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7/29/2019

Pese a ganancias que reporta la mina de Cananea, el pueblo sólo ve daños

12 años en resistencia

La ciudad está desolada, en quiebra económica


Foto
▲ La ciudad de Cananea se encuentra en ruinas, abandonada y sitiada por el consorcio Grupo México.
Cananea, Son., En ruinas, abandonado y sitiado por Grupo México se encuentra el municipio de Cananea –cuna de la Revolución Mexicana–, donde el consorcio propiedad de Germán Larrea extrae cobre, plata y oro a costa de sus pobladores, a quienes niega empleo, merma su salud y cerca sus tierras, que ha convertido en un campo minado.
Es el panorama de esta ciudad del norte de Sonora desde hace 12 años, cuando la empresa arrebató en tribunales el contrato colectivo de trabajo a 679 afiliados a la sección 65 del sindicato minero, en represalia por exigir mejores medidas de seguridad e higiene.
El inicio de la huelga, el 30 de julio de 2007, marca un antes y un después en este municipio minero, consideran sus pobladores, quienes paulatinamente se han quedado sin hospitales, comercios y áreas recreativas, y ahora abundan edificios abandonados, algunos ya en ruinas.
Los lugareños explicaron que lo anterior ha derivado en una incertidumbre económica en la región, incluso en desintegración familiar, aunado a intimidaciones por parte del personal de Grupo México, que armado tomó el control de la mina Buenavista del Cobre en 2009.
Los cercos perimetrales del yacimiento han invadido las entradas que había al pueblo, han acabado con los lugares de recreación, como El Ojo de Agua. Hoy día hay inmuebles desolados, como el hotel, la clínica obrera, el hospital El Ronquillo y el antiguo departamento de recursos humanos de Buenavista del Cobre.
Contrario a las ganancias millonarias que la trasnacional presume, los comercios locales cierran sus puertas tras la quiebra económica de las familias mineras que se quedaron sin trabajo, luego de que Grupo México contrató personal externo proveniente de otras regiones.
René López Cruz, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio local, afirmó que la empresa de Germán Larrea desestabilizó la economía en la zona, creando incertidumbre entre los comerciantes, al contratar personal y proveedores externos o de filiales de su consorcio, dejando de lado las pequeñas empresas locales que antes proveían de insumos.
Con Grupo México ocurrió un fenómeno, comenzó a llegar gente de fuera y la de nosotros fue desplazada; los egresados del Instituto Tecnológico de Cananea, especialistas en minas, no tienen cabida en el yacimiento, y al ser un pueblo, todos somos parientes, indicó.
Que la empresa de Larrea haya acabado con la armonía y estabilidad del pueblo es el reproche de Carmen Figueroa Soto, guía turística del municipio, quien asegura que Grupo México eliminó la colaboración y responsabilidad social, ambiental y de crecimiento que mantenía la mina de la mano con la sección 65.
Cuando llega Grupo México hay un cambio muy drástico para Cananea y lo que había de colaboración de la empresa con el pueblo se termina. Antes la empresa se hacía cargo de muchas cosas, como tubería, drenaje e incluso bajaba un camión a fumigar la ciudad; teníamos hospitales y clínicas, que quitó la compañía, aseguró Figueroa Soto.
Condenó la muerte de 29 mineros en huelga en estos 12 años, por no contar con servicio médico tras el cierre de la clínica y el hospital El Ronquillo, ubicado a unos metros de la entrada principal de Buenavista, la puerta dos.
Argumentando no tener dinero, Grupo México decide quitar el nosocomio y con eso da un golpe muy duro a Cananea y a los mineros retirados que por derecho lo tenían ganado en lo que restaba de sus vidas, reprobó.
Mientras la empresa de Larrea presume el crecimiento de su utilidad neta superior a 22 por ciento en el primer semestre de 2019, los cananenses desmienten las campañas en las que la empresa se muestra generosa, socialmente responsable y que difunde a través de las salas de Cinemex.
Sergio Tolano Lizárraga, secretario general de la sección 65 del sindicato, alertó que el yacimiento de cobre en Cananea se está expandiendo sin control ni estudios de impacto ambiental de por medio, en perjuicio de miles de personas que habitan en los alrededores.
La mina está creciendo, mientras Cananea cada vez se ve más deteriorada, no se ve lo que ellos dicen y anuncian con bombo y platillo.
Cree que los miembros de la sección 65 del sindicato llevan ventaja en esta larga lucha, pues les asiste la razón, por los daños que la empresa ha causado.
Foto Cristina Gómez Lima
Corresponsal, Periódico La Jornada

1/31/2019

¿Cómo se hicieron millonarios?

Germán Larrea: un engendro más del neoliberalismo
FRAGUA

“Cinco pesos, ocho horas” era la leyenda que se podía leer en los carteles de los más de tres mil trabajadores mineros que tomaron las calles de Cananea, Sonora, un 1ro de junio de 1906. Estos hombres estaban dejando a la historia de nuestro pueblo una valiosa enseñanza: la clase trabajadora sólo necesita valentía y organización para hacer que la tierra se cimbre y los burgueses demuestren lo que son: un puñado de cobardes asesinos, una minoría rapaz.
La huelga de Cananea es recordada por ser uno de los movimientos que abrieron camino a la Revolución Mexicana, uno de los tantos en los que el Partido Liberal Mexicano (PLM), fundado por los hermanos Flores Magón, realizó su tarea de agitación, propaganda y organización, y despertó en los obreros la conciencia de lo indigno de sus condiciones laborales. Primero fue en la Unión Liberal Humanidad donde los obreros más conscientes se agruparon; poco tiempo después nació el Club Liberal de Cananea. Estas dos expresiones del PLM fueron la punta de lanza de un movimiento que, aunque en su mayoría fue espontáneo, cuestionó la explotación, el despojo y la represión que la empresa Cananea Consolidated Copper Company imponía a los mineros, y exigió una jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo suficiente y un trato justo.
Ante estas exigencias, el dueño de la empresa, William C. Greene, respondió: “Es del todo imposible aumentar los salarios sobre su nivel actual...”, y a la justa manifestación obrera siguió la represión: elementos militares y policíacos del Estado mexicano, soldados estadunidenses, empleados gringos de la mina y pistoleros al servicio de la compañía imperialista asesinaron a 23 trabajadores y dejaron heridos a 22 más. Así gobernaba la burguesía mexicana: al servicio del capital extranjero, de los capitalistas nacionales y de los latifundistas.
Tuvieron que pasar muchos años para que en 1971 la mina de cobre de Cananea, la más grande del país y la tercera más grande del mundo, pasara a manos del gobierno mexicano y, con esto, que el usufructo de nuestras tierras y riquezas sirviera al desarrollo del pueblo. Sin embargo, la burguesía siempre estuvo al acecho, y con la entrada del neoliberalismo, ese mismo gobierno oligarca que con la huelga de Cananea demostró su carácter servil y sumiso ante el capital extranjero y nacional, volvió a entregar nuestra riqueza a la burguesía.
En agosto de 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari y su equipo de gobierno, entre el que se encontraba Claudio X. González, remataron la mina de Cananea, valuada en dos mil millones de dólares (mdd), por sólo 400 mdd al ahora llamado Grupo México, en ese entonces dirigido por el empresario minero Jorge Larrea.
Grupo México, dirigido actualmente por el hijo de Larrea, Germán Larrea Mota Velasco, es un conglomerado de empresas conformado por Southern Copper Corporation, ASARCO, Minera Los Frailes, Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, Texas Pacífico, México Compañía Constructora, GM Servicios de Ingeniería, Perforadora México, Grupo México Energía, Grupo México Autopistas y Entretenimiento GM de México.
En el sector minero, Grupo México es la compañía minera más grande en el país, opera en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España, y, sólo en el último año, tuvo una ganancia de 6 210 mdd, por la venta de 1 millón 054 mil 414 toneladas de cobre anuales. Culpable de la muerte de 65 mineros en 2006 en la mina Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, esta empresa tiene su mina estrella, Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, responsable del “desastre ecológico más grande de México”: el derrame de 40 mil litros cúbicos de tóxicos sobre los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014. Además, tiene una extensión concesionada para la explotación minera en Sonora de casi seis millones de hectáreas, lo que representa el poder de usufructo de la tercera parte del estado, con una extensión equivalente a la superficie total de Michoacán.
En el sector de transporte, Grupo México obtuvo ganancias por 1 767 mdd durante el 2017, y opera a través de diversas líneas ferrocarrileras, entre las que se encuentra el Ferrocarril Mexicano, propiedad de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, vendida durante el periodo neoliberal con Ernesto Zedillo. Fue gracias a esta privatización que Grupo México se convirtió en el operador ferroviario más grande de México en cobertura y tamaño de flota: su red cubre aproximadamente el 71% del área geográfica del país y casi el 80% de las áreas industriales y comerciales. Además, Germán Larrea posee más de la tercera parte de las acciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera los aeropuertos internacionales de las principales ciudades del país, con excepción del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
En infraestructura, este monopolio de la burguesía ofrece servicios de ingeniería, construcción, generación de energía, así como perforación terrestre y marina, que incluye arrendamiento y operación de plataformas petroleras, los cuales se han visto ampliamente beneficiados con la reforma energética y las concesiones de las autopistas nacionales: no son fortuitas sus ganancias por 608 mdd, durante el 2017.
Desde el sexenio de Salinas de Gortari hasta el pasado gobierno de Enrique Peña Nieto, las filiales mineras, de infraestructura y de transportes de Grupo México han recibido 333 concesiones, con una vigencia hasta el año 2063, las cuales aproximadamente representan 83 582 hectáreas del territorio nacional, según datos de la Secretaría de Economía.
Como puede verse, la fortuna de Germán Larrea Velasco —miembro de la oligarquía burguesa agrupada en el Consejo Mexicano de Negocios—, valuada en 17 mil 300 mdd, se ha fincado en el robo al pueblo, pues todas las empresas que ahora le pertenecen alguna vez fueron propiedad del Estado, de manera que las ganancias que de ellas se obtenían alimentaban el erario público, es decir, al presupuesto a la salud pública, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda social y a los servicios básicos con tarifas justas. Así, gracias al despojo, a la explotación y a la represión del capitalismo y sus políticas neoliberales, Larrea Velasco es el segundo hombre más rico de México y el número 79 del mundo.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que es momento de terminar con el neoliberalismo, pues sólo ha significado pobreza, corrupción y violencia. Para esto, ha emprendido una serie de reformas gubernamentales que apuestan a la “austeridad republicana”; es decir, al adelgazamiento de las nóminas de la alta burocracia, a la eficiencia del uso de recursos de algunas instituciones públicas —como Pemex— y al recorte de personal que, justamente con la entrada del neoliberalismo, perdió todos sus derechos laborales de manera que fueron contratados bajo el esquema de trabajadores por honorarios, de confianza, eventuales y prestadores de servicios. En pocas palabras, a un ajuste presupuestal que permita al gobierno “hacer más, con menos” y destinar lo ahorrado a políticas públicas en “beneficio de los más pobres”, y a la seguridad pública.
Sin duda, consideramos que es urgente que la alta burocracia deje de percibir los cientos de miles de pesos que año con año se embolsan. Sin embargo, creemos que para acabar con el neoliberalismo en los hechos, también es necesario que esa mafia que aún sigue en el poder, devuelva al pueblo lo que se robaron: aquellas empresas que eran nuestras y servían al bienestar de los trabajadores, pues aunque mientan y nos digan que gracias a ellos tenemos trabajo, nosotros no olvidamos que esa riqueza sale de nuestras tierras y la generan nuestras manos. Es cierto, necesitamos “un gobierno del pueblo y para el pueblo”, y la única manera de acercarnos a eso es que el Estado recupere la propiedad de los grandes medios de producción (las minas, la industria petrolera, las fábricas, las telecomunicaciones, entre otros), y que vuelva a tener el control sobre la explotación de los recursos naturales.
Hemos escuchado que la corrupción dejó a nuestra patria en banca rota, que no hay dinero y que justamente ésta es la razón de la austeridad. Sin embargo, consideramos que la austeridad no debe aplicarse únicamente a altos funcionarios de gobierno, pues aunque esa burguesía mezquina haya aceptado aumentar el salario mínimo, la realidad es que los precios de los alimentos y los servicios siguen aumentando, de manera que debemos seguir apretándonos el cinturón con las políticas de austeridad que los patrones nos imponen. Más bien, la austeridad debe aplicarse, como dicen, “de arriba para abajo”, pero no únicamente al gobierno, sino a toda esa oligarquía, a esos vividores del sufrimiento e incertidumbre del proletariado.
Así, el presidente debe utilizar la comunicación directa que tiene con esa minoría rapaz —a través del Consejo Asesor Empresarial conformado por Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán—, para exigirles que devuelvan lo robado, pues sólo así se podrá garantizar una justicia social a corto plazo.
¡Contra el despojo, la explotación y la represión; resistencia, organización y lucha por el socialismo!
Nota:
Este artículo fue publicado como parte de la sección ENGENDROS DEL NEOLIBERALISMO del No. 39 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Enero-Febrero 2019. 

