NACIONAL
Advierten activistas incremento de persecución en su contra
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
Ante
la creciente represión del Estado mexicano a la protesta ciudadana,
dirigida con mayor encono contra quienes defienden el derecho a la
tierra y los recursos naturales, organizaciones campesinas, sociales y
de defensa de los Derechos Humanos (DH) lanzaron hoy la “Campaña
Nacional e Internacional por la Libertad y la Justicia”.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social
(Cencos), activistas y grupos civiles denunciaron las faltas al debido
proceso, la persecución y encarcelamiento del cual han sido víctimas
dirigentes sociales y que se traducen en severas violaciones al derecho
a la protesta, al grado que cobraron la vida de luchadoras sociales
como Bety Cariño y Rocío Mesino, crímenes que siguen impunes.
De acuerdo con la campaña, “la criminalización y judicialización del
movimiento social sigue aumentando en una especie de guerra de baja
intensidad del Estado mexicano contra el pueblo que se viene
organizando”, para defender sus derechos, su territorio y recursos
naturales.
Mediante la campaña –que consistirá en diversas manifestaciones
sociales, foros y encuentros en varias entidades del país– se exigirá
la libertad de activistas que han sido acusados de delitos graves en un
“claro intento por reprender su liderazgo”, entre quienes se encuentra
la indígena María Luisa Ruiz Ruíz, Sara Altamirano Ramos y la
representante comunal morelense Enedina Rosas Flores.
También se exigirá a las autoridades correspondientes justicia por los
asesinatos de la defensora de DH Bety Cariño (ocurrido en 2010), y la
dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS),
Rocío Mesino, perpetrado en octubre de 2013.
Provenientes de diversos estados del país, las y los activistas que
pusieron en marcha la campaña coincidieron en que cuando el abandono de
las autoridades a los pueblos deriva en hartazgo social, son las
mujeres y hombres quienes exigen sus derechos, situación que vulnera
aún más su situación, pues se enfrentan al riesgo latente de ser
reprimidos.
Tal es el caso de las mujeres de Aquila, Michoacán, que desde el año
pasado exigen la liberación de sus compañeros que decidieron conformar
la guardia comunitaria de la comunidad.
En entrevista, Octavio Villanueva Magaña, presidente del Comisariado de
Bienes Comunales de Aquila, relató que en el municipio aún se vive un
ambiente de inseguridad total, y que los procesos iniciados contra los
40 integrantes de la guardia comunitaria que fueron detenidos y
encarcelados en junio pasado siguen abiertos, sin que las autoridades
judiciales investiguen los delitos por los que la comunidad decidió
armarse.
Recordó que “la gota que derramó el vaso, fue que los malandras (como
llaman a los integrantes del crimen organizado) violaban a las mujeres
y niñas”, y que previamente los habitantes habían acudido a denunciar
diversos delitos, pero nadie los escuchó.
Por su parte, Leonel Rivero Rodríguez, abogado que litiga el caso de
los integrantes de la guardia, sostuvo que sí se presentaron denuncias
por los casos de violencia sexual, pero que hasta la fecha se ignora si
se llevan a cabo las investigaciones correspondientes o si hay un
seguimiento a los delitos.
Al mismo tiempo denunció que en el proceso de diálogo entre el gobierno
federal y las autodefensas de Michoacán la situación de Aquila no ha
sido tomada en cuenta, pues en la comunidad lo que también se busca es
defender los recursos naturales y no sólo luchar contra el crimen
organizado.
En ese mismo tenor está la comunidad de Amilcingo, Morelos, que pelea
contra la construcción del “Mega Proyecto Integral” en el estado,
mediante el cual se pretende construir un gasoducto que no sólo
destruiría campos agrícolas sino que pondría en riesgo a la población
ante posibles explosiones de gas.
Miriam Vargas, integrante de la comunidad, relató que la oposición del
pueblo al proyecto derivó en aprehensiones arbitrarias de luchadoras
sociales como la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayuca, Enedina
Rosas, a quien se le acusa, entre otros delitos, del robo de dos
celulares.
“Con esas acusaciones se busca mantenerla en la cárcel y que ya no continúe organizando al pueblo”, dijo Vargas.
Como parte de la campaña, Omar Esparza, pareja de Bety Cariño, inició
el pasado domingo una huelga de hambre en demanda de que la PGR
aprehenda a los presuntos asesinos de la activista.
Asimismo, el próximo 13 de mayo se realizará en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, el foro “Criminalización de la lucha social” y
posteriormente una marcha.