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6/18/2019

“Estamos aquí, porque ustedes estuvieron allá”


Ricardo Monreal

En lo que va de este año, las autoridades de Estados Unidos de América han realizado 572,782 detenciones de migrantes irregulares. Al mismo tiempo, nuestro país está experimentando un incremento en el flujo de migración irregular, originado especialmente en Centroamérica.

Cada una de las personas detenidas en la Unión Americana y en México, así como los miles de migrantes que logran cruzar la frontera estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo para lograrlo. Esta travesía no solamente es cada vez más cara, económicamente hablando, sino que las probabilidades de que quienes buscan cruzar la frontera sufran son extremadamente altas.

Bajo estas condiciones, es muy difícil pensar que las y los migrantes irregulares deciden abandonar sus hogares por gusto. De hecho, la mayoría, que proviene de Centroamérica, declara que la necesidad de escapar de la violencia y la pobreza es infinitamente mayor que el costo de oportunidad que enfrenta al emprender la marcha hacia Estados Unidos.

Esto es cierto, la región de Centroamérica es una de las más peligrosas. En 2015, por ejemplo, El Salvador fue el país más violento del mundo en donde no había un conflicto armado. Ese año, su tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes ascendió a 103. Sólo para ponerlo en perspectiva: la tasa de homicidios de nuestro país en ese mismo año fue de 15 por cada 100 mil habitantes.

Aunado a la violencia, la brecha entre el tamaño de la economía estadounidense y la de los países de Centroamérica es gigante, haciendo que la migración irregular sea aún más atractiva. Por ejemplo, el ingreso medio mensual que perciben los estadounidenses es 10 veces mayor que el de los habitantes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México.

La violencia y la pobreza son dos de las causas que han obligado a millones de personas a migrar hacia el norte, incluso cuando no lo pueden hacer de manera legal. Se trata de dos razones suficientes que han provocado los niveles actuales de detenciones y el incremento en los flujos migratorios.

La pregunta central, la que deberíamos de estar tratando de responder, coordinada y conjuntamente, es cómo podemos lograr que la región de Centroamérica experimente un desarrollo económico equitativo que, al mismo tiempo, favorezca una disminución de la violencia.

Esto no es tarea sencilla para cualquier país emergente, pero es aún más complicada cuando hablamos de una región que se ha visto constantemente agraviada por presiones extranjeras, especialmente provenientes del país que hoy quiere evitar a toda costa la migración de personas centroamericanas.

Durante muchos años, EU ha tratado de ejercer un control político, económico y hasta social de los países centro y sudamericanos: basta repasar la declaración emitida en 1904 por el entonces presidente estadounidense, en la cual se afirmaba que esa nación tenía un poder policial internacional en América Latina. Ese tipo de ideas justificaría una serie de intervenciones, entre las que se encuentran aquellas llevadas a cabo en Centroamérica.

Durante la década de los 70 del siglo pasado, EU apoyó fuertemente al gobierno militar de El Salvador, entregó 4 mil millones de dólares y suministró entrenamiento y armas a sus fuerzas para combatir al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Después de una operación orquestada por la CIA, en 1954, para derrocar al presidente de Guatemala, Jacobo Árbenz, se gestó la guerra civil entre 1962 y 1996. Honduras se convirtió en la base de operaciones estadounidense durante la administración del presidente Reagan, desde donde se entrenaba a los contras nicaragüenses y a los militares salvadoreños.

Este tipo de intervenciones, que atacan el Estado de derecho y desestabilizan la economía de una nación, dificultan el desarrollo necesario para generar condiciones de vida aceptables para su población. Los países de Centroamérica han intentado hacer madurar sus instituciones y generar un mayor crecimiento económico, pero, como es de esperarse debido al contexto mencionado, no han tenido éxito.

Los inmigrantes británicos tienen un refrán: “Estamos aquí, porque ustedes estuvieron allá”. Esta frase resuena fuerte aquí y ahora. Es momento de insistir en que colaborar con el desarrollo de Centroamérica no es sólo una cuestión de moralidad o de benevolencia estadounidense. De hecho, se podría describir mejor como una cuestión de reparaciones.

