Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de
la República (FGR) en torno al abogado Juan Collado revelan que en
2014, año en que la empresa Oceanografía (Osa) defraudó a Banamex con
más de 5 mil millones de pesos, Caja Libertad servía para lavar dinero de Martín Díaz Álvarez, identificado como socio y prestanombres de Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera.
La denuncia presentada ante la FGR por Sergio Hugo Bustamante y que
fue la base para que se vinculara a proceso a Juan Collado Mocelo por
lavado de dinero y delincuencia organizada el miércoles pasado, señala
que los directivos de Caja Libertad, en combinación con Yáñez Osuna,
adquirieron irregularmente el equipo de futbol de primera división
Gallos Blancos de Querétaro y que el abogado recién detenido también
obtuvo dinero de esa transacción.
Oceanografía fue una de las empresas más beneficiadas durante los
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En 2014 la Comisión Especial
de la Cámara de Diputados que investigó a los hijos de Marta Sahagún
estableció que entre 2000 y 2006 Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, junto
con su tío Guillermo Sahagún, gestionaron contratos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) a favor de Oceanografía por 5 mil 929 millones de
pesos.
La investigación realizada por los legisladores refiere que al inicio
del sexenio de Fox, Oceanografía estaba quebrada, había evadido
impuestos y existían antecedentes de colusión con funcionarios públicos.
Cinco años después era la principal proveedora de Pemex.
Las conclusiones de la comisión creada en la Cámara de Diputados para
investigar a la familia Bribiesca Sahagún también incluyó el historial
hacendario de Oceanografía, que en 2000 debía 21 millones 130 mil pesos
al Servicio de Administración Tributaria, pero a partir de 2001 se
ordenó cancelar el embargo que aplicaría la Secretaría de Hacienda,
refiere la información publicada en La Jornada en 2014.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se le otorgaron a
Oceanografía, por medio de Pemex, contratos cuya vigencia fue de 2008 a
2010. La empresa productiva del Estado comprometió el pago de 191
millones 392 mil dólares por diversos servicios, entre ellos flete de
lanchas rápidas para transporte de personal y barcos abastecedores de
nueva generación.
De acuerdo con el contenido de la orden de aprehensión contra Collado
Mocelo, Sergio Hugo Bustamante –quien formó parte del consejo de
administrción de Caja Libertad– declaró a la FGR que en 2014 me
consta que Libertad servía para lavar dinero de una persona de nombre
Martín Díaz Álvarez quien era director general de la empresa
inmobiliaria Dixie, y a través de ella se hacían movimientos financieros
que también involucraban a una empresa llamada Oeanografía, propiedad
del señor Amado Yáñez, persona con la que José Rico Rico (ex director
del consejo de administración de Caja Libertad) tenía negocios que
también involucraban a otros personajes.
En esa declaración, Bustamante refirió que Rico Rico “vendió el
equipo Gallos Blancos a Amado Yáñez en ocho millones de dólares, quien
los repartió con Juan Collado
Las autoridades dieron a conocer que fue detenido Erick
Cervantes Murillo, identificado como uno de los principales involucrados
en el fraude por más de 5 mil millones de pesos cometido en 2014 contra
Banamex por Amado Yáñez Osuna, dueño de la empresa Oceanografía.
Cervantes Murillo, quien trabajaba como ejecutivo de la institución financiera, dijo al comparecer ante la autoridad que sólo recibía órdenes de sus superiores y nada más, sin abundar en detalles de quiénes beneficiaron a Yáñez Osuna.
En los próximos días el juez 14 de distrito en materia penal con sede
en el Reclusorio Sur, Rubén Darío Noguera Gregoire, definirá la
situación jurídica de Cervantes Murillo, ya que el proceso se llevará a
cabo conforme al anterior sistema de justicia penal y si se le dicta
auto de formal prisión no tendrá derecho a la libertad bajo fianza ya
que el delito que se le imputa es considerado grave.
Cervantes Murillo, quien fue detenido en Tabasco por elementos de la
Policía Federal Ministerial, es señalado por la Fiscalía General de la
República como un hombre clave en el fraude que Oceanografía realizó en
contra de Banamex.
De acuerdo con las constancias del expediente, el fraude se descubrió
el 11 de febrero de 2014 cuando la Secretaría de la Función Pública
(SFP) dio a conocer la inhabilitación de Oceanografía para participar en
procesos de licitación y contratación con instituciones federales, y
los ejecutivos de Banamex solicitaron la conciliación de los contratos
que la naviera tenía con Petróleos Mexicanos (Pemex) y que eran la
garantía de pago por parte de la empresa. Esa revisión puso en evidencia
que la documentación era falsa.
En ese entonces Oceanografía operaba 26 por ciento de los traslados
de combustible de Pemex, y ocho días después de que se descubrió el
fraude por el cual Amado Yáñez Osuna, propietario de la naviera, fue
procesado penalmente y pasó unos meses en prisión, ya que fue dejado en
libertad tras pagar una fianza de 7.5 millones de pesos, que
Cervantes Murillo, responsable de recibir las estimaciones de
Oceanografía en la sucursal de Villahermosa, Tabasco, y de cotejar con
Pemex que los documentos fueran reales, abandonó el hotel en el que se
hospedaba fingiendo sentirse mal.
En realidad Cervantes Murillo sustrajo de su oficina varias cajas con
toda la documentación, pero fue detenido por autoridades de Tabasco al
ser acusado de robo relacionado con documentos de la institución
financiera.
Los supuestos contratos “que sirvieron para llevar a proceso penal a
algunos empleados de Banamex y al propietario de Oceanografía, fueron
encontrados en la cajuela del vehículo de Murillo Cervantes.
El fraude significó para Banamex que en el primer semestre de 2014
tuviera una utilidad neta negativa de 2 mil 890 millones de pesos.
Aunque Oceanografía fue llevada a concurso mercantil y durante cuatro
años estuvo bajo control gubernamental, en 2018 la naviera fue devuelta
a Amado Yáñez luego de diversos litigios, y gracias a que los
acreedores de la empresa le condonaron 96 por ciento de sus deudas pudo
reactivar sus operaciones.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República, Yáñez
Osuna ejerció como administrador único de Oceanografía en todas las
actividades financieras de la empresa, y que el crédito que obtuvo de
Banamex, y que debió utilizar para mantener la operación de su compañía,
lo empleó para pagar cuestiones relacionadas con compra de vehículos de
lujo, un yate y sobre todo la nómina de dos equipos de futbol (Gallos
Blancos de Querétaro y Delfines de Mérida).
La decisión, luego de que un contador externo declaró que le fue sustraído el documento
Tras robo de expediente, el SAT beneficia a Oceanografía con mil 641 millones de pesos
Antes, un tribunal colegiado canceló a la firma contratista una deuda por casi $18 mil millones
Periódico La Jornada
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
benefició con un crédito fiscal de mil 641 millones de pesos a
Oceanografía por sus actividades en 2008, después de que esa oficina dio
por buena una versión del contador externo Ricardo Vera Mendoza, quien
argumentó que el expediente fue robado.
El crédito fiscal en favor de la empresa de Amado Yáñez fue otorgado
en diciembre pasado, como consta en el expediente respectivo elaborado
por la Administración General de Grandes Contribuyentes –del que se
tiene copia– de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ya antes el noveno tribunal colegiado en materia civil había
cancelado una deuda por casi 18 mil millones de pesos contraída por
Oceanografía, y ahora el contador Vera declaró ante la autoridad que le
fue robado todo el archivo electrónico y el soporte documental de la
auditoría practicada en aquel año a la empresa de Amado Yáñez, preso en
el área de clasificación de internos del Reclusorio Sur de la Ciudad de
México.
