2/23/2020

Columnas y opinión del periódico La Jornada sabado 22 feb 2020

Samir Flores Soberanes, el defensor del territorio y comunicador comunitario asesinado hace un año en su natal Amilcingo, Morelos, se ha convertido en el referente nacional de la lucha contra los megaproyectos que se imponen en territorios indígenas. El primer aniversario de su asesinato sirvió de contexto para la celebración de unas jornadas de tres días en las que se denunció la represión a los defensores del medio ambiente y a la autonomía de los pueblos originarios.
Con el hashtag #SamirSomosTodasyTodos se registraron 77 actividades en 21 estados de la República y en diversas ciudades de Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Guatemala y Grecia.
El eco internacional que demanda justicia para el defensor nahua llegó hasta la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció su invaluable labor en la defensa y promoción de los derechos de las comunidades indígenas, y llamó a las autoridades mexicanas a continuar con las investigaciones y dar con los responsables.
Es necesario que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a otras personas defensoras de la región que han recibido amenazas y hostigamiento por su labor, así como intentos de criminalización, advirtió el organismo internacional.
Terminar con la impunidad es otra de las demandas del movimiento indígena, pues hasta el momento no hay un solo detenido por el asesinato de Flores Soberanes. Este gobierno tiene la oportunidad de resolver el primer asesinato político del sexenio, pero ni la Secretaría de Gobernación ni ninguna instancia federal se han acercado al problema, parece que no les importa, señala el abogado David Peña, quien representa a la familia de Samir.
El proceso se complica, advierte Peña, por el entramado de las relaciones locales y los grupos políticos que existen alrededor del PIM. La fiscalía no sabe cómo entrarle al caso por todos los grupos inmiscuidos, dice, y aunque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) y la familia de Samir insisten en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, el abogado indica que es la misma ineficacia en las dos fiscalías, pero el mapa de los actores locales lo tiene la fiscalía de Morelos, pero no ha demostrado capacidad y disposición.

Foto
Caso Fátima: la gente piensa en castigos duros

Instaurar pena de muerte, prisión perpetua
En el fondo, la descomposición social
En casos como el de Fátima, el castigo al o los responsables debería ser: 1) prisión perpetua; 2) pena de muerte; 3) reducación, reinserción en la sociedad, y 4) otro. Este fue el tema de la semana, de cara al lamentable suceso de la niña que sacudió a la comunidad. El feminicidio tocó fibras sensibles de la gente y la llevó a pensar en soluciones muy duras, incluso no contempladas por la legislación mexicana; 51 por ciento de los participantes votó por prisión perpetua y 41 por ciento por pena de muerte.
Metodología
El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron mil 327 personas. De Twitter, 404; de El Foro México, 590, y de Facebook, 333. A continuación algunas opiniones.