8/27/2014

Se enciende Cananea


La aguerrida ciudad sonorense protagoniza una vez más la lucha de un puñado de mineros contra una empresa. Luego de la tibia sentencia para Grupo México, responsable del desastre ecológico en el río Sonora, los sindicalizados exigen retirarle la concesión


“Sus crímenes que van desde los daños a la naturaleza hasta la demostración de un desprecio sin límites en contra de la vida humana”.- Sergio Tolano. Líder de la sección 65 del Sindicato de Mineros

20 minas han sido cerradas definitivamente este año, de acuerdo a la Profepa

Todo comenzó en Cananea… y aún no termina.

Más de 100 años han pasado desde ese día de junio de 1906, cuando más de 2 mil trabajadores declararon en ese lugar la primera huelga en la historia de México.

Siete años, desde esa tarde de julio cuando los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional volvieron a levantarse en contra de una empresa para exigir mejores tratos.

Siete años, de aquellas advertencias para que Grupo México fuera desterrado.

Hoy, de nuevo la compañía al mando del segundo hombre más rico de México –Germán Larrea- está en la mira de los mineros que exigen al gobierno la justicia que aún no les llega.
¿Cuánto cuesta la vida de una persona? ¿Cuánto cuesta reparar el daño ocasionado a más de 22 mil habitantes?
Esas son las preguntas que Sergio Tolano tiene en la mente.
El dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero dijo a Reporte Indigo que ahora que las autoridades federales han determinado que el derrame ocurrido en un río en Sonora es totalmente responsabilidad de Grupo México, la postura de los mineros es aún más firme.
“Queremos que le quiten la concesión”.
El titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, aseguró ayer en conferencia de prensa que el desastre ecológico fue causado por un error en una de las tinajas de la compañía.
“La responsabilidad es 100 por ciento de la empresa”, remarcó.

El pasado 6 de agosto, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la Mina Buenavista derramó 40 mil litros cúbicos en las aguas del río Sonora.
La empresa ocultó deliberadamente la falla.

El desastre dejó a su paso más de 22 mil personas sin agua, millonarias pérdidas a productores y cerca de 6 mil estudiantes sin clases. En un comunicado, la compañía aseguró que el derrame había ocurrido como consecuencia de unas “lluvias atípicas”, que a su vez causaron el desborde de una de las presas de Buenavista.
Ayer, el titular de la Semarnat lo desmintió.
“No hubo lluvias como ellos lo habían comentado”.
El presidente de la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para investigar ese caso, Marco Bernal, había advertido que de comprobarse que se trasgredió la normatividad se pediría la cancelación de la concesión a la empresa minera.
Hoy, Toledano Lizárraga exige que esa petición se cumpla.

‘No hay dinero que alcance’
Guillermo Haro, procurador Federal de Protección Ambiental (Profepa), informó que se estudia ya una demanda por responsabilidad ambiental, la cual -además de una sanción económica por más de 40 millones de pesos- obligaría a Grupo México a pagar el costo de reparar los daños ambientales, el cual sería millonario.
Grupo México, empresa a la cual pertenece la mina de Buenavista del Cobre, es dueña de la mayoría de las concesiones mineras en el territorio nacional.
Haro detalló que será en próximas semanas cuando se tendrán los elementos contundentes para iniciar esta nueva acción por responsabilidad ambiental.
Mientras, el líder de la sección 65 del Sindicato de Mineros, Sergio Tolano, señaló que no existe una sanción suficiente que pueda resarcir el daño que Grupo México ha causado en Sonora y en el país.
“Nosotros no sabemos cuánto va a durar la contaminación en los mantos acuíferos. No habría una cantidad que cubriera ni las enfermedades ni de lo que ahí se va a derivar”, dijo.
El líder sindicar recordó que en 2013 Sonora figuraba como el primer lugar nacional con caso de cáncer y este año, el estado se mantiene entre los primeros tres.
De acuerdo con datos del Centro Estatal de Oncología alrededor de 250 casos de cáncer llegan a la unidad cada año, dos de los cuales son hombres y el resto mujeres.
Además, al año se detectan cerca de 200 nuevos casos de cáncer infantil en Sonora.

Sin facultad para clausurar
“Ni Profepa ni Semarnat tienen las facultades para clausurar la empresa, pero sí para hacer clausuras parciales que fue lo que sucedió con el patio de lixiviados donde sucedió el incidente”, informó Guillermo Haro.
En conferencia de prensa, el procurador Federal de la Profepa aseguró que se clausuraron los espacios en los que se detectaron irregularidades en procesos de producción.
“De encontrar irregularidades en el resto de los procesos que se revisan, podrá haber clausuras parciales y temporales”, sostuvo.
El domingo pasado, un tren cargado con 240 toneladas de ácido sulfúrico se descarriló y volcó a escasos metros del río Santa Cruz en Nogales, Sonora.
Carlos Arias, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, afirmó que los químicos tenían como destino los Estados Unidos y que podrían provenir de la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, o bien, de la mina la Caridad ubicada en Nacozari. Ambas propiedad de Grupo México.
Aunque no hubo derrame del material de los vagones, los contenedores volcados quedaron a 10 metros del río.