La mayoría de los mexicanos estamos conscientes del reto de compartir responsabilidades y preocupaciones. Los Estados Unidos deben fomentar la cooperación bilateral con los países centroamericanos para lograr el ordenamiento de los flujos migratorios, y estimular el desarrollo económico de la región, sin condicionar estos apoyos a negociaciones comerciales. Y, entre otros aspectos, deben crear una plataforma en la que, junto con México, se desarrolle e intercambie conocimiento para prevenir y rehabilitar a las pandillas en la frontera sur de nuestro país y los barrios vulnerables de todas las naciones.

Si el problema, sus causas y efectos son comunes a todos, la solución también debe serlo.

3/12/2019

Un buque tanque llamado “4T”


Ricardo Monreal


A la escuela de negocios de Harvard se debe la sana práctica de hacer un corte de caja los primeros cien días de iniciado un proyecto. Del ámbito empresarial se trasladó al ámbito gubernamental, y hoy es una buena referencia para saber si un negocio público o privado tiene futuro.
Los primeros cien días del gobierno de AMLO, ¿han sido un buen “negocio público” para las y los mexicanos? A juzgar por los sondeos y encuestas sobre aprobación y expectativas, sí. Desde que se miden los arranques sexenales (1988), es el mejor inicio de gobierno en las últimas tres décadas.
De acuerdo con ocho de cada 10 ciudadanos que califican positivamente “el estilo personal de gobernar” (Cosío Villegas dixit) del presidente AMLO, su liderazgo descansa en tres cualidades: “es muy trabajador”, “no roba” y es “cercano a la gente”. Las tres principales preocupaciones de esas mismas personas son: “La seguridad del presidente”, “La salud del mandatario” y “Que su equipo le falle”.
De los programas sociales, los más apreciados son la pensión para personas adultas mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, personas con discapacidad, créditos a la palabra para campesinos e indígenas, y apoyos para la reforestación de árboles maderables y frutales.
Pero no sólo es un asunto de percepción. Los cien puntos del Plan de Gobierno presentado en el Zócalo el 1 de diciembre son un buen referente para una evaluación cuantitativa.
En 86 de los 100 puntos hay acciones iniciadas, en proceso avanzado de cumplimiento o ya cumplidas, como las medidas de austeridad republicana, la transparencia, la eliminación de los símbolos del viejo régimen, la desmitificación del neoliberalismo económico, la separación del poder político del poder económico, la aprobación unánime de la Guardia Nacional y la extinción de dominio en los delitos de huachicoleo, corrupción, extorsión y fraudes electorales, entre los principales.
A cien días del nuevo gobierno (el 4.5 % de los 2,190 días del sexenio), el programa de cien puntos registra un cumplimiento general del 11 %. Temas como austeridad republicana, medidas anticorrupción, seguridad ciudadana, justicia transicional, desarrollo económico, equidad de género, justicia social, rescate del campo, la redirección de Pemex y CFE, migración, política exterior y los 25 proyectos estratégicos, registran algún tipo de avance. Otros, como la revocación de mandato, la eliminación del fuero, las consultas ciudadanas vinculantes, la reforma educativa y la Constitución Moral esperan las reformas constitucionales y legales conducentes. Algunos objetivos más sólo será posible medirlos hasta el final del sexenio.
Las medidas anticorrupción más reconocidas son la transparencia del patrimonio de quienes integran el gabinete, la eliminación de partidas legislativas como los “moches” y otros privilegios, la reducción de sueldos a la alta burocracia y la concentración de las compras y adquisiciones del gobierno federal (más de un billón de pesos por año) en una sola oficina, para eliminar sobreprecios, mordidas y dispendio.
Si debiéramos recurrir a un medio de transporte para describir el desplazamiento del primer tramo de la presidencia de AMLO, no sería un avión, un quinta rueda o un tren, sino un buque tanque con sendas propelas de impulso y anclas de freno, de nombre “4T”, que enfrenta contracorrientes y resistencias importantes, pero enfilado claramente a alcanzar su velocidad de crucero, es decir, el punto de máxima velocidad con el mínimo gasto de combustible.
1) El buque tanque zarpó el 1 de diciembre, pero antes tuvo momentos importantes: más de 20 años de construcción en un astillero público, a la vista de todos; botado al mar el 1 de julio de 2018, con el aval de 30 millones de electores, mientras que el 1 de septiembre se le empezó a dotar desde el Congreso de la Unión de los instrumentos de navegación básicos (las reformas legales y constitucionales fundamentales).
2) La quilla, el rompeolas y la coraza del “4T” están hechas de tres capas de acero: los programas sociales, las medidas anticorrupción y la honestidad y la congruencia del liderazgo personal del capitán del barco.
3) Dentro del “estilo personal de gobernar”, el estilo de comunicar es uno de sus principales soportes. “La mañanera”, como es conocida popularmente la comparecencia diaria del presidente ante los medios de comunicación, es un fenómeno mediático. Marca la agenda informativa del día; su formato es abierto y sin censura; se pregunta lo que sea y lo que se quiera; comparecen los integrantes del gabinete cuando así se necesita; se denuncian anomalías, desviaciones y presuntos actos de corrupción; hay, por igual, juicios de valor (adjetivos) y juicios de hecho (cifras); le ha quitado carga al INAI, porque ahora las consultas son directas al Ejecutivo y tardan menos tiempo en responderse; es el programa político de mayor cobertura en las mañanas y referente obligado en los noticieros; y lo más importante, sin costo para el erario público.
4) Otra característica importante del acorazado es el radar anticrisis y el detector de minas y arrecifes del que está dotado. Una a una, las medidas más controversiales o los eventos trágicos inesperados, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta la explosión del ducto en Hidalgo, pasando por la caída del helicóptero en Puebla, la cancelación de apoyos clientelares a organizaciones del campo o el cierre de algunas estancias infantiles, han sido procesados adecuadamente con el método del monitoreo de reacciones, la aplicación oportuna de reactivos y el encapsulamiento de sus efectos más nocivos para evitar el efecto dominó.
5) Hacia la estación Finlandia (título de una obra de Edmund Wilson y expresión que suelen usar los socialdemócratas en el mundo para describir el nuevo orden económico, social y político internacional por el que luchan desde el poder), el buque tanque “4T” deberá sortear dos tormentas perfectas en su incesante travesía: las crisis económicas globales y las crisis internas de inseguridad y violencia.
Evitar el punto donde ambas se crucen, y se den la mano con un bloque político antilopezobradorista en abierta formación (un sector de empresarios, partidos de oposición, organizaciones no gubernamentales, políticos desplazados y medios de comunicación) será la clave para llegar a puerto seguro y feliz.
Hay blindaje, hay plan de navegación y hay capitán para que el acorazado “4T” cumpla la misión para la que fue construido…, botado y votado.