Ante el extravío de la información fiscal de Oceanografía, la
autoridad federal y de procuración de justicia en la Ciudad de México
iniciaron la averiguación previa FCH/CUH-5/T3/01921, donde se asentó el
robo de documentación a la empresa, sin que a la fecha se tenga noticia
del responsable.
El expediente del crédito fiscal manifiesta que el contador de la empresa señaló
que no contaba con respaldo alguno en archivo electrónico ni con copia
con el soporte documental, toda vez que la información fue sustraída en
virtud de un robo en las oficinas. Así, la autoridad se quedó sin
materia de trabajo, y aceptó las condiciones del caso que la llevaron a
autorizar el multimillonario crédito fiscal.
“Dicha información y documentación era necesaria para conocer
el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales a que Oceanografía
era afecta como sujeto directo en materia de impuesto sobre la renta
causado con motivo de las operaciones a cabo con residentes en el
extranjero.
Sin embargo, el contador público Ricardo Vera Mendoza no
proporcionó la información y documentación para que esta Administración
Central de Información y Documentación estuviera en posibilidades de
observar la situación fiscal de la contribuyente Oceanografía SA de CV,
por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al 31 de
diciembre de 2008.
El SAT indica en su documento que Oceanografía, en 2009, pretendió
hacer deducibles gastos por conceptos de materiales de oficina, otros
servicios, subcontratación de construcción, mano de obra subcontratada,
servicios administrativos, fletamentos y materiales permanentes por un
monto de mil 608 millones 675 mil pesos, con la salvedad de no haber
proporcionado información documental que soportara de manera fehaciente
dichos gastos.
Tampoco demostró que esos gastos fueron estrictamente indispensables y que se vincularon con actividades propias de Oceanografía.
Esto permitiría a las empresas registrar el petróleo mexicano entre sus activos: PRD
Proponen que se les permita asociarse para obtener varios contratos al mismo tiempo
Trabajos de las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de DiputadosFoto Pablo Ramos
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Sábado 26 de julio de 2014, p. 7
Las empresas trasnacionales que obtengan contratos de producción compartida de hidrocarburos recibirán el pago en especie,
con una proporción del petróleo o gas extraídos que será determinada
por la Secretaría de Hacienda en cada convenio, según se desprende de
los cambios que PRI y PAN hicieron a la iniciativa presidencial de la
ley de ingresos sobre hidrocarburos y de reforma a la Ley de
Coordinación Fiscal, cuyo dictamen será discutido este sábado en
comisiones de la Cámara de Diputados.
Esa disposición, explicó el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso
Raya, permitirá a las grandes empresas registrar el petróleo mexicano
entre sus activos. Esas reservas petroleras ya no serán de México, sino que quedarán en manos extranjeras, alertó.
También, y aunque el PAN anunció que no aceptaría dejar a las
empresas exentas del pago de utilidades, las comisiones unidas de
Hacienda y de Energía avalaron la iniciativa del Ejecutivo para que los
trabajadores no obtengan ese beneficio constitucional.
La excepción propuesta no implica impedimento alguno para que los
trabajadores que laboren en la industria puedan obtener beneficios
adicionales a su ingreso laboral. Las empresas pueden establecer los
mecanismos de remuneración que consideren convenientes para retribuir a
sus trabajadores, justifica el proyecto de dictamen.
Además, esas bancadas decidieron ampliar la participación de las
empresas en el mercado de la exploración y extracción de hidrocarburos,
al permitirles asociarse para obtener varios contratos al mismo tiempo,
en contraste con la iniciativa original de Enrique Peña Nieto, que
consideraba otorgar un solo contrato por compañía.
En los considerandos del proyecto de dictamen, las comisiones
justifican que la regulación del contenido económico de los contratos
de exploración y extracción de hidrocarburos no debe limitar de manera desmedida las formas organizativas de los participantes, porque ello podría impedir el desarrollo de la industria petrolera.
Por eso se incluyó una modificación a la redacción del artículo 31 de la iniciativa, para que las empresas puedan participar en los procesos de licitación de forma individual, en consorcio o mediante la asociación en participación.
Una vez establecidas como un consorcio, las empresas tendrán
oportunidad de presentar conjuntamente una propuesta para ganar las
licitaciones.
Inversión atractiva
Las modificaciones tienen por objeto alentar a los
posibles inversionistas, ofreciéndoles un esquema en virtud del cual
sea posible disminuir los altos riesgos y costos que implica el
desarrollo de actividades de exploración y extracción… y permitir la
participación de actores que, en otras circunstancias, no se
incorporarían al mercado nacional.
Con ello, señalan, la inversión se vuelve más atractiva.
Las comisiones también pretenden ratificar las distintas modalidades
de contratos en el mercado petrolero nacional, propuestas por Peña
Nieto, así como los mecanismos de pago a las compañías privadas:
En efectivo, para los contratos de servicios; un porcentaje de
utilidad para los contratos de utilidad compartida; un porcentaje de la
producción obtenida para los contratos de producción compartida; la
transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que se extraigan del
subsuelo en los contratos de licencia, o bien una combinación de las
anteriores.
En la tercera modalidad se agregó que el porcentaje de la producción será en especie.
Alonso Raya y su compañero de bancada, Carol Antonio Altamirano,
explicaron que además en la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal,
los diputados se enfrentarán a un problema con los gobiernos de los
estados, debido a que se mantiene intacta la fórmula para la
distribución del fondo participable a entidades petroleras.
No obstante, como a esa lista se prevé agregar a Coahuila y
Chihuahua como productores de gas de lutita, los ingresos tendrán que
repartirse entre más estados.
¿Cómo
logró un empresario como Amado Yáñez -acusado de presentar facturas
falsas de Pemex para obtener créditos del principal banco de México
(Banamex) por siete mil millones de pesos- que un juez federal le
fijará una fianza de apenas 80 millones de pesos y lo dejará enfrentar
su proceso en libertad por considerar que el delito que cometió no era
grave? La respuesta está en los acuerdos políticos para facilitar la
aprobación de la reforma energética.
Porque, de otra manera, no se entiende cómo la PGR presentó una
acusación tan frágil y mal armada por el que puede ser considerado el
fraude bancario más grave cometido en México después del robo
del Fobaproa. Los argumentos legales esgrimidos por la PGR ante el Juez
14 de Distrito en Asuntos Penales del DF hicieron que el dueño de la
empresa Oceanografía, que no sólo defraudó a Banamex sino que falsificó
facturas de Pemex e incumplió sus obligaciones como el principal
proveedor de la empresa más grande del gobierno mexicano, se encuentre
ahora libre y defendiéndose con todas las comodidades de un delincuente
de cuello blanco que goza de protección política.
El caso Oceanografía se convirtió en una más de las “monedas de
cambio” que el PAN utilizó hábilmente para condicionar su voto a favor
de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Las
acusaciones en contra de la empresa privada que resultó favorecida con
grandes contratos durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y de
Felipe Calderón se habían convertido en un tema de desgaste y una
amenaza latente para encumbrados ex funcionarios panistas, por lo que
ese partido pidió abiertamente, en un claro chantaje, que el gobierno
dejara de investigar este fraude o no apoyaría con sus votos las leyes
secundarias energéticas que tanto le urgen al gobierno federal.