Lozoya-Ancira-Covarrubias
Fertilizantes: barril sin fondo
Emilio Lozoya duerme en una prisión madrileña y uno de sus socios, Alonso Ancira, hace lo propio en una cárcel malagueña. Más allá de sus infinitas tropelías, la pareja ha ganado las portadas de los medios de comunicación sólo por uno de sus muchos asaltos en contra de la nación: la compraventa de Agro Nitrogenados, un consorcio de fertilizantes privatizado, a precio de remate, en el salinato (en 1992 a favor del segundo de los presos referidos) y reingresado, a precio inflado, al inventario del Estado (en 2013, por el primero de los reos en mención) con Enrique Peña Nieto (también le gusta la capital española, pero todavía no lo embodegan en un reclusorio de esa localidad).
Esa compraventa motivó las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya y Ancira, que ya fueron ejecutadas (una en mayo de 2019, la otra en días pasados). De ahí que ahora el par de pandilleros duerma en chirona, en espera de ser extraditado a México. A ello deberá sumarse la investigación judicial sobre otra adquisición (Fertinal) en una operación similar a la anterior, en la que brilla otro miembro del clan, Fabio Covarrubias.
Mucho se ha dicho y escrito sobre esto, pero poco se conoce (más allá del atraco al erario y el elevado grado de corrupción) sobre el efecto concreto en la parte productiva de Pemex, en el entendido que dichas adquisiciones tenían como fin (versión oficial) incrementar sustancialmente la producción interna de fertilizantes, dada la creciente dependencia del mercado foráneo.
Pues bien, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por medio de su informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018, nos regala un paseo temático, en el que destaca que en ese año “Pemex Fertilizantes (…) destruyó valor económico en su operación por 2 mil 839 millones de pesos”, de tal suerte que no contó con base gravable para cubrir su aportación impositiva y, por ende, no tuvo recursos para cubrir el retorno esperado por los acreedores patrimoniales y de deuda; por la subutilización de su infraestructura productiva, así como su producción fue insuficiente para atender la demanda de productos en el mercado.
Con Lozoya, Pemex erogó alrededor de mil millones de dólares para adquirir, a precio inflado, Agro Nitrogenados y Fertinal (ambos en condición de chatarra), y al final de cuentas lo único que logró (más allá de su tajada en el negocio y la mayor rebanada para Ancira y Covarrubias) fue provocar un daño adicional y creciente a la ex paraestatal.
Para el Estado mexicano el negocio Lozoya-Ancira-Covarrubias exigió más y más dinero. La ASF lo resume así: Pemex Fertilizantes no logró establecer una estructura y organización corporativa conforme con las mejores prácticas internacionales; careció de sistemas y procesos eficaces para prevenir, detectar, atender, mitigar, dar seguimiento y sancionar riesgos de corrupción; operó con opacidad y sin planeación ni visión estratégica; observó falta de interés por parte de los miembros de los cinco consejos de administración para asistir y tratar los principales problemas.
Callejón sin salida
La posibilidad de alcanzar una solución negociada del conflicto en el sur de Ucrania se encuentra atrapada en un callejón sin salida desde que quedó claro que, sin establecer un preciso orden cronológico, es imposible cumplir los acuerdos de Minsk, cuya firma por todas las partes implicadas se celebró en su momento como magnífica oportunidad para terminar esa guerra fratricida.
Cinco años después, no se ha podido concretar ni uno solo de los entendimientos pactados, salvo muy contados avances parciales: el intercambio de prisioneros, pero no de todos los retenidos, y el retroceso simbólico del armamento pesado en pocos sitios de confrontación, quedando intacta la mayoría. En síntesis, no hay combates directos, aunque los tiroteos son prácticamente cotidianos y el goteo de muertos continúa.
Rusia y Ucrania relevaron a sus máximos encargados de negociar, pero mantienen sin variar sus posiciones respecto de cómo deben llevarse a la práctica los acuerdos de Minsk, conscientes de que con esa intransigente actitud no podrá haber ningún arreglo político.
Un día en la vida de Noah Piugattuk
La extinción de los mundos autóctonos no es un asunto agotado en las pantallas de cine, porque no es y nunca será una cosa menor. Películas con este tema a menudo señalan la insensibilidad de los gobiernos y su cuestionable soberanía. Eso es lo que vemos en Un día en la vida de Noah Piugattuk (Canadá, 2019), de Zacharias Kunuk, película dentro de la sexta Muestra de Cine de Quebec.
Quebecine 2020 arrancó esta semana en la Cineteca Nacional y, como siempre, nos abre un panorama de la actualidad cinematográfica de aquella región. Este reciente trabajo de Kunuk resultó una de las mejores películas canadienses que se presentaron en el pasado Festival de Toronto.
El filme se ubica en los años 60, en la isla canadiense de Baffin, donde se da el encuentro de aborígenes de la región y su líder Noah Piugattuk, con un emisario del gobierno canadiense, quien les solicita desplazarse a un asentamiento, en el que se les proporcionará vivienda y los infantes inuit podrán asistir a la escuela. Todo el tiempo ofrece beneficio económico a quienes no tienen al dinero como factor para el bienestar.

Panteón Rococó: 25 años
En una nota de Jorge Caballero, publicada en estas páginas un domingo 14 de julio de 2002 desde Jerez de la Frontera, España, la cabeza auguraba un destino: “Panteón Rococó en España: ¡Estos tíos son la polla… son la hostia!” Ahora, 18 años después, en México se podrían trasladar los adjetivos al casto lenguaje de barrio: “Son la neta… son unos chingones” (je). Luis Román Ibarra – Dr. Shenka, Darío Espinosa, Leonel Rosales, Felipe Bustamante, Francisco Barajas, Rodrigo Bonilla Gorri, Missael Oseguera y Tanis celebran 25 años de existencia del Panteón Rococó con un suceso inédito: tres conciertos, con un“doble sold out (localidades agotadas) en el Foro Sol”, como publicó el Panteón en sus redes sociales. O sea, oficialmente, casi 200 mil asistentes celebrarán los cinco quinquenios de los autores de Toloache pa’ mi negra, La dosis perfecta, Vendedora de caricias, La carencia y El último ska. Él éxito del Rococó es una muestra de que se pueden combinar en las canciones temas de denuncia social y amorosos, como en su tiempo hizo el Three Souls. Así, pues, los próximo 7, 8 y 9 de mayo se escuchará en coro gigante: Y la carencia, arriba / y los salarios, abajo. / Y yo le digo a mi Teresa / no me voy a resignar.
Radio Chopo, sicodelia
Este mediodía, en el escenario Radio Chopo del Tianguis homónimo, se presentan Hueco, con su propuesta dark; el punk core ska corre por cuenta de Altibajos; de Guanatos llegan Dajuana Band con su rock alternativo, y el grunge de Jacks Maniaks; Hatroxxx tocará electro experimental; La Divina Pistola llega de Tlahuelilpan, Hidalgo, para dejar muestra del metal rock que se produce en esos lares; cierran escenario los chilangos de La Maestra, quienes pondrán su hard rock a consideración del exigente público chopero.


