Pandemia: un índice y una encuesta

Jorge Eduardo Navarrete

Con el último tercio del año de la pandemia –que da muestras de iniciar, en este final de verano, una segunda oleada– apareció la versión 2020 del Índice de Progreso Social. El IPS es la más minuciosa y compleja de las mediciones de las condiciones sociales y ambientales que, más allá de los factores económicos, prevalecen en 163 países. Se le concibe como un complemento de los indicadores tradicionales de éxito nacional, centrados en general en la evolución del producto interno bruto. El IPS reúne 50 indicadores, organizados en 12 capítulos y tres dominios: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y acceso a oportunidades. En 2020 el IPS permite, por primera vez, efectuar análisis temporales, a lo largo del último decenio. Añade una encuesta acerca del primer efecto de la pandemia sobre las prioridades de la gente y sus apreciaciones respecto de su profundidad y permanencia. Los indicadores del IPS y los capítulos en que se agrupan guardan estrecha relación con las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. El índice y la encuesta son construidos por Ipsos, conocida firma global de estudios de opinión, y por una ONG con sede en Estados Unidos, Social Progress Initiative, en cuyos portales (www.ipsos.org y www.socialprogress.org) se localizan ambos documentos.

En más de un sentido, el IPS puede considerarse como una versión compleja y ampliada del Índice de Desarrollo Humano, construido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Treinta años después de su primera elaboración, inspirada en el trabajo pionero de Mahbub ul-Haq, muy distinguido economista paquistaní ya fallecido, el IDH parece haber sido suprimido de los temas prioritarios del programa y la última edición de su informe anual, correspondiente a 2019, parece ya no estar disponible en la página web del PNUD.

El IPS 2020 muestra que el progreso social mundial ha sido hasta ahora claramente insuficiente para prever que las metas de desarrollo sustentable se alcancen, como está previsto, en 2030 “…si las actuales tendencias continúan, el mundo no alcanzará esas metas sino en 2082”.

Otro aspecto destacado que revela el IPS 2020 es el hecho de que, con relación al puntaje de 2014, todos los países examinados, excepto tres, registraron algún avance en esta medición compleja del progreso social. Estados Unidos, Brasil y Hungría son los únicos que muestran descensos y las declinaciones de los dos últimos son muy inferiores a la del primero. A EU corresponde en 2020 la posición 28, con puntaje de 85.71 y descenso desde la 19 en 2011. Como era de esperarse, los cinco IPS más elevados corresponden a Noruega (92.73), Dinamarca (92.11), Finlandia (91.89), Nueva Zelanda (91.64) y Suecia (91.62). Y los tres más deficientes a Sudán del Sur (31.16), Chad (31.29) y República Centroafricana (31.62).

La riqueza del índice se revela al examinar a fondo un caso nacional. A México le corresponde en 2020 un IPS de 73.52, que lo coloca en el rango global 62. Para cada uno de los tres dominios, México obtiene en necesidades humanas básicas, 82.54 puntos y el rango 84; para fundamentos del bienestar, 74.67 puntos y rango 70, y puntaje de 63.36 y rango 57 para el acceso a oportunidades. Los indicadores por capítulo que en el caso de México revelan un comportamiento más desfavorable son los relativos a seguridad personal, con posiciones entre los peor evaluados: rango 123 en tortura y asesinatos politicos y 133 en homicidios. En cambio, la nación ocupa buenos rangos, entre los primeros 50, en acceso a servicios eléctricos, aceptación de preferencias de orientación sexual, calidad de la educación universitaria y reducción de muertes prematuras por enfermedades transmisibles.

La encuesta complementaria planteó dos asuntos: 1) con la experiencia de la pandemia, su país debería priorizar a) la salud y el bienestar o el desarrollo económico; 2) cuando haya quedado atrás, cuál debería ser la prioridad, el progreso social o el desarrollo económico. Los resultados indican que 1) en general, 72 por ciento respondió que la prioridad debería corresponder a salud y bienestar, y 25 por ciento priorizó al desarrollo económico. Después de la pandemia, para 53 por ciento debe mantenerse la prioridad para el progreso social y el resto considera que debe trasladarse al desarrollo económico. Este acento en lo económico tras la pandemia fue mayoritario en Australia (60 por ciento), Sudáfrica (58), México (57), Italia (54), EU (52) y Reino Unido (51 por ciento). El grupo de edad que en mayor medida consideró que, después de la pandemia, el progreso social debe considerarse prioritario fue el menor de 24 años(66 por ciento), seguido por el de 25 a 34 (58 por ciento) y el de 35 a 49 (54 por ciento). Sólo el segmento de más de 50 años consideró que la prioridad debería corresponder al desarrollo económico (60 por ciento). Cabría preguntarse si la distinción entre prioridad social y económica puede darse de manera tan excluyente como se plantea en la encuesta.

Pandemia y bancos centrales

Jorge Eduardo Navarrete

La Junta de la Reserva Federal –el banco central de Estados Unidos– divulgó a finales de agosto una actualización, adoptada por unanimidad, de quizás el más importante (y, al tiempo, el menos conocido) de sus documentos rectores, la Declaración sobre los objetivos de más largo plazo y la estrategia de política monetaria (en lo sucesivo: la “Declaración…”) El anuncio ocurrió en vísperas del tradicional encuentro de Jackson Hole, organizado todos los años por el Banco de la Reserva Federal de Kansas, que se ha convertido en el foro informal más influyente de las autoridades monetarias de las economías de mercado avanzadas, que en esta ocasión, debido a la pandemia del Covid-19, se desarrolló a través de medios electrónicos. La importancia y oportunidad de esta actualización ha sido reconocida ampliamente y se ha subrayado la trascendencia que supone para la orientación de conjunto de la acción de los bancos centrales y del alcance de la política monetaria, como parte del esfuerzo global, aún en trance de definirse e integrarse, de una respuesta multilateral efectiva a la mayor y más extendida recesión económica mundial en un siglo.

La “Declaración…”, adoptada inicialmente en 2012, fue actualizada, en palabras de Jerome Powell, presidente de la Junta, para reflejar mejor los beneficios de un mercado de trabajo fuerte, en especial para las comunidades de ingreso bajo o medio, y el hecho de que es posible sostener un mercado laboral robusto sin dar lugar a incrementos indeseables de los niveles de inflación. En otras palabras, los objetivos paralelos de estabilidad de precios y empleo pleno, a menudo tratados como excluyentes, son vistos como complementarios. El fomento del máximo nivel de empleo se menciona como el primero de los mandatos principales de la Reserva Federal, seguido por la estabilidad de precios.

La “Declaración…” actualizada señala que la Reserva Federal considera que las expectativas inflacionarias a más largo plazo ya se encuentran firmemente ancladas al nivel de 2 por ciento, lo cual fortalece la estabilidad de precios, modera las tasas de interés a largo plazo y amplía las oportunidades de fomentar el máximo empleo, frente a perturbaciones económicas significativas (como las derivadas de la pandemia y de las medidas adoptadas para controlarla –podía haberse agregado–.) Para consolidar el anclaje señalado de las expectativas inflacionarias, la Reserva Federal procura una inflación promedio de 2 por ciento a lo largo del tiempo, (de modo que) tras un periodo en que la inflación se ha mantenido de manera persistente por debajo de ese 2 por ciento, una política monetaria apropiada buscaría alcanzar una inflación moderadamente superior al tan llevado y traído 2 por ciento por algún tiempo. (Las citas de la “Declaración…” proceden de la página web de la Reserva Federal: www.federalreserve.gov).

