Norma Piña, presidenta de la
SCJN, desechó el último recurso de la UIF contra Juan Collado por el
presunto fraude ligado a fondos en Andorra.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, desechó este jueves el último recurso promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Juan Collado -abogado de Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto- por un presunto fraude relacionado con la liberación de 40 millones de dólares depositados en Andorra.
La resolución, firmada el 20 de agosto y notificada esta tarde,
concluyó que el recurso de revisión interpuesto por la UIF carecía de
elementos constitucionales novedosos que justificaran la intervención de
la Corte.
A raíz de ello, la Ministra Piña precisó que la Suprema Corte sólo
puede revisar fallos de tribunales colegiados en amparo directo cuando
existen planteamientos de interpretación constitucional relevantes, lo
cual no ocurrió en este caso.
“Se desecha por improcedente el presente recurso de
revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen
los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo
vigentes", destacó.
Norma
Piña, presidenta de la SCJN, desechó el último recurso de la UIF contra
Juan Collado por el presunto fraude ligado a fondos en Andorra. Foto:
Saúl López, Cuartoscuro
De acuerdo con las investigaciones, el asunto se originó en octubre
de 2016, cuando el propio Juan Collado presentó una denuncia para que
las autoridades de Andorra liberaran sus recursos congelados en marzo de
2015. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinó
un “no ejercicio de la acción penal” por falta de pruebas de lavado de
dinero.
A pesar de ello, en 2018, Alberto Manuel Alcántara Martínez,
excoordinador general de Investigación de la Fiscalía, realizó gestiones
en Europa que lograron el desbloqueo de los fondos.
Posteriormente, en el sexenio pasado, la Fiscalía General de la
República (FGR) abrió una investigación, y acusó a Collado y a Alcántara
de tráfico de influencias y delitos contra la administración de
justicia, por lo que en 2020, un Juez reclasificó los cargos como
fraude. Sin embargo, tras la reposición del procedimiento, se determinó
que no había elementos suficientes para vincularlos a proceso.
De esta forma, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal
ratificó la decisión en julio pasado, donde concluyó que la UIF no tenía
legitimidad para promover el amparo, ya que las instituciones públicas
sólo pueden acudir a ese recurso si se afecta directamente su
patrimonio.
La UIF impugnó dicha resolución mediante un recurso de revisión,
mismo que fue turnado a la presidencia de la Corte, donde Norma Piña
decidió desecharlo de manera definitiva.
Con esta resolución, la Ministra Norma Pìña cerró el capítulo
judicial en torno a Collado dentro del máximo Tribunal, debido a que la
nueva resolución es inapelable y deja sin efectos cualquier intento de
reabrir la acusación de fraude.
En abril de 2024, un Juez federal finalizó el proceso contra Collado
por supuesta defraudación fiscal de unos 37 millones de pesos, ya que la
autoridad consideró que el delito ya había prescrito.
Además, a principios de febrero de 2022 se dio a conocer que Collado
Mocelo había salido victorioso de los procesos en su contra por presunto
lavado de dinero y delincuencia organizada.
Juan Collado Mocelo es uno de los abogados más reconocidos y
prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de
Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario
Villanueva Madrid, el expresidente Enrique Peña Nieto o el exdirector de
Pemex, Carlos Romero Deschamps.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La desclasificación de una lista parcial de beneficiarios de condonaciones fiscales es uno de los escándalos que en días pasados inició el señalamiento, no por ilegalidad hasta donde puede verse, pero sí por la inmoralidad de saber que un empleado promedio jamás podría evitar el pago de impuestos mientras los grandes capitalistas mexicanos han sido capaces de evadir sus obligaciones.
No hablamos de cualquier empresa ni empresario, sino de las peores personas de este país, responsables en muchos casos de muertes, enfermedades y destrucciones a gran escala.
Porque el trabajo realizado por la organización civil, Fundar, nos lleva a ver que aquellas personas morales, inclusive causantes de tragedias espantosas en el país, pudieron no sólo mantenerse impunes sino conseguir millonarios beneficios del gobierno.
Cuando se ha visto el llagado y las póstulas, la manifestación visible tras la que se ocultan terribles decadencias renales, cardiovasculares y neurológicas, como en la Región Lagunera, es inevitable pensar en la sobreexplotación de acuíferos por la industria lechera, lo mismo que en las filtraciones de la fundición metalúrgica a gran escala.
Empero, como suele ocurrir con la gran industria, el impacto ambiental de sus operaciones ha hecho crisis por las que suele atenuarse temporalmente el impacto, sólo para que la corrupción e impunidad posibiliten el incremento de la extracción de agua, así como aquellas filtraciones contaminantes que, en esa región del norte del país, se asocia con dos gigantes: el lechero Grupo Lala y la siderúrgica Met Mex Peñoles.
Entre 2015 y 2019, Grupo Lala tuvo condonaciones por 2 mil 429 millones de pesos, de acuerdo al listado obtenido, aunque hasta ahora es imposible saber cuánto se condonó a Industrias Peñoles. Están amparados, de acuerdo al informe de Fundar.
Tanto Peñoles como Minera México, son dos de las empresas que tienen enormes pasivos ambientales y gozan de impunidad. La primera, no sólo impactó con arsénico, también con plomo y cadmio en suspensión de partículas que provocó un enorme daño ambiental y a la salud de niños, ancianos y mujeres embarazadas de Torreón. Minera México, subsidiaria de Grupo México, contaminó en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y en dos megadesastres ambientales en Sonora en apenas los pasados seis años. Ambos impactaron Monterrey.
Dichas empresas pertenecen a algunos de los magnates más acaudalados del país: Lala, que preside Eduardo Tricio Haro; Peñoles, de Alberto Bailleres y Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco.
Grupo México, es responsable de la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos en 2006, un desastre industrial por el que ha conseguido impunidad al grado de que, hasta esta administración, ni siquiera se había hecho investigación sobre lo ocurrido, mientras los deudos, viudas e hijos, quedaron en la miseria con pensiones miserables.
Por cierto, en Pasta de Conchos, 36 de los 65 trabajadores muertos eran trabajadores de la contratista General de Hulla. Hoy sabemos que entre 2008 y 2009, el SAT le condonó a esa empresa cerca de 5 millones de pesos y en 2011 le condonaron el adeudo por 104 millones de pesos.
En la lista aparece también Corporación Geo, la constructora de precariedades, que edificó casas en zona de hundimiento en Chalco, esas que quedaron hechas añicos en el sismo de 2017; la misma responsable de contaminar hasta la destrucción el río Pacú en Chiapas y las tierras de cultivo en San Salvador Atenco en el Estado de México. Esa empresa, es también la que vendió casas sin servicios básicos, construidas con materiales de pésima calidad, defraudó a cientos de miles de familias y se retiró en “quiebra”, no sin antes obtener la condonación de casi 5 mil millones de pesos.
Ricos, poderosos y moralmente criminales, se han enriquecido a costa de la pobreza, la ignorancia, la corrupción. Influyentes como han sido, han mantenido su fortuna y prestigio. Son los millonarios de México y el mundo, que ni siquiera pagan impuestos.
En la primera compra consolidada de medicinas, 62 por ciento de las
claves se declararon desiertas, la mayoría debido a que personal del
Instituto Mexicano del Seguro Social que evaluó las propuestas de las
empresas las descalificó porque supuestamente no cumplían con los
requisitos técnicos. Era falso; en realidad hubo presión para que los
contratos se asignaran a laboratorios que estaban en segundo lugar, pero
eran los de siempre, que ofrecían sus productos a precios más
elevados, afirmaron funcionarios de la Oficialía Mayor de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Cuando se pidió a los dictaminadores que firmaran y colocaran su cédula profesional en las resoluciones, nadie lo quiso hacer.
