Alrededor del 70% de las cuencas liberadas por el presidente Enrique
Peña Nieto con la firma de 10 decretos, se encuentran desprotegidas,
aseguran expertos, con lo que el agua “se encontrará disponible para su
explotación y aprovechamiento para cualquier uso incluyendo el sector
industrial y extractivas”, señalaron especialistas de la Alianza
Mexicana contra el Fracking.
Dicha alianza está conformada por más de 40 organizaciones civiles y
sociales de diversos estados que desde el 2013 buscan prohibir el uso de
la fractura hidráulica o fracking defendiendo el agua y el territorio.
A través de un comunicado los integrantes de la alianza argumentan
que los decretos “constituyen un retroceso en la protección al ambiente y
de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre dicho el
derecho humano al agua”, a diferencia de lo que argumentan las
autoridades.
Sostienen que al analizar cada uno de los decretos firmados el pasado
5 de junio, se estima que dichos acuerdos solo establecen la protección
de poco más del 30% para conservación ecológica y menos del 1% para uso
doméstico y público urbano.
Por tanto casi el 70% del volumen de las cuencas queda sin
protección, en algunos casos, agregan, el levantamiento de vedas
permitió la liberación de volúmenes más significativos, como en el caso
de la cuenca del río Pánuco, donde hasta el 91.5% del agua quedó
disponible para su explotación y cualquier tipo de uso incluso para el
sector industrial y extractivas.
“Compartimos los principios que supuestamente motivaron estos
decretos, entre los que se encuentran una adecuada gestión del agua y el
pensar en las poblaciones futuras”, exponen. Y aunque la razón
principal de las autoridades para firmar los decretos fue la
preocupación ambiental, plantean que al firmar los documentos también se
liberó la posibilidad de concesionar el agua al sector productivo,
situación que estaba prohibida.
Incluso dicen que antes de firmar los decretos para la anulación de
las vedas, la autoridad correspondiente tenía que actualizarse sobre la
disponibilidad de agua, pues en algunos de los casos de cuencas
liberadas, los datos utilizados datan de 2011.
El colectivo de organizaciones y especialistas se dice preocupado
pues consideran que los decretos son “instrumentos intencionalmente
ambiguos” que ayudarán a mantener la discrecionalidad del manejo del
agua por parte de Conagua.
Consideran que los argumentos de dicha institución, “lejos de
tranquilizarnos nos reafirman su profundo desprecio por los aspectos
sociales, culturales y ambientales del agua al declarar que la gestión
de la misma es un problema meramente técnico”.
En el texto contradicen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la
cual afirma que los decretos es para proteger y asegurar el uso de agua
para las generaciones futuras. Esto debido a que, durante la presente
administración se emitieron los Lineamientos para la protección y
conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y
extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Este
documento “habilita a las empresas la realización de los proyectos de
fracking que precisamente atentan contra las generaciones presentes y
futuras”.
Finalmente la Alianza Mexicana contra el Fracking expone su
preocupación “por el futuro de los recursos hídricos en manos de una
institución que ha tomado en forma unilateral –sin participación
ciudadana- varias decisiones equivocadas en relación a la gestión del
agua”.
Desde su punto de vista, se ha permitido la sobreexplotación de los
acuíferos y se ha facilitado el otorgamiento de miles de concesiones de
agua para actividades extractivas, de manera que no se ha controlado
adecuadamente las descargas de aguas residuales.
“Urgimos a las autoridades a que establezcan las medidas necesarias
para proteger los volúmenes de agua a los que levantó la veda y la
protección necesaria para garantizar que se realice un manejo justo,
democrático, equitativo y sustentable del agua en México”.
Los decretos de reserva de agua fueron firmados el pasado 5 de junio
en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente por el presidente Enrique
Peña Nieto.
Dichos decretos anulan la veda de 10 diferentes ríos, los cuales son:
Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca,
Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San
Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de
Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina
(Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas);
Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y
Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).
Con estos 10 decretos se elimina la veda de casi 300 cuencas
hidrológicas en el país, lo que equivale al 55% de lagos y ríos del
país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción
de agua en estas cuencas.
Con esta liberación, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y
la Comisión Nacional del Agua, se establecen “zonas de reserva de aguas
para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación
ecológica en las cuencas hidrológicas”, lo que significa que puede
aprovecharse esa agua.
Ambas dependencias argumentaron que para tomar esta decisión fueron asesoradas por la organización de conservación ambiental WWF,
que les ayudó a saber cómo mantener el agua suficiente para la
población durante los próximos 50 años y que cuencas eran las adecuadas
para levantar la veda.
El titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, explicó que si
bien los decretos permiten la liberación del uso del agua, el gobierno
federal en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la
Conagua, decidieron no concesionar el agua y destinarla solo al uso
medioambiental.
Esto luego de las aseveraciones de diversas organizaciones y activistas como Agua para Tod@s,
que aseguraban que la decisión que esta decisión permitiría sentar “las
bases para la privatización vía trasvases y el concesionamiento de
servicios de agua y saneamiento”.
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