de las actuales reservas en convenios internacionales de derechos humanos, fomento a la cultura, no aumentar impuestos (un tema que yo discutiría), pero ampliar y transparentar la recaudación, eliminación del fuero, revertir la relección de legisladores y alcaldes (aplaudo de pie)… y, entre otras: “En aras de proteger el ingreso de las familias, pero también de alentar el crecimiento económico, nos comprometemos a no aprobar más gasolinazos. Ni un solo gasolinazo más”.
Otros temas centrales serán la prohibición de privatizar los servicios de agua; el apoyo a las pequeñas empresas, las cooperativas y las empresas sociales; incluir en el TLCAN los temas relativos a la fuerza de trabajo; particularmente, el tema del salario y el tema de la migración; aprobar la revocación de mandato; discutir y en su caso derogar la Ley de Seguridad Interior, en virtud de las críticas recibidas desde la sociedad civil, por los excesos autoritarios en la misma.
Finalmente, se considera que estas propuestas son sólo un punto de partida, porque se debe “recoger la agenda legislativa de la sociedad…”, las ya planteadas por diversas organizaciones y las que se vayan presentando. Vamos a mantener las oficinas abiertas y vamos a trabajar en una lógica de parlamento abierto. Porque en nuestro país el pueblo es el soberano: No entendemos el trabajo legislativo como un trabajo que se realiza a capricho e idea de los legisladores; en todo caso, somos representantes del verdadero soberano, el soberano es el pueblo, de acuerdo con nuestro esquema constitucional.
Es por ello y para ello que el nuevo gobierno de regeneración nacional requiere una mayoría legislativa: también hay que rescatar al poder que representa y legisla de su secuestro por las mafias de PRI y PAN. ¿Contrapesos? Ya los hay, y muchos: los intereses creados, la delincuencia organizada, los políticos corruptos y algunos empresarios que se han beneficiado de ellos, un enemigo externo agresivo y deslenguado… y también los límites constitucionales (derechos humanos y otros muchos) al poder del Estado.
Hay que ser claros: Si la mayoría del pueblo ya no quiere que permanezca la misma ruta económica y social, si la mayoría del pueblo quiere un cambio político, eso debe reflejarse también en el Poder Legislativo.

Twitter: @HistoriaPedro

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