Eso llamó la atención de las autoridades, y más cuando hubo la
insistencia de asignar los contratos a los segundos lugares de cada
clave.
Para la nueva compra de medicamentos y material de curación para
cubrir las necesidades de 2020, se tomarán medidas para blindar el
proceso. Los dictaminadores se necesitan, pero será requisito la firma y
cédula profesional que avalen los dictámenes.
Las bases de la licitación se publicarán en las siguientes dos a tres
semanas, una vez que se revise la demanda planteada por estados e
instituciones de salud. Y es que también ahí se detectaron
irregularidades, pues se ha pedido de más y en ocasiones productos que
no son las mejores opciones terapéuticas.
En otros casos no se han tomado medidas para mejorar las condiciones
de compra para el Estado. Integrantes de la Secretaría de Salud pusieron
el ejemplo de los anticonceptivos. Hay dos grandes productores de los
implantes subdérmicos que tienen calidad equivalente. En años pasados,
los contratos se dividían entre ambas empresas. Ahora habrá competencia y
tendrá el contrato la que ofrezca el mejor precio.
Los funcionarios comentaron a La Jornada que se pone
especial atención a los productos de grupos terapéuticos que representan
80 por ciento de la inversión federal. Estos son los que tratan el
cáncer, afecciones cardiovasculares, metabólicas (diabetes), infecciosas
(VIH o hepatitis), los anticonceptivos y materiales de curación.
Explicaron que con base en el Nuevo compendio de medicamentos, que sustituye al Catálogo de medicamentos
del sector salud, ya se ha eliminado un tercio de las claves, la
mayoría de las cuales se incluyeron a propuesta de la industria
farmacéutica.
Demanda racional
Recalcaron que el gobierno federal comprará todo lo que cada paciente
necesite. La primera consideración no es el precio. Por eso la
importancia de que haya una demanda racional de insumos.
Los funcionarios puntualizaron que la mayoría de las claves
declaradas desiertas en el primer ejercicio de compra consolidada de
este gobierno ya se asignaron en una nueva licitación. Sólo quedaron 358
pendientes, sobre las cuales se pidieron cotizaciones a los
fabricantes.
A la SHCP y la Ssa llegaron pocas propuestas, pero luego de que se
tomó la decisión de comprar metotrexato en el extranjero y sobre todo a
partir de que el producto llegó al país, se volcaron las ofertas
para las 358 claves mencionadas, señal de que los fabricantes ya
entendieron que la decisión del gobierno es comprar donde sea que pueda
obtener mejor calidad y precio.
Lo más importante es que el gobierno no está en pleito con las
farmacéuticas; al contrario, tiene el objetivo de promover a la
industria nacional y garantizar la equidad en una competencia abierta,
subrayaron los funcionarios.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de
la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado revelan que en
2014, año en que la empresa Oceanografía (Osa) defraudó a Banamex con
más de 5 mil millones de pesos, Caja Libertad servía para lavar dinero de Martín Díaz Álvarez, identificado como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera.
La denuncia presentada ante la FGR por Sergio Hugo Bustamante y que
fue la base para que se vinculara a proceso a Juan Collado Mocelo por
lavado de dinero y delincuencia organizada el miércoles pasado, señala
que los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna,
adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división
Gallos Blancos de Querétaro y que el abogado recién detenido también
obtuvo dinero de esa transacción.
Oceanografía fue una de las empresas más beneficiadas durante los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En 2014 la Comisión Especial
de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún
estableció que entre 2000 y 2006 Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto
con su tío Guillermo Sahagún, gestionaron contratos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) a favor de Oceanografía por 5 mil 929 millones de
pesos.
La investigación realizada por los legisladores refiere que al inicio
del sexenio de Fox, Oceanografía estaba quebrada, había evadido
impuestos y existían antecedentes de colusión con funcionarios públicos.
Cinco años después era la principal proveedora de Pemex.
Las conclusiones de la comisión creada en la Cámara de Diputados para
investigar a la familia Bribiesca Sahagún también incluyó el historial
hacendario de Oceanografía, que en 2000 debía 21 millones 130 mil pesos
al Servicio de Administración Tributaria, pero a partir de 2001 se
ordenó cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda,
refiere la información publicada en La Jornada en 2014.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se le otorgaron a
Oceanografía, por medio de Pemex, contratos cuya vigencia fue de 2008 a
2010. La empresa productiva del Estado comprometió el pago de 191
millones 392 mil dólares por diversos servicios, entre ellos flete de
lanchas rápidas para transporte de personal y barcos abastecedores de
nueva generación.
De acuerdo con el contenido de la orden de aprehensión contra Collado
Mocelo, Sergio Hugo Bustamante –quien formó parte del consejo de
administrción de Caja Libertad– declaró a la FGR que en 2014 me
consta que Libertad servía para lavar dinero de una persona de nombre
Martín Díaz Álvarez quien era director general de la empresa
inmobiliaria Dixie, y a través de ella se hacían movimientos financieros
que también involucraban a una empresa llamada Oeanografía, propiedad
del señor Amado Yáñez, persona con la que José Rico Rico (ex director
del consejo de administración de Caja Libertad) tenía negocios que
también involucraban a otros personajes.
En esa declaración, Bustamante refirió que Rico Rico “vendió el
equipo Gallos Blancos a Amado Yáñez en ocho millones de dólares, quien
los repartió con Juan Collado
El martes por la tarde
elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al abogado Juan
Collado Mocelo y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Norte de la
Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez Jesús Eduardo
Vázquez Rea. Ayer por la mañana, el juez dictaminó que existen elementos
suficientes para vincularlo a proceso, otorgó a la Fiscalía General de
la República (FGR) seis meses para concluir la investigación
complementaria y dictó la prisión preventiva oficiosa al acusado, debido
a que los delitos que se le imputan no permiten su libertad bajo
fianza.
De acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión contra el litigante y empresario deriva de una denuncia por participar
en una organización delictiva dedicada a la suplantación de identidad
para adquirir bienes y luego ocultar los ingresos ilegalmente adquiridos
en el sistema financiero nacional, en la cual están involucrados
como cómplices José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández,
Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, todos
requeridos por la justicia.
Para dimensionar el significado que tiene la detención de Collado
Mocelo, debe considerarse que entre sus clientes se cuentan el ex
presidente Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, Mario Ruiz
Massieu, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Emilio
Gamboa, Carlos Ahumada, Rosario Robles Berlanga y el líder del sindicato
de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, con quien se
encontraba comiendo en el momento de su detención.
En suma, se trata de
un personaje estrechamente vinculado con integrantes prominentes del
régimen neoliberal, un vínculo que al parecer rebasa lo profesional o
anecdótico: de acuerdo con Sergio Hugo Bustamante, quien presentó ante
el Ministerio Público una de las denuncias que llevaron a la detención
de Collado, éste fungía como testaferro del mencionado Peña Nieto, del
también ex mandatario Carlos Salinas de Gortari y del actual gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quienes serían los verdaderos
dueños de Caja Libertad, la entidad financiera usada por el abogado
para efectuar operaciones de lavado de dinero (como se conoce
coloquialmente a ocultar en el sistema financiero ingresos adquiridos de
manera ilegal).