Al apreciar la trascendencia del cambio, en una nota para el Financial Times del 27 de agosto, Martin Sandbu explica que la primacía que hasta ahora se ha atribuido al objetivo de estabilidad de precios, ha significado que la política monetaria giraba hacia la restricción mucho antes de que se materializara una presión inflacionaria. No era suficiente evitar la inflación, se procuró siempre evitar el peligro o el riesgo de inflación, con sacrificio del empleo y del crecimiento económico.

Subraya también que la nueva posición de la Reserva Federal estadunidense encierra lecciones para otros bancos centrales del mundo, tanto los que tienen a la estabilidad de precios como objetivo único o esencial –por ejemplo, El objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable se proclama al inicio de su página web– como para los que apuntan a un objetivo dual o múltiple –como la propia Reserva Federal, que tiene como propósito primoridial procurar empleo máximo, precios estables y tasas de interés de largo plazo moderadas–. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales integran el Eurosistema, que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios y salvaguardar el valor del euro.

En numerosas instancias, explica Sandbu, el BCE ha interpretado su mandato múltiple con excesiva estrechez. Un ejemplo egregio se halla en la primacía que otorgó al objetivo de consolidación fiscal en detrimento de otros objetivos consagrados en los tratados de la Unión, como la protección social, la cohesión y el pleno empleo.

La “Declaración…” no incluye referencia explícita alguna a las enormes dificultades por las que actualmente atraviesa la economía mundial. Quizá se deseó evitar cualquier impresión de inmediatez o de reacción acabada ante un conjunto de calamidades cuya dimensión, alcance y consecuencias aún no se conocen.

Pandemia y recesión mundial

Jorge Eduardo Navarrete

En estos meses aciagos se ha tornado imperioso rastrear, día a día de ser posible, dos fenómenos globales: la actividad económica y la pandemia. Las influencias entrambas se revelan cada vez más extendidas e intrincadas. Una formidable visión de conjunto de sus manifestaciones en la primera parte del año, en México y en el mundo, quedó recogida en los 40 breves ensayos que David Ibarra reunió en el número 51 (septiembre-diciembre de 2020) de ECONOMÍAunam, que ha empezado a circular, en línea (www.revistaeconomia.unam.mx) e impresa. Contribuí con un texto, Pandemia: impactos inmediatos, secuelas por venir (pp 204-213), que puede leerse como una primera entrega que éste lleva adelante, aunque de ninguna manera complementa o concluye. Por alentadoras que en conjunto sean las noticias de semanas recientes sobre los avances en el diseño, prueba e incluso fabricación de diversas vacunas, pienso que apenas se atraviesa, penosamente por cierto, por las primeras fases de uno y otro fenómenos: pandemia y recesión.

La información de amplia disponibilidad sobre la primera se halla, actualizada cada día, en el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La segunda es más elusiva y mucho menos oportuna, lo que fuerza a acudir a muy diversas fuentes y empaña la validez de algunas comparaciones. Hacia el final de la primavera boreal prevaleció la noción de que se había logrado controlar la expansión de la pandemia, a un costo muy alto en términos de producción y empleo, por lo que resultaba imperioso reanudar la actividad, aliviar el confinamiento y otras restricciones para recuperar la normalidad –una nueva normalidad–. En menos de tres meses, se ha tornado evidente cuán ilusoria era esa visión.

Tras llegar a cerca de 90 mil diarios a principios de abril pasado, los nuevos casos de Covid-19 reportados se mantuvieron por debajo de 100 mil hasta los tres últimos días de mayo. La cota de los 200 mil se rebasó a principios de julio y en ocho de los primeros 16 días de agosto el registró superó los 270 mil. En forma similar, hacia mediados de abril el número diario de decesos alcanzó máximos por encima de 8 mil para, en el curso de mayo y la primera mitad de junio, mantenerse alrededor de la cota de 5 mil. El repunte lo ha retornado, entre finales de julio y mediados de agosto, a cifras muy próximas a aquellos máximos. Entre otros, estos indicadores hablan de una pandemia aún en expansión que invade otros países y territorios y afecta a otros estratos demográficos. Han menudeado las informaciones de retornos, delimitados sectorial o territorialmente, a las medidas de suspensión de actividad, confinamiento y restricción de viajes internacionales.

La OMS informa sobre la evolución de la pandemia en más de 200 naciones y territorios; la más oportuna de las informaciones sobre la marcha económica, comercial, financiera y laboral se encuentra en la sección estadística de The Economist, para las 43 economías mayores. En su edición del 15 de agosto, informa sobre la actividad económica en el segundo trimestre, medida a tasa anual, de 15 de ellas. En todas –excepto China (+3.2 por ciento)– hubo contracción, con caídas entre un mínimo de 0.7 por ciento en Taiwán y máximos de 15 a 23 por ciento en seis países: España (22.1), Reino Unido (21.7), Francia (19), México (18.9), Italia (17.3) y Filipinas (16.5). Para 23 economías la información sólo llega al primer trimestre, lapso en que 12 de ellas se contrajeron: entre 0.1 por ciento (Sudáfrica) y 5.4 por ciento (Argentina), mientras que las restantes 11 aún crecieron, con tasa anual máxima de 5 por ciento en Turquía. Al generalizarse la contracción, ha desaparecido la expectativa de una vuelta rápida al crecimiento.

La tasa de desocupación en alguno de los dos o tres meses o en el trimestre más reciente, alcanzó los dos dígitos en 11 de las 43 naciones, con máximo de 30 por ciento en Sudáfrica, y se situó entre 5 y 10 por ciento en 18 más. La Organización Internacional del Trabajo estima que en el segundo trimestre, el número de horas en que dejó de trabajarse para contener la pandemia equivalió a la pérdida de 305 millones de puestos de empleo. Los trabajadores informales fueron los más afectados y, por género y edad, las mujeres y los jóvenes han resentido los mayores impactos.

Han proliferado los vislumbres de muy diversos aspectos de un futuro –o de diversos futuros– pospandemia, que nadie sabe cuándo empezará a correr. He tenido oportunidad de asomarme a los recopilados por El País y, más recientemente, por Finance & Development, la revista del Fondo Monetario Internacional. Concluyo con una breve formulación de Arundhati Roy, citada por una de las autoras: a lo largo de la historia, las pandemias han forzado a los humanos a romper con el pasado y a imaginar de nuevo el mundo. Esta no es diferente. Es un portal, un pasaje entre un mundo y el siguiente.

Pandemia: seminario y proclama

Jorge Eduardo Navarrete

En las postrimerías de julio, con repercusión pública mayor a la usual para este tipo de actos, se realizó un seminario virtual titulado Economía y sociedad a partir de la pandemia. Fue iniciativa de dos legisladores, los ahora decanos de una y otra cámaras del Congreso de la Unión. No es necesario explicitar que ellos son la senadora Ifigenia Martínez Hernández y el diputado Porfirio Muñoz-Ledo. Atendieron la invitación de ambos tres docenas de funcionarios internacionales y mexicanos, antiguos secretarios de Estado y diplomáticos nacionales, profesores e investigadores de universidades y centros académicos de México y el exterior y empresarios. Presentaron y comentaron, a lo largo de dos medias jornadas, 13 ponencias referidas a diversos ángulos de las consecuencias, inmediatas y diferidas del Covid-19 y, en especial, sus secuelas sobre la economía y la sociedad mexicanas.

Dedico la primera parte de este artículo a dar cuenta del comentario que formulé al tema de política hacendaria y formulación presupuestal en México. Parecía obligado recordar al inicio que la cuestión del federalismo ha sido uno de los temas recurrentes del debate político en el México independiente, incluso en los 11 años de mediados del siglo XIX (1835-1846) en que se constituyó como república central. Lo sigue siendo ahora.