9/17/2014

La presidencia del Valle de México



Ricardo Monreal

En términos de desarrollo regional, el mensaje del segundo informe presidencial solo tuvo ojos y recursos para el Valle de México. Con excepción de las inversiones para las ciudades de Guadalajara y Monterrey, el grueso del gasto público en infraestructura de movilidad (aeropuerto, metros, trenes y autopistas) destacado en el mensaje se concentró geográficamente en el Valle de México (DF y zona conurbada del Estado de México).
Si bien esta zona concentra el 26% de la población nacional y es un territorio de alta densidad sociodemográfica, la atención gubernamental sobre el altiplano dista mucho de ser exclusiva o principalmente económica.
Si alguna región del país ha sido una piedra política y electoral en el zapato de la actual administración, desde la campaña presidencial hasta nuestros días, esa ha sido el Valle de de México. Aquí emergió y creció el movimiento #YoSoy132, aquí perdió votos el PRI como en ninguna otra área, aquí es donde la aprobación presidencial está estancada en rangos de 27 a 32% y aquí es donde Morena y AMLO (la izquierda no pactista) concentran geográficamente una mayor base social de apoyo y simpatía.
De manera adicional, la reforma política del DF, anunciada ya como parte de la agenda legislativa del último período de la LXII Legislatura, imprime un sello y un trasfondo político relevante a ese portafolios de obra pública que asciende a los 50 mil mdp.
Es evidente y manifiesta la urgencia estratégica del gobierno federal de avanzar lo más pronto posible sobre la capital del país y obtener la mayor rentabilidad electoral posible, para sí y para su partido, una vez aprobada la nueva Constitución Política del DF. La toma motorizada del zócalo y su conversión en un gigantesco estacionamiento al aire libre el pasado dos de septiembre, donde cada centímetro cuadrado guarda períodos clave de la historia nacional, fue solo un acto reflejo de ese proyecto geopolítico de ocupación de la capital de la República, a cualquier costo y sobre cualquier consideración.
Este proyecto estratégico del gobierno federal se ha visto reforzado por la necesidad táctica y coyuntural que tiene la izquierda de participar de manera separada en los comicios intermedios del 2015, a fin de que Morena pueda obtener su registro como partido político nacional. La eventualidad de una división en el electorado de izquierda en el Valle de México ha abierto los ojos y el apetito del PRI y del gobierno federal para este eventual regreso y reposicionamiento en la capital de la República. Sin embargo, en este aspecto no hay nada escrito, dado el abigarrado comportamiento electoral en el Valle de México, donde el voto diferenciado y el switcher suelen modificar resultados de una elección a otra.
Pero la intencionalidad electoral no es la única dimensión evidente de este magno proyecto de infraestructura. Detrás hay una visión centralista y centralizadora del desarrollo nacional. El nuevo AICM, el tren Toluca-Observatorio, la extensión del metro a Ecatepec y a Chalco (proyectos de hace dos décadas por lo menos), así como la autopista Atizapán-Atlacomulco, darán movilidad a un congestionado Valle de México, pero también acelerarán la construcción de la megapolis más grande del continente americano, en una región donde la sustentabilidad urbana ambiental es una limitante crítica.
Desde el punto de vista del desarrollo regional y hasta de seguridad nacional, tan importante o más que el Valle de México es la instrumentación de obras y proyectos magnos para el sur y sureste del país, una región que presenta un preocupante desfase en todos los indicadores socioeconómicos y políticos respecto del occidente, centro y norte del país. Es la de mayor atraso y rezago en casi todos los órdenes.
Para esta región, donde se asienta el 22% de la población nacional y se produce el 60% de la energía del país, no hubo ni una paráfrasis de desarrollo. Quedó la impresión de que no está en el radar de prioridades de la actual administración (de hecho, con excepción del estado de Guerrero, son las entidades con menos giras presidenciales, donde Oaxaca destaca con cero visitas).
La urgencia electoral por un lado, anudada a una visión centralista del desarrollo, son los dos pilares sobre los que parece descansar esta modalidad geopolítica de la gestión ejecutiva: la presidencia del Valle de México.