Lo que la detención del poderoso abogado saca a la luz trasciende con
mucho sus presuntas actividades y obliga a plantear dos
consideraciones: la primera es que con la denuncia de Sergio Bustamante
se abulta el registro de señalamientos que en meses recientes han
implicado a Enrique Peña Nieto en actos ilícitos, pues cabe recordar que
su nombre también salió a relucir en la investigación seguida al ex
director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, en el juicio
realizado en Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, así como en declaraciones recientes del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.
Adicionalmente, gracias a diversas investigaciones periodísticas
realizadas durante el sexenio pasado y a los datos revelados durante el
presente por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda, han llegado al conocimiento de la ciudadanía toda suerte de
quebrantos perpetrados contra el Estado –algunos de los más notorios son
el robo de combustible a Pemex, la denominada estafa maestra o
las condonaciones fiscales irregulares por casi 2 billones de pesos–
sin que hasta el momento se haya señalado a los responsables.
Así, por una parte, se tiene una serie de señalamientos contra
quienes ocuparon las instancias más altas del poder público en el pasado
reciente y, por otra, un conjunto de casos de desfalcos a gran escala
sin aparentes culpables. Con estos indicios, resulta ineludible que la
Fiscalía General de la República emprenda una investigación no de casos
individuales, como se han presentado hasta ahora, sino de todo el
esquema de corrupción que llevó a niveles insólitos de descomposición
institucional, pues sólo de esta manera será posible despejar las
sospechas existentes o dar cauce a un megaproceso para terminar con la
estela de impunidad con la cual se ha saldado hasta ahora la inmensa
mayoría de dichos episodios.
Por último, debe recordarse que, al margen de las posturas
presidenciales referentes a evitar la corrupción en el futuro sin
emprender una persecución contra quienes hayan incurrido en ella en el
pasado, la Fiscalía cuenta con la autonomía para emprender esta tarea,
lo cual no sólo es su obligación, sino una perentoria exigencia social.
La idea es producir una colección de sillas, difunde la casa de modas
Ha establecido contacto con artesanos de Hidalgo
Silla producida por la empresa Louis Vuitton en la que utilizó diseños tradicionales creados por artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo.
Nueva York. La casa de modas francesa Louis Vuitton
difundió ayer que está en contacto con artesanos mexicanos para una
posible colaboración en la producción de una colección de sillas
criticada por el gobierno mexicano, el cual señaló a Vuitton por
apropiarse de un diseño artesanal.
Actualmente tenemos relación con artesanos de Tenango de Doria, en
el estado de Hidalgo, México, con la perspectiva de colaborar juntos
para producir esta colección, señaló la casa de modas en un correo electrónico.
La secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto Guerrero, envió
la semana pasada a Vuitton una carta diciendo que se había enterado
‘‘con sorpresa” de que una silla de la colección Dolls by Raw Edges
reproduce elementos que se identifican como bordados artesanales de la
comunidad de Tenango de Doria.
‘‘Nos sentimos obligados a consultarles, de manera respetuosa, si
para la elaboración de la silla buscaron y, en su caso, contaron con la
colaboración de la comunidad y la de sus artesanos”, escribió Frausto.
La carta denuncia apropiación cultural y propone ‘‘participar en una
mesa de trabajo donde dialoguemos a la par empresa, gobierno y
comunidades”.
Esta es la segunda carta que el gobierno mexicano envía recientemente a una casa de modas por supuesta apropiación cultural.
A mediados de junio, Frausto envió una misiva a la casa de la
diseñadora venezolana Carolina Herrera acusándola de apropiarse de
elementos propios de los artesanos mexicanos en una de las colecciones
de la famosa marca.
En su caso, la secretaria de Cultura criticó los diseños de la
colección Resort 2020 de Herrera por incorporar elementos de Tenango de
Doria, el istmo de Tehuantepec y el sarape de Saltillo.
Herrera respondió que la colección rinde homenaje a la riqueza de la
cultura mexicana al inspirarse en sus colores y técnicas artesanales.
‘‘La presencia de México es indiscutible en esta colección”, declaró
el director creativo de la marca, Wes Gordon, en un comunicado. ‘‘Es
algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como
una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que
he visto hacer allí”.
La carta de Frausto a Vuitton está dirigida a Héctor Pardo, director
de comunicación y relación con clientes para Vuitton en México,
Centroamérica y el Caribe.
Una silla similar de la misma colección está valorada en 18 mil 200
dólares (más de 348 mil pesos), según el sitio de Vuitton. El portal
explica que la casa se unió a Raw Edges, el dúo de diseñadores integrado
por Yael Mer y Shay Alkalay, para crear la colección de sillas de
edición limitada.
Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Sedena y AMLO.
Foto: Benjamín Flores
Por
Arturo Rodríguez García (apro).- La exhibición de datos, así sea
dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió
por diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los
responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del
pasado inmediato como en el sector privado.
En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un
sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la
implementación de la estrategia describió como un sistema encima del
sistema de transporte de combustible por ductos.
“Es un sistema diseñado con tanta precisión que se roba lo necesario
para quitarle la ganancia a Pemex, pero le permite subsistir”, me dijo.
De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado,
se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo
que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse
de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de
entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la
fuente, en el último año.
En su edición 2204, actualmente en circulación, el semanario Proceso
expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una red que, con
tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos
que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de
almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar
decenas de miles de litros de combustible.
Por supuesto, la dimensión de la extracción así como su capacidad de
transporte demuestran que, en efecto, se trata de una operación idéntica
a la de Pemex, respecto a la que falta aun ver cuál es el destino, es
decir, si todo el proceso tiene características similares a las de la
otrora paraestatal, necesariamente tiene que haber clientes similares.
Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia
Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la
República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex
involucrados en la recepción del robo de combustible.
Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de
combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular,
como grandes empresas de distribución de productos en transportes
terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.
Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una,
la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la
petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el
combustible robado.
Aun cuando se han anunciado averiguaciones previas y casos ya
judicializados, hasta ahora no existen indicios de que las
investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de responsabilidad.
Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León Trawitz,
ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica que
será el primero en ser llamado a cuentas.
León Trawitz, quien fuera responsable de la seguridad de Enrique Peña
Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, ocupó la
posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio pasado y,
para que esté disponible, la actual administración lo acaba de regresar
de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como
agregado militar.
Ese país centroamericano, famoso por los paraísos fiscales que ahí se
desarrollaron fue un destino temporal para el mando castrense,
ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con el llamado
Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar
enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos
huachicoleros.
Fieles a su tradición de combinar política y negocios al amparo del
poder, los priístas mexiquenses son conocidos en parte por su empresas
transportistas y por ser franquiciatarios de gasolinerías, aunque lo
mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se evidencia en
Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.
Con tufo mexiquense en este primer momento, el huachicoleo parece
encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y políticos de distinto
signo.
Francisco González Rodríguez y Alberto Bailléres González.
Pasarela de candidatos ante banqueros. Foto: Eduardo Miranda
Por
Arturo Rodríguez García (apro).- La animadversión de un sector del alto
empresariado mexicano hacia Andrés Manuel López Obrador, pasa por lo
personal, lo ideológico y, naturalmente, por los intereses que existen
sobre áreas de negocio con el sector público que consideran en riesgo.
Pero al ser identificados por el candidato por nombre y apellido, hubo
una sensación de afrenta que radicalizó sus posiciones.
Acostumbrados a actuar en las sombras desde la creación del Consejo
Mexicano (antes, de Hombres) de Negocios, ser identificados en una
declaración del tabasqueño causó malestar y detonó el encono que, a lo
largo del mes de mayo, el segundo mes de campaña, los movió a
incursionar en la elección como no habían hecho en la historia, aunque
manteniendo el anonimato hasta la semana pasada.