El resultado no fue sólo la liberación de Amado Yáñez con una
deficiente acusación de la PGR y una cómoda multa para el empresario
que ganó miles de millones de pesos en contratos públicos y que además
cometió un fraude bancario millonario; ya antes, el gobierno de Peña
Nieto, a través del procurador Jesús Murillo Karam y del secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, se había encargado de reducir el caso
Oceanografía a un mero “asunto entre particulares”, eliminando toda la
carga política de este fraude que involucraba a las altas esferas del
PAN en los últimos dos sexenios.
Eso explica por qué las cosas de pronto se le comenzaron a acomodar
a Amado Yáñez, que en sus declaraciones ante el Ministerio Público
Federal, el pasado 2 de mayo, se dio el lujo de declararse inocente y
alegar ignorancia de los fraudes cometidos con facturas apócrifas para
obtener créditos de Banamex, de los que culpó a su socio Martín Díaz
Álvarez, quien dijo manejaba sólo la administración y la contabilidad
de la empresa “porque yo estaba demasiado ocupado manejando dos equipos
de futbol de la Liga Mexicana”.
Es decir, el millonario Amado Yáñez, el hombre favorecido con
contratos de Pemex, que se volvió el mayor contratista de la
paraestatal desde los dos gobiernos del PAN y aún el primer año del
gobierno de Peña Nieto, pretende deslindarse de un fraude de siete mil
millones de dólares con el simple argumento de que el mayor contratista
de la paraestatal delegó el manejo de la administración a uno de sus
socios y no supo nunca lo que hacía.
El problema para Amado Yáñez es que su socio, Martín Díaz, no parece
dispuesto a convertirse en su “chivo expiatorio”. El presunto pariente
de Francisco Gil Díaz afirma que los créditos que solicitó Oceanografía
a Banamex los aprobaba un Comité y los autorizaba Banamex y que no hay
una sola de esas solicitudes de crédito que esté firmada por él, como
asegura Yáñez. Lo que es más, Martín Díaz sostiene que el uso de
facturas apócrifas para obtener créditos bancarios en Oceanografía es
una práctica que data de hace al menos 10 años, mientras que él entró a
trabajar en la empresa apenas en 2010.
Y ahí es donde los argumentos de Amado Yáñez, de que él no tuvo nada
que ver con el fraude a Banamex ni con el uso de facturas falsas, se
caen: desde antes del 2010 Oceanografía tiene 36 demandas por falta de
pago y por el uso de facturas falsas de Pemex que pretendió cobrar en
Bancomext e Interacciones, instituciones que detectaron las facturas
apócrifas y se negaron a pagarlas, algo que por cierto no hizo Banamex.
Así que, por ahora los arreglos políticos para sacar la reforma
energética en el Congreso y los chantajes del PAN a Peña Nieto parecen
haber salvado a Amado Yáñez, pero hará falta mucho más que un alegato
de “ignorancia” para que este codicioso empresario, que se benefició de
millonarios contratos públicos y se volvió un delincuente de cuello
blanco se libre de ser hallado culpable del fraude bancario más grande
después del Fobaproa.
NOTAS INDISCRETAS… Finalmente Cuauhtémoc Gutiérrez se salió con la
suya y logró imponer a Tonatiuh González como secretario general del
PRI-DF. Con eso la designación de Mauricio González como nuevo
presidente del priismo capitalino se ve acotada por el grupo de
Cuauhtémoc y se confirma que ni en el CEN del PRI, con César Camacho,
ni en Los Pinos ni Gobernación, de donde mandaron a Mauricio, tienen la
fuerza suficiente para enfrentarse a Gutiérrez. ¿O también tienen
compromisos con el ex dirigente acusado de trata de mujeres?… Los dados
mandan Serpiente. Falló el tiro.
Relojes, joyas, vehículos e inversiones en equipos de futbol, son
algunos de los rubros en los que Amado Yáñez, dueño de Oceanografía
acusado de desvío de recursos, gastó préstamos crediticios provenientes
de diversas instituciones bancarias, reportó Reforma.
De
acuerdo con el oficio 110/F/A/267/2014 de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda citado por el diario,
Yáñez recibió por parte de Banamex, Banco del Bajío y de Pemex recursos
por un total de 12,461 millones 350,992 pesos para cumplir sus
obligaciones dispuestas en los contratos con la paraestatal, dinero que
en su mayoría fue destinado a pagos de bienes y servicios no
relacionados al sector energético.
La polémica en torno a Amado
Yáñez comenzó el pasado mes de marzo, luego de que la Procuraduría
General de la República (PGR) ordenó su localización debido a un
supuesto fraude en contra de Banamex, banco que lo acusó de un daño
patrimonial de 5,312 millones 329,400 pesos.
Este miércoles se
dictó auto de formal prisión en contra de Amado Yáñez por su probable
responsabilidad penal en la comisión del delito de desvío de créditos
bancarios a fines distintos para los que fueron otorgados, sin embargo,
el juez le fijó una fianza de 80 millones de pesos al empresario, quien
se encuentra hospitalizado al sur de la Ciudad de México desde el 29 de
mayo.
Te presentamos el desglose por rubros de los gastos que
Yáñez cubrió con recursos que supuestamente serían destinados para
cumplir sus obligaciones con Pemex, según Reforma.
Futbol
-De
acuerdo con el documento citado, Yáñez destinó 406,000 dólares a la
Femexfut, sin embargo, no se especificó el concepto del gasto.
-El empresario también pagó 371,200 dólares al equipo Pumas de la UNAM, tampoco se especifica la razón del monto.
-El dueño de Oceanografía compró por 7.9 millones de pesos el equipo Pumas Morelos.
-Según la UIF, Yáñez destinó 55.2 millones de pesos a la compra del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro.
-El
documento indica que el empresario hizo dos pagos al exfutbolista Jorge
Campos, quien es asesor del equipo Gallos Blancos, de 93,000 dólares (1
millón 199,700 pesos) y 39.5 millones de pesos.
-También,
Yáñez otorgó 35,000 dólares (451,500 pesos) a la Academia de Claudio
Suárez, exfutbolista y vicepresidente de ese equipo.
Relojes y joyas
-Según
el reporte, durante la investigación de la cuentas de Amado Yáñez se
encontró un pago de 983,200 dólares (12 millones, 683,280 pesos) en la
exclusiva tienda de relojes suizos, Audemars Piguet Boutique.
-En la misma boutique también se registró un pago de2.6
millones de pesos por parte del empresario, quien de acuerdo con
Reforma, es conocido en el mundo de los relojes por su importante
colección de Audemars.
-Yáñez también destinó230,150 dólares a Berger Joyeros, sin embargo, no se especificó más sobre las compras que realizó con dicha marca.
-En
la correduría francesa especializada en arte contemporáneo, Galeries
Bartoux, el empresario gastó 49,919 dólares (643,955.1 pesos).
Autos
-La UIF tiene registradas las compras de autos deportivos de lujo japonés Picacho, gasto que ascendió a 3.3 millones de pesos.
-El
empresario adquirió, según el documento, un par de vehículos en Rolls
Royce México, cuyo costo fue de 600,000 dólares (7 millones, 500,000
pesos) y 3.3 millones de pesos.
TV Azteca
-El
dueño de Oceanografía otorgó dos pagos millonarios a TV Azteca, uno por
1 millón 144,395 dólares (14 millones, 762, 695 pesos) y otro por 61
millones 716,000 pesos, sin embargo, no se especificó la razón de los
mismos, según el diario.