Otras minas sí
El 30 por ciento de las mil 200 mil minas que hay en el país han sido revisadas y antes de que concluya el 2015 se revisará la totalidad, aseguró Haro.
El funcionario federal destacó que, tras esas revisiones se han clausurado 20 minas de manera total y definitiva.
Haro detalló que Grupo México ha fallado en una de las cuatro medidas dictadas a la empresa Buenavista, la cual corresponde a un borde de contención que debido a una insuficiencia técnica se tienen signos de filtración lo que pudiera generar un escurrimiento y contaminar los ríos.

Se unen contra Grupo México
La Sección 65 del Sindicato Minero ya no está sola en su lucha contra la millonaria empresa Grupo México.
A su causa –que tiene como finalidad eliminar la concesión- se han unido integrantes de la tribu Yaqui y el Movimiento Pro Liberación de Mireles –quien se encuentra preso en Hermosillo, Sonora-.

“Sus crímenes que van desde los daños a la naturaleza hasta la demostración de un desprecio sin límites en contra de la vida humana”, denunció Sergio Tolano Lizárraga.
El líder sindical aseguró que la contaminación de las aguas del río Sonora fue la proverbial gota que derramó el vaso, con relación a la larga lista de crímenes cometidos por corporativos como el Grupo México.
Indicó que hoy a medio día se reunirán con Luis Miranda, subsecretario de Gobierno de la secretaría de Gobernación, a quien plantearán su exigencia de que la empresa salga de Sonora como lo han hecho durante años.
“Aquellos reclamos quedan a la vista, lo inevitable sucedió una vez que la contaminación y devastación del río Bacanuchi y río Sonora son los que están pagando las consecuencias de una total negligencia de las autoridades encargadas en su momento, y lo señalamos así porque en aquel tiempo el reclamo eran de mil 200 trabajadores en huelga y ahora son 25 mil familias las afectadas en siete municipios”.

¿Por qué sigue operando?
La comisión especial que dará seguimiento a las investigaciones por el derrame de productos químicos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, cuestionó que continúen las actividades de la empresa concesionaria, cuando el primer paso ante un hecho de esta naturaleza debería ser el cierre de las instalaciones.
El presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal, dijo a La Jornada que el Estado mexicano debió actuar de esa manera, no solo porque se trata de un caso grave, sino porque el Grupo México enfrenta en el país antecedentes “no muy felices”.
El funcionario señaló que la potencial multa de 40 millones de pesos es muy baja.
“Es muy poco para el daño que se ha causado”, remarcó.

…También en Coahuila
Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, aseguró que todo lo que toca Grupo México lo pudre.
En entrevista para un medio local, la activista indicó que ante tantos desastres y pérdidas de vidas humanas la organización que encabeza exige la disolución de ese grupo.
“Es una empresa depredadora que debe desaparecer”, señaló.
Auerbach Benavides aseguró que Grupo México no va a cambiar, pues los mineros siguen muriendo por las mismas razones desde 1906 y los desastres ecológicos son los mismos.
“Es la repetición del delito, porque nunca lo han sancionado realmente, más que con multas ridículas”.
Aseguró que las multas que se le han impuesto a la empresa de Germán Larrea, por ocasionar desastres ecológicos o no cumplir las normas de seguridad en sus minas, a lo largo de la historia no han rebasado los 180 mil pesos.
“Si se castiga a Grupo México, Pemex y las otras empresas causantes de desastres ecológicos, los inversionistas depredadores que están anotados la van a pensar; pero si no, lo que nos espera es peor”, dijo.



9/21/2011

Prostitución y trata. Entrevista a Irma Saucedo




Por Francisco Javier Valdivieso Alonso
Comunicólogo (Universidad Mesoamericana plantel Oaxaca) y antropólogo social (UAM Iztapalapa), ha estudiado psicoanálisis en distintas asociaciones de Mé como el CIEP (Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis); en la REAL (Red Analítica Lacaniana); en el CPM (Círculo Psicoanalítico Mexicano); en la UAM de Xochimilco y en el INP (Instituto Nacional de Psiquiatría). Desde hace 11 años está involucrado en asuntos de género, derechos humanos y en los últimos dos se ha especializado en violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.



¿Cuál es la situación de la trata de personas en México?

Yo creo que el tema de la trata es un problema más de la decadencia del sistema de procuración de justicia y del sistema político mexicano y centroamericano, si lo piensas en términos del cuál es el contexto que permite que esto pase. Hace más de diez años que esta alerta ya había sido lanzada al mundo, digo para quienes estudian lo que se llama el turismo sexual, etc. y quienes han hecho más estos estudios es sobre lo que se llama El triángulo de Oro: Tailandia, Filipinas, La India. El tema central tiene que ver con cómo las autoridades locales son corruptas y lo que hacen es no actuar cuando corresponde, entonces el desarrollo de la trata y de la imposición de la prostitución en niños y niñas, tiene que ver con la decadencia de los sistemas nacionales de vigilancia porque cualquiera que salga de su hogar y haga un tránsito migratorio tiene riesgos, que son mucho más altos para las mujeres por el tema de la trata sexual. Pero todo el mundo se hace que no entiende lo que pasa, o sea, lo que es clarísimo es de que en toda la ruta de la migración de Centroamérica a Estados Unidos, sobre todo en la parte sur, toda esa ruta está tomada por el narcotráfico y por funcionarios corruptos y ningún titular de estas instituciones ha tomado la decisión de limpiar sus instituciones, el primero sería el Instituto Nacional de Migración (INM), por supuesto. Seguido de éste, tendrían que ser las procuradurías de cada estado, y en ese sentido a quienes se les debe pedir cuentas son a los procuradores de justicia aunque digan que es un delito federal.

Claro que también le tenemos que pedir cuentas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y también a la Procuraduría General de la República (PGR), pero a quienes les debemos pedir cuentas son a ellos -a los procuradores estatales de justicia- porque toda la evidencia muestra que si esto sigue pasando es porque desde el último eslabón hasta el más último mando de la procuraduría de justicia en cada estado recibe algún tipo de beneficio por la corrupción, por el hacerse de la vista gorda, por no sancionar a un funcionario, etc.

A mí me preocupa mucho cuando no planteamos este pedir cuentas por cada uno de los casos, los casos se olvidan, o sea, son noticia en la televisión, sobre todo alarmista y de nota roja. Porque de eso viven estas televisoras, tanto Televisa como Tv Azteca, y parece que compiten para ver cuál de ellas es más nota roja, entonces sacan el gran anuncio de la situación de trata de las chicas hondureñas o de las salvadoreñas, hacen un estudio, a cualquiera de estas chicas la construyen como un paquete que venden, lo que se me hace terrible en nuestro país, ese paquete terrible que venden, que además no lo retoma ninguna de las instituciones de México que se deberían hacer cargo de ellas, es decir, ante una denuncia de todo lo que está pasando en Chiapas o en Oaxaca quienes deberían estar alarmadísimos deberían ser los gobernadores, seguidos de los procuradores, y seguidos del titular del INM y todos los que están a cargo de las oficinas regionales del INM y todos ellos guardan silencio y nadie les pide cuentas. Entonces ¿Cómo vamos a cambiar algo cuando nadie les pide cuentas y lo que nos dice el Estado y este discurso perverso es: denuncien? Yo les digo, perdón pero denuncias hay cientos, ¿por qué no han actuado en esas denuncias? Esa es la gran pregunta. El caso del padre Solalinde es el mejor ejemplo, la cantidad de denuncias que ha hecho son impresionantes ¿por qué no han actuado las autoridades? Esa es la gran pregunta que deberíamos tener.

En ese sentido, yo creo que hay una insensibilidad de la ciudadanía mexicana. Me parece impresionante que como mexicanos no estemos indignados por la cantidad de violaciones que sufren los inmigrantes en nuestro territorio, cuando, al mismo tiempo, tenemos un gran discurso con respecto a la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. No estoy diciendo que no tengamos esa indignación, lo que estoy diciendo es que en nuestro país todavía existe una gran cantidad de racismo y de xenofobia que hace que como ciudadanos y ciudadanas no le pongamos atención a la trata de personas, no hay centros de tránsito de mujeres ni de hombres en todo el recorrido migratorio, casas de protección que debería poner el Estado mexicano, no hay, no existen. [...] Es obvio que la ciudadanía en este país todavía no tiene la capacidad de demandar las cuentas que debería de demandar, entonces... la trata de personas tiene todos esos niveles: uno, el contexto de donde salen las personas; dos, la situación de decadencia del sistema de procuración de justicia en México, la corrupción que existe en nuestro país y; tres, la inmovilidad de la ciudadanía, su incapacidad de sentirse agredida por cada uno de los actos violentos que han cometido en contra de estos inmigrantes, es realmente desolador, porque es la misma imagen que yo puedo escuchar en El Salvador que se escucha en Oaxaca, una madre dolida por la pérdida de su hijo o de su hija en un tránsito migratorio, con un maltrato de parte de las autoridades, sin ninguna respuesta, en la absoluta indefensión, sin ninguna reparación del daño, ni nada.