Zongolica, Veracruz, población de cabecera en una región pobre y
olvidada de México, se convirtió en el epicentro del disgusto con el
sector del alto empresariado, cuando el fundador de Morena respondió a
pregunta de reporteros, respecto a las declaraciones que los voceros de
José Antonio Meade, Javier Lozano Alarcón, y de Margarita Zavala, Jorge
Camacho, hicieron sobre las presiones de empresarios para que ambos
declinaran a favor de Ricardo Anaya.
La revelación de los voceros fue la que puso de manifiesto que había
una operación en las sombras para incidir en el proceso electoral, algo
que el tabasqueño ya había perfilado sin ser explícito, al llamar a José
Antonio Meade reiteradamente en los días precedentes a mantenerse en la
contienda “porque lo querían bajar”.
Pero ya con la declaración de los voceros de sus opositores, López
Obrador identificó entre otros a Germán Larrea (Grupo México) y Alberto
Bailleres (Grupo Bal), segundo y tercero más ricos de México,
respectivamente. Esa fue la afrenta. En un país polarizado, los
millonarios quieren incidir en política, como siempre desde las sombras,
sin correr los riesgos de la polarización y la percepción popular.
Primero fue el desplegado, aunque escondidos en las siglas del CMN,
alteró la tradición de mantenerse en las sombras. Luego continuaron
usando a los organismos empresariales que suelen moverse conforme a los
designios de la cúpula de cúpulas.
Al radicalizar su encono contra López Obrador, fueron Larrea,
Bailleres, Eloy Vallina (Grupo Chihuahua), Héctor Hernández Pons
(Herdez) y José Antonio Fernández Carvajal (Femsa), quienes se animaron a
exponerse públicamente con sus comunicados, preámbulo de la estrategia
que seguirán en los próximos días. El común denominador de su mensaje es
decir que el país entrará en crisis, volverá a los tiempos de Luis
Echeverría y José López Portillo, como se expone en la edición del
semanario Proceso actualmente en circulación.
Naturalmente, omiten la relación que con aquellos presidentes y los
que les siguieron, mantuvieron al menos los veteranos; la adquisición de
empresas paraestatales y su posterior venta en los noventa; el
Fobaproa, e inclusive, participaciones directas en el andamiaje priista,
como en el caso de Vallina y Claudio X González, que llegaron a ocupar
cargos en el PRI o en la estructura gubernamental.
Aun actuando en las sombras, a punto de designar candidato a Luis
Echeverría, por ejemplo, los presidenciales hicieron pasarela ante los
hombres del CMN. En las sombras, opinaban sobre la designación de cada
sucesión presidencial. Un privilegio para los barones del dinero, de
espaldas a la sociedad.
Quizás en un intento por distender el conflicto con el puntero, hacen
la oferta de una reunión, a puerta cerrada, con los cuatro
presidenciales. Una vez más el privilegio, cuando hoy más que nunca,
gane quien gane las elecciones y sea cual sea su postura, lo que el país
necesita para ser más democrático es transparencia en los poderes
fácticos, en sus intereses e inquietudes, algo que los magnates no
parecen dispuestos a asumir… su costumbre es de influencia desde las
sombras.
El INE respondió que 16 compañías registradas como proveedoras en su
registro, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del
padrón.
El terreno político electoral no le es ajeno a las empresas fantasma,
entre 2014 y 2016, este tipo de compañías de papel facturaron al menos
25 millones de pesos a diferentes partidos políticos y campañas
electorales en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México por la
contratación de diferentes “servicios”.
Incluso, otras 16 compañías declaradas como fantasma por el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) serán canceladas y sacadas del padrón
de proveedores del INE en los próximos días, reconoció la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Millones a empresas de papel
Animal Político revisó documentación del INE y detectó pagos
millonarios a cuatro empresas que entre 2016 y 2017, el SAT boletinó
como “factureras” o “fantasma”. Los contratos encontrados son los
siguientes:
En 2014, la empresa Textiles Bulsalegre le vendió servicios por 18.7 millones a la dirigencia nacional del Partido Nueva Alianza (Panal).
En 2015, Covisa Comercializadora: le facturó 2.1
millones de pesos al PRI del Estado de México por anuncios
espectaculares. Se trata de la misma compañía que en 2014 fue
responsable de colocar anuncios espectaculares para promocionar el
tercer informe de gobierno de Eruviel Ávila Villegas en la Ciudad de
México.
En 2016, las compañías Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well,
las dos incluidas en el padrón de fantasma del SAT, le vendieron al PAN
de Tlaxcala utilitarios de campaña, impresión de lonas y anuncios
espectaculares por 4.1 millones de pesos.
Woonter Well también participó en la campaña a la gubernatura del PAN
en Puebla, pues le facturó a ese instituto político 850 mil pesos por
la rotulación de 850 vehículos de transporte público con publicidad
electoral del entonces candidato y hoy gobernador poblano José Antonio
Gali Fayad.
Han facturado a gobiernos locales
La información recabada por Animal Político señala que en el
caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well además de
facturar a partidos políticos, han obtenidos contratos de diferentes
gobiernos locales de Puebla por conceptos muy diferentes a la impresión
de lonas y anuncios electorales.
Comercializadora en General Hercalop le vendió al gobierno de Tepeaca,
municipio vecino a la ciudad de Puebla, que encabeza el priista David
Huerta Ruiz, 72 talleres de capacitación en temas distantes entre sí
como prevención de Bullying (que incluyó un taller complementario en
voleibol), gastronomía certificada y herrería. El monto de los talleres
fue por 3.6 millones de pesos.
En el caso de Wonnter Well le vendió productos al entonces gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, para equipar escuelas y servicios de vallas publicitarias. En tanto, al gobierno municipal de San Martín Texmelucan le vendió botas para policías.
Animal Político confirmó que las socias de la compañía
Wonnter Well son dos mujeres de bajos recursos que, al ser
entrevistadas, dijeron no tener idea de que sus nombres fueron
utilizados para la creación de la empresa.
El 6 de marzo pasado, la bancada del PRI en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para pedirle a la PGR que investigue a dicha compañía y sus posibles nexos con el exgobernador Rafael Moreno Valle.
La respuesta del INE
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE respondió por escrito, a una solicitud de entrevista hecha por Animal Político,
que en el caso de Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well,
“las empresas no habían sido calificadas por el SAT como empresas que
facturan operaciones inexistentes en la fecha que se celebraron las
operaciones”.
También explicaron que “estos proveedores fueron cancelados del
Registro Nacional de Proveedores el 01 de marzo de 2017, por no realizar
el refrendo de ese ejercicio”.
Cuestionados sobre las medidas de seguridad que siguen para validar
empresas que entran al Registro Nacional de Proveedores del INE, la
Unidad respondió que “derivado del convenio de colaboración que se
tiene con el SAT, hoy en día existe un mecanismo de comunicación en
línea, el cual permite, validar en tiempo real que el proveedor se
encuentre inscrito y activo”.
16 empresas fantasma
El INE también respondió que 16 compañías registradas como proveedoras, y calificadas como fantasma por el SAT, serán canceladas del padrón.
“El INE identificó a 16 empresas (sin mencionar
nombres) que están calificadas por el SAT como contribuyentes con
operaciones inexistentes, por lo que se cancelará su inscripción en el
Registro Nacional de Proveedores, así mismo, se está en proceso de
identificar las fechas en que estas realizaron operaciones para
determinar si dichas operaciones fueron realizadas antes de que el SAT
identificara a estos proveedores como empresas que facturan operaciones
inexistentes”, expuso el instituto.