Editorial La Jornada
La industria petrolera nacional presentó en enero su mayor ritmo de crecimiento anualizado en 16 años, alcanzó su mejor nivel de los pasados 15 meses, y ligó su tercer mes consecutivo al alza. A estas buenas noticias debe sumarse la entrada en operación del campo petrolífero de Quesqui en el estado de Tabasco, el cual cuenta con 500 millones de barriles de reservas probadas y se espera genere 135 mil barriles diarios el próximo año; así como la posible incorporación de un megayacimiento en Veracruz con un potencial de 5 mil millones de barriles de petróleo equivalente (es decir, una combinación de crudo y gas).

Papel de Amnistía Internacional en la guerra que padecemos
Amnistía Internacional pidió encontrarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de analizar, junto con un grupo de ONG, la seria crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país (La Jornada, 20/02/20).

La predicción hoy es simplemente inconcebible. No porque Bernie Sanders no sea capaz de ganar el voto directo en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Y es plausible que la mayor parte de los electores se sientan atraídos por su integridad y sus programas sociales. Pero el primer gran escollo aparece-rá en la convención nacional, dominada en cierta manera por los delegados cautivos de una burocracia partidaria que lo ve con recelo y antipatía. Un primer y abigarrado obstáculo.
El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a recibir pensión por vejez, discapacidad y becas de estudio ( Gaceta Parlamentaria, 26/11/2019). Para los diputados de Morena el objetivo es que se garantice a esa política social, que es universal, los recursos que se requieren ahora como derechos constitucionales.

En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas. Mu-jeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte.
El 11 de febrero de 2019, Samir Flores y un grupo de opositores al Proyecto Integral Morelos acudieron a protestar a una actividad en la que estaría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con mantas, consignas y un modesto equipo de sonido, los y las manifestantes permanecieron durante todo el acto hasta que lograron llamar la atención del presidente. AMLO, quien estaba acompañado, entre otros, por Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erick Flores, volteó hacia el grupo en el que se encontraba Samir y, visiblemente molesto, con la mano derecha alzada y el dedo índice también levantado, se refirió a ellos y ellas en tono retador: Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. Nueve días después, el 20 de febrero, Samir Flores sería asesinado a las afueras de su casa.

Hay una crisis de seguridad innegable en el país. El número de asesinatos de 2007 a la fecha alcanza más de 200 mil personas. El feminicidio es un tipo característico de crimen que debe analizarse en lo específico con sus características y variantes en sus distintos espacios sociales y geográficos. Se necesita una política integral para enfrentarlo. Se requiere mucha empatía para ser solidario con las víctimas de esta enorme tragedia que a todos nos afecta.
En otra situación entre México y Estados Unidos, que podría causar un desencuentro con posibles consecuencias negativas para nosotros, está el comentario sin sentido hecho por Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de nuestros vecinos, en una sesión del subcomité correspondiente de la Cámara de Representantes, encargado de evaluar la eventual asistencia en materia de seguridad a México, ahora que prácticamente el Plan Mérida ha desaparecido, advirtiendo que si México compra helicópteros a Rusia, como se comentó durante la reciente visita a nuestro país del canciller ruso Serguei Lavrov, país con el que tenemos añejas relaciones, podemos ser objeto de sanciones bajo la Ley para contrarrestar a los adversarios mediante sanciones, aprobada en julio de 2017.

El instinto de muerte freudiano es anterior a un desmando crítico, perpetuamente tornadizo, apresado en garras de eternidad.
Foto
▲ Fotograma de la cinta de Tamara Kotevska 

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