Transferencias
-Según
el oficio citado, Oceanografía realizó dos tranferencias a una cuenta a
nombre de Amado Yáñez, por 370,000 dólares (4 millones, 773,000 pesos)
y otro por 308 millones 653,050 pesos. De acuerdo con el periódico,
dicho monto debía ser utilizado para financiar el cumplimiento de sus
contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
-Oceanografía también realizó transferencias por 421,650 pesos a Martín Díaz, socio de Amado Yáñez, indicó el diario.
-Se
trasladaron también 47 millones 150,000 dólares (608 millones, 235,000
pesos) a una cuenta en el Principado de Luxemburgo a nombre de CVI
Global (Lux) Master, empresa financiera y de valores, vinculada al
desarrollo de programas informáticos. De dicha suma, 20 millones de
dólares (258 millones de pesos) fueron ordenados directamente por Yáñez
Osuna, según la información de la UIF.
-Otros
movimientos bancarios a nombre de Ocenografía fueron: 435 millones
821,932 pesos en favor de Citibank Agency and Trust; 2 millones 806,608
dólares (36 millones 198,227 pesos) para American Express TRS; 470,499
dólares (6 millones 68,261 pesos) para Enterprise Bank; 6 millones
200,000 dólares a PNC Bank National Association (79 millones 964,500
pesos); 1 millón 300,000 dólares (16 millones 766,750 pesos) a
Soverereing Bank, y 51,492 dólares (664,000 pesos) a Sea Horse MTG.
La filial de Citigroup en México “extravió” parte de la
documentación relacionada con el fraude que habría cometido
Oceanografía por unos 5 mil millones de pesos. Banamex responsabilizó a
su gerente divisional de ventas en Tabasco del supuesto robo de los
documentos, revela la averiguación previa FECORO-I-547/2014. El
“hurto”, sin embargo, habría sucedió la madrugada del 20 de febrero,
unas horas antes de que la sede central descubriera la estafa. La
“desaparición” de una parte de los expedientes se suma a los problemas
que, por este caso, enfrenta el directivo bancario Javier Arrigunaga,
vinculado a uno de los principales socios de Amado Yáñez. No obstante,
la relación del director de Banamex y Martín Díaz Álvarez –primo de Gil
Díaz y quien directamente reestructuró las deudas de la naviera con el
banco– aún se mantiene al margen de las investigaciones
El Banco Nacional de México, SA (Banamex), “extravió” parte de la documentación relacionada con los créditos que otorgó a Oceanografía,
SA de CV, por un total de 8 mil 80 millones de pesos, y que habrían
derivado en un supuesto fraude que podría superar los 5 mil 200
millones.
La desaparición de los documentos fue
presentada por la filial de Citigroup como un robo, supuestamente
cometido unas horas antes de que la directiva del banco conociera la
estafa. Así consta en la denuncia de hechos que interpuso el banco el
23 de febrero pasado ante la Procuraduría General de Justicia de
Tabasco, y que se integró en la averiguación previa FECORO-I-547/2014,
de la cual Contralínea obtuvo copias.
Según la versión del banco, el supuesto
hurto habría ocurrido en las oficinas de esa entidad federativa durante
la madrugada del 20 de febrero. De ser así, el robo se cometió apenas
unas horas antes de que la sede central de la institución financiera
descubriera que la mayoría de los papeles presentados como garantía por
la empresa de Amado Yáñez Osuna eran apócrifos.
Y es que fue el mismo 20 de febrero
cuando la directiva de Banamex se enteró de que la mayoría de los
créditos que otorgó a Oceanografía no tenían soporte. Ese día,
Petróleos Mexicanos (Pemex) hizo saber al director general del grupo
financiero, Javier Arrigunaga Gómez del Campo
–primo político de Felipe Calderón Hinojosa–, que “una porción
significativa de las cuentas por cobrar a Pemex registradas por Banamex
en el programa de descuento eran fraudulentas”.
Para entonces, el banco registraba en sus libros financiamiento de corto plazo a Oceanografía
por 7 mil 650 millones de pesos, como parte de un programa de descuento
de cuentas por cobrar con Pemex; y otros 430 millones de pesos, tanto
en crédito directo como en cartas de crédito; es decir, un total de 8
mil 80 millones.
La comunicación de Pemex con Banamex
del 20 de febrero pasado se derivó de una solicitud hecha por la
institución financiera el día 11 de ese mismo mes, justo después de que
la Secretaría de la Función Pública anunció la inhabilitación de Oceanografía para
celebrar nuevos contratos con el gobierno federal por 21 meses, tras
comprobar que la naviera había incurrido en hechos de corrupción,
sobornos y cohecho en sus contratos con la paraestatal.
La filial de Citigroup solicitó la colaboración de Pemex para realizar una revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía, pues todos los créditos fueron garantizados con contratos entre la naviera y la paraestatal.
En 9 días, la petrolera del Estado
comprobó sólo la validez de aproximadamente 2 mil 420 millones de pesos
en cuentas por cobrar, al 31 de diciembre de 2013: 980 millones
soportados por la documentación en los registros de Pemex y
aproximadamente 1 mil 440 millones en trabajos realizados y
documentados, pero en proceso de ser aprobados por la paraestatal.
El mismo día en el que supuestamente se cometió el
robo de los documentos, Banamex determinó que la diferencia entre estos
datos y los créditos superaba los 5 mil 234 millones de pesos. Por
ello, la directiva determinó que el impacto negativo a sus utilidades
netas ascendía a 2 mil 880 millones de pesos en los resultados del
cuarto trimestre de 2013, lo que equivale al 2 por ciento del capital
de la institución financiera. Después, procedió a notificar la
situación al estadunidense Citigroup, su casa matriz.
El fraude se hizo público tanto en
Estados Unidos como en México hasta el 1 de marzo, cuando la
Procuraduría General de la República embargó las instalaciones y los
bienes de Oceanografía. Para entonces, el banco ya había recuperado los
documentos supuestamente robados de la sucursal de Villa Hermosa,
Tabasco. No obstante, la filial de Citigroup no ha aclarado si recobró
la totalidad o sólo una parte.
En medio de ese hermetismo, el 14 de
mayo pasado, Banamex y Citigroup dieron por terminada la investigación
interna, tras cesar a 11 ejecutivos que supuestamente tienen
responsabilidad en el multimillonario fraude (Adolfo Herrera, director
ejecutivo del área corporativa y responsable de Citi Transaction
Services en México; Sergio Torres, director de factoraje corporativo;
Alfonso Ortega, de esa misma área; Roberto González Barrera, managing
director, Securities Services Network head, Mexico Region;
Emilio Granja, director gerente del área de energía de Citi; Federico
Solórzano, director ejecutivo de Administración de Riesgo de Crédito
Corporativo; Guillermo Gómez, subdirector de Factoraje; Leonor Cuen,
coordinadora de las revisiones de Auditoría de Crédito de Banamex y
Centroamérica; José Antonio González, Guillermo Pérez y Vanessa
González, informó el diario El Financiero).
El encargado de revelar el despido de
los 11 ejecutivos fue el director general de la filial mexicana, Javier
Arrigunaga, vinculado a Martín Díaz Álvarez, uno de los principales
socios de Amado Yáñez en Oceanografía, primo de Francisco Gil Díaz y
quien directamente reestructuró las deudas de la naviera con el banco (Contralínea 376).