Creo que estamos en una época un poco negra, en ese sentido, porque el nivel de cinismo que existe en México es alarmante, digo cinismo porque el gobierno dice sí vamos a hacer algo, pero la verdad es que estas pobres familias quedan destrozadas sin ningún apoyo psicológico-terapéutico, sin ningún apoyo de nada, cuando se hacen discursos de que se está invirtiendo gran cantidad de dinero sí creo que hay algo ya muy deshumanizado, cinismo y decadencia del sistema en el que estamos viviendo.

¿Tendrá que ver con la tolerancia a la explotación de las y los otros o con los vacíos legales de nuestras leyes?

Todo forma parte. Yo planteo mi punto de vista ético: yo digo en la Ciudad de México a cualquier persona que se ponga frente a mí, no te hagas que no sabes que hay trata en la Ciudad de México. Por supuesto que nos damos cuenta, ¿por qué no hacemos nada? Esa es la gran pregunta. Yo digo que ya hay insensibilidad. ¿Qué es lo que debemos tener? Normativa para la apertura de esos centros, cada centro por cada persona que contrate nos tiene que dar una lista para que podamos ver si esas personas están ahí por su propia voluntad, si tienen todos sus papeles en regla, etc., porque ahí coartamos el mecanismo de la trata, eso es lo que no están poniendo en las leyes, ¿Por qué no? Porque, efectivamente, las leyes de pronto se quedan a la mitad. [...] la última consecuencia es que todo lugar que tenga este tipo de actividades tiene que ser regulado normalmente y con la capacidad de entrevista de todos los que trabajan ahí, monitoreado, con visitas intempestivas, etc. ¿por qué? Porque sabemos que la trata es un problema en nuestro país, en la ciudad de México, en Monterrey y en Torreón. Parte del problema es la ciudadanía y, parte del problema son, obviamente, los servidores públicos y el gobierno local o municipal y del estado. En términos de la ciudadanía y el posicionamiento ético ¿qué vamos a hacer cuando vayan convirtiendo nuestro barrio en un centro de trata? Porque llega un centro y luego llega otro, todo el mundo se va a callar y luego van a decir aquí hay mucho crimen y entonces vienen las intervenciones policiales que realmente funcionan a través de la corrupción y demás, ¿por qué? Les avisan cuando van a hacer la intervención, lo saben, se preparan porque hay corrupción. Creo que el tema está lo suficientemente estudiado para que sepamos que realmente el mecanismo es, por un lado, la exigencia a las autoridades; pero por otro, nuestra acción ciudadana, cívica, civil, de decir cuando menos tengo un nivel de responsabilidad en mi entorno más inmediato.

¿Propones que se regule y legalice la prostitución para distinguir el trabajo sexual de la trata?

No. Todo por parejo. O sea, ¿cuál es el problema que una mujer decida vender sus servicios, sus habilidades sexuales? Yo no tengo ningún problema con ello. Si es su decisión me parece fantástico. Te digo lo que una vez me dijo una mujer que hacía prostitución en Reynosa [Tamaulipas], me dijo: "¿qué me estás diciendo: que deje de hacer lo que estoy haciendo para ir a trabajar a una maquiladora donde me pagan menos y además me abusa el capataz y que no vea a mis hijos y no sé si van a la escuela y regresan? Mira aquí, salgo en la noche, trabajo, regreso, estoy con mis hijos, los llevo a la escuela, los traigo, como con ellos y en la noche salgo a trabajar y gano más que en una maquiladora." ¿Cuál es el tema de la prostitución? Es un tema de opciones de vida bajo ciertas circunstancias para miles de mujeres, es un tema que desafortunadamente en nuestro país sigue estando atado a una moral muy terrible, antiquísima, que no considera a los derechos humanos.

Yo digo que sí hay regular todos estos lugares de table dance , donde lo que utilizan son mujeres "atractivo" ya sea para espectáculo, para servir bebidas, para cualquier cosa que hacen en todos estos burdeles. Y yo invitaría a todo el mundo a visitarlos para que se enteren de cómo funcionan. Entonces, ¿qué es lo que se le debe exigir al lugar que abre? Tener una lista de las personas que van a trabajar ahí y como autoridad tener la posibilidad de llegar a hacer inspecciones-sorpresa, de tal manera que, yo pueda tener entrevistas con estos trabajadores y darles la opción de salida. [...] Suponte que te entrevisto, que eres de las mujeres que trasladan de la frontera sur a México, a Monterrey, a Torreón, al norte porque las circulan [...] ese es su mecanismo� cualquiera que haga un poco de investigación, con eso lo sabrá. Con lo cual lo que se tiene que hacer es tener el mecanismo, el protocolo [...] en El Salvador, en España, me lo dijeron, "a ver ¿cómo tú me pides que yo me salga de esto, si quienes me trajeron aquí, quienes me vigilan están amenazando a mi familia en Rusia, a mi hijo y a mi madre? Yo no salgo de ésta, a menos que me garantices que mi hijo o se viene para acá o cualquier cosa, yo prefiero que me maten a mí". Comprender la complejidad de la trata te lleva a este tipo de cosas, es decir, tiene que haber una normativa con un protocolo específico de protección a la víctima y sus familiares. De otra manera, tus acciones no van a ser efectivas. Al igual que en la violencia doméstica hay mucho qué aprender de los procesos humanos [...] , las mujeres son capaces de dejarse matar por proteger a su familia, eso no ha cambiado, y en la trata es aún más evidente.

Hay un número considerable de mujeres que han sufrido abuso sexual infantil que están en redes de trata. ¿Por qué es un factor de vulnerabilidad que estas niñas y mujeres caigan en estas redes?

Aquí que hay que tener cuidado de las conclusiones que hacemos. En este momento se está diciendo esto con respecto a la trata de la misma manera en que se decía que todos los hombres agresores sexuales habían sido agredidos cuando eran pequeños. ¿Por qué encontramos un alto porcentaje de mujeres que han sido agredidas sexualmente? El tema no es la agresión sexual per se sino lo que esto significa en el tipo de entorno en el que viven y el tipo de problemática del comportamiento que tienen los sobrevivientes de abuso sexual. Obviamente que cuando encontramos personas que han sufrido o que están sufriendo abuso sexual lo que encontramos es un entorno familiar, doméstico, comunitario e institucional que no protege a la víctima. Es decir, que lo que hace es tapar y engañar. Por lo tanto, la respuesta que encontramos en muchas víctimas sobrevivientes de abuso sexual, es el tratar de huir; los comportamientos que son considerados transgresores como irse a la calle, emborracharse, irse con los cuates, unirse a pandillas, unirse a personas que están en narcomenudeo, etc., es una reacción de comportamiento de las personas que sufren violencia sexual, entonces lo que encontramos es un elemento situacional que hace que en mayor porcentaje las personas que han sufrido algún tipo de violencia sexual sean los que están vulnerables a caer en estas redes de narcotráfico y de trata, pero también creo que serían vulnerables todos aquellos o aquellas que sufren algún tipo de violencia: que el marido les maltrata, que no pueden trabajar, etc., tratan de escapar y caen en estas redes. Es decir, lo que hace que caigan en estas redes es el origen situacional y el evento particular de violencia que hayan vivido, o sea, las dos cosas.

En ese sentido, en términos de prevención el tema tiene que ver con ¿qué hacemos en nuestras comunidades para atender todos estos casos que identificamos como problemáticos? lo que normalmente hacemos en México y en toda Latinoamérica es culpabilizarlos, criminalizarlos, en vez de considerar que a estos chicos que están en pandillas, que andan en drogas, es un síntoma que debemos atender porque es un grito de ayuda, pues es alguien que está necesitando un tipo de apoyo y en vez de proveerlo lo que estamos haciendo es castigarlo, criminalizarlo.

¿Por qué en México existen pocas investigaciones sobre la situación de las mujeres en situación de trata sexual?

Yo pienso que no hay mucha investigación porque estamos en una etapa muy incipiente o pedestre de tratar el tema. En Guatemala y en El Salvador ha habido muchos más avances. Creo que hay algunas investigaciones muy interesantes, bien hechas, como "Bajo el Tacaná", que es una investigación de entrevistas a mujeres, que se hace una obra de teatro, recomponiendo las biografías de estas mujeres [...] estamos en la etapa inicial del debate y de la investigación y es un ámbito muy complicado, muy difícil, de mucho riesgo y no es casual que no entremos ahí.

