Ya es una realidad el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que sustituirá al Nafta
El Salto
En la medianoche del
domingo, y tras meses de fuertes tensiones diplomáticas, los gobiernos
de los Estados Unidos y de Canadá adoptaron un nuevo acuerdo comercial
preliminar, junto con México, que ahora se llamaría United
States-Mexico-Canada Agreement (USMCA, el Acuerdo de los Estados Unidos con México y Canadá),
reafirmando el papel hegemónico estadounidense. Este tipo de acuerdos
provocan la precarización laboral, la bajada de salarios y daños
ambientales irreversibles.
Al final no se rompió el NAFTA,
acuerdo comercial entre los tres países norteamericanos que provocó en
1994 el levantamiento zapatista en Chiapas. Le han dado un nuevo nombre.
Las amenazas y los chantajes del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, han funcionado. El “nuevo” acuerdo muestra cómo avanza la
captura corporativa de los Estados y la imposición de los intereses
corporativos.
Tampoco es cierta la narrativa de las élites
europeas que se quejan del “proteccionismo” de Trump. Él mas bien
representanta la máxima expresión del “Estado corporativo”. Los EEUU
acaban de lanzar también negociaciones comerciales con Japón y siguen
negociando con la UE sin mandato un “TTIP por la puerta trasera”. Así
que se impone la continuidad de las políticas neoliberales con una mayor
dosis de nacionalismo económico de la Casa Blanca, más ventajas para el
sector exportador de EEUU así como el fortalecimiento del capital
transnacional estadounidense y especialmente del dólar como moneda
internacional hegemónica.
EE UU restringe los tribunales de arbitraje
Durante muchos años, movimientos sociales, ONG, sindicatos y una parte
de la academia han hecho campaña contra los privilegios escandalosos de
las corporaciones transnacionales y han abogado por eliminar el capítulo
11 del tratado comercial NAFTA, que permitía a los inversores demandar a
los Estados ante tribunales privados si alguna ley o regulación de
interés general afectaba sus beneficios privados. Inversores han robado
cientos de millones de dólares de los contribuyentes mediante sus
ataques a políticas ambientales y de salud en estos tribunales
corporativos.
La inclusión de privilegios especiales para
inversionistas en NAFTA en 1993 generó un nuevo modelo de acuerdo
comercial corporativo por golpe de estado que se ha seguido desde
entonces.
Durante años, Canadá, por ejemplo, se vio afectada
por demandas de multinacionales estadounidenses ante tribunales de
arbitraje que obligaron a las provincias a renunciar a un seguro público
de automóviles, a aceptar químicos tóxicos (impidiendo su prohibición) y
a pagar indemnizaciones por rechazar canteras peligrosas o prohibiendo
la extracción de gas mediante el Fracking cumpliendo con normativas
ambientales.
Ahora, a instancia de Estados Unidos, no habrá un
mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus
siglas en inglés) entre EE.UU. y Canadá. Este es un cambio importante
para ambos Estados, pero concretamente para Canadá, que ha estado
promoviendo activamente el peligroso mecanismo en acuerdos como CETA
(el Acuerdo Económico y Comercial Global UE-con la Unión Europea) y el
nuevo TPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).
Considerando que Canadá es el país más demandado entre los tres países
del NAFTA, con 37 casos de ISDS —en su mayoría demandas de compañías
estadounidenses— será beneficioso para el interés público de Canadá. Los
Estados Unidos han tenido 21 casos y nunca han perdido uno.
Que incluso la administración Trump elimine las normas de arbitraje de
inversiones significa que un futuro presidente demócrata no puede dar
marcha atrás y envía una señal poderosa a los países que también buscan
eliminar del odioso régimen de ISDS. Sin embargo, todas las reglas del
capítulo de inversiones siguen favoreciendo a inversores por encima de
los derechos humanos.
El ISDS existe aún entre los EE UU y México
El régimen ISDS se mantiene entre México y EE UU, aunque se ha reducido
su alcance, limitando el tipo de demandas que se podrán presentar ante
tribunales privados de arbitraje, planteando, por ejemplo, que los
inversionistas realmente sean del país que dicen que son, y asegurándose
que los inversores tengan que pleitear primero en los tribunales
nacionales.
Fue especialmente la industria petrolera estadounidense
quien hizo presión para mantener las demandas inversor-Estado respecto a
contratos públicos. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el
gobierno neoliberal de México reformó ansiosamente su política
energética y el nuevo presidente Andrés López Obrador desea ahora
revisar la privatización del petróleo y gas. Los contratos
gubernamentales en energía, telecomunicaciones e infraestructura estarán
sujetos a las disposiciones del arbitraje inversor-estado.
No se frenarán las exportaciones de combustibles fósiles
Se han eliminado los términos que obligaban a los países a continuar
exportando los recursos naturales que buscan conservar. No está en el
nuevo acuerdo la “proporcionalidad energética” que obliga a Canadá a
exportar una cantidad determinada de energía a los Estados Unidos.