El debate contemporáneo sobre federalismo en México se refiere, sobre todo, a asuntos económicos y, en particular, fiscales y presupuestarios. El último domingo de julio apareció en El País un ejemplo notable. Rodolfo Becerril Straffon sostiene que, exacerbadas por el Covid-19, las tensiones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal han puesto al federalismo en entredicho. Este apuro alude sobre todo a la recaudación y distribución de los recursos públicos y las salidas que el autor contempla pasan por sendas convocatorias: a una nueva Convención Nacional Hacendaria y antes, quizás, a un Consejo Nacional Fiscal.

Enfrentamos, en México y en el mundo un futuro de indefiniciones e incertezas. Tras la pandemia –ese momento del que todo mundo habla, pero que aun no es posible señalar en el tiempo–, con una economía severamente disminuida y una sociedad más desigual y vulnerable, y como uno de sus mayores desafíos, el país deberá imaginar, diseñar e instrumentar una reforma de fondo de su hacienda pública. Una reforma que incida en todos sus segmentos, pero sobre todo en el volumen recaudado por la vía de impuestos generales, en especial los que gravan de manera progresiva a los altos ingresos y a la riqueza. Y que restaure el balance necesario y conveniente entre contribuciones federales, estatales y municipales.

Son bien conocidas y suelen exaltarse en demasía las bondades reales y aparentes de los diversos esquemas de coordinación fiscal que hace tiempo funcionan en México. Rara vez se reconocen sus limitaciones y las deformaciones que han provocado. De estas casi nunca se habla.

Propiciar –aunque no haya sido por designio– el abandono de las facultades recaudatorias de las autoridades locales, estatales y municipales, ha favorecido el debilitamiento de esos gobiernos, su dependencia respecto del federal, así como la consolidación de una creciente irresponsabilidad fiscal de la ciudadanía. Esta ha sido la herencia destructiva del régimen fiscal del último medio siglo. Reconstruir el sentido de compromiso contributivo en los habitantes de cada municipio, de cada entidad federativa y del conjunto de la nación, puede ser la piedra de toque de la reforma hacendaria indispensable para ese tiempo, todavía incierto, posterior a la pandemia y a la crisis.

Corresponderán al Estado responsabilidades mayores, sobre todo en el tiempo que deba dedicarse a reparar los daños sufridos. En un lapso mucho más prolongado que el de esta obligada transición, es preciso construir escenarios alternativos para el México del cuarto y quinto decenios del siglo. No queda mucho tiempo.

La proclama mencionada en el título corresponde al ámbito hemisférico y alude al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inicialmente promovida por un eminente antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Gustavo Fernández, aborda de manera indirecta una cuestión muy grave para el futuro del BID derivada de uno de tantos manotazos del gobierno de Bush contra las instituciones multilterales.

Como otros organismos financieros internacionales, el BID está fundado sobre un pacto de caballeros que destina la sede del organismo a Washington y reserva la presidencia del mismo a un candidato calificado procedente de América Latina y el Caribe. Se presentó un candidato estadunidense, atropellando el compromiso.

Propone el documento, que ha concitado un amplio apoyo, suspender la elección de un nuevo presidente para permitir una revisión en profundidad del papel del BID ante los nuevos escenarios que surgirán de la pandemia, que demandan ese replanteamiento de fondo. Se trata de una posición sensata y prudente. Es importante respaldarla.

Pandemia, contracción, petróleo

Jorge Eduardo Navarrete

Al acercarse la conclusión de la primera mitad del año se han multiplicado las evaluaciones y balances de lo ocurrido en el semestre de la pandemia. También las predicciones de lo que cabe esperar para la segunda y más adelante. En primer término se aprecia que, vista como tal, la pandemia no cede. Como lo expresó Le Monde (22/6/20) “…continúa acelerándose… el último millón de casos se añadió en apenas ocho días… Sus efectos se dejarán sentir a lo largo de decenios…” La coincidencia de aumentos rápidos en regiones como América Latina y Asia con el abandono de medidas de contención en Europa y Estados Unidos no es sostenible en un mundo en que la interconexión y la movilidad son componente de cualquier normalidad concebible.

Las secuelas sociales y económicas se aprecian con desaliento. Parecería darse una competencia de superlativos negativos para calificarlas y evaluarlas. Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte, en su análisis más reciente, que esta crisis es como ninguna otra –por su magnitud y alcance, por la incerteza sobre su duración e intensidad, por los desafíos que plantea al diseño e instrumentación de políticas de respuesta y por derivarse, en gran medida, de las acciones adoptadas para superar la emergencia sanitaria misma– implica también que, aun si se consigue una pronta reactivación, será difícil eludir una transformación de fondo de las formas de operación de la economía y la sociedad globales. De conseguirse regresar a la normalidad, será, en todo caso, a una nueva normalidad, según la expresión más repetida del semestre.

Han abundado también las listas o relaciones de los sectores, actividades y empresas más afectados. No pocos se esforzaron por quedar incluidos, sobre todo en los primeros meses cuando parecía que llovería sobre ellos el maná de las ayudas, las ventajas fiscales y los subsidios. Entre las ayudas más generosas destinadas a las pymes destacaron las de Estados Unidos. Tardó poco en revelarse que una parte no menor de esos fondos había favorecido a empresas grandes e influyentes. El sector global de la energía, en general, y la rama de hidrocarburos, en particular, aparecieron en esos listados. Reforzó esa impresión el hecho insólito, aunque momentáneo, de un precio internacional negativo para el crudo estadunidense a mediados de abril.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ofreció, en su informe mensual para junio, la siguiente viñeta: En términos deportivos, el mercado petrolero de 2020 se acerca al silbatazo de medio tiempo. Hasta el momento, las iniciativas, bajo la forma del acuerdo OPEP+ y de la reunión de los ministros de Energía del G20, han realizado una gran contribución para restaurar la estabilidad en el mercado. En caso de que se consoliden las tendencias recientes de la producción y se recupere la demanda, el mercado contará con un fundamento más estable al concluir la segunda mitad del año. Sin embargo, no deben subestimarse las enormes incertidumbres.

Adviértase que es muy baja, por no decir nula, la probabilidad de que se generalice la incipiente recuperación de la demanda, limitada ahora a China e India, y de que se revierta la caída de 11.8 millones de barriles diarios de la oferta de crudo registrada en mayo. La contracción de la actividad económica esperada en el año en curso –de 8 por ciento en las economías avanzadas según el FMI o de entre 6 y 7.6 por ciento en la mundial según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos– augura, más bien, un annus horribilis para el mercado petrolero global.

En tal situación es explicable que todo mundo prefiera ver al largo plazo. Así procedió la propia AIE. También a mediados de junio dio a conocer un amplio programa trienal de recuperación de la actividad y el empleo, para el periodo 2021-2023, centrado en el sector de la energía. Vale la pena examinar el documento íntegro, que se inicia con una visión de conjunto y se desarrolla en tres capítulos generales y seis sectoriales. ( Sustainable Recovery: https://www.iea.org/sustainable-recovery). De entrada, se advierte la dificultad de que un ambicioso plan trienal de recuperación sustentable para el sector de la energía, que supone inversiones por un billón de dólares anuales, pueda ser adoptado, en la actual coyuntura, por la comunidad de naciones, o incluso por el conjunto más restringido y afluente de los 38 estados miembros o asociados de la AIE, México entre ellos.

Por otra parte, parece demasiado arriesgado partir del supuesto de que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurrirá este año por la contracción de la economía mundial podrá mantenerse cuando ésta eventualmente se reactive. Al tratar de recuperar el terreno perdido por la crisis, las consecuencias ambientales no se contarán, por desgracia, entre las mayores preocupaciones.