Necesitamos desarrollar investigadores con la ética y la capacidad para hacer ese tipo de investigación distanciándose del lado moral de salvar, sino simplemente dar cuenta de la situación que viven estas personas, eso sería un gran avance. También por otras múltiples razones como son los recursos para la investigación, los temas que se eligen, cuáles son los favoritos de las financiadoras, o del Conacyt, de lo que hace fama en el ámbito de la investigación, lo riesgoso, la necesidad de protocolos muy específicos, la competencia en términos de recursos dados la novedad o no novedad del tema, los recursos que existen o no para apoyarlo, los especialistas que existen o no para apoyarlos, los especialistas que existen o no para abrir campos y caminos. [...] C reo que es una lástima que en México no estemos desarrollando ese tipo de investigación. Pero también creo que hay instituciones que deberían hacerlo y no lo están haciendo y que tienen recursos para realizar ese tipo de investigaciones como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia). Hemos dicho en muchas ocasiones quienes somos críticas a su desempeño que realmente no tienen ni la menor idea ni están haciendo nada con la problemática de la violencia contra las mujeres, están funcionando muy bien como oficinas burocráticas, pero nada más.

Hablando de Fevimtra¿por qué consideras que no hay muchos operativos de rescate de mujeres o de niñas en situación de explotación sexual comercial?

Si hay algunos pero son del tipo espectacular para Televisa y Azteca, hace un gran espectáculo y les invita para que filmen. Nunca sabemos si es montaje o no. Confiaremos en que sí [rescaten víctimas]. Pero, ¿qué es el operativo? El operativo es el discurso del sistema, de decir "estoy funcionando bien", entonces lo que te presento ciudadanía es miren el operativo, te presento a los helicópteros, todos armados, así como en las películas norteamericanas, que todos los que vivimos la realidad en México sabemos ¿cuándo pasa eso? de ninguna manera, pero bueno les aceptamos que hicieron algún operativo. El operativo para mí es el último recurso de un sistema cuando no está bien armado, ¿por qué? Porque uno de los grandes problemas en México con el sistema de procuración de justicia, de seguridad pública, de la Fevimtra, de las instancias gubernamentales, es que no hacen ninguna investigación. Si no hacen investigación entonces cómo no van desmontando todos los anclajes del camino por el cual llegan las mujeres al DF, por ejemplo. La Procuraduría General de Justicia del DF te habla de los operativos que hizo en La Merced, por ejemplo, ¡qué casualidad que nadie ha hecho investigación! ¿de quién era ese lugar, dónde las encontraron, quién las llevó, de dónde venían, quién era su contacto, quién fue en el enganche? Todas las leyes y los tratados sobre trata te dicen que tienes que entender quién engancha, quién transporta, quién cuida, quién vende, o sea, mínimo para cada uno deberías tener cinco grupos que han sido aprehendidos, nunca se aprehende a los cuatro, se aprehende al último, ¿qué quiere decir eso? Que no estás haciendo nada. Porque no estás desmontando el armazón del proceso de trata, lo que estás haciendo es un acto espectacular para hacerle creer a la ciudadanía que estás trabajando sobre eso y para dar números que es la numerología del sistema mexicano: hemos capturado dos mil y tantos. No importa el número. A nadie se le queda grabado el número. O sea, es un discurso numerológico.

Me parece fantástico que hayan protegido a no sé cuántas víctimas, pero cuando haces la suma tú dices: ¡pero qué poquitas, si trabajan todo el año ¿cómo es posible que hayan podido rescatar a tantas víctimas de trata?! La eficiencia de esa unidad debe ser terrible o no está haciendo nada o está haciendo otras cosas, ¿pero por qué no me ha entregado a ninguno de los enganchadores, a ninguno de los cuidadores? Cada vez que ves un proceso, lo único que ves es el punto final, no hay investigación, no hay averiguaciones previas para toda la cadena sino solamente para el punto final y eso es lo que hace que no esté funcionando. Claro que hay que hacer un operativo, por supuesto, si hoy te llega una denuncia que yo supongo hay trata y digo que me comprueben que no lo hay, eso le toca a las autoridades comprobármelo a mí, no a mí probarte que hay trata, ¿me entiendes?

Algunos criminales consideran que no están cometiendo ningún delito...

Eso me parece absurdo, eso me parece que es el problema que tenemos en México, ¿qué te hace suponer que alguien que retiene en su contra a niños y niñas puede suponer que no está cometiendo un delito? Eso se me hace la cosa más absurda [...]

Me refiero a los usos y costumbres...

Ese un debate mucho más profundo. Mi punto de vista es que es un discurso realmente justificador y lo podemos discutir con las comunidades indígenas, el tema amerita mucho más debate. No es cierto, es una mentira. Cuando tú lo analizas en contextos comunitarios eso te dice el que lo está realizando, el agresor. Y toda la comunidad te dice que no es cierto, que todo el mundo sabe que está mal y que él sabe que está mal. Pero ante ti que te va a dar un discurso que por supuesto que no sabe, entonces sí hay que tener cuidado con la manera en que lo trabajamos. [...] Todo lo que conocemos en términos de entrevistas para todas estas diferentes comunidades lo que encuentras es que el discurso del agresor es "no sabía, no quería, me duele". Hay múltiples narrativas del agresor para justificar su agresión, de otra manera no lo podría hacer, ese es un proceso de análisis del aspecto cognitivo que permite que un ser humano cometa estos horrores. Ese es un tema en sí. Otro tema es pensar que uno de estos agresores venga y me diga "pues yo la verdad no sabía que esto estaba mal", creo que hay que ir a preguntar a su entorno, de dónde venía esta persona, preguntémosle a su familia, preguntémosle a su comunidad, entonces sabremos si efectivamente es un discurso comunitario o es un discurso que es típico aquí, en La India y en Timbuctú [...] la violencia está encubierta de estos discursos... los enganchadores a eso se dedican, a enamorar chicas, qué mejor respuesta que decir "me enamoré de ella" [...]. Por supuesto que hay que hacer un análisis con más cuidado. Pero, en general, yo encuentro que en la mayoría de los casos, los agresores tienen un discurso muy bien armado cognitivamente para justificar sus acciones de otra manera no lo harían. De otra manera se detendrían, se sentirían culpables, se deprimirían y harían otras cosas, no la violencia que están cometiendo contra las mujeres.

¿Qué tipo de políticas públicas se tendrían que crear para detener la trata?

Ahorita pienso que puede sonar muy simplista pero creo que tenemos suficientes normativas y que hay suficiente investigación. Nuestro requisito de la política pública es que sea informada y científica. [...] La mayoría de la política pública que nos están presentando hasta ahora son ocurrencias, por ejemplo, uno de los temas centrales: no veo cómo pueda funcionar ninguna ley si no se especializa. Primero si no se hace un diagnóstico del INM, de las Procuradurías de cada uno de los estados y de las personas que están a cargo de ese tema de los estados de tránsito [por donde circulan las víctimas de la trata], que se le haga evaluaciones psicológicas y específicas a todo ese personal, que se les dé todo un proceso de capacitación que no creo que lleve más de un año para saber tratar a una víctima, para que sepa de las leyes, para que sepa cómo armar una averiguación previa, para que separa cómo irla a defender ante el juez, etc., para que vaya construyendo una mirada ética y una concepción de intervención unificada del Estado.

Cualquier ministerio público de cualquier estado te dice "¡Ay, pero lo que usted dice suena muy bonito pero fíjese que aquí el que manda es el subprocurador y yo aquí escribo lo que me dice el subprocurador y lo que usted dice suena muy bonito pero que si viene el procurador y me dice que esto es así eso es lo que yo hago, punto!" .Eso es lo que hemos encontrado cuando hablamos con los operadores, entonces una política pública que no incluya ese proceso no va a poder funcionar, las cosas no funcionan por buena voluntad. Funcionan porque hay procesos específicos intencionados, monitoreados y supervisados, y no debe haber política pública que tarde más de dos años sin ser evaluada y ser adecuada. Para no entrar en detalles: política pública basada en evidencias, estrategia clara del problema que se va a atacar; un proceso claro de implementación con evaluaciones a corto, mediano y largo plazo; de otra manera no funciona. ¿Qué debe de incluir la política pública además del tema de especialización de los operadores? Por supuesto la atención a las víctimas y el trabajo con el trauma. Para que este trabajo sea efectivo tenemos que saber que debemos de tener recursos de protección para las víctimas, de protección absoluta: de cambio de identidad, de protección a sus familias [incluidos] en los protocolos internacionales, asas del tránsito absolutamente protegidas y todo el tratamiento del trauma. Lo que sabemos es que ninguna víctima de trata o de maltrato doméstico de larga duración o de sobrevivencia de abuso sexual va a poder deshacer los síndromes a los que ha estado expuesta en menos de un año, y normalmente los programas en menos de una semana ya los quieren mandar de regreso a su país [o lugares de residencia]. Me parece la cosa más absurda. Debemos apoyar con el tema del trauma y de la reconstrucción de vida [...] y a lo mejor que aprendan otros caminos de tránsito porque como el camino a través del cual fueron enganchados en la trata es el que conocen, volverán a transitar por el mismo camino y serán reenganchados.