Un cruce de datos entre el Registro Nacional de Proveedores del INE y la lista de empresa fantasma del SAT, permitió a Animal Político
identificar las 16 compañías fantasma que serán sacadas del padrón del
INE. Incluso se lograron detectar otras tres sociedades calificadas como
fantasma que aún se encuentran activas en el padrón.
De acuerdo con este cruce, las 16 empresas que serán sacadas del padrón del INE son:
Coordinación Empresarial del Sur S.A de C.V
Mar del Golfo Suministro de Construcción S.A de C.V
Sercaff Servicios Integrales S.A de C.V
Comercializadora de Oriente Mavi-He S.A de C.V
Distribuidora Comercial Albafat S.A de C.V
Jayden S.A de C.V
Publicidad Exterior Espectacular S.A de C.V
Arquitectura e Ingeniería Sustentable Fountaine S.A de C.V
Comercializadora Petzara S.A de C.V
Comercial de Servicios Empresariales Dimi-Tros S.A de C.V
Comercializadora Mexicana Mafervi S.A de C.V
Corporativo Vaxi S.A de C.V
Ingeniería en Construcción Mopar S.A de C.V
Proyectos y Construcciones Yerutnae S.A de C.V
Euromittel S.A de C.V
Materiales, Construcciones y Proyectos Cercitak S.A de C.V
En el caso de las tres empresas boletinadas por el SAT y que aún se
encuentran activas en el Registro Nacional de Proveedores del INE, las
sociedades son:
Ferretería Constructora y Asfaltos Teneraca, S.A de C.V.
Grand Expert, A.A. de V.V.
Marketing Corporation S.A. de C.V.
INE autorizó contratos
La excandidata al gobierno de Tlaxcala por el PAN,
Adriana Dávila Fernández, cuya campaña recurrió a las empresas fantasma
Comercializadora en General Hercalop y Woonter Well, dijo que ella
contrató a esas empresas porque simplemente formaban parte del Registro
Nacional de Proveedores del INE.
“Como candidatos estamos obligados a elegir entre esas empresas, de
no hacerlo así incurrimos en un delito electoral”, aseguró la
excandidata y actual senadora panista.
El reglamento de fiscalización del INE señala en su artículo 356 que
“solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos,
candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores”.
Y también indica en el artículo 361, que será la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE quién verifica “que la información de las empresas
coincida con la del SAT, y solicita a la Unidad de Inteligencia
Financiera que se investiguen los antecedentes de operaciones inusuales o
“si existe algún proceso en curso por operaciones con recursos de
procedencia ilícita”.
Por ello, sostuvo la excandidata panista, si hay una responsabilidad
en el caso “tendrán que ser el INE y el SAT los que respondan, pues
ellos autorizaron a esas empresas en el padrón de proveedores”.
El INE por su parte respondió que en el caso de los candidatos que
utilizaron estas compañías fantasma para sus campañas, se analiza cada
caso pues “existen varias situaciones a considerar por parte del INE,
como es el momento en que se efectuó el gasto y a partir de cuándo fue
clasificado como un contribuyente que realiza operaciones presuntamente
inexistentes por parte del SAT, ya que en función de esto el área
fiscalizadora del INE determina si es procedente o no una sanción”.
Mientras
el virus ha tenido fronteras, allá en África, ese inframundo habitado
por parias, el orden de las cosas sigue su cauce. Los muertos no
contaban, salvo aquellos pertenecientes a organizaciones religiosas,
misioneros, médicos, enfermeras y personal auxiliar de organizaciones
humanitarias, de piel blanca, trasplantados al, eufemísticamente
apodado, continente negro. Mucha víctimas del Ébola u otras
enfermedades infeccionas han pasado a la categoría de Santos
y mártires. Religiosos altruistas que dan su vida por ayudar al
desvalido. Una manera como cualquier otra de salvar el alma y redimir
el sentimiento de culpa propio de pecadores. Igualmente, médicos,
deportistas, actores y gente de la farándula hacen campaña para
apadrinar un niño, construir una escuela o levantar un hospital. África
es un buen lugar dónde practicar la condición de buen samaritano.
Inclusive, Naciones Unidas tiene sus embajadores, gente de bien al servicio de causas humanitarias. Acciones que ennoblecen y reivindican al homo sapiens, sapiens, como seres reflexivos y conscientes, dolosos con la desgracia ajena, al decir de Adam Smith.
¿Algo habrá que hacer ante las hambrunas, falta de escuelas,
hospitales, desastres naturales y enfermedades que asuelan África? Mil
cosas, desde campañas de concientización en medios de comunicación
hasta bonos solidarios ubicados estratégicamente en las cajas
registradoras de supermercados y grandes superficies que nos recuerdan
la necesidad de misericordia con los pobres y desheredados de la
tierra. Sin olvidarnos de las órdenes religiosas que se esmeran en
recoger alimentos, medicamentos y donaciones para ampliar su labor
evangelizadora. Comparte tu riqueza con un pobre, Dios te recompensará
en el cielo, pero antes pasa por caja, la Iglesia te lo agradece. Sólo
un dato: la orden San Juan de Dios, a la cual pertenecía el sacerdote
español repatriado de Liberia y contagiado de ébola, contaba en 2011
para su filial, Orden Hospitalaria San Juan de Dios, con 12 millones de
euros en productos financieros de deuda pública del tesoro español y
capitales de riesgo y 1.16 millones de euros en renta fija del Banco de
Santander.
Todo un detalle, teniendo en cuenta que el medio millón de
euros, que dice el gobierno ha costado el traslado a Madrid, será
sufragado íntegramente por el Estado. De esta forma se cierra un
capítulo más de la connivencia entre Iglesia y Estado.
Eso sí, mientras nos congratulamos del operativo
humanitario, en Estados Unidos el ejército anuncia poseer un fármaco
secreto llamado Zmapp como respuesta al virus del ébola. Dicho anuncio
coincide con los traslados del médico Kent Brantly y la cooperante
Nancy Writebol, afectados por el virus, al centro de enfermedades
infecciosas de Atlanta, el más completo en el mundo para su
tratamiento. Mientras tanto, el religioso español Miguel Pajares es
repatriado a un hospital de Madrid, desmantelado, que no cuenta con
medios, pero sí con el fármaco, enviado gentilmente por el
ejército estadunidense para ser administrado como paliativo. En ambos
casos se da vía libre para experimentar en humanos. Ahora, tras la
muerte del sacerdote español Miguel Pajares, el Comité de Ética de la
Organización Mundial de la Salud aprueba el uso experimental del
fármaco en África como opción para el tratamiento o prevención, aunque
no se conozcan sus efectos secundarios y su eficacia no esté
comprobada. Pero, oh casualidad, el fármaco está agotado….
Utilizar
el Zmapp en los países afectados por el virus del ébola amplía la
población sobre la cual experimentar, pero sobre todo facilita a sus
dueños el control, a pie de campo, de los posibles efectos secundarios,
convirtiendo a África en un laboratorio al aire libre. Por el momento
el brote actual ha causado la muerte de más de mil personas, situando
la tasa de mortalidad entre 25 y 90 por ciento de los infectados. Pero
nos olvidamos que los países afectados forman parte del tercer mundo,
donde se desarrolla la venta de armas, la extracción de materias primas
y el comercio ilegal de diamantes o animales exóticos por auténticas
mafias y empresas trasnacionales, donde los gobiernos hacen la vista
gorda. No hay nada mejor que una espléndida pandemia vírica para
aumentar beneficios.