De cualquier modo, el plan de la AIE apunta a líneas de acción en el petrolero y otros segmentos del sector de la energía que será valioso explorar después de la pandemia –ese futuro todavía impreciso.

Pandemia: una mirada amplia

Jorge Eduardo Navarrete

Desde principios de junio –al más o menos alcanzarse el primer semestre en que la pandemia ha sido, con mucho, la mayor de las preocupaciones globales– fue perceptible un giro del enfoque dominante en las notas y comentarios difundidos en la prensa internacional: del examen de la evolución de la pandemia, aún en fase expansiva, aunque con marcadas variantes territoriales, la atención se movió a las primeras acciones de abandono progresivo de las medidas de contención y de reanimación de actividades suspendidas. Por momentos, se tuvo la impresión de que el mundo volteaba la página del Covid-19 para llevar la atención a la restauración de una normalidad a menudo motejada como nueva o diferente. Se advirtió enseguida lo prematuro del giro, pues si bien la pandemia había sido controlada a corto plazo en unas cuantas sociedades avanzadas, seguía extendiéndose en vastas áreas del planeta y en su alcance global. Mientras que entre el 22 y el 30 de mayo se sumaron en el mundo 824 mil nuevos casos confirmados y 35 mil decesos, en los nueve días siguientes (31 de mayo a 8 de junio) ambas cifras fueron superiores: 1.1 millones y 38 mil. La pandemia, como señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra en fase aguda, quizá no la más aguda todavía.

Sin embargo, se requiere una mirada más amplia, con enfoques y puntos de vista variados. A explorar algunos de éstos se destina el número de verano de 2020 de Finanzas y Desarrollo, la revista trimestral del FMI, bajo el tema general de Políticas, política y pandemias. Gloso en esta nota algunos de sus artículos a partir de la edición en inglés, ya que la versión al castellano aún no aparece.

El más prominente, The political economy of economic policy, escrito por Jeffrey Friden, profesor de gobierno en la Universidad Harvard, parece aludir al tan socorrido debate de la conveniencia de abordar la formulación de la política económica desde el ángulo más amplio de la economía política. Al señalar que es incorrecto insistir, como tantas veces se ha hecho, en que la pandemia tomó al mundo por sorpresa, señala que, en el curso del presente siglo, fueron varias las advertencias sobre el riesgo de este tipo de calamidades y la necesidad de sumar aprestos. Sin embargo, para los gobiernos es a menudo difícil destinar fondos ahora para financiar políticas cuyos beneficios sólo se advertirán en un plazo largo (e indeterminado), como la prevención y preparación ante los riesgos de salud pública.

En estos primeros meses, señala Friden, “las respuestas gubernamentales a la pandemia ilustran las dificultades que enfrentan las políticas de cooperación multilateral. Una pandemia global exige una respuesta global: los virus no respetan fronteras. Una respuesta internacional coordinada es sin duda la mejor forma de responder a una emergencia internacional de salud pública. Pero, sujetos a las presiones de sus propios electores, los responsables de política han desviado recursos destinados a otras naciones, prohibido las exportaciones de alimentos y medicamentos y acaparado suministros esenciales. Cada una de estas acciones –por popular que pueda ser para las opiniones públicas nacionales– impone costos sobre terceros países. En última instancia, la ausencia de cooperación empeora la situación de todos. Si bien las instituciones multilaterales, como la OMS, intentan coordinar una respuesta global cooperativa ante la crisis mundial, pueden resultar impotentes ante las poderosas presiones políticas nacionalistas”. Sin duda, Friden escribió estas líneas antes de que Trump decidiera demostrar –con sus irresponsables acciones de retiro unilateral de contribuciones y, en sus palabras, rompimiento de relaciones con la OMS– cuán acertado resultaba su análisis.

Un segudo artículo de particular interés – Life lines in danger, de Ralph Chami y Antoinette Saye, funcionarios ambos del FMI– aborda el tema de la afectación de las remesas de trabajadores migratorios provocada por la pandemia. En una visión de alcance global, como la que presenta ese texto, no deja de sorprender, por sabida que sea, la enorme importancia cuantitativa de estos flujos. El impacto de la pandemia será demoledor y coincidirá con el efecto negativo de ésta sobre las economías receptoras: Los países receptores perderán una fuente importante de ingreso y de recaudación en los momentos en que más se necesitan. El Banco Mundial estima, para 2020, una caída de 100 mil millones de dólares respecto del año precedente, que lesionará los equilibrios comercial y presupuestario, así como la capacidad de las naciones para atender su deuda.

A más largo plazo, una crisis prolongada aumentará la presión sobre los mercados laborales de los países ricos y los migrantes no sólo perderán el empleo, sino también su estatus migratorio y podrán ser repatriados en momentos en que la pandemia habrá reducido los incentivos de otras naciones para recibir migrantes.

Pandemia: incógnitas, más que certezas

Jorge Eduardo Navarrete

Hacia principios del mes, en los momentos más álgidos de expansión de la pandemia de Covid-19 y como se señaló en el artículo del 14 de mayo, surgió la más promisoria de las escasas iniciativas amplias de colaboración multilateral para enfrentarla: la Respuesta global al coronavirus, impulsada por la Unión Europea, que pronto reunió adhesiones y promesas de apoyo, el de México entre muchos otros. La Respuesta, de alguna manera, se entronca con el empeño multilateral iniciado con la resolución 34/274 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del pasado 21 de abril, que propone un enfoque de alcance global. Empero, el panorama sigue dominado por los esfuerzos nacionales, o subnacionales, carentes de coordinación, que responden a necesidades o urgencias localizadas. Quizá no podría ser de otro modo, pues apenas ha transcurrido un semestre desde el surgimiento de la pandemia en forma reconocible.

A unos días del inicio de junio, el foco global de atención –determinado en buena medida por las acciones de las naciones avanzadas más afectadas: en Norteamérica y Europa occidental sobre todo– se ha desplazado de las acciones de contención, al diseño e instrumentación de su retiro gradual y paulatino. Ha sido notorio el cambio de énfasis hacia la reanudación de las actividades paralizadas por la estrategia de aislamiento domiciliario a la que acudió la mayoría de los países y, más ampliamente, hacia la recuperación de las formas de vida y hábitos sociales del pasado reciente; hacia una normalidad que muchos quisieran fuera nueva en muy diversos aspectos.

Como es evidente para quien haya seguido la evolución territorial de la pandemia, ha sido constante el desplazamiento de sus epicentros sucesivos. Tras China misma, Europa y Norteamérica han entrado en una primera declinación –que no excluye el peligro de nuevos brotes y focos de alto contagio–, en tanto que América Latina, el Mediterráneo oriental, según la regionalización de la OMS, y África han llegado a momentos de expansión rápida o muy veloz. Coexisten dos mapas no coincidentes: el de demandas de atención médico-hospitalaria y suministros de equipo y materiales, que no cesan de crecer, y el de alcance, eficiencia y capacidad de los sistemas de salud pública establecidos. En un segundo momento territorial de la pandemia, los epicentros aparecen en áreas mucho menos provistas de recursos para hacerles frente. Los costos de esta segunda fase territorial de la pandemia pueden, por tanto, ser mucho mayores.

Los costos y consecuencias de la pandemia y de las acciones generalmente adoptadas para contenerla se han dejado sentir, con inmediatez y particular virulencia, en el mundo del trabajo. De acuerdo con los cálculos y estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, a resultas de las acciones de contención de la pandemia que requirieron o recomendaron el cierre de fuentes de trabajo, en el primer trimestre de 2020 –frente al último anterior a esta crisis: el cuarto de 2019– las horas trabajadas en el mundo se redujeron en 4.5 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 130 millones de puestos de trabajo de tiempo completo (48 horas semanales). Para el segundo trimestre, comparado también con el último de 2019, la reducción llegaría a 10.5 por ciento. Expresada en número de puestos de trabajo esta caída equivale a 305 millones. Sólo unas semanas antes la pérdida se había estimado en menos de 200 millones, pero el cierre de fuentes de trabajo se prolongó en algunas naciones y muchas otras acudieron a esta medida de distanciamiento social. Hasta ahora, América del norte, Europa y Asia central han sido las regiones más afectadas. Esta situación cambiará conforme se muevan los epicentros territoriales de la pandemia, como antes se señaló.