Entonces esos tres elementos: una política pública basada en evidencias que garantice la capacitación de los operadores con, obviamente, vigilancia, supervisión, monitoreo y evaluación; que se garantice la protección de las víctimas y sus familiares, que se garantice estancias lo suficientemente prolongadas para el manejo del trauma que han sufrido y; que obviamente se empiecen a mostrar los resultados en términos de operadores castigados por haber infringido los protocolos éticos en el manejo de estos casos y que deben de ser boletineados. Porque hacen lo mismo que con los sacerdotes pederastas y los maestros pederastas, a los servidores públicos sólo los cambian de localidad. Eso debe de ser el protocolo.

¿Se debería penalizar a los consumidores de la trata sexual?

Por supuesto. Pero pregúntales a los pedófilos que están de políticos en nuestro país si van a poder hacerlo. No tengo que entrar en detalles de todo lo que ya se ha venido manifestando a través de las denuncias de Lydia Cacho, que está amenazada de muerte. Uno de los mejores ejemplos, desde mi punto de vista, de lo que ha sido el manejo de la prostitución en España fue precisamente que al que se castiga es al que va y busca el servicio, no a la mujer que ofrece el servicio, me parece muy acertado, ¿por qué? Porque de esta manera se rompe toda la corrupción que existe en la policía que vive de extorsionar a las mujeres que venden sus servicios y, por otro lado, se castiga directamente a quien va y promueve la creación de esos servicios, de la demanda. Eso sería como la ley ideal [...] Cualquiera te diría: pues ya están las leyes, ¿para qué quieres más?; de lo que se trata es que sean más efectivas, que efectivamente se les castigue.

Lo que no tenemos en México son los mensajes de prevención que vayan dirigidos a los agresores y a los de demanda [clientes prostituyentes], en términos de campaña se siguen mandando mensajes dirigidos a las víctimas que es el peor horror del mundo, es decir, no es que no debamos tener campañas para informarles de sus derechos, a dónde deben de ir; la campaña debe ser dirigida al agresor, al pedófilo, campañas que digan: si tú tienes relaciones sexuales con alguien menor de dieciocho años es violación y tienes tantos años de cárcel. No media ninguna explicación. Es un delito, punto.

El otro tema de más largo alcance es el de las masculinidades, obviamente yo estoy convencida que eso es lo que hay que hacer. No tengo ninguna duda. Aquí el tema es saber cómo interpelamos en términos discursivos a los hombres. Lo que creo es que estamos en una etapa muy complicada porque creo que no hay suficientes hombres dispuestos a interpelar a sus pares y esa es la gran apuesta con las nuevas generaciones. [...] El problema central que tenemos socialmente hablando es que no hay un movimiento masculinista que enfrente la violencia de los hombres. Ese es un tema central: que los hombres tengan la capacidad interpelar a otros hombres, a los hombres agresores, lo cual iniciará un proceso de construcción de nuevas identidades, que es un proceso a mediano y largo plazo, ahorita estamos en el de a poquito a ver qué tanto podemos hacer...

[1] Fragmento de entrevista. Otros temas abordados fueron violencia sexista contra las mujeres en el ámbito doméstico y la intervención en materia de prevención primaria de la violencia con jóvenes varones, estudiantes de secundaria.

9/13/2010

Comunicado de la sección 65, mineros de Cananea
Está preparando una represión mayor contra mineros de Cananea y Esqueda, en obediencia al arrogante Germán Larrea del Grupo México
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Como en el porfirismo, el actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, difamó el sábado 11 a los trabajadores mineros en huelga legal de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros. Los calificó de “grupo subversivo” y, traicionando su propia palabra, dijo que “ya no dialogará” con ellos. Esta declaración sitúa a Padrés Elías, de filiación panista, en el bando de los perseguidores de los trabajadores mineros y hace ver cuán falsos fueron sus ofrecimientos de diálogo, del 12 de agosto pasado, con los miembros de la Sección 65, en lo que resulta ser, evidentemente, un sometimiento servil hacia la política represiva que como cómplices conjuntamente ejecutan el Grupo México de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.

La acusación de Padrés Elías es un delito grave y el Sindicato Nacional de Mineros presentará las denuncias corresponsadientes a nivel federal para que sea sancionado con todo el rigor de la ley. No quedará impune.

Guillermo Padrés, oriundo de Cananea, se ha convertido por este hecho en imitador puntual de la despreciada figura del entonces gobernador Rafael Izábal, que bajo el porfirismo, hace más de un siglo, trajo a “rangers” de Estados Unidos a reprimir a los huelguistas de la Cananea de entonces. Pero además, traiciona su palabra de que, como oriundo de Cananea, buscaría la mejor forma de contribuir a la solución del conflicto en el histórico mineral. Con ello, también traiciona la amistad que dijo tener hacia los mineros de Cananea como sus compañeros de infancia y juventud.

Los dirigentes de la Sección 65 afirmaron que los verdaderos subversivos y criminales son las empresas que han agredido a mineros y están impunes, y él mismo, Padrés, y su secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, quienes con Lozano insisten en la simulación que hacen del fallo de la Suprema Corte de Justicia, la cual nunca autorizó la desocupación violenta de la mina de Cananea ni la represión de la huelga, sino que sólo aprobó una inspección del Ministerio Público por otros asuntos menores.

Todo indica que con esta declaración de Padrés, se está preparando una represión mayor contra los trabajadores de la Sección 65 y de la Sección 207 de Esqueda, también de Sonora. Él y su gobierno estatal han mantenido una calumniosa campaña en los medios locales, para presentar a los mineros de Cananea como autores de actos “subversivos”, exactamente con las mismas acusaciones que Grupo México ha difundido en la prensa y medios de Sonora, y con las vociferantes aseveraciones de Javier Lozano Alarcón, de la STPS, proferidas el jueves 9 contra sindicalistas mineros, tanto de Cananea como de la Sección 142 de El Cubo, Guanajuato.

Padrés alegó en esta declaración que la Procuraduría de Justicia de Sonora había aprehendido al supuesto autor del balazo que hirió a un esquirol de Grupo México en Cananea, pero de inmediato el líder de la Sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, señaló la falsedad de esa imputación ya que la fotografía enviada por la PGJE a los medios no se corresponde con el nombre que se ha difundido, lo cual hace ver que el gobierno de Padrés está utilizando una falsedad como “prueba” de su calumnioso aserto.

Por otro lado, el gobierno de Sonora aprehendió en Hermosillo, la capital de Sonora, al trabajador Martín Fernando Salazar Arvello, de la Sección 65, bajo la misma calumnia de “subversivo”, cuando este compañero está allá sólo para acompañar a su esposa en trance de un embarazo muy complicado, que está teniendo atención hospitalaria. El Sindicato Nacional de Mineros exige enérgicamente la inmediata liberación del compañero Salazar Arvello.

Otros actos de hostigamiento fueron los secuestros de más de 20 compañeros de Cananea y su remisión a Agua Prieta, con la pretensión ilegal de inculparlos de las acciones de violencia ejecutadas por las policías federal y estatal el martes 7 de septiembre en contra de los trabajadores de Cananea. Compañeros mineros informaron que ya fueron liberados los secuestrados.

Asimismo, otro acto de hostigamiento fue la detención momentánea el miércoles 8 de los compañeros Luis Sánchez Zúñiga, Secretario de Organización y Estadística del Comité Ejecutivo Nacional Minero, y de Jacinto Martínez, Secretario de Trabajo de la Sección 65. Ya fueron liberados, igual que los anteriores, al no habérseles podido fincar ni la menor responsabilidad en la respuesta a la represión de las policías federal y estatal.

El Sindicato Nacional de Mineros, al hacer esta denuncia, declara una vez más que está por la negociación y el diálogo para solucionar civilizadamente el conflicto en Cananea y en otros centros de trabajo. Pero declara que estas acciones represivas de parte de los gobiernos federal y estatal violentan las posibilidades de una negociación seria en este asunto.
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Sección 65, Cananea

8/03/2010

En ocasión del bicentenario llegarán con esposas y familias de Cananea

Caravana de mineros al DF si no soluciona gobierno el conflicto

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 2 ago 10 (CIMAC).- Los trabajadores del cobre de la Sección 65 del Sindicato Minero, junto con sus esposas y familias, se trasladarán de Cananea, Sonora, en caravana al Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 15 de septiembre, si hasta esa fecha, el gobierno federal no responde al conflicto laboral que inició hace tres años.

“Si no hay una solución, estamos dispuestas a trasladarnos en caravana con nuestros esposos mineros, al Zócalo capitalino, para reclamarle a Calderón una salida al conflicto”, durante la celebración del bicentenario de la Independencia del país, dijo a Cimacnoticias María Rosa Guayante, lideresa del movimiento de mujeres de la región.

Éste, fue uno de los acuerdos que se lograron el viernes pasado, durante el Catorceavo Foro Minero, al que acudió la dirigencia de cada sección sindical minera, representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así como dirigentes de organizaciones sindicales mineras de Estados Unidos y Canadá.

Durante el Foro, Guayante participó en representación de las más de 800 esposas e hijas de los mineros de la región. En su exposición, reiteró que las cananenses apoyan de modo incondicional al movimiento minero, que estalló en huelga el 30 de julio de 2007, en busca de medidas de seguridad e higiene y una revisión contractual.