El supuesto robo
En su denuncia de hechos, presentada 2
días después del supuesto robo, Banamex aseguró que su gerente
divisional de ventas, servicios y transacciones en Villahermosa,
Tabasco, Erik Cervantes Murillo,
sustrajo sin autorización “todos” los documentos relacionados con el
área en la que se desempeñaba, incluyendo los que tenía bajo su
resguardo.
Entre éstos figuraban, según el banco,
los vinculados a los créditos de Oceanografía, pues Cervantes era el
encargado de comprobar la autenticidad de las garantías.
No obstante, en su declaración
ministerial, Erik Cervantes aseguró que no robó los documentos y que no
sabía por qué razón lo querían implicar en algo así: “Desconozco por
qué se me pretende perjudicar o involucrarme en un delito que yo no he
cometido y mucho menos que esté en mi ánimo el apoderarme de algún
objeto o documento propiedad del banco”.
A través de su representante legal,
José Alberto Castillo Suárez, Banamex señaló que Cervantes Murillo se
presentó en las instalaciones de Villa Hermosa el 20 de febrero a las 3
de la mañana con 50 minutos para retirar expedientes, facturas y
documentos de su relación de negocios, vía operaciones de factoraje,
con Oceanografía.
Erik Cervantes aseguró ante los agentes
del Ministerio Público: “Yo nunca he robado nada, ya que soy una
persona muy honesta y de confianza, además de que soy el que mayor
rango de ventas manejo, lo cual me ha sido retribuido con bonos
económicos o compensaciones por parte de Banamex por mi desempeño”.
También afirmó que, al realizar
actividades extraoficina, “es natural que lleve y traiga documentación
de mi trabajo, y respecto al señalamiento que hace en mi contra el
apoderado legal de Banamex, yo no me he robado ningún tipo de
documentación; además, los documentos que yo manejo no tiene ningún
valor económico con el cual pueda salir perjudicado el banco o
beneficiarme yo, porque son únicamente documentos o papeles para
trámite”.
Para demostrar el nivel de confianza
del que era objeto, Erik Cervantes detalló: “Tenía asignada una tarjeta
corporativa a mi nombre, con la cual pago en todos los lugares que
visito, es decir, en los estados que visito, en donde pago hoteles,
comida. Soy empleado de confianza y no tengo horario… Tengo llaves de
acceso y claves de seguridad para ingresar a cualquier hora a mi centro
de trabajo”.
El empleado bancario añadió: “Soy
inocente de todos los hechos que se me imputan. No he robado. Yo me
dedico a trabajar y a mucho orgullo soy el número uno en ventas en toda
el área de Trade (comercio internacional) a nivel nacional en banca
corporativa”.
Sobre el horario en el cual fue captado
por las cámaras de circuito cerrado del banco, Erik Cervantes declaró:
“Me desempeño como gestor comercial de ventas, y por tener ese cargo no
manejo ningún horario fijo, es decir, tengo acceso a las instalaciones
a cualquier hora… Yo viajo a diferentes lugares del Golfo de México,
desde Tampico hasta Ciudad del Carmen, y en razón de eso puedo acceder
a cualquier hora a mis oficinas”.
Contrario a lo que solicitaba el banco,
el 26 de febrero la titular del Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial de Villahermosa, Guadalupe
Vázquez Baeza, resolvió dejar en libertad al ejecutivo bancario por
falta de pruebas.
Quien
puede lo más, puede lo menos. Quien defrauda a un banco privado con
sistemas de prevención de fraudes de clase mundial como Banamex,
seguramente habrá burlado con más facilidad los endebles mecanismos de
prevención de una empresa pública como Pemex, donde la corrupción es
una práctica corporativa debidamente registrada y patentada.
Primero fue Oceanografía. Ahora es Evya. Con similar modus operandis –exhibición de contratos apócrifos–, ambas contratistas petroleras defraudaron al mismo banco con al menos 430 millones de dólares.
Desde
el inicio, Pemex pretendió deslindarse con el argumento de que el daño
era contra un banco, no contra la paraestatal, y que Oceanografía era
un "caso aislado".
Sin embargo, las primeras indagaciones han
establecido que funcionarios bancarios y de la petrolera estaban al
tanto de estas operaciones fraudulentas. Fueron fraudes mancomunados y
previamente maquinados por al menos tres partes (empleados de
Oceanografía, de Pemex y del banco).
El caso Evya, otra
contratista petrolera defraudadora, viene a corroborar que estas
prácticas de corrupción no son casos aislados; por el contrario, son
hechos concatenados y relacionados.
Los contratos que Pemex
otorga a sus proveedores son auténticas cartas de crédito, con respaldo
financiero a nivel de Cetes. Tendría que quebrar el gobierno mexicano
para que Pemex no hiciera frente a sus proveedores.
Esto se sabe
en el mundo petrolero. Un ejemplo: Si usted obtuviera en este momento
un contrato para arrendar una plataforma marítima a Pemex por un
periodo de cinco años, podría viajar a Corea del Sur o a Noruega a
ordenar la construcción de la misma, adelantando únicamente el 15% de
su valor. El resto se lo financia el constructor de la plataforma,
porque saben que Pemex es buena paga. Más aún, si no tiene el 15% de
enganche, el mismo contrato le da pauta para conseguir un
apalancamiento financiero en Indonesia, Japón o Arabia, pagando una
cómoda tasa de interés.
¿Qué necesita usted para obtener ese
contrato o cheque en blanco de Pemex? Dos requisitos: un contacto
político en la Presidencia de la República o en el piso 51 de la torre
de Marina Nacional, y un debido sistema de incentivos y estímulos
económicos para los funcionarios que revisan, verifican y validan los
contratos. Ah, y de paso, proveer los bienes y servicios que estipula
el contrato.
"Sin retribución, no hay contratación" es el principios que rige al contratismo
petrolero. No muy distinto del principio corruptor que rigen otros
ámbitos de gobierno como la seguridad pública, la salud y la
construcción de infraestructura.
¿Empresas defraudadoras como
Oceanografía y Evya desaparecerán con la reforma energética? Por
supuesto que no. Al contrario, si consideramos que la reforma hace del contratismo
el eje de la apertura petrolera, preparémonos para el arribo de nuevas
Oceanografías y Evyas al amparo del poder público. Adiós a las empresas
consentidas de los gobiernos panistas. Bienvenidas las petroleras
protegidas por las administraciones priistas.
Es tan relativo el combate a la corrupción en Pemex, que ni se crea ni se destruye, simplemente cambia de color.
Barcos propiedad de la compañía Oceanografía. Foto: Reuters.
Un año y cuatro meses bastaron para que el equipo político peñista empezara a cumplir con las expectativas de Estados Unidos: mover piezas, limpiar el camino, permitir la entrada de nuevos jugadores político-empresariales y, de paso, acabar con magnates enriquecidos al amparo del panismo.
Cuando el panismo arribó a la Presidencia de la República, sus representantes se engolosinaron con lo fácil que resultaba hacer negocios en grande, de ahí en adelante crearon una nueva clase empresarial complaciente con los políticos surgidos del PAN.
Así, el partido de Vicente Fox y Felipe Calderón otorgó permisos, concesiones, licitó en favor de empresarios de medio pelo y creó mafias del petróleo, zares de los casinos y demás.
Con el regreso del PRI a Los Pinos se retomaron viejos planes truncados por 12 años: las reformas impensables en ciertos sectores, como el energético. Pareciera que el partido de Peña Nieto se dio cuenta que en estos tiempos no basta el poder político para tener más dominio sobre el país y más allá de sus fronteras: se requiere el político-empresarial.