Sin
embargo, el acuerdo no permite limitar las exportaciones o
importaciones de combustibles fósiles, ni tampoco hace una referencia
vinculante a cumplir con objetivos de lucha contra el cambio climático.
La Agenda del comercio digital amenaza a la cultura
Canadá dice que ha mantenido su exención cultural que establecía el
tratado comercial NAFTA original contra la presión de la administración
de los Estados Unidos. Esto significa que Canadá puede mantener
políticas que protegen la cultura del mercado y de las mega industrias
culturales de los Estados Unidos (cine, música, etc.).
Si bien esto
es cierto, tiene la debilidad del acuerdo original. Es decir, define las
industrias culturales de la manera en que las se definieron en la
década de 1990 antes de la expansión de Netflix, HBO, los videojuegos y
los gigantes de la economía de datos (Google, Facebook, Amazon, etc).
Es
una gran amenaza para la diversidad cultural, la libertad de expresión y
el movimiento de software de código abierto (entendiendo internet como
un bien común). La sección de comercio digital del USMCA no permite
restricciones al comercio digital, lo que impide que Canadá promulgue
políticas futuras que protejan la cultura local ante la ofensiva de las
grandes multinacionales en el mundo digital.
Las compañías
tecnológicas suelen proyectar una imagen “moderna”, “juvenil” y
“progresista” pero bajo la superficie, compañías como Google, Facebook,
Amazon y Uber se comportan como una industria extractiva transferiendo
enormes beneficios económicos de las clases populares a las cuentas de
ejecutivos multi-billonarios. Además están imponiendo a los gobiernos
una agenda política que les da niveles muy peligrosos de control sobre
nuestras vidas y están causando impactos profundos en el desarrollo
económico en el mundo, y más aún en el Sur global.
Capítulos ambientales y laborales
No es sorprendente que el "cambio climático" esté ausente en el acuerdo
del Presidente Trump. Si bien hay un capítulo ambiental, nada se
refiere al insuficiente Acuerdo climático de París.
El capítulo es débil y sólo hace alguna referencia a la contaminación,
el tráfico marítimo, los animales en peligro de extinción, el ozono,
etc., pero no hay medidas vinculantes que antepongan la protección
ambiental al derecho mercantil.
Los capítulos de los temas laborales y
ambientales están llenos con términos no vinculantes y tampoco hay
mecanismos de implementación o sanción.
El acuerdo perpetuaría la
externalización de la contaminación y los empleos, ofrece ayudas
especiales a los contaminadores corporativos y extendería el legado
contaminante de Trump por años después de que haya dejado su cargo.
Prolongaría la contribución del comercio trilateral a la crisis
climática.
El tratado incluye una innovación: por primera vez se
condiciona el intercambio comercial de un porcentaje de automóviles y
piezas de automóviles al pago de un salario mínimo de 16 dolares USA por
hora o más. Se abordan los problemas de seguridad y contaminación
ambiental de camiones con domicilio en México que circulan por las
carreteras de los Estados Unidos. Se ajustan también las reglas de
origen que permiten discriminar a mercancías comercializadas entre los
tres países que contienen altos porcentajes fabricados en China u otros
países.
El oro azul: el agua sin protección
El
movimiento mundial por un agua pública lleva años argumentando que el
agua es un derecho humano, debe ser protegida y excluida de cualquier
acuerdo comercial. En el NAFTA original, había un anexo que definía el
agua como un “bien comercializable” y, por lo tanto, Canadá no podía
limitar las privatizaciones y exportaciones de agua a los EE UU. Además,
Canadá estaría sujeta a disposiciones de proporcionalidad para exportar
agua.
En el nuevo acuerdo comercial, hay una carta complementaria
sobre el agua, pero sólo son buenas palabras, no está muy claro hasta
qué punto es exigible su no mercantilización. Y solo se aplica al agua
natural, no al agua embotellada o cualquier otra agua que se haya
convertido en un producto básico.
Impactos sobre la soberanía alimentaria y el mundo rural
El nuevo acuerdo permitiría a la agroindustria de los EE UU realizar
una inmersión masiva en el sistema de gestión de suministros alimentario
de Canadá y México.
A las grandes multinacionales tales como
Bayer-Monsanto, Cargill, Tyson Foods, Archer Daniels Midland Company
(ADM), DuPont, CHS, Dole Food o Chiquita Brands se les permitirá un
todavía mayor acceso al mercado agrícola de sus países vecinos, lo que
impactará sobre todo sobre la agricultura familiar provocando el cierre
de pequeñas granjas y aumentando la concentración empresarial.
Un
ejemplo: la ganadería canadiense y mexicana tendrán que competir
—todavía más— con la leche industrial estadounidense, que está
subvencionada y utiliza hormonas BHG para aumentar la producción, una
sustancia no permitida en Canadá, por ejemplo, debido a sus efectos
negativos sobre la salud.