Ahora como hace tres años, “demostramos que al momento de defender la dignidad y los intereses de nuestras familias, somos capaces de elevar nuestra voz, por eso hemos surgido como una organización mundial de mujeres, que estaremos en unidad, luchando activamente”, mencionó María Rosa, presidenta del Frente Nacional de Mujeres en Lucha por la Dignidad del Trabajador de México y el Mundo.

El acompañamiento es sustento de esta lucha, cuyo objetivo es evitar la muerte de los trabajadores del cobre, la resistencia evidente en las marchas y cierres de carreteras, comienza en sus hogares.

“Cada vez que no alcanza o falta algo en nuestras casas, es ahí cuando se profundiza el sentido de esta huelga, cobra fuerza nuestro compromiso de apoyarlos y decirles que no será en vano nuestra lucha, óigase bien, nuestra lucha”, señaló.

Como parte de esta lucha, además de la caravana al Distrito Federal, las cananenses estarán presentes en la toma de carreteras, que planean llevar a cabo en los días siguientes, ya que las acciones de protesta continuarán mientras las autoridades ignoren las demandas de los mineros y “sólo presten oídos a las peticiones de Germán Larrea”, propietario de Mexicana de Cananea, empresa de Grupo México, dedicada a la explotación de cobre.

Lo anterior porque esta ha sido la historia en la resolución de conflictos mineros en el país, “no sólo es Cananea, también está Pasta de Conchos, Sombrerete y Taxco”, indicó la presidenta del Frente Nacional de Mujeres en Lucha por la Dignidad del Trabajador de México y el Mundo.
RECUENTO CONFLICTO CANANENSE

El 30 de julio de 2007, la Sección 65 del Sindicato Minero, junto con las secciones 17 y 201, en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, respectivamente, decidieron emplazar a huelga a Grupo México para garantizar su sobrevivencia en el centro de trabajo de más de mil mineros.

El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró “inexistente” la huelga de Cananea. Nueve días después, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo señala que la huelga es legal.

Los trabajadores de la 65 continúan en busca de una negociación, sin hallar disposición por parte de las autoridades y de la empresa, que incluso “deja plantadas a las autoridades”.

El 7 de noviembre de 2007, a pesar de que la huelga ha sido declarada legal, Larrea lanza un ultimátum a los mineros: “quien no entre a trabajar, será liquidado”.

El 11 de enero de 2008, mil 500 policías entran a Cananea para desalojar con violencia a los mineros en resistencia, los elementos de la policía estatal y federal entraron, porque sin que el gobierno federal les avisara a los trabajadores, había declarado inexistente la huelga por segunda ocasión.

Para abril de ese año, después de que la Junta recibió la orden de echar atrás la “inexistencia” de la huelga, la empresa deja de laborar y nuevamente se levantan las banderas rojinegras.

En ese mes, tras nueve meses de huelga, por primera vez la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó una revisión de las condiciones de seguridad de la mina cananense y encontró 220 observaciones, a pesar de ello la empresa nunca ha reconocido las violaciones a la normatividad.

Por el contrario, continuaban “los golpes del empresario”, ya que el 10 de mayo de 2008, cerró el Hospital Ronquillo, donde recibían atención diez mil derechohabientes de la región.

Seis meses después, la STPS congela las cuentas del Sindicato Minero, de donde provenía el sustento económico para las familias en huelga, quienes para ese entonces habían realizado una caravana de Cananea a la Ciudad de México, por la solución a las tres huelgas.

En marzo de 2009, Minera de Cananea “alega vandalismo y destrucción de la mina para romper con los cientos de trabajadores las relaciones laborales individuales y colectivas. Un mes más tarde, la JFCA avala la posición de la empresa.

Esta resolución fue presentada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el máximo tribunal se negó a analizarla.

En febrero de 2010, el Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral, finaliza la relación de trabajo. A decir del Sindicato Minero, respaldado por especialistas en justicia laboral, la decisión es ilegal porque la JFCA no aceptó las pruebas de la organización sindical y además “no se pueden dar por terminadas las relaciones laborales cuando está de por medio una huelga”.

El último “embate” de las autoridades fue el 6 de junio pasado, cuando “llegaron cerca de 5 mil policías estatales y federales en la noche y por detrás de la mina, atacando, golpeando e incendiando edificios”, denunció durante el foro la lideresa de las cananenses.

Hoy, la mina está en labores de limpieza, realizadas por personal subcontratado, custodiado por alrededor de 4 mil policías federales y de Sonora.

Por lo anterior, las mujeres unidas en el Frente Nacional de Mujeres en Lucha por la Dignidad del Trabajador de México y el Mundo, advierten que “aun con nuestras vidas lucharemos hasta conseguir justicia”.

7/05/2010

Solidaridad de Luchas

Con la libertad de los 12 presos políticos del FPDT inicia un nuevo capítulo, señalan

Los pobladores de Atenco reafirman el eje central de su lucha: la defensa de la tierra

Llaman a sumarse activamente a los movimientos de resistencia de electricistas y mineros

Foto
Líderes y habitantes de Atenco, durante el festejo por la libertad de detenidos
Foto Jesús Villaseca

Javier Salinas y Blanche Petrich
Corresponsal y enviada
Periódico La Jornada
Lunes 5 de julio de 2010, p. 17

San Salvador Atenco, Méx, 4 de julio. Con un maratónico festival, el pueblo de Atenco y los centenares de activistas de las organizaciones que apoyaron el movimiento por la liberación de los presos políticos, celebraron este domingo el fin de un capítulo y el principio de otro que tendrá como eje la defensa de la tierra, pero también la unidad con otros procesos de resistencia.

“Porque esto –exclamó el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y ex preso político Ignacio del Valle– ¡está pelón!” Y se quitó el sombrero para demostrar que no sólo se refería a la delicada situación nacional, sino a la pérdida de cabello que le provocaron los rigores de los cuatro años que pasó en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya, estado de México.

La plana mayor del (FPDT) volvió a estar junta en el auditorio ejidal Emiliano Zapata, como en los viejos tiempos; como hace nueve años, cuando se resistía contra el decreto de expropiación de las tierras. Los líderes históricos Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Adán Espinosa, el asesor Héctor Galindo. Estaban también la llamada vieja guardia, veteranos como don Odilón, Cándido, Manuel y Francisco Alarcón, el último anciano que aún conserva el legado de la lengua náhuatl. Don Pancho, que también tiene el cargo tradicional zacapoaxtla de naco mayor, fue presentado como responsable de la sordera de los asistentes a este tipo de asambleas, ya que es operador de los cañones de pólvora que se detonan en son de júbilo o llamado de alerta.

Y también en el templete y en el micrófono estuvo el relevo, las mujeres que mantuvieron viva la cohesión de la organización durante el periodo de prisión: Trinidad Ramírez, Martha Pérez Pineda, Catalina González, Rosa Nelly Urrutia y tantas otras.

Presentes como estuvieron estos años recientes, los miembros del Comité de Libertad y Justicia para Atenco, en voz del actor Demián Bichir, anunciaron que ahora que se logró la razón de ser del grupo, éste no se disolverá sino que continuarán exigiendo a las autoridades y movilizando a la opinión pública con dos objetivos: lograr el retiro de cargos para que América del Valle, por el momento con una petición de asilo en la embajada de Venezuela, pueda moverse en libertad y volver al pueblo sin riesgo de ser arrestada. Y lograr que los funcionarios –hasta el más alto nivel– y policías que ordenaron y participaron en las violaciones, la tortura, el asesinato de dos jóvenes y el arresto ilegal de más de 200 personas el 3 y 4 de mayo de 2006 sean sometidos a juicio penal.

Recurrirán a tribunal internacional

“Si no se consigue al amparo del sistema de procuración de justicia de México –señaló el abogado Juan de Dios Hernández Monge– vamos a recurrir a la Corte Penal Internacional. Son crímenes de lesa humanidad que no deben quedar impunes.”

La lectura del pronunciamiento central del acto corrió a cargo de Trinidad Ramírez, interrumpida constantemente por gritos del auditorio: “América –del Valle–, te queremos en la calle”. En su comunicado, el FPDT expresó que sin querer ser triunfalistas, con el logro de la libertad de los últimos 12 presos de Atenco mandamos un mensaje: si nosotros lo hicimos por segunda vez, por qué no lo podemos hacer todos juntos.

Añadió que uno de los ejes del nuevo capítulo que ahora se inicia será participar con otros movimientos en México y en el mundo, grandes o pequeños, en la defensa de la tierra contra cualquier proyecto de despojo y en otras causas populares.

El otro eje, en el ámbito de los pueblos semirrurales de la cuenca de Texcoco, sometidos a intensas presiones del mercado para conseguir que los propietarios ancestrales de los terrenos los vendan a Comisión Nacional del Agua o a particulares, se involucren en proyectos alternativos continuando el proceso de autorganización en la región.