El primer paso para fortalecerse pudiera ser el buscar nuevos cómplices. Dar el apoyo a una nueva clase político-empresarial que el día de mañana esté dispuesta a servirle, protegerle y cuidarle sus espaldas en foros que rebasen las fronteras.
Pero prohijar nuevos cómplices requiere forzosamente aniquilar a otros, en especial a los amigos de los del otro partido que gobernó durante doce años.
Un claro ejemplo es el llamado Zar de los Casinos: Juan José Rojas Cardona. Aquel que, lo mismo, impulsó campañas panistas, que se codeó con la élite de la jerarquía católica o pactó con carteles de la droga.
El Zar de los Casinos fue uno de los primeros beneficiados del gobierno de Fox, quien como muchos recordarán fue el que abrió de par en par las puertas a los casinos.
Y era lógico, si la industria del narco crecía, pues de su mano tenían que florecer de manera natural otros negocios, como el de los casinos, donde la droga, trata de blancas, pago de piso y corrupción son el pan de cada día.
Juan José Rojas Cardona obtuvo el 25 de mayo de 2005 uno de esos primeros permisos corruptores. Su fecha de vencimiento se fijó para el 25 de mayo de 2030. Según el permiso, puede instalar hasta 50 casinos, de los que actualmente tiene 26.
Sin embargo, parece que la buena racha del Zar de los Casinos está llegando a su fin, como sucedió con los panistas. Para nadie es desconocida la estrecha relación que guarda Rojas Cardona con dirigentes nacionales panistas, de cómo apoyó campañas electorales de este partido y de cómo hasta la mismísima cabeza de la Arquidiócesis de México, Norberto Rivera Carrera, le bendijo uno de sus establecimientos en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Rojas Cardona también es conocido por ser un gran timador. Empresarios estadounidenses e ingleses fueron engañados por el Zar de los Casinos y, a pesar de contar con pruebas en su contra, diversos jueces lo exoneraron, sin embargo, ahora, coincidentemente con la llegada del priismo a la Presidencia, desde Gobernación se ha decidido revocar su jugoso y millonario permiso, el DGAJS/SCEVF/P-06/2005.
El motivo, según la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, es que “no acreditó legal funcionamiento, además de que incumplió las condiciones del permiso”. ¡Vaya que esto es una sorpresa!, pues la mayoría de los casinos exhibe violaciones flagrantes a la ley, aparte de que dentro de ellos circula la cocaína como si fuera rapé, la trata de blancas es práctica de cada hora y qué decir de las innumerables “maquinitas” ilegales con que operan esos establecimientos.
Pero hoy que el gobierno requiere de una nueva clase que lo respalde y ayude en todos los sectores, pues necesita “depurar” su lista de proveedores.
La revocación del permiso contra el Zar de los Casinos, abiertamente panista, tiene fecha del pasado martes 1. Y parece que sus establecimientos siguen funcionando, aunque habrá que ver si Rojas Cardona está dispuesto a jugar con el nuevo jefe del poder y del dinero para que, a cambio, le regresen esa poderosa maquinaria de lavar dinero que son los casinos.
No hay duda que los priistas sí saben cómo hacerlo. Pues mientras opera una reforma energética, aniquila a la actual “mafia del petróleo” para dejar el espacio a nuevos proveedores, a la nueva clase político-empresarial que lo respaldará y resguardará de cualquier error en que incurra.
Y si no lo creen sólo basta con echar un vistazo al caso Oceanografía SA. La empresa beneficiada en el foxismo –a punto de ser embargada por aquellos años–, y ‘archibeneficiada’ en el calderonismo.
O ahí esta la otra gran empresa, Evya, propiedad de los hermanos Francisco Javier, Luis y Roberto Camargo Salinas, ligados al calderonismo y a la familia Mouriño de Vigo, España.
Ambas empresas han sido por años sometidas a un escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero nunca se les tocaba. Ahora que las reformas abren grandes surcos de negocios en el ramo energético, el peñismo aniquila a viejos proveedores panistas para colocar a los suyos, a sus cuates de la globalización, la política y la economía, y si no, que le pregunten a los dueños de las empresas Oro Negro y Grupo Baz, los nuevos magnates del petróleo.
Nuevos jugadores se vislumbran en el ramo del lavado de dinero y los casinos, una nueva mafia se construye en el sector energético, y aún faltan quienes obtendrán millones de dólares gracias a la reforma en telecomunicaciones, la educativa y la electoral.
El “tiempo de canallas” se fortalece con el peñismo, el tiempo del saqueo a la nación se amplía con el priismo. Y los nuevos competidores se alistan para engrosar la nueva clase político-empresarial que públicamente bajará la cabeza ante Peña Nieto, pero en privado le apretará las tuercas para someterlo a sus designios.
CNNExpansión. Oceanografía,
la prestadora de servicios navieros de Pemex que cayó en desgracia a
inicios de este año, presumía de tener activos superiores a 24,000
millones de pesos, de los cuales el 65% corresponden al valor de sus
embarcaciones, posesiones que pudieran ayudar, en el caso extremo de ir
a la quiebra, a pagar las deudas que contrajo. La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez su intervención para declarar el Concurso Mercantil sobre Oceanografía,
que previamente había sido intervenida por el Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) desde marzo, cuando se dio
a conocer un posible fraude por 400 millones de dólares contra el banco
Banamex y su casa matriz en Estados Unidos, Citigroup.
“Primero,
el juez tiene que ver si admite o no a trámite la petición del concurso
mercantil, para luego notificarnos y en su caso, iniciar el
procedimiento”, explicó la directora del Instituto Federal de
Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), Gricelda Nieblas.
El
juzgado tercero de distrito en materia civil del DF, presidido por el
juez Felipe Consuelo Soto -quien llevó de inicio el concurso
de Mexicana de Aviación hasta que fue removido en 2012- decidirá si
admite a trámite o no la demanda de la PGR.
Nieblas explicó que
en el juzgado se determinará si acepta el caso luego de verificar que
al menos un tercio de las deudas de Oceanografía ya vencieron (un mes
antes de la solicitud del concurso), además de ver si cuenta con los
activos en los próximos tres meses para pagar cuando menos el 80% de
sus pasivos.
Luego se iniciará un proceso en el cual la firma
intentará llegar a un acuerdo con sus acreedores –los primeros en la
lista de preferencia de cobro serán los trabajadores de nómina de la
empresa– para acordar cómo saldrán del concurso, aunque de no lograrlo,
se puede proceder a la venta de activos de la compañía.
Oceanografía
tenía una flota de 76 embarcaciones, según datos del bono que emitió a
mediados del año pasado, y la mayor parte de ellos los reportaba como
de su propiedad, aunque algunos aún estaban en construcción y se iban a
entregar en 2014, como las naves encargadas al astillero holandés De
Hoop.
La empresa valuaba su flota en 15,601 millones de pesos en
junio de 2013, según datos de la compañía que se incluyeron en la
presentación del bono que colocaron los intermediarios Pareto
Securities y el fondo noruego Norsk Tillitsman.
Los activos de la
compañía durante 2010 y 2012, que se encuentran auditados, muestran que
su capital aumentó de 14,580 millones de pesos a 22,049 millones de
pesos.
El fondo noruego Norks Tillitsman tomó de manera
preventiva una de las mayores embarcaciones, el OSA Goliath, como
garantía del bono por 160 millones de dólares emitido en 2013.