Uno de los escasos tópicos de consenso en la discusión global es la noción de que nadie podrá afirmar que se ha vuelto la página sobre la pandemia en tanto no se disponga de una vacuna y un tratamiento efectivos, disponibles y universalmente asequibles. Quizá lo esencial de la Respuesta europea sea su compromiso con la búsqueda de “respuestas terapeúticas y vacunas… que permitan controlar la pandemia y se reconozcan como bienes públicos globales, disponibles y accesibles para todos”. Lo que se ha presenciado hasta ahora, sin embargo, es la pugna usual de la bigPharma por controlar la investigación, desarrollo, producción y comercialización de esos productos como bienes privados apropiables en beneficio propio. Cuando en días pasados Merck anunció la compra de Themis Bioscience, una firma austriaca, y proclamó que nadie podría desarrollar una vacuna efectiva en menos de año o año y medio ( FT, 26/5/20), quizás anunciaba más el lapso que como empresa requerirá para llegar al resultado, que respondía al llamado global lanzado por un grupo de personalidades –de Cyril Rhamaphosa a Joseph Stiglitz– de una vacuna libre de patentes, producida en escala suficiente y puesta a disposición sin costo en todos los países.

Pandemia y cooperación

Jorge Eduardo Navarrete

Como otros desastres globales, la actual pandemia ha originado gran número de declaraciones en favor de la solidaridad y la cooperación multilaterales. Al igual que en otras ocasiones, las acciones específicas en este sentido han vuelto a ser tardías e insuficientes, al menos hasta el momento. La pandemia empezó a dejarse sentir, al inicio del año, en un escenario global en el que ya se atisbaba menor velocidad de la actividad económica, se agudizaban las pugnas comerciales y el crecimiento del empleo y de los ingresos de los trabajadores volvía a quedar rezagado. Un rechazo más generalizado a los migrantes y solicitantes de refugio –con expresiones en diversos continentes y regiones– constituía la indicación más evidente de una evolución social y política contraria a la cohesión y la cooperación entre naciones. Sin embargo, con la pandemia y la percepción de su perturbador alcance y devastadoras consecuencias, en Naciones Unidas y otros ámbitos de colaboración internacional se han abierto algunas avenidas para la acción de la comunidad mundial. A ellas se alude en este artículo.

La primera fue la resolución 34/274 de la Asamblea General de Naciones Unidas, del 20 de abril pasado, titulada Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente al Covid-19. La resolución se originó en una iniciativa mexicana, reunió un copatrocinio amplísimo y fue adoptada mediante el procedimiento del silencio, pues no hubo objeciones u observaciones en las 72 horas siguientes a su presentación formal: de hecho, una aprobación unánime o de consenso.

La resolución incluye acciones que quedan a cargo de los miembros, así como mandatos para el secretario general. Entre éstas destacan la identificación de acciones y la formulación de recomendaciones para un acceso justo, equitativo, transparente y oportuno a las futuras vacunas del Covid-19, así como a herramientas de diagnóstico y suministros médicos, con el fin de ponerlas a disposición de todos los necesitados, en particular en los países en desarrollo.

Es un mandato de extrema complejidad en el plano multilateral en el que actúa la ONU e incluso en la dimensión nacional de la mayoría de sus miembros. En los pasados dos meses abundaron los ejemplos de acciones nacionales contrarias a ese particular objetivo de la resolución. Tomaron la forma de restricciones e incluso prohibiciones al intercambio internacional de instrumentos y artículos de diagnóstico y protección para contagiados y personal médico y de auxilio. Se ignoraron algunas peticiones formales de asistencia, como la formulada por Italia al sufrir el abrumador impacto de la primera oleada de contagios. Las respuestas nacionales a la pandemia se realizaron por completo al margen de las opciones de coordinación y cooperación. El acceso igualitario y no discriminatorio al tratamiento, en especial a los cuidados intensivos, ha sido más la excepción que la regla, al menos hasta ahora.

Se instruye también al secretario general para que promueva la creación de un grupo de trabajo interinstitucional –alrededor de la Organización Mundial de la Salud, cuyo presupuesto regular ha resentido el retiro ilegal de la cuota de Estados Unidos– para dar seguimiento a los esfuerzos de la Organización en garantizar el acceso global a los bienes y servicios necesarios para la prevención y control de la pandemia. Como es fácil advertir, los proponentes de la resolución tuvieron en cuenta las cuestiones centrales que requerían respuesta multilateral.

La resolución pide a los estados miembros, en términos del comunicado informativo de la Organización: a) aumentar la financiación para la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos contra el Covid-19, privilegiando la cooperación científica internacional; b) reforzar la cooperación, incluso con el sector privado, para desarrollar, producir y distribuir rápidamente fármacos antivirales, herramientas de diagnóstico, equipos de protección personal y vacunas, sin perder de vista los objetivos de eficacia, seguridad, equidad, accesibilidad y asequibilidad, y c) adoptar de inmediato acciones eficaces para evitar la especulación y el almacenamiento de medicamentos esenciales, vacunas, equipos médicos y de protección personal.

Dos semanas después de adoptada la resolución, el 4 de mayo, se efectuó una reunión virtual de donantes, convocada por la Unión Europea, para integrar una respuesta global coordinada al coronavirus con el propósito de asegurar el financiamiento “de un esfuerzo pionero de cooperación global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a nuevos procedimientos de diagnóstico, respuestas terapeúticas y vacunas… que permitan controlar la pandemia y se reconozcan como bienes públicos globales, disponibles y accesibles para todos.” Esta segunda iniciativa será examinada en la nota que sigue, el 28 de mayo.

OPEP+, G20 y Trump

Jorge Eduardo Navarrete / I

En el largo fin de semana que corrió del 11 al 13 de abril, en el fragor de la pandemia del Covid-19, los exportadores de petróleo asociados en la OPEP y una decena de exportadores no-OPEP –un ‘no-grupo’ que a partir de 2016 se ha sumado a las acciones de estabilización del mercado y los precios del crudo– alcanzaron el más ambicioso de sus entendimientos de control de oferta, forzados por la caída espectacular de las cotizaciones en el último trimestre. Ésta reflejó, a su vez, el desplome de la demanda mundial del energético que ha seguido a las muy extendidas acciones nacionales de confinamiento, el elemento común de los esfuerzos para contener la pandemia. Estas acciones incluyeron el cierre temporal de actividades productivas, comerciales y servicios de distribución y transporte. También deliberaron, por su parte, los ministros de energía del G20. Además, se produjo la abrupta irrupción de Trump –ahora, se dijo, para facilitar el acuerdo de los productores– único aspecto en realidad novedoso de lo ocurrido.

La cooperación de la OPEP con exportadores ajenos a ella se gestó en octubre de 2016, en consultas informales entre cinco socios (Argelia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Gabón y Venezuela) y dos no miembros (Federación Rusa y México). Se orientaron a restablecer las acciones de control de oferta como principal instrumento de estabilización del mercado y de los precios internacionales del crudo. En enero de 2017, 24 exportadores convinieron una reducción conjunta, por seis meses, de 1.8 millones de barriles diarios (mbd) –OPEP, 1.2 y no-OPEP, 0.6–. Acordaron después, en sucesivas conferencias ministeriales, extenderla hasta finales de 2018, cuando decidieron acotarla a sólo 1.2 mbd (OPEP, 0.8 y no-OPEP, 0.4). Un año más tarde, en su séptima conferencia, volvieron a ampliarla en 0.5 mbd hasta 1.7 millones. El reciente acuerdo de 12 de abril –calificado de "inédito" por algunos comentaristas– tiene importantes precedentes que conviene no olvidar.