Sirva como recordatorio que África, sus gentes y sus riquezas han
sido explotadas por potencias e imperios en nombre del progreso y la
civilización occidental. Bélgica, Holanda o Gran Bretaña. Sin
olvidarnos de Francia, España, Portugal, Alemania o Italia. Desde el
siglo XVI, hombres, mujeres y niños fueron capturados, encadenados y
transportados a Europa y América, vendidos como esclavos. Reyes,
cortesanos y burgueses amasaron sus fortunas potenciando el comercio de
carne humana. Igualmente expropiaron sus territorios y establecieron
sus lindes para monocultivos, plantaciones de caucho, cacao, azúcar y
cuanta materia prima fuese capaz de generar ganancias. Asimismo, el
marfil, las pieles y los trofeos de caza fueron lucidos en las
mansiones de Londres, Ámsterdam, París, Bruselas, Brujas, Roma o
Hamburgo.
Hoy Europa le cierra las puertas. Antes los importaban como
mercancía, hoy los expulsan como seres humanos. Pateras atestadas de
jóvenes africanos, atraídos por las sociedades opulentas, dejan su vida
en el mar por un sueño imposible. Son miles los africanos muertos en
las aguas que bañan las costas de España y Italia o ven cómo se les
reprime cuando tratan de saltar las alambradas de Melilla. El ébola es
un argumento más para cerrar puertas y, de paso, seguir obteniendo
beneficios económicos en nombre del progreso. El ébola es una bendición
para las empresas farmacológicas. Además lo sufren africanos, no la
gente civilizada. Una verdadera ventaja.
La
declaratoria de quiebra de la Compañía Mexicana de Aviación y sus
filiales, emitida ayer por la juez Edith Alarcón, pone fin a un proceso
caracterizado por la impunidad empresarial, el ensañamiento oficial
contra los trabajadores de la aerolínea más antigua del país y la
indolencia de las autoridades frente a las afectaciones a los usuarios
de las empresas aéreas y frente a la economía nacional.
Ciertamente, la trama que dio origen a esta quiebra y su estela de
afectaciones no se inició en agosto de 2010, cuando las operaciones de
la aerolínea fueron interrumpidas abruptamente, sino desde finales del
sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras ser sometida a
un rescate que costó mucho dinero a los contribuyentes. Sin embargo, la
mayor cuota de responsabilidad corresponde, sin duda, al gobierno
encabezado por Felipe Calderón, que toleró manejos empresariales
dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía y, una vez
que el corporativo entonces encabezado por Gastón Azcárraga declaró la
inviabilidad operativa y financiera de la empresa, declinó intervenir
en forma decisiva y se limitó a observar, impávida, la cancelación de
vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio
y la suspensión total de sus operaciones. Posteriormente, con la
declaratoria de concurso mercantil, las autoridades calderonistas
volvieron a lavarse las manos, dejaron en la desprotección a miles de
afectados –trabajadores, pasajeros y acreedores– y se dedicaron a
obstaculizar los intentos de diversos grupos de inversionistas para
rescatar a la aerolínea, en una maniobra que hasta hoy resulta
incomprensible si no es como vía para beneficiar a las competidoras de
Mexicana.
Esa cadena de omisiones gubernamentales, que a la postre resultaron
tan determinantes para la quiebra como las malas prácticas
empresariales, ameritarían el inicio de investigaciones ministeriales
para esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios de la
administración pasada.
El
gobierno de Peña Nieto, por su parte, no puede limitarse a afirmar que
el patrimonio de la empresa no alcanza para cubrir las indemnizaciones
de los trabajadores y a lamentar la quiebra referida. Es importante
recordar que a pesar del cambio de administración federal y de la
alternancia de partidos en la Presidencia, persiste una continuidad
institucional que obliga a las actuales autoridades a hacerse
responsables de las omisiones cometidas por sus antecesores y a hacer
valer los derechos de los trabajadores. Por lo demás, sería un error
que las instancias encargadas de procurar justicia usaran la quiebra de
Mexicana como pretexto para no proseguir con las investigaciones contra
Gastón Azcárraga y quienes pudieron haber obstaculizado, desde el poder
público, el retorno de la compañía al espacio aéreo.
Además de lo legal y lo político, la extinción de Mexicana ha
generado duras afectaciones para el país en términos económicos, como
40 por ciento de incremento en los boletos de avión, deterioro en la
calidad y la puntualidad de los vuelos y pérdida de proyección
internacional del país en materia de aeronáutica civil. Este saldo
constituye una muestra más de lo desastrosa que puede resultar la
ideología político-económica que preconiza el retiro del Estado de sus
responsabilidades en materia de desarrollo e incluso de sus
obligaciones en términos de transparencia y procuración de justicia, y
para la cual los rescates sólo se justifican cuando son en beneficio de
grandes corporativos financieros internacionales.
El Cisen investiga las relaciones de Oceanografía y su principal
accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera;
con los exdirectores generales de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el actual diputado Juan Bueno
Torio.
La indagatoria –cuya copia tiene Contralínea– detalla,
además, los nombres de 14 funcionarios y seis exfuncionarios de la
paraestatal contra quienes se procederá penalmente por beneficiar a la
naviera con contratos por más de 8 mil millones de pesos; entre éstos,
destacan el exdirector de PEP Carlos Morales Gil y el exabogado general
Néstor García Reza.
El documento, clasificado como confidencial,
también revela que el gobierno de Calderón declinó proceder contra los
hijos de Marta Sahagún por el tráfico de influencias en el que
incurrieron por este caso de corrupción
Primera de tres partes
El Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) indaga las relaciones de Oceanografía, SA de CV, con
el exsecretario de Energía Jordy Herrera Flores; los exdirectores
generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y el diputado federal Juan Bueno
Torio, exdirector de Pemex Refinación.
El dossier de la investigación que realiza el órgano de inteligencia –del que Contralínea
obtuvo una copia– refiere que el seguimiento es “por las probables
irregularidades” en beneficio de la naviera, cuyo principal accionista,
Amado Yáñez Osuna
, ya fue arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
La pormenorizada pesquisa en torno a los cinco exservidores públicos
incluye un rastreo de sus cuentas bancarias y sus bienes.
En forma textual, el documento
clasificado como confidencial y fechado en 2014 señala: “Se están
siguiendo líneas de investigación sobre probables irregularidades en
que habrían incurrido tres exdirectores generales de Pemex para
beneficiar a Oceanografía, SA de CV; siendo éstos Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel.
“También se investiga por igual motivo a Jordy Herrera Flores,
quien fungió como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica y
quien el 9 de septiembre de 2011 fue designado como secretario de
Energía por el [entonces] presidente Felipe Calderón [...quien ejerció
el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012].
“Por otra parte, aunque ya antes se ha
investigado acerca de los vínculos del actual diputado federal Juan
Bueno Torio con los hermanos [Manuel y Jorge] Bribiesca Sahagún
, como facilitador para la adjudicación de diversos contratos a
Oceanografía, SA de CV, nuevamente se ha solicitado una revisión
minuciosa de su actuación al frente de Pemex Refinación y sobre todo si
existen datos que lo pudieran vincular con esta red de corrupción en
torno de Oceanografía.”
