Enseguida, las personas que se encontraban reunidas para atestiguar
el acto de disculpa pública de las hermanas González Pérez, en Chiapas,
la secundaron gritando una y otra vez ¿dónde está Sedena?, ¿dónde está
Sedena? ¿dónde está Sedena?
Este día, después de 25 años de perseguir justicia, las
hermanas tzeltales, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, violadas por
militares; y su madre, Delia Pérez, recibieron una disculpa
pública, por parte del Estado mexicano, quien las reconoció como
víctimas de tortura sexual y a quienes se les violó su derecho a la
justicia por su condición de mujeres, pobres, e indígenas.
En el evento, al
que asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el
subsecretario de la misma dependencia, Alejandro Encinas Rodríguez, el
gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entre otras
invitadas, Encinas Rodríguez dijo que este es un acto de justicia y desagravio
de las hermanas González Pérez, como compromiso y garantía del Estado mexicano
para reparar las graves violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto.
Reconoció que las
hermanas fueron retenidas ilegalmente y acusadas de pertenecer al movimiento
indígena de 1994, por lo que estas disculpas, dijo, representan también un
desagravio a las comunidades indígenas de Chiapas que fueron perseguidas en el
contexto del levantamiento armado.
El funcionario
agregó que el Estado mexicano, se compromete a cumplir las recomendaciones de
la CIDH para castigar a los autores de las violaciones a los Derechos Humanos
de las mujeres, y aplicar las sanciones legales correspondientes, a dar seguimiento
adecuado a los procesos adecuados de restauración acordados con las víctimas y
organizaciones que las acompañan.
A 25 años de
buscar y exigir justicia, este día, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, dijo en su mensaje, que el Estado mexicano asume la responsabilidad en
dos sentidos: la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y por
otra, reconoció que este abandono institucional y marginación social en que han
permanecido, coloca en extrema vulnerabilidad a las niñas y mujeres indígenas,
y que fueron estas condiciones las que permitieron que se violaran impunemente
sus Derechos Humanos y la dignidad de las hermanas González Pérez.
En 1996, a dos
años de ocurrida la violación y tortura sexual contra las mujeres indígenas, el
caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
con lo que sentó un precedente en el Sistema Interamericano que, por primera
vez, reconoció la violación sexual como tortura y determinó que este delito
cometido por militares fuera investigado en el fuero civil.
“Ana, Celia y Beatriz, les ofrezco una disculpa pública por haber sido retenidas ilegalmente, violadas y torturadas sexualmente”Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
“Señora Delia le ofrezco una disculpa a nombre del Estado mexicano por el agravio cometido al tener que atestiguar los hechos cometidos en contra de sus hijas”Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
A nombre del
Estado mexicano ofrezco una disculpa por la falta de investigación, de acceso a
la justicia y de reparación a las víctimas”.
En su idioma, el tzeltal, la señora Delia, madre de las tres hermanas respondió:
“lo que vamos a decir no es mentira, lo que estoy diciendo es la verdad y si las autoridades lo van a arreglar que lo arreglen bien porque no estamos mintiendo”Señora Delia Pérez, madre de las hermanas González
La primera de las hermanas en tomar el micrófono dijo:
“nosotras, las que estamos aquí presentes hemos venido anunciando esto desde hace muchos años, nosotras somos las mujeres que hemos estado luchando desde hace muchos años porque nos han maltratado…nos quisieron hacer pagar por el movimiento del zapatismo, yo soy una mujer pobre e indígena, no tengo estudios, pero no me dejé después de haber sufrido violación por los militares” hermana Gónzález Pérez
Ahora me están
arreglando mi caso pero yo no nomás quiero que este caso sea el único que sea
arreglado, lo que quiero es que todos los casos sean arreglados porque hay muchos
casos similares a los de nosotras, porque desde que nos violaron, yo no me
siento la misma, me siento enferma”.
“Estos 25 años traen mucho sentimiento y dolor en el corazón, si se dan cuenta yo no me quise sentar del lado de las autoridades porque siento mucho coraje porque no han resuelto mi caso y tengo mucho coraje hacia ellos, pedí sentarme al lado porque lo que quiero es mostrar que también hay muchos indígenas que somos violados pero que no se nos resuelve nuestro caso porque no sabemos hablar.Hermana González Pérez
Hay muchas
organizaciones que hay atrás de este caso y han venido empujando el caso ante
las autoridades.
¡Que no se vuelva a repetir más esta violencia que hemos vivido nosotras, que no se vuelvan a violar más mujeres aquí en Chiapas!”hermana González Pérez
La tercera hermana en hablar frente al panel de autoridades les reprochó:
“las mujeres que venimos hoy enojadas, venimos enojadas, venimos con mucho coraje hacia las autoridades, hoy venimos en buena fe, hemos estado viniendo de buena fe desde hace muchos años. Yo quiero exigir justicia, después supe que lo que me había pasado tenía que saberlo el mundo porque sucede todos los días y nunca nadie más las va a conocer”hermana González Pérez
“El gobierno no nos ha creído, desde ayer hemos estado planeando y
aún así hoy en día pareciera que no nos toman en cuenta totalmente.
Mandamos un documento en donde nosotras decíamos que no queríamos ver a
soldados y militares en este evento, y hoy en la mañana nos percatamos
de que militares se estaban paseando por la plaza y eso quiere decir que
no nos están tomando en cuenta” y cuestionó a las autoridades, la
ausencia de la Sedena, quien cometió los agravios contra ella y sus
hermanas.