Para cumplr sus compromisos, desde 2017 la mayoría de los países OPEP y no-OPEP efectuaron "reducciones voluntarias" a su volumen de producción; algunos más, en especial Arabia Saudita y Kuwait, hicieron recortes por encima de los montos comprometidos; otros, México en especial, no afectaron su producción, sino que contabilizaron la "declinación administrada" de algunos de sus campos, derivada del "agotamiento natural" (o artificial, por sobrexplotación o técnicas inadecuadas de recuperación secundaria) de sus yacimientos.

Ante el deterioro de los precios y de la perspectiva del mercado en el primer bimestre de 2020, los países de la OPEP celebraron una conferencia extraordinaria el pasado 5 de marzo. Constataron que el alza de la demanda mundial de crudo esperada en 2020 (estimada en 1.1 mbd en diciembre pasado y en apenas 0.4 mbd en febrero), difícilmente se materializaría, por lo que resultaba necesario profundizar el recorte de producción en 1.5 mbd (OPEP, 1 y no-OPEP, 0.5). La Agencia Internacional de Energía, menos optimista, pronosticó enmarzo pasado una caída de 1.1 mbden esa demanda. Los niveles de producción acordados en diciembre de 2019 resultaban claramente insostenibles si se deseaba apoyar los precios y estabilizar el mercado.

Presidido este año por Arabia Saudita, el G20 celebró una reunión virtual de sus ministros de Energía en la que brindó apoyo indirecto a las acciones de la OPEP+. Declaró que el G20 se obligaba "a tomar de inmediato todas las medidas necesarias para asegurar la estabilidad del mercado de energía" y "reconocíael compromiso de algunos productores" con ese objetivo.

En este entorno, la novena conferencia extraordinaria OPEP/no-OPEP concluyó el 9 de abril con el acuerdo de tres recortes de producción: a) por 10 mbd en el bimestre mayo-junio; b) por 8 mbd en el semestre julio-diciembre, y c) por 6 mbd en el lapso de enero de 2021 a abril de 2022. Los recortes se calcularían sobre la producción de octubre de 2018, excepto para Arabia Saudita y Rusia que partirían de una línea-base de 11 mbd. El acuerdo se revisaría en diciembre de 2021. Se advirtió que "el mismo quedaba condicionado al consentimiento de México".

Éste se obtuvo tres días después. El 12 de abril se anunció que los recortes acordados por todos se ajustarían: a) a 9.7 mbd en mayo-junio; b) a 7.7 mbd en julio-diciembre, y c) a 5.8 mbd en enero de 2021 a abril de 2022. Se aceptó que la reducción de la producción de México, calculada inicialmente en 400 mil barriles diarios, se limitara, como el país había propuesto, a 100 mbd en mayo-junio.

En algún momento de la negociación del recorte de producción de México se registró la irrupción de Trump. Ofreció, para facilitar el acuerdo, una reducción en la producción estadunidense equivalente al monto no aceptado por México. Sin embargo, el comunicado final de la décima conferencia OPEP y no-OPEP de 12 de abril no menciona o reconoce tal oferta, quizá por razones protocolares.

Los entretelones de la irrupción de Trump en este proceso negociador y los efectos del acuerdo sobre el mercado y los precios se examinarán en el siguiente artículo, el 30 de abril.

Respuestas parceladas

Jorge Eduardo Navarrete

Con el cierre de marzo culminó el segundo mes completo de la pandemia, cuya evolución traza diariamente la OMS desde finales de enero. Las cifras extremas del periodo son ilustrativas. Al 30 de enero y considerada emergencia de salud pública de alcance internacional, se registraban 9 mil 826 casos en 19 países (9 mil 720 en China) y 215 defunciones (2.19 porciento). Al 31 de marzo y calificada de pandemia de muy alto riesgo a nivel global, los casos sumaban 750 mil 890 y las defunciones 36,405 (4.85 por ciento). La OMS no divulga proyecciones. (El modelo Fauci-Birx para EU, divulgado el 31 de marzo, prevé más de un millón de contagios y entre 100 mil y 240 mil decesos, incluso con las medidas de contención ya adoptadas.) Las muy dispares trayectorias de la pandemia que se han propalado, cubren comunmente el resto del año y a veces los primeros meses del siguiente. 2020 será recordado como el año del coronavirus.

Esas trayectorias dependen de la naturaleza, alcance y rigor de las medidas de contención y control que aplican los países –diversos en su contenido específico, pero ajustadas a un diseño general y con rasgos comunes muy reconocibles– y su comportamiento en un plazo más largo, del momento en que se disponga de vacuna(s), tratamiento(s) o ambos, efectivos y generalizados.

Desde el principio se ha reconocido que la pandemia conllevará un costo económico y social muy elevado. Por lo pronto, puso fin a las expresiones de incierto optimismo que se filtraron a algunas predicciones de año nuevo de los organismos financieros internacionales. Otros enfoques las sustituyeron. La OCDE, por ejemplo, advirtió que por cada mes de medidas de contención, habrá una pérdida de dos puntos en la tasa de crecimiento. Con un alza esperada de 3.4 por ciento en 2020, tras dos meses de contención, el crecimiento económico mundial ya debe encontrarse en terreno negativo.

Por ello, en casi todos los casos, las estrategias contra la pandemia han sido complementadas por el anuncio de políticas y acciones nacionales para atenuar los efectos negativos sobre la economía, el comercio y el empleo. Sin embargo, hasta ahora, tanto en materia de salud como en el campo económico, ante una amenaza global, presente e inmediata, solo se han ofrecido reacciones nacionales, respuestas parceladas.

El intento más estructurado de integrar alguna respuesta o aproximación global a la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales fue realizado por el G20, a través de una cumbre virtual convocada por su presidente en turno, el monarca saudita, y realizada el 26 de marzo. (Días antes, bajo la coordinación de Mike Pompeo, un encuentro virtual de los ministros de Exteriores del G7 “había concluido sin emitir un comunicado final por la insistencia estadunidense de que se designara como ‘virus de Wuhan’ al Covid-19”, según informó el Financial Times.)

Fiel a su costumbre, el G20 aprobó un comunicado largo y detallado, con todas las expresiones que eran de esperarse, todas incontrovertibles en abstracto: Estamos decididos a no escatimar esfuerzo, tanto individual como colectivo, para proteger vidas; salvaguardar empleos e ingresos de las personas; restaurar la confianza, preservar la estabilidad financiera, reactivar el crecimiento y alcanzar una recuperación sólida; minimizar las disrupciones al comercio y a las cadenas globales de suministro; proporcionar asistencia a todas las naciones que la necesiten, y asegurar la coordinación de las acciones financieras y las de salud pública. (G20, Leaders Statement).

Incluso un rápido repaso de las medidas económicas, comerciales y financieras adoptadas por gobiernos del G20 en la semana transcurrida desde su reunión virtual, pondría de relieve que han abundado las que contradicen la letra y el espíritu de la declaración de sus líderes.

Quizás el ejemplo más evidente sea el forcejeo internacional por asegurar abastos y ampliar existencias de batas, guantes, mascarillas, ventiladores y otros artículos más demandados en tanto más se extienden la pandemia y los esfuerzos para contenerla. El interés nacional inmediato se prioriza y la búsqueda de soluciones racionales de reparto y distribución de artículos insuficientes se deja para un futuro indeterminado... y para el lenguaje de las declaraciones.