Los pobladores de Atenco, incluidos los recién liberados recibieron mensajes de aliento del ex obispo de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz, de la senadora Rosario Ibarra de Piedra y del campamento de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, en huelga de hambre. Del Valle pidió a las organizaciones presentes que asuman una actitud de cercanía activa con las luchas de los trabajadores electricistas y mineros.

Estuvieron presentes organizaciones de Oaxaca –en particular los triquis de San Juan Copala–, Puebla y Guerrero.

Destacó la participación de los padres de los cuatro mexicanos asesinados en Sucumbíos, Ecuador, en un bombardeo del ejército de Colombia; Servicios y Asesoría para la Paz; Mujeres sin Miedo, Jóvenes en Resistencia Monseñor Romero, y Comité Cerezo, entre otros.

6/19/2010

La huelga de Cananea y las dudas de Susan

Arturo Alcalde Justiniani

¿Por qué en México un día desaparece una fuente de trabajo, un sindicato y un contrato colectivo, y al siguiente aparecen los tres, sin que los trabajadores metan las manos?

¿Cómo puede ser que un sindicato blanco pretenda representar a trabajadores huelguistas sin que éstos hayan sido consultados?

¿Cómo se declara legalmente el cierre de una fuente de trabajo alegando fuerza mayor, y al día siguiente se anuncia la apertura con una inversión millonaria del patrón y del propio gobierno?

Estas interrogantes las planteaba Susan, abogada estadunidense, a propósito del conflicto en Cananea y la violenta toma de la mina por parte de la Policía Federal la medianoche del pasado 6 de junio.

Para responderle fue necesario explicar que nuestras prácticas laborales son muy distintas a las de otros países. Que cargamos con una vieja historia corporativa, que incluye la cesión del movimiento sindical de una buena parte de su autonomía.

Añadimos que en la actualidad no existen órganos de justicia laboral imparciales, ya que las juntas de Conciliación y Arbitraje simplemente acatan las instrucciones del Poder Ejecutivo, y que además opera una creciente complicidad entre las empresas y el gobierno.

El conflicto de Cananea, en particular, se inscribe en una estrategia de destrucción del sindicato minero-metalúrgico promovida por el Grupo Minera México y el gobierno federal.

A la primera pregunta de Susan se le respondió que durante los tres años que ha durado la huelga de los mineros de Cananea se dictaron cinco laudos y en tres ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente. Sus intentos fueron siempre fallidos, porque las resoluciones de la justicia federal, de jerarquía superior, acorde a nuestro sistema jurídico, revocaron las decisiones de la junta y la obligaron a declarar la legalidad de la huelga.

Se notaba la confusión de Susan cuando escuchó que a la fecha la huelga no había sido declarada ilegal. Fue necesario aclararle que al haber fracasado en sus intentos, la empresa y las autoridades diseñaron un temerario plan: por la puerta de atrás, acabar con la huelga, con el argumento de que debido a causas de fuerza mayor la mina no podría seguir operando.

La misma explicación se usó para extinguir Luz y Fuerza del Centro, también para justificar la desaparición de fuentes de trabajo por hechos de la naturaleza, como ocurrió después de los sismos de 1985.

Susan cuestionó el cierre de la mina. No fue una tarea fácil para el gobierno sustentarlo, sobre todo porque se trata de una concesión estatal y la empresa había obtenido ganancias millonarias. La evidente intención era continuar operando, pero dado el fracaso de declarar inexistente la huelga, la empresa y el gobierno federal decidieron asumir el costo de la mentira, confiando en que la población no entendiera y que pronto la olvidara; Germán Larrea, socio de Televisa, coadyuvaría en este propósito. Se ordenó entonces a la Secretaría de Economía que elaborara un dictamen que justificara el cierre de la mina; y se dieron instrucciones para que en una operación relámpago (en tan sólo 18 horas) la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desahogara la pantomima de un juicio que normalmente dura varios años. Al final del día 14 de abril de 2009, se sacó del cajón un laudo previamente elaborado que ordenó el cierre de la mina y, como consecuencia accesoria, intentar la extinción de la huelga, el contrato colectivo, la titularidad del sindicato minero, y en cuanto a las relaciones individuales de trabajo, ordenar su desaparición; además se autoriza a la empresa a pagar una indemnización mínima. De una maniobra de esta dimensión no hay precedente, y por esta razón ha generado tanta controversia, le respondimos a Susan.

¿Y la Suprema Corte de Justicia apoyó esta maniobra? No, no directamente, aun cuando las autoridades afirman lo contrario para confundir a la opinión pública; esta instancia nunca analizó el fondo del caso. El encargado fue un tribunal colegiado, el que por mayoría de votos (dos contra uno) avaló el supuesto cierre por causas de fuerza mayor. El papel del máximo tribunal fue lamentable al negarse a revisar el caso por un tecnicismo legal, consistente en que, a su juicio, el tema no afectaba de manera directa artículos de la Constitución, y tampoco se trataba de un conflicto de particular importancia. Así, se lavó las manos.

Para responderle a Susan sobre el sindicato blanco que pretende imponerse a los mineros, le mostramos el reportaje de Arturo Cano publicado por La Jornada el pasado 11 de junio, donde describe su negra historia. Pertenece a una federación creada y controlada por el grupo empresarial de Monterrey; hasta hace poco tenía tan solo 100 afiliados y ha sido utilizado por el Grupo Minera México para contar con una organización que responda a sus intereses en su largo combate contra el sindicato minero. El contrato colectivo firmado con este sindicato precariza las condiciones de trabajo y los salarios, para que la empresa optimice sus ganancias.

¿Y la CTM?, preguntó Susan. Esos ni pío dijeron, se hicieron cómplices del golpe y ni siquiera fueron considerados, como en otros tiempos, para firmar el nuevo contrato colectivo de trabajo.

¿Y los trabajadores? Para la empresa y el gobierno, no existen. La práctica patronal de imponer un sindicato y firmar un contrato colectivo a espaldas de los trabajadores, lo cual obviamente es ilegal, es frecuente en nuestro país.

La verdad, me resulta muy difícil entender todo esto, terminó diciendo Susan; lo que me queda claro es que se trata de una gran injusticia, y que se debe brindar toda la solidaridad posible a los mineros. Por lo visto, la empresa y el gobierno pretenden conmemorar el centenario de la Revolución en la histórica Cananea con un sindicato blanco. No creo que los mineros se dejen.

6/16/2010

PROTESTAN SINDICATOS SUDAFRICANOS CONTRA POLITICA ANTILABORAL DEL GOBIERNO MEXICANO

Caso Cananea llega a Mundial de Sudáfrica



Los mayores sindicatos de Sudáfrica llamaron a sus trabajadores a protestar en los partidos de México en el Mundial de futbol, a fin de llamar la atención sobre lo que denominaron el "régimen fascista" de ese país y el trato dado a un líder gremialista mexicano.

México, que abrió su campaña en la Copa del Mundo con un empate 1-1 contra el anfitrión Sudáfrica, se medirá con Francia en Polokwane el 17 de junio y ante Uruguay en Rustenburg el 22 de junio por el Grupo A. Ambas ciudades están en el cinturón minero del norte de Sudáfrica y miembros de la NUM y de otros sindicatos cercanos instaron a protestar en los partidos, sobre todo con pancartas, dijo Komane. "El objetivo principal es enviar un mensaje, no interrumpir (los partidos)", dijo Oupa Komane, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa.

El Mundial, el primero que se disputa en territorio africano, ha estado en su mayoría libre de protestas políticas, mientras algunos grupos de trabajadores locales han amenazado con interrumpir el espectáculo deportivo para presionar por salarios más altos.
Una declaración conjunta del NUM y otros sindicatos, que reúnen unos dos millones de miembros, también convocó a una marcha hacia la embajada de México en Pretoria el 28 de junio, en apoyo al líder sindical de la minería mexicana Napoleón Gómez.

Gómez Urrutia está acusado por el Gobierno mexicano de retirar millones de dólares en cuentas bancarias privadas.
El sindicalista huyó a Canadá en el 2006 después de ser derrocado como líder de los mineros, pero sus partidarios dicen que el Gobierno orquestó su caída para instalar un sustituto de mayor cooperación. Desde entonces ha sido reelecto, pero el Gobierno de México se niega a reconocer su posición. La declaración del NUM calificó de falsos los cargos de corrupción y dijo que era vital para todos los trabajadores unirse contra "el ataque continuo y el terror desatado por el régimen mexicano fascista y contrarrevolucionario".

Los sindicatos de Sudáfrica fueron una importante fuerza impulsora en la lucha contra el apartheid y a pesar de que el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca terminó en 1994, siguen siendo una fuerza social muy potente. Los sindicatos exigen un alza del 18% de sus sueldos y amenazaron con una huelga esta semana de hasta 16,000 trabajadores por las utilidades de la compañía energética Eskom, una medida que podría afectar el suministro de energía durante la Copa del Mundo.

La semana pasada, cientos de policías federales mexicanos apoyados por helicópteros terminaron una huelga de tres años en la mina de cobre más grande del país, enfureciendo a los sindicatos mineros.