Las mujeres y los pueblos indígenas no existen
No hay mención a los impactos específicos de las políticas comerciales
sobre las mujeres. Ni tampoco hay referencia al consentimiento indígena
en el acuerdo. Dos temas que muestra no sólo que los gobiernos son
profundamente misóginos y racistas, sino que no hay nada de
“progresista” en los tratados comerciales, como muchos medios y líderes
políticos nos intentan vender permanentemente. Recuerdan el mantra del
presidente de gobierno Pedro Sánchez sobre CETA cuando visitó Canadá y
la UE. Mentiras.
Aumentan los precios de los medicamentos por los patentes
Canadá y México cedieron ante las demandas de la poderosa industria
farmacéutica de Estados Unidos. Las patentes sobre medicamentos irán
hasta 10 años. En este momento, son sólo cinco años. Estos medicamentos,
los más caros del mercado, son vitales para los tratamientos de
artritis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras
patologías.
La protección de las patentes de las multinacionales
farmacéuticas hará que los precios se incrementen y que sea imposible
para el sistema público de salud cofinanciar o pagar ciertos
medicamentos que son fundamentales para pacientes que sufren
enfermedades pero no tienen el dinero para pagarse los tratamientos. Por
ejemplo, el alargamiento de las patentes de medicamentos biológicos de
cinco a ocho años aumenta el gasto público en Canadá en 800 millones de
dólares USA al año.
El nuevo tratado comercial facilitará los patentes perennes o imperecederas. Este término, procedente del inglés “evergreening patents”
hace referencia a aquellas regulaciones que permiten a las
farmacéuticas titulares de patentes una extensión de estas patentes para
nuevos usos de los fármacos.
Las patentes que no lleguen a
caducar por la expiración que establece la ley permiten a su titular
explotarlas de forma exclusiva y evitar que terceros sin su
consentimiento lleven a cabo esa misma explotación sin su
consentimiento. Ello permite a las farmacéuticas controlar el mercado de
un producto e impide el desarrollo de medicinas genéricas, mucho más
baratas y que incluso podrían ser fabricadas por empresas públicas.
En definitiva, para las personas que tienen que acceder a medicamentos es uno de los peores acuerdos comerciales.
Cooperación reguladora
El nuevo acuerdo está lleno de lenguaje ambiguos de cómo se deben
manejar las regulaciones existentes: se debe “cooperar”en la seguridad
para el consumidor, el medio ambiente, etiquetado de alimentos y otras
reglas. También establece un abordaje de la regulación "basado en el
riesgo", lo que significa que la responsabilidad de mostrar si un
producto es tóxico recae en las personas y no en la industria.
La
cooperación reguladora permite a las empresas pasar por alto los
procesos parlamentarios e influir en los organismos oficiales para que
establezcan reglas a medidas de las demandas corporativas. También
contiene reglas de administración que facilitarán reglas "más simples"
en asuntos tales como la construcción de oleoductos. Todo ello
dificultará mantener regulaciones de interés general.
El acuerdo
terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor a no ser
que los estados deciden renovarlo. Después de seis años se debe realizar
una "revisión conjunta" para la cual los Estados pueden presentar
recomendaciones.
Una política comercial que no defiende a la mayoría de los votantes de Trump
En las últimas décadas, especialmente a partir de los años 1980, las
políticas comerciales fallidas de Estados Unidos, tanto del partido
republicano como del demócrata, han aumentado dramáticamente el poder
corporativo y han perjudicado a las mayorías sociales, y muy
concretamente a las mujeres, la clase trabajadora, las personas
dependientes, a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Las
poblaciones de México, Canadá y los Estados Unidos han sufrido bajo las
reglas de NAFTA durante décadas. En México la importación de productos
agrícolas ha destruido millones de empleos agrarios y ha producido una
migración forzada del campo a la ciudad. En EE UU casi un millón de
empleos fueron destruidos en sectores industriales y los gobiernos han
ayudado a las corporaciones a subcontratar empleos en México con
salarios mucho más bajos y en condiciones lamentables.
La presión
a la baja sobre los salarios en los tres países del NAFTA por la
deslocalización sistemática de las empresas se ha intensificado a medida
que los salarios manufactureros mexicanos ahora están un 40% por debajo
de los salarios medios de China.
Nada de esto se cambiará con este
nuevo tratado. Todo lo contrario. A pesar de la retórica racista y
nacionalista de Donald Trump de "América Primero”, el nuevo acuerdo
renuncia a una cláusula basada en la ley de contratación pública “Buy
American Act” que requiere que el gobierno de EE UU, las
administraciones federales y locales compren productos fabricados en
Estados Unidos, lo que crearía más empleos y más ingresos para la
economía local.
Tom Kucharz. Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No al TTIP, CETA y TiSA.