EL ESTIGMA DE SER
ZAPATISTA
“¿Qué es ser
zapatista? si tú me preguntas yo creo que es porque traigo zapatos. No tengo
ningún saber de lo que preguntas”, respondieron tres hermanas tzeltales el
4 de junio de 1994, detenidas en un retén militar, acusadas de pertenecer al
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), antes de ser violadas por
militares en el municipio de Altamirano, Chiapas.
El 4 de junio de 1994, Ana, Beatriz y Celia González
Pérez, indígenas tzeltales de Santa Rosita Sibaquil, municipio de
Altamirano, Chiapas, salieron, como siempre, acompañadas de su madre
Delia a vender sus verduras en el centro de la cabecera municipal.
En el municipio, tras el levantamiento del EZLN el 1 de enero de 1994,
los retenes militares eran parte de la vida cotidiana del lugar, relatan
las hermanas en el libro “Las Alzadas”.
El 4 de junio de 1994
pasaron el retén militar para ir a vender. “A la entrada nos aventaron,
se cayeron nuestras cosas, tiraron todo al suelo, eran varios”, relata
la hermana mayor.
“¡Ustedes fueron las que tomaron Altamirano,
ustedes son zapatistas, ustedes hicieron todo este daño!”, gritaba un
soldado, quien las intimidó con mandarlas al penal de Cerro Hueco o
matarlas.
Las aventaron, las jalaron, las patearon. Fueron
llevadas al cuarto de descanso de los militares, donde les advirtieron
que tenían que quedarse una noche “para no dar parte a la autoridad”.
“Confiesen, digan dónde están sus capuchas, sus armas. Si se quedan se
salvan. No tiene nada de malo que se queden, no van a tener familiar, no
les pasará nada”, insistía un militar.
La hermana mayor
desafió a los militares: “¿Qué es ser zapatista?, si tú me preguntas yo
creo que es porque traigo zapatos. No tengo ningún saber de lo que
preguntas”. En respuesta recibió una bofetada.
Fueron violadas
por seis o siete militares, mientras otros 30 observaban. Su madre
escuchaba sus gritos a lo lejos, donde era amagada y encañonada por los
militares.
Las hermanas denunciaron el hecho ante el Ministerio
Público Federal el 30 de junio de 1994. Se les hizo un examen médico
ginecológico y ratificaron su denuncia el 30 de agosto, relata el
informe No. 129/99 de la CIDH.
El expediente se trasladó a la
Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) en septiembre de 1994,
cuando el MP se declaró incompetente para investigar.
El 2 de
julio de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos
mediante un boletín de prensa, donde señalaba que en la investigación
que realizó —y que consta en la averiguación previa A5FTA/03/94-E— se
desprendió que la imputación a los militares era “completamente falsa”,
pues no incurrieron en infracción a la disciplina militar.
EL CASO LLEGA AL SISTEMA INTERAMERICANO
Como en casos similares, donde militares cometen violaciones a Derechos
Humanos contra civiles, la justicia militar resultó en impunidad, por
lo cual el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
denunció ante la CIDH el 16 de enero de 1996 la detención ilegal, violación, tortura y falta de investigación y reparación del daño a las tres mujeres tzeltales.
Se violaron varios derechos consagrados en la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH), documentó el Cejil, entre ellos el de la
integridad y libertad personal; el de las garantías judiciales; la
protección de la honra y de la dignidad, y los derechos del niño, ya que
una de ellas tenía 16 años.
La CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999 y en abril de 2001
recomendó al Estado mexicano, como responsable por la violación a
varios derechos de la CADH, que investigara completa, imparcial y
efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana los hechos
para determinar la responsabilidad de los militares, así como la
reparación del daño y que el caso se turnara a la justicia civil.
Ocho años después, la recomendación no se cumplió; el caso se archivó
en la justicia militar desde 1996, so pretexto de que las víctimas no
cooperaron con las indagatorias y los peticionarios ante la CIDH
mostraron desinterés.
Según el Estado, no se cumplieron las
diligencias necesarias para continuar con las investigaciones y por ello
decidió cerrar el caso.
En mayo de 2009 la
Procuraduría de Chiapas, amplió y ratificó la denuncia de las tres
hermanas y su madre y realizó las diligencias que para entregar el caso a
la justicia civil: completar la declaración de las víctimas, una
pericial fotográfica (identificación de los agresores a través de
fotografías) y ratificar la denuncia de la madre y la hermana menor.
En octubre de 2010, bajo el gobierno de Juan Sabines
Guerrero, se les ofreció la reparación del daño por 500 mil pesos para
cada una de ellas, seguro médico permanente, becas de estudio para sus
hijos y proyectos productivos.
En ese entonces, las
hermanas dijeron que aceptarían pues era la única prueba que tenían de que el gobierno
reconocía públicamente su responsabilidad en los hechos, pero ellas lo que
querían era castigo ejemplar para los militares que las violaron, al tiempo que
enviaban el mensaje que no estarían presentes en ningún acto público.
Este día, después
de 25 años, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en la tortura
sexual cometida a manos de militares contra las tres hermanas, y las diferentes
violaciones a sus Derechos Humanos; y se comprometió a investigar, buscar y
sancionar a los responsables.
Imagen retomada de Facebook Comité hermanas González
Por Lourdes Godínez Leal, Ciudad de México.
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