fuente:http://ricardomonreal.mx/la-presidencia-del-valle-de-mexico/

9/02/2014

¿Cuál es el estado que guarda la nación? Está enferma, postrada: Monreal

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"La corrupción tiene enferma y débil a la nación, pero no hay quien se ocupe de este cáncer... Los Poderes de la Unión, los órganos autónomos, los estados y los municipios están inmersos en océanos de corrupción, saqueo y pillaje. Prevalece la impunidad", sostuvo.



El diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, afirmó que la nación está “enferma”, y “postrada”, debido a la inseguridad, el mal desempeño de la economía y la corrupción.

Durante el discurso del inicio del tercer año legislativo, el legislador planteó: “¿Cuál es el estado que guarda la nación? La respuesta es; la nación esté enferma, la inseguridad, la atonía económica y la corrupción la tienen postrada. La decadencia política es insalvable. Ya hemos dejado asentado que quien compra la Presidencia termina vendiendo al país”. 

“Se cumplieron los pronósticos, los primeros resultados de estas reformas bastan para notar lo mal que empezamos. Hubo prisas y urgencias al aprobar las reformas estructurales en el menor tiempo posible. Ahora piden serenidad y paciencia para disfrutar de sus presuntos beneficios. ¿Cuáles?”, preguntó.

El diputado opositor al gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que el contacto con el pueblo ha sido reemplazado con entrevistas y presentaciones a modo, “en las que sobra la lisonja barata que conlleva a la ausencia de crítica y evaluación ciudadana”.

Mientras que “las movilizaciones y las protestas son contenidas por vallas metálicas, por escudos anti motines y hasta por balas de goma, que no matan al instante sino al cabo de los días”.

El legislador se refirió también a la reforma energética: “Ahora extranjeros privilegiados por el presidente y sus adláteres multiplicarán sus ganancias sin riesgo. A ellos, que usan como peones subcontratantes a los nacionales que aceptan sus limosnas, se les asignarán más obras, permisos, concesiones, violando la ley y la moral pública”.

Además, Monreal lanzó varias preguntas al Poder Legislativo:

“Hago en nombre de ciudadanos algunas preguntas, planteamientos y demandas, porque ellos no se sienten representados por ustedes. ¿Por qué viaja tanto el señor Peña Nieto? ¿Por qué en 21 meses ha visitado en 25 ocasiones al estado de México? Ha realizado más de 20 giras internacionales, en cambio ha olvidado a los indígenas oaxaqueños. ¿Hay estados de privilegio, hay entidades de excepción?
“La inseguridad y el desempleo y la corrupción son los tres principales problemas que identifica la ciudanía. ¿Por qué el gobierno no ha planteado propuestas específicas que busquen solucionar cada uno de ellos?.