En el seno de la Unión Europea ha sido monumental el desacuerdo que se manifestó en una larga teleconferencia de los líderes de los 27, a finales de marzo, acerca de cómo financiar el esfuerzo conjunto para reparar el daño económico causado por el Covid-19. Las crónicas de prensa muestran un choque entre los gobiernos de Berlín y La Haya con los de París, Madrid y Roma, según nota del Financial Times.

Ni las rebatingas por suministros ni los enfrentamientos políticos constituyen buen augurio para los meses extremadamente difíciles que se avecinan.

El poder y el petróleo

Jorge Eduardo Navarrete

Hasta ahora no ha sido analizado con suficiencia el hecho de que Vladimir Putin –de 67 años, líder de la Federación de Rusia desde finales del siglo pasado y actual jefe de Estado, al que aún restan cuatro de mandato– haya emprendido una compleja maniobra política para, según se afirma en diversos despachos de prensa, mantener el poder por 12 años más a partir de entonces, hasta 2036, cuando alcanzará la edad de 83. La pandemia del Covid-19 desplazó esta noticia de los titulares de los diarios en la primera mitad de marzo, cuando la maniobra avanzó en forma casi decisiva. No logró borrar, en cambio, otro acontecimiento, también complicado y quizá más trascendente, del que Putin fue, asimismo, actor central: el derrumbe de los precios internacionales del crudo. Petróleo y poder en Rusia, tales son los temas de este artículo.

Como se recuerda, tras el derrumbe anterior hace seis años, fue un arreglo entre la OPEP –el otrora poderoso cártel de los mayores exportadores de petróleo, conducido por Arabia Saudita– y una docena de exportadores no-OPEP –México entre ellos, y de los que Rusia fue en realidad el único importante– lo cual permitió restablecer una precaria estabilidad en el mercado petrolero mundial. El Covid-19 cambió por completo el panorma: al frenar el débil crecimiento de la economía mundial y disminuir la demanda de crudo, produjo un precipitado descenso de los precios. Los saudís propusieron contrarrestarlo, de nueva cuenta, con cortes profundos en la oferta de crudo. En esta ocasión, los rusos se negaron.

Ante este desacuerdo abierto, Arabia Saudita –sometida al mercurial liderazgo del príncipe Mohammed bin Salmán– no solo renegó del acuerdo de Viena, sino que decidió aumentar sin freno su volumen de producción y abatir los precios para expulsar del mercado a otros productores, en especial a las corporaciones petroleras rusas y a las compañías estadunidenses productoras de aceite no convencional. Como no existe, en esta etapa temprana de la pandemia, perspectiva de una pronta recuperación de la economía, cabe prever un largo periodo de precios bajos de los hidrocarburos. Quizá no concluya antes de que el consumo de combustibles fósiles sea frenado, de manera más duradera, por la transición energética dictada por el cambio climático. En la segunda mitad de este decenio y más allá, la Rusia de Putin deberá encontrar otra palanca de crecimiento.

El presidente optó por un retorcido mecanismo de reforma constitucional que permitirá que los mandatos –limitados como ahora a dos sexenios consecutivos– se cuenten desde cero en 2024: el presidente de la Federación, sin importar el número de veces que haya sido elegido –cuatro en el caso de Putin– podrá ser electo, por primera vez, para presidir una Federación renovada por la reforma constitucional. A los nostálgicos nos entristeció ver a Valentina Tereshkova –primera mujer en el espacio, reliquia viva de la primacia técnica soviética, quien orbitó la tierra 48 veces en el Vostok 6 en 1963– cumplir la peno-sa tarea de presentar a la Duma la propuesta respectiva, aprobada ipso facto el 16 de marzo.

De inmediato, la Corte Constitucional endosó la reforma, dejando sólo pendiente su ratificación por referendo, que se preveía para mediados de abril. Sin embargo, el Covid-19 interfirió con la cuidadosa coreografía dibujada por Putin. Si bien hasta ahora Rusia ha sido uno de los países menos afectados (114 contagiados y ningún deceso al 18 de marzo, según la OMS), nadie se atreve a sugerir que el mal se mantendrá contenido. Hay incertidumbre entonces sobre la realización del plebiscito, pero no tanta sobre sus resultados.

Desde principios de marzo, Vladimir Putin se empeñó en introducir reformas constitucionales puntuales que, a su juicio o de acuerdo con encuestas de opinión, harán más atractivo para los ciudadanos rusos participar en la consulta y quizá votar a favor de las enmiendas propuestas. El ejemplo más publicitado se refiere a una enmienda que prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es éste un tema controvertido. Su inclusión en el proyecto de reforma obedece más al deseo de aumentar la participación en la consulta –que carecería de validez de no alcanzar el mínimo legal– que en obtener un resultado determinado. Arriesgar un retraso social mayúsculo se considera precio adecuado para alcanzar el objetivo político declarado.

Otras propuestas tienen que ver con la restructuración del aparato del Estado, incluyendo el establecimiento de un nuevo órgano deliberativo, el Consejo de Estado, y con reformas sociales de corte conservdor, como establecer la primacía del idioma ruso en todo el territorio federal y debilitar los límites entre el Estado y la Iglesia ortodoxa rusa. La Rusia que Putin se propone continuar dirigiendo por al menos otros tres lustros se inscribiría en la deriva conservadora presente en varias naciones de Europa oriental.

AfD-Alternativa para el desastre

La Jornada:
Jorge Eduardo Navarrete

El vórtice de informaciones y comentarios que envolvió a la reunión en Biarritz de los líderes políticos del Grupo de los Seis, a quienes complace se les aluda como los dirigentes delas principales democracias industriales del planetay que, por cierto, giró en buena medida sobre dos gobernantes ausentes –Xi Jingpin y Jair Bolsonaro–, desplazó a páginas interiores las noticias sobre el resultado de las elecciones en dos Länder de la antigua Alemania oriental –Sajonia y Brandemburgo– celebradas poco después de la cumbre, el primero de septiembre. También es cierto que la relevancia de estos comicios demorará un tanto en manifestarse: hasta bien avanzado 2021, cuando, a menos que se decida adelantarlas, corresponderá celebrar en la República Federal de Alemania las elecciones generales que marcarán el fin de la extendida, por tres lustros, y en general apreciadaera de Merkel, que sólo encuentra parangón, en la posguerra, con las de Brandt y Kohl.

La característica distintiva del ambiente que rodeó esos comicios regionales fue la expectativa –alimentada por numerosas encuestas– de que ofreciesen al principal partido de extrema derecha, con una plataforma desvergonzadamente antinmigrante y xenófoba, AfD, Alternative für Deutschland –que más valdría traducir como Alternativa para el desastre– la oportunidad de alzarse con la pluralidad, si es que no alcanzar la mayoría en ambos parlamentos regionales. Por fortuna, no llegó a tanto, aunque sí logró colocarse como la segunda fuerza política en los dos: un poco por debajo (sólo siete escaños) de la CDU (democracia cristiana) en Sajonia y pisando los talones (apenas dos curules) del SPD (social democracia) en Brandemburgo.

Según cómputos publicados en el Frankfurter Algemaine Zeitung, en ambos Länder los avances de AfD en la votación –que por cierto, fue muy copiosa: cercana a dos tercios de los electores– fueron importantes: casi 18 puntos porcentuales –a costa de Die Linke (la Izquierda), la CDU y el SPD –en Sajonia y 11.3 puntos– extraídos de Die Linke, l os Verdes y el SPD –en Brandemburgo.