Según se desprende del documento, las indagatorias sobre los cinco exfuncionarios de primer nivel
se insertan en la búsqueda de probables responsables por los perjuicios
que sufrió el patrimonio público de Pemex, que podría superar los 8 mil
millones de pesos referentes a los montos de los contratos anómalos.
En la mira, 20 funcionarios
En su segundo apartado, el documento
del Cisen se refiere a los “funcionarios y exfuncionarios de Pemex
contra quienes se procederá legalmente en breve”. Se trata de una lista
integrada por 14 servidores públicos en activo y seis que ya no laboran
en la paraestatal más importante de México.
Por el nivel jerárquico que
desempeñaron, sobresalen dos: el exdirector de la subsidiaria Pemex
Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil –quien ejerció el
cargo del 1 de noviembre de 2004 al 7 de febrero de 2014, y salió por
las presiones del caso Oceanografía
–, y el exabogado general de la petrolera José Néstor García Reza, a
quien el propio Cisen ya había señalado como supuesto integrante de una
red de robo y tráfico de combustibles (Contralínea 333).
Al respecto, el Cisen detalla en su nuevo documento que “además de la investigación en curso por sus vínculos con Oceanografía
, a este exfuncionario se le investigaba previamente y por separado por
enriquecimiento ilícito”. García Reza ejerció como abogado general de
Pemex de 2005 a noviembre de 2010.
En la lista también se encuentra Mario
Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de
PEP. De éste, el informe confidencial señala que es hasta el momento
uno de los exfuncionarios contra quien se tienen las pruebas más
sólidas. Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional al
gobierno de Campeche en la elección de 2009 y formó parte del grupo
político de Juan Camilo Mouriño , indica el órgano civil especializado en espionaje.
Aunado a ello, el documento del Cisen
apunta que ya se tienen elementos sólidos que podrían acreditar la
responsabilidad de las otras 19 personas en la comisión de diversas
irregularidades e ilícitos. “La mayoría de estos funcionarios y
exfuncionarios son investigados por participar en una red de corrupción
al interior de Pemex, principalmente en PEP, para beneficiar a
Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto
superior a los 8 mil 744 millones de pesos, asignados a esa empresa
entre julio de 2010 y junio de 2012”.
Los funcionarios en activo, todos de
PEP, son: José Luis Fong Aguilar, actual subdirector de Producción de
la Región Sur; José Guadalupe de la Garza Saldívar, quien funge
actualmente como subdirector de Mantenimiento y Logística; Baudelio
Ernesto Prieto de la Rocha, titular de la Unidad de Perforación;
Francisco Jacobo Gordillo, gerente de Administración de Mantenimiento y
Logística; Víctor Hugo Ceballos Chávez, quien se desempeña como gerente
de Logística Marina; Miguel Ángel Alpuche Delgado, gerente de
Mantenimiento Integral Marítimo; Juan Sánchez Rivera, gerente de
Programación y Evaluación; Mireya Juanita Miranda Moyar, titular de la
Coordinación Integral de Control y Servicios; Martha Alicia Contreras
Arrieta, coordinadora de Proyectos de Inversión; José Refugio Serrano
Lozano, actual subdirector de Servicios a Proyectos; Benito Ricardo
Maranto Barrera, quien funge como gerente de Mantenimiento y Logística
de la Región Sur; Luis Primo Velasco Paz, quien es actualmente
subdirector de Distribución y Comercialización; Juan Alfredo Ríos
Jiménez, gerente de Perforación y Reparación de Pozos; Rubén Luján
Salazar, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos.
Los otros exfuncionarios, también de
PEP, son: Sergio Aceves Borbolla, exsubdirector de Servicios a
Proyectos; Carlos Enrique Becerra Schulz, exgerente de Suministros y
Servicios Administrativos; Alejandro Peña Calderón, exgerente de
Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Suroeste.
A decir del Cisen, que depende de la
Secretaría de Gobernación, “de la revisión que se ha realizado hasta la
fecha se han detectado diversas irregularidades en la asignación y en
la operación de múltiples contratos otorgados a Oceanografía,
por lo cual se tienen líneas de investigación contra diversos
funcionarios y exfuncionarios de Pemex, en contra de quienes en breve
se presentarán diversas denuncias penales”.
Agrega que esas 20 personas “no son los
únicos contra quienes se pretende proceder legalmente, ya que se sigue
ahondando en la extensa red de corrupción instrumentada en torno de
Oceanografía, por lo que se espera que otros funcionarios y
exfuncionarios, sobre todo de Pemex, sean también procesados en el
transcurso de las próximas semanas”.
Y aunque la línea principal de investigación en contra de estos funcionarios se centra en 21 contratos adjudicados a Oceanografía,
el Cisen señala que la investigación se extenderá no sólo para revisar
otros contratos asignados a esa empresa, sino para indagar la actuación
de otros funcionarios y exfuncionarios de Pemex que están implicados en
esta red de corrupción y tráfico de influencias.
Y es que del dossier del Cisen destacan
las ausencias de quien fuera secretario de Energía y presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa; del exdirector general de Pemex Jesús
Reyes Heroles, y del exabogado general de la paraestatal José César
Nava Vázquez.
Los 21 contratos irregulares
Por su relevancia en el caso de corrupción, tráfico de influencias y cohecho de la empresa Oceanografía –que ha tocado al primer círculo
en la Presidencia de la República en los sexenios de Vicente Fox y
Felipe Calderón–, el expediente confidencial del Cisen subraya algunos
contratos que están siendo investigados para proceder contra los
funcionarios y exfuncionarios enlistados. Todos fueron adjudicados en
el gobierno calderonista.
Se trata de los contratos 428221806 y
428221805, por un importe de 15 millones 98 mil 469.1 dólares (181
millones 909 mil 375.41 pesos, al tipo de cambio de la firma del
convenio, refiere el documento), por concepto de transporte de
personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de lanchas rápidas,
con vigencia hasta el 31 de octubre de 2014.
También, el contrato 428221853 por un
monto de 7 millones 65 mil 79.84 dólares (84 millones 901 mil 770.94
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), por
concepto de transporte de personal, materiales y equipos ligeros con
apoyo de una lancha rápida, con vigencia hasta agosto de 2014.
Además, el contrato 421002805, por un
monto de 198 millones 52 mil pesos; los contratos multianuales
421002810, 421002811, 421002812, 421002813 y 421002814, por concepto de
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos con el apoyo de
barcos procesadores, firmados el 13 de marzo de 2012 por un monto total
de 343 millones 186 mil 680 dólares (2 mil 230 millones 714 mil 200
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), con
vigencia hasta diciembre de 2015, adjudicados directamente.
Asimismo, el contrato 428232814, por un
monto de 286 millones de pesos. También la licitación 18575108-514-12,
por concepto de mantenimiento y apoyo de las actividades de perforación
en plantas marinas ubicadas en el Golfo de México, adjudicada a
Oceanografía por un monto de 563 millones 920 mil pesos, con vigencia
hasta diciembre de 2014.
El último caso al que hace referencia
el documento es la licitación 18575108-516-12, por concepto de
rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones marinas, con apoyo
de una embarcación, adjudicada en 2012, por un monto de 296 millones y
con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2014.
“Autorización superior” benefició a naviera: Centro de Investigación y Seguridad Nacional
El análisis elaborado por el principal
órgano de inteligencia civil en México acerca de los beneficios que
recibió la empresa Oceanografía revela que el gobierno de Felipe
Calderón protegió de manera deliberada a los hijos de Marta Sahagún,
esposa del expresidente Vicente Fox. También, que fue por una
“autorización superior” que se le siguieron dando contratos millonarios
a la naviera de Amado Yáñez.