“Si como afirman la seguridad va al alza y la inseguridad a la baja, ¿por qué el gobierno norteamericano ha extendido sus alertas a la mitad del territorio mexicano? ¿Por qué en los últimos dos años se han descubierto más fosas clandestinas que pozos petroleros? ¿Por qué el costo de las medidas de seguridad adoptadas por empresas y ciudadanos representa ya dos puntos del PIB? Si la incidencia de las ejecuciones callejeras y violentas se ha moderado como dicen, ¿por qué el secuestro, la extorsión y el robo van a la alza? Amnistía Internacional y la ONU han puesto en duda las cifras oficiales del gobierno mexicano sobe desapariciones y la violencia”.




8/12/2014

Los diputados, entre dietas y bonos millonarios


Por Ricardo Monreal Ávila
adnpolitico

Los legisladores mexicanos somos de los mejores pagados del mundo. Dietas, prestaciones, compensaciones y subvenciones, algunas de ellas libres de impuestos, forman parte de un ingreso más que suficiente para vivir de manera digna. 

En algunos países como Noruega, Francia, Chile o Japón, la distancia entre el ingreso de los ciudadanos que ganan el mínimo y sus representantes en el Parlamento (que suelen llegar en metro o en taxi a sus oficinas), no rebasa las 20 veces. Aquí es de 75 veces.

Las subvenciones complementan el ingreso de los diputados mexicanos. Son recursos financieros que se asignan a los grupos parlamentarios para apoyar el desarrollo de sus actividades legislativas, de gestoría y de traslados que de manera permanente realizan durante la Legislatura.

Las subvenciones que actualmente se otorgan en San Lázaro están especificadas en la ley y son de cuatro tipos: subvenciones ordinarias fijas, subvenciones ordinarias variables, subvenciones de apoyos legislativos y subvenciones de honorarios. Legalmente, no existe la denominación “subvenciones extraordinarias”.

Eventualmente, se llegan a contemplar “subvenciones específicas”, no extraordinarias, y son aprobadas por la Junta de Coordinación Política, no por el Comité de Administración, teniendo que especificar el fin y la duración de esta subvención.

En mis más de 17 años de carrera parlamentaria, no había escuchado este concepto, hasta ahora que he fungido como coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura.

En el contexto de la aprobación de las reformas estructurales, empezaron a ser depositadas desde el año pasado, en la cuenta del Grupo Parlamentario, diversas cantidades por concepto de “subvención extraordinaria”. Siete millones de pesos el 15 de octubre; cinco millones el 20 de marzo de este año y tres millones más el pasado 30 de julio, para dar un total de 15 millones de pesos.

Al no encontrar justificación ni sustento a estas aportaciones extras, busqué regresarlas primero a la Tesorería de la Cámara, y posteriormente a la Tesorería de la Federación, sin que fueran recibidas porque se trataba de una devolución inédita, sin un antecedente procedimental.

Si bien esta Legislatura ha sido una de la más productivas en términos de reformas, modificaciones y aprobaciones de leyes (con jornadas extenuantes y debates de más de 60 horas de duración); ello no debe dar pauta para recibir subvenciones extraordinarias ni, mucho menos, bonos de marcha de millón de pesos por legislador, como se plantea otorgar el próximo año, cuando concluya este trienio.

Ya son muchos los agravios acumulados que ha recibido la ciudadanía de parte de la clase política en general, como para ahora prodigarle una bofetada al sentido común desde la que se supone es la casa de los representantes del pueblo y de la sociedad mexicana.

8/07/2014

'Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros'

Por Ricardo Monreal Ávila  
@RicardoMonrealA

El discurso más conocido y citado sobre la expropiación petrolera es el del presidente Lázaro Cárdenas. Muy recordado en estos días de aprobación de las leyes energéticas. 

Sin embargo, hay otra intervención histórica, poco referida en los anales, que con motivo de la reforma eléctrica ha resultado no solo de actualidad sino premonitoria. Son las palabras del presidente de origen mexiquense Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, al anunciar la nacionalización de esta