El
documento valuaba entonces a la embarcación por sí sola en 245 millones
de dólares, cerca de 3,185 millones de pesos, según las estimaciones de
Kennedy Marr Limited and Offshore Shipbrokers Ltd. ¿Posibilidad de quiebra?
El
gobierno ha expresado su intención de mantener en operaciones a
Oceanografía, que aún tiene 19 contratos vigentes con Pemex por cerca
de 8,000 millones de pesos, y algunos vencen hasta 2022.
“(La
quiebra) es lo último que se buscaría. Sólo se trata de manejar las
cosas de una manera ordenada”, dijo la directora del Ifecom.
Pero
la intervención del gobierno dentro de la compañía sin la mediación del
concurso mercantil ahora puede jugar en contra de sus intereses de
mantener la compañía a flote, pues el control de parte del SAE no se ha
apegado a derecho, explicó un abogado especialista en concursos
mercantiles, que habló bajo condición de anonimato.
“Como no se
va al concurso mercantil con la voluntad de los administradores de la
empresa, sino por una demanda de la PGR, veo difícil que se logre un
convenio entre la compañía y sus acreedores. Y más por lo que se ve de
que los administradores ya no tienen control sobre la empresa”, explicó
la fuente.
El concurso mercantil es una herramienta utilizada por
empresas y acreedores, para llegar a un convenio de pago de las deudas,
a fin de preservar hasta donde se pueda a la compañía y los empleos que
genera.
La PGR tiene bajo arraigo al propietario mayoritario de
Oceanografía, Amado Yañez, y ha iniciado investigaciones contra otros
directivos de la compañía.
El Cisen investiga las relaciones de Oceanografía y su principal
accionista, Amado Yáñez, con el exsecretario de Energía Jordy Herrera;
con los exdirectores generales de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y con el actual diputado Juan Bueno
Torio.
La indagatoria –cuya copia tiene Contralínea– detalla,
además, los nombres de 14 funcionarios y seis exfuncionarios de la
paraestatal contra quienes se procederá penalmente por beneficiar a la
naviera con contratos por más de 8 mil millones de pesos; entre éstos,
destacan el exdirector de PEP Carlos Morales Gil y el exabogado general
Néstor García Reza.
El documento, clasificado como confidencial,
también revela que el gobierno de Calderón declinó proceder contra los
hijos de Marta Sahagún por el tráfico de influencias en el que
incurrieron por este caso de corrupción
Primera de tres partes
El Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) indaga las relaciones de Oceanografía, SA de CV, con
el exsecretario de Energía Jordy Herrera Flores; los exdirectores
generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez
Corzo y Juan José Suárez Coppel, y el diputado federal Juan Bueno
Torio, exdirector de Pemex Refinación.
El dossier de la investigación que realiza el órgano de inteligencia –del que Contralínea
obtuvo una copia– refiere que el seguimiento es “por las probables
irregularidades” en beneficio de la naviera, cuyo principal accionista,
Amado Yáñez Osuna
, ya fue arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
La pormenorizada pesquisa en torno a los cinco exservidores públicos
incluye un rastreo de sus cuentas bancarias y sus bienes.
En forma textual, el documento
clasificado como confidencial y fechado en 2014 señala: “Se están
siguiendo líneas de investigación sobre probables irregularidades en
que habrían incurrido tres exdirectores generales de Pemex para
beneficiar a Oceanografía, SA de CV; siendo éstos Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo y Juan José Suárez Coppel.
“También se investiga por igual motivo a Jordy Herrera Flores,
quien fungió como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica y
quien el 9 de septiembre de 2011 fue designado como secretario de
Energía por el [entonces] presidente Felipe Calderón [...quien ejerció
el cargo hasta el 30 de noviembre de 2012].
“Por otra parte, aunque ya antes se ha
investigado acerca de los vínculos del actual diputado federal Juan
Bueno Torio con los hermanos [Manuel y Jorge] Bribiesca Sahagún
, como facilitador para la adjudicación de diversos contratos a
Oceanografía, SA de CV, nuevamente se ha solicitado una revisión
minuciosa de su actuación al frente de Pemex Refinación y sobre todo si
existen datos que lo pudieran vincular con esta red de corrupción en
torno de Oceanografía.”
Según se desprende del documento, las indagatorias sobre los cinco exfuncionarios de primer nivel
se insertan en la búsqueda de probables responsables por los perjuicios
que sufrió el patrimonio público de Pemex, que podría superar los 8 mil
millones de pesos referentes a los montos de los contratos anómalos.
En la mira, 20 funcionarios
En su segundo apartado, el documento
del Cisen se refiere a los “funcionarios y exfuncionarios de Pemex
contra quienes se procederá legalmente en breve”. Se trata de una lista
integrada por 14 servidores públicos en activo y seis que ya no laboran
en la paraestatal más importante de México.
Por el nivel jerárquico que
desempeñaron, sobresalen dos: el exdirector de la subsidiaria Pemex
Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil –quien ejerció el
cargo del 1 de noviembre de 2004 al 7 de febrero de 2014, y salió por
las presiones del caso Oceanografía
–, y el exabogado general de la petrolera José Néstor García Reza, a
quien el propio Cisen ya había señalado como supuesto integrante de una
red de robo y tráfico de combustibles (Contralínea 333).
Al respecto, el Cisen detalla en su nuevo documento que “además de la investigación en curso por sus vínculos con Oceanografía
, a este exfuncionario se le investigaba previamente y por separado por
enriquecimiento ilícito”. García Reza ejerció como abogado general de
Pemex de 2005 a noviembre de 2010.
En la lista también se encuentra Mario
Alberto Ávila Lizárraga, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de
PEP. De éste, el informe confidencial señala que es hasta el momento
uno de los exfuncionarios contra quien se tienen las pruebas más
sólidas. Ávila Lizárraga fue candidato del Partido Acción Nacional al
gobierno de Campeche en la elección de 2009 y formó parte del grupo
político de Juan Camilo Mouriño , indica el órgano civil especializado en espionaje.
Aunado a ello, el documento del Cisen
apunta que ya se tienen elementos sólidos que podrían acreditar la
responsabilidad de las otras 19 personas en la comisión de diversas
irregularidades e ilícitos. “La mayoría de estos funcionarios y
exfuncionarios son investigados por participar en una red de corrupción
al interior de Pemex, principalmente en PEP, para beneficiar a
Oceanografía con al menos 21 contratos millonarios por un monto
superior a los 8 mil 744 millones de pesos, asignados a esa empresa
entre julio de 2010 y junio de 2012”.
Los funcionarios en activo, todos de
PEP, son: José Luis Fong Aguilar, actual subdirector de Producción de
la Región Sur; José Guadalupe de la Garza Saldívar, quien funge
actualmente como subdirector de Mantenimiento y Logística; Baudelio
Ernesto Prieto de la Rocha, titular de la Unidad de Perforación;
Francisco Jacobo Gordillo, gerente de Administración de Mantenimiento y
Logística; Víctor Hugo Ceballos Chávez, quien se desempeña como gerente
de Logística Marina; Miguel Ángel Alpuche Delgado, gerente de
Mantenimiento Integral Marítimo; Juan Sánchez Rivera, gerente de
Programación y Evaluación; Mireya Juanita Miranda Moyar, titular de la
Coordinación Integral de Control y Servicios; Martha Alicia Contreras
Arrieta, coordinadora de Proyectos de Inversión; José Refugio Serrano
Lozano, actual subdirector de Servicios a Proyectos; Benito Ricardo
Maranto Barrera, quien funge como gerente de Mantenimiento y Logística
de la Región Sur; Luis Primo Velasco Paz, quien es actualmente
subdirector de Distribución y Comercialización; Juan Alfredo Ríos
Jiménez, gerente de Perforación y Reparación de Pozos; Rubén Luján
Salazar, gerente de Análisis y Dictamen Técnico de Proyectos.
Los otros exfuncionarios, también de
PEP, son: Sergio Aceves Borbolla, exsubdirector de Servicios a
Proyectos; Carlos Enrique Becerra Schulz, exgerente de Suministros y
Servicios Administrativos; Alejandro Peña Calderón, exgerente de
Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Suroeste.
A decir del Cisen, que depende de la
Secretaría de Gobernación, “de la revisión que se ha realizado hasta la
fecha se han detectado diversas irregularidades en la asignación y en
la operación de múltiples contratos otorgados a Oceanografía,
por lo cual se tienen líneas de investigación contra diversos
funcionarios y exfuncionarios de Pemex, en contra de quienes en breve
se presentarán diversas denuncias penales”.
Agrega que esas 20 personas “no son los
únicos contra quienes se pretende proceder legalmente, ya que se sigue
ahondando en la extensa red de corrupción instrumentada en torno de
Oceanografía, por lo que se espera que otros funcionarios y
exfuncionarios, sobre todo de Pemex, sean también procesados en el
transcurso de las próximas semanas”.
Y aunque la línea principal de investigación en contra de estos funcionarios se centra en 21 contratos adjudicados a Oceanografía,
el Cisen señala que la investigación se extenderá no sólo para revisar
otros contratos asignados a esa empresa, sino para indagar la actuación
de otros funcionarios y exfuncionarios de Pemex que están implicados en
esta red de corrupción y tráfico de influencias.
Y es que del dossier del Cisen destacan
las ausencias de quien fuera secretario de Energía y presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa; del exdirector general de Pemex Jesús
Reyes Heroles, y del exabogado general de la paraestatal José César
Nava Vázquez.
Los 21 contratos irregulares
Por su relevancia en el caso de corrupción, tráfico de influencias y cohecho de la empresa Oceanografía –que ha tocado al primer círculo
en la Presidencia de la República en los sexenios de Vicente Fox y
Felipe Calderón–, el expediente confidencial del Cisen subraya algunos
contratos que están siendo investigados para proceder contra los
funcionarios y exfuncionarios enlistados. Todos fueron adjudicados en
el gobierno calderonista.
Se trata de los contratos 428221806 y
428221805, por un importe de 15 millones 98 mil 469.1 dólares (181
millones 909 mil 375.41 pesos, al tipo de cambio de la firma del
convenio, refiere el documento), por concepto de transporte de
personal, materiales y equipos ligeros con apoyo de lanchas rápidas,
con vigencia hasta el 31 de octubre de 2014.
También, el contrato 428221853 por un
monto de 7 millones 65 mil 79.84 dólares (84 millones 901 mil 770.94
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), por
concepto de transporte de personal, materiales y equipos ligeros con
apoyo de una lancha rápida, con vigencia hasta agosto de 2014.
Además, el contrato 421002805, por un
monto de 198 millones 52 mil pesos; los contratos multianuales
421002810, 421002811, 421002812, 421002813 y 421002814, por concepto de
transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos con el apoyo de
barcos procesadores, firmados el 13 de marzo de 2012 por un monto total
de 343 millones 186 mil 680 dólares (2 mil 230 millones 714 mil 200
pesos al tipo de cambio de la fecha de la firma del convenio), con
vigencia hasta diciembre de 2015, adjudicados directamente.
Asimismo, el contrato 428232814, por un
monto de 286 millones de pesos. También la licitación 18575108-514-12,
por concepto de mantenimiento y apoyo de las actividades de perforación
en plantas marinas ubicadas en el Golfo de México, adjudicada a
Oceanografía por un monto de 563 millones 920 mil pesos, con vigencia
hasta diciembre de 2014.
El último caso al que hace referencia
el documento es la licitación 18575108-516-12, por concepto de
rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones marinas, con apoyo
de una embarcación, adjudicada en 2012, por un monto de 296 millones y
con vigencia hasta el 22 de noviembre de 2014.
“Autorización superior” benefició a naviera: Centro de Investigación y Seguridad Nacional
El análisis elaborado por el principal
órgano de inteligencia civil en México acerca de los beneficios que
recibió la empresa Oceanografía revela que el gobierno de Felipe
Calderón protegió de manera deliberada a los hijos de Marta Sahagún,
esposa del expresidente Vicente Fox. También, que fue por una
“autorización superior” que se le siguieron dando contratos millonarios
a la naviera de Amado Yáñez.
Al exponer los antecedentes del caso en
su primer apartado, refiere que “a principios del gobierno de Felipe
Calderón esta empresa fue objeto de una investigación exhaustiva no
sólo por sus irregularidades, sino también por el vínculo de su socio
principal [Amado Yáñez Osuna] con los hermanos [Manuel y Jorge]
Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, quienes habrían cabildeado decenas de contratos a favor de Oceanografía, SA de CV, a cambio de millonarias comisiones”.
Sin embargo, añade el documento, “a
pesar de que al realizar esas investigaciones se obtuvieron datos
sólidos que revelaban la existencia de múltiples anomalías, actos de
corrupción y tráfico de influencias tanto por parte de la empresa, como
de funcionarios de Pemex y de los hermanos Bribiesca Sahagún, se
determinó no proceder en su contra y, por el contrario, con
autorización superior se adjudicaron nuevos contratos a Oceanografía,
SA de CV”.
El caso de Juan Bueno Torio
El expediente confidencial al que tuvo acceso Contralínea
da cuenta de un nuevo seguimiento del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional al ahora diputado federal Juan Bueno Torio, quien
fuera director de Pemex Refinación.
Según el documento, se investigan sus
vínculos con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, “como
facilitador para la adjudicación de diversos contratos a Oceanografía,
SA de CV.
“Además se ha solicitado otra vez [sic]
la revisión de contratos adjudicados por Juan Bueno Torio durante su
desempeño al frente de Pemex Refinación a empresas propias, de
familiares y amigos, requiriéndose de manera especial información sobre
los siguientes contratos:
“Contratos GTT-039-01/03,
GTT/039/01/PP/03 y GTT/039/01/2PP/03, adjudicados a la empresa
Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno
Lázaro, tío de Juan Bueno, por un monto total de 4.5 millones de pesos.
“Contrato GTT-0039-02/2004, otorgado en
2004 por Pemex Refinación a la empresa Transportadora y Distribuidora
Isabel, propiedad de Emilio Bueno Lázaro, por un monto de 1 millón 800
mil pesos.
“Contrato GTT-039-01-M04, por un monto de 334 mil pesos, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel.
“Contrato GTT-039-CM/2005-2008,
adjudicado en 2005 a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un
monto de 7 millones 171 mil 977 pesos.
“Contrato GTT-039-01/2005, adjudicado a Transportadora y Distribuidora Isabel, por un monto de 1 millón 860 mil pesos.
“Contratos adjudicados en 2004 y 2005
a la empresa Combor Transportes, propiedad de Rosa Bueno Torio, hermana
de Juan Bueno, siendo éstos los siguientes: GTT-0333-01/2004, por un
monto de 600 mil pesos; GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos;
GTT-0333-01/2005, por un monto de 720 mil pesos.
“Diversos contratos adjudicados a Fletera Continental de Líquidos, propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Juan Bueno Torio.”