Al exponer los antecedentes del caso en
su primer apartado, refiere que “a principios del gobierno de Felipe
Calderón esta empresa fue objeto de una investigación exhaustiva no
sólo por sus irregularidades, sino también por el vínculo de su socio
principal [Amado Yáñez Osuna] con los hermanos [Manuel y Jorge]
Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, quienes habrían cabildeado decenas de contratos a favor de Oceanografía, SA de CV, a cambio de millonarias comisiones”.
Sin embargo, añade el documento, “a
pesar de que al realizar esas investigaciones se obtuvieron datos
sólidos que revelaban la existencia de múltiples anomalías, actos de
corrupción y tráfico de influencias tanto por parte de la empresa, como
de funcionarios de Pemex y de los hermanos Bribiesca Sahagún, se
determinó no proceder en su contra y, por el contrario, con
autorización superior se adjudicaron nuevos contratos a Oceanografía,
SA de CV”.
El caso de Juan Bueno Torio
El expediente confidencial al que tuvo acceso Contralínea
da cuenta de un nuevo seguimiento del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional al ahora diputado federal Juan Bueno Torio, quien
fuera director de Pemex Refinación.
Según el documento, se investigan sus
vínculos con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, “como
facilitador para la adjudicación de diversos contratos a Oceanografía,
SA de CV.
“Además se ha solicitado otra vez [sic]
la revisión de contratos adjudicados por Juan Bueno Torio durante su
desempeño al frente de Pemex Refinación a empresas propias, de
familiares y amigos, requiriéndose de manera especial información sobre
los siguientes contratos:
“Contratos GTT-039-01/03,
GTT/039/01/PP/03 y GTT/039/01/2PP/03, adjudicados a la empresa
Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno
Lázaro, tío de Juan Bueno, por un monto total de 4.5 millones de pesos.
“Contrato GTT-0039-02/2004, otorgado en
2004 por Pemex Refinación a la empresa Transportadora y Distribuidora
Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, por un monto de 1 millón 800
mil pesos.
“Contrato GTT-039-01-M04, por un monto de 334 mil pesos, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel.
“Contrato GTT-039-CM/2005-2008,
adjudicado en 2005 a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un
monto de 7 millones 171 mil 977 pesos.
“Contrato GTT-039-01/2005, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un monto de 1 millón 860 mil pesos.
“Contratos adjudicados en 2004 y 2005
a la empresa Combor Transportes, propiedad de Rosa Bueno Torio, hermana
de Juan Bueno, siendo éstos los siguientes: GTT-0333-01/2004, por un
monto de 600 mil pesos; GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos;
GTT-0333-01/2005, por un monto de 720 mil pesos.
“Diversos contratos adjudicados a Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Juan Bueno Torio.”
Les correspondía revisar y aprobar las auditorías de la ASF sobre
irregularidades en contratos con Pemex; Kessel, Herrera, Carstens,
Cordero y Meade, entre los involucrados
Foto: Especial
Tras
la reforma a Petróleos Mexicanos de 2008, el Consejo de Administración
de la empresa paraestatal pudo frenar la entrega de contratos a
Oceanografía. Ese órgano tuvo, entre sus personajes claves, a los
secretarios de Energía y Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón.
Los cambios constitucionales, impulsados por el ex presidente
Calderón, otorgaron al Consejo de Administración la facultad de revisar
y aprobar las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), el Órgano de Control Interno y de los auditores externos.
Los personajes claves en esta tarea son Georgina Kessel y Jordi
Herrera, titulares de Energía, así como Agustín Carstens y Ernesto
Cordero, encargados de Hacienda, así como José Antonio Meade, quien
estuvo, en distintos momentos, al frente de ambas secretarías y hoy
ocupa la titularidad de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con la legislación que regula a Pemex, ellos tuvieron la
obligación de revisar y aprobar los informes de la ASF, los cuales
advertían de las irregularidades en la asignación de contratos y
ejecución de obras de la empresa Oceanografía, con sede en Campeche.
Tras la reforma, se crearon al interior del Consejo siete comités,
entre los que se encuentran uno de Auditoría y Seguimiento al
Desempeño, el cual tiene la obligación de realizar las investigaciones
necesarias cuando “se advierta la comisión de presuntas
irregularidades o delitos”.
Y otro es el de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el
cual tiene como tarea “dictaminar sobre la procedencia de no celebrar
licitaciones públicas, en términos de las disposiciones aplicables”,
es decir cuando se hallen irregularidades en las empresas que buscan
los contratos.
Además, verifican “el procedimiento para la contratación, que puede
ser a través de invitación restringida o de adjudicación directa, de
lo cual se dará cuenta al Comité de Auditoría”.
Los comités fueron presididos por los consejeros profesionales de
Pemex desde 2010: Héctor Moreira Rodríguez, José Fortunato Álvarez
Rodríguez, Fluvio Ruiz Alarcón y Rogelio Gasca Neri, quienes reportaban
directamente al Consejo General.
Los implicados
El artículo 19 de la Ley de Pemex señala que es responsabilidad de
los integrantes del Consejo de Administración de la Paraestatal aprobar
“las operaciones que pretendan celebrar Petróleos Mexicanos o sus
organismos subsidiarios, directa o indirectamente, con aquellas
personas morales sobre las cuales ejerzan control o tengan influencia
significativa”.
Otro parte del artículo menciona que basados en informes de
auditorías y seguridad, el Consejo “es responsable de verificar los
principales riesgos a los que están expuestos Petróleos Mexicanos y
sus organismos subsidiarios” en materia financiera.
Entonces, por ley, el Consejo de Administración de Pemex debió
enterarse de que desde 2004 la Auditoría Superior alertó sobre las
irregularidades de Oceanografía.
Cuando la reforma a la paraestatal entró en vigor, noviembre de
2008, su Consejo, según mandataban sus nuevas atribuciones, debió
enterarse de los señalamientos de la ASF, entre los que se encuentra
una multa no cobrada desde 2005 por 405 millones de pesos a la empresa
de Amado Yáñez por incumpliendo de obras.
Además, ese mismo año la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
ordenó a Petróleos Mexicanos, mediante el oficio SFP/LX/061/2008
25/01/2008, revisar la totalidad de contratos con Oceanografía a causa
de los desfalcos detectados.
Agustín Carstens y Georgina Kessel, como secretarios de Hacienda y
Energía, primeros en la línea de mando del Consejo de Administración,
por ley, debieron conocer las irregularidades a través de los comités
de auditoría y seguimiento de obras desde 2008.
En 2009, Ernesto Cordero asumió la Secretaría de Hacienda y, por
tanto, la segunda línea de mando del Consejo, en ese año, tampoco se
hizo caso a las recomendaciones de las auditorías.
Entre 2011 y 2012, último año de Calderón y en el cual se otorgaron
más de ocho mil millones en contratos a Oceanografía, José Antonio
Meade y Jordi Herrera presidieron el Consejo de Administración de Pemex.
Figura Gil Díaz
El caso es diferente con Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda
durante el sexenio de Vicente Fox, debido a que en ese entonces todavía
operaba la Ley Orgánica de Pemex, la cual mantiene ambigüedad en las
funciones del Consejo de Administración y no establece funciones
específicas.
Gil Díaz es señalado, por algunos personajes implicados en este
asunto y legisladores federales, como uno de los artífices que permitió
al rescate bancario de Oceanografía y el operador principal para
asignarle los contratos.
Actualmente, el Consejo es presidido por Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, y Luis Videgaray.