Nunca alejados de la hipérbole, los dirigentes del partido declararon, por voz de Björn Höcke, que la elección del primero de septiembre indicaba queAfD tiene ante sí un brillante futuro tanto en Sajonia, Brandemburgo y Turingia [donde la elección regional será a finales de octubre], como en toda la República Federal( The Guardian, 2/02/19). Otro dirigente proclamó a AfD como la fuerza política que estará presente en todas las futuras configuraciones de gobierno en Alemania.

Por lo pronto y por fortuna son muchos los que quieren desmentirlo: en los dos Länder, los demás partidos contendientes reafirmaron su compromiso de no permitir la participación de AfD en cualquier coalición de gobierno. Se sabe, sin embargo, que no es extraño que estos propósitos se olviden pronto, como muestra el deplorable caso de Vox en España. Se espera que la coalición en Sajonia se integre, como la Gran Coalición Federal, entre la CDU y el SPD, y en Brandemburgo, donde la alianza entre el SPD y Die Linke no retuvo la mayoría, se consiga la incorporación de los Verdes. En ambos casos, AfD quedaría excluida.

La deriva hacia la derecha del electorado alemán ha sido provocada, entre otros factores, por el rechazo a migrantes y refugiados provenientes del Oriente Medio y África. Es similar a la ocurrida en otros países de Europa y dificulta extraordinariamente la búsqueda de enfoques civilizados ante las migraciones transfronterizas y transcontinentales –que están en trance de convertirse en el más inmanejable de los problemas globales en este primer tercio del siglo. Cómo olvidar que fue una actitud de apertura generosa del gobierno de Merkel la que originó o aceleró la reacción furibunda que representa el ascenso de AfD en Alemania y de partidos y gobiernos de orientación semejante en otros países europeos. Los dirigentes políticos de la estatura y visión de Merkel parecen cada vez más escasos, mientras proliferan los Salvini, los Orban, y los Le Pen, entre muchos otros –con epígonos trasatlánticos como el inefable señor Trump.

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Mal comienzo Boris–exclamó un parlamentario conservador al proclamarse la derrota, por 328 a 301, del primer ministro en la primera elección significativa de su gobierno el martes 3. Contribuyeron al resultado 21 MPs conservadores, no intimidados por la amenaza de expulsión del partido y de impedirles ser candidatos en futuras elecciones. Tras perder de este modo el control sobre la agenda de los comunes, Johnson buscará evitar la aprobación de una ley que proscriba un Brexit sin acuerdo y amplíe al 31 de enero el plazo de negociación con la Unión Europea. De no conseguirlo, con apoyo de la oposición laborista y demócrata-liberal, convocará a elecciones generales, el 14 o 15 de octubre, con la esperanza de asegurar con su victoria el Brexit para el 31 de octubre. Confía en que los electores británicos preferirán pagar el elevado costo de un Brexit duro a correr el riesgo de un triunfo laborista que eleve a Jeremy Corbin a primer ministro.

La semana mexicana en Washington

Jorge Eduardo Navarrete

Transcurridas cerca de cuatro décadas desde el inolvidable ‘Mexican week-end’ en Washington (agosto 1982) –punto de partida convencional de la crisis de la deuda externa y los decenios perdidos de América Latina y otras regiones en desarrollo– sucedió allí mismo la ‘semana mexicana’, que quizá será recordada como el momento que marca tanto la renuncia de Estados Unidos a seguir las reglas del sistema abierto y multilateral de comercio, regido no sin dificultades y retrocesos por la OMC, cuanto su preferencia por episodios de negociación, forzados por amenazas extremas de restricción comercial, a fin de alcanzar concesiones deconectadas del comercio internacional, al menos en apariencia.

“El presidente de Estados Unidos adopta decisiones comerciales en total violación de las reglas de la OMC. Tal es el caso de los aranceles mexicanos. La noción de que puede imponerse un arancel porque muchas personas cruzan la frontera está tan alejada de la letra y espíritu del acuerdo de la OMC, que me lleva a calificarla como una acción de ‘toma de rehenes’”. Fue esta la reacción inicial, del antiguo director general de la OMC y comisionado comercial de la Unión Europea, Pascal Lamy (Reuters, 8/06/19). Diferida la primera, persiste el riesgo de nuevas amenazas en el futuro. Así lo subrayó el secretario del Tesoro, en entrevista con la CNBC: “Estoy convencido de que ellos [los mexicanos] cumplirán sus compromisos… Si por cualquier razón no lo hacen, el presidente se reserva el derecho de establecer los aranceles.” ( The Guardian, 09/06/19.)

Los párrafos sobre asilo de la declaración conjunta de 7 de junio señalan, inter alia, que Estados Unidos: a) retornará con rapidez a México a quienes crucen su frontera sur en solicitud de asilo para que esperen ahí la resolución de su caso, y b) tratará de acelerar el trámite de esas solicitudes y de concluir los procedimientos de expulsión (removal) de la forma más expedita posible. Por su parte, por razones humanitarias, México autorizará la entrada de todos esos individuos y les ofrecerá ocupación, atención de salud y educación. (Se traduce del texto difundido por el Departamento de Estado.)

Es incierto el tiempo que los solicitantes de asilo en EU deberán esperar en México la decisión sobre sus peticiones. Ahora, más que en días o semanas, como solía ser el caso, se le mide en meses o incluso años. Habrá que evaluar el cumplimiento del compromiso de acortarlo asumido por EU, quizá en un plazo tan perentorio como el señalado para medir la eficacia de las medidas orientadas a reducir los flujos migratorios. También es incierto el número de individuos que se acogerá a este procedimiento en, por ejemplo, los próximos 90 días o en la segunda mitad del año. Las cifras que manejan distintas fuentes, incluso fuentes oficiales de los dos países, son muy dispares: desde algunas decenas de millares hasta centenas de millares. Es muy difícil estimar con algún grado de precisión la magnitud del desafío que supondrá recibirlos para que aguarden en territorio mexicano el desahogo de sus solicitudes. Hay certeza, en cambio, de que supone un costo considerable. El 30 de mayo, al anunciar sus acciones contra México, Trump, se quejó de una situación profundamente injusta para el causante estadunidense, que soporta el enorme costo financiero de la migración ilegal en gran escala (www.whitehouse.gov).

En el comunicado conjunto también se destaca que México adoptará medidas sin precedente para atajar la migración irregular y acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de contrabando y trata de personas, así como sus redes financieras y de transporte ilícitas.

Un manejo multilateral –como el que se ha sugerido en este espacio: Frontera: enfoque multilateral, 04/04/19, y Frontera: enfoque multilateral, otra vez, 05/05/19–, permitiría una mejor gestión de la compleja implementación de los entendimientos bilaterales alcanzados en la semana mexicana en Washington. El 10 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores señaló la posibilidad de un sistema de distribución de responsabilidad sobre asilo, regional (con presencia de Guatemala, Panamá, Brasil) y con participación de la ACNUR (www.gob.mx/presidencia). Se abre una vía que debe explorarse a fondo –con más países, incluyendo desde luego a Canadá, otros de América Latina y varios de Europa y el Lejano Oriente–, y con otros organismos multilaterales, dentro y fuera de la ONU.

En declaraciones a la prensa el 10 de junio, el secretario de Estado aludió también a la dimensión multilateral, pero en términos negativos. “EU no comprometió recursos adicionales… No ofreció recursos adicionales de asistencia al gobierno mexicano… ni tampoco a Centroamérica. Estas naciones tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los problemas migratorios en su propio país” (https://www.state.gov/remarks-to-the-press-17/).

Sólo una cooperación multilateral decidida permitirá superar la miopía, estrechez de miras y aislacionismo del gobierno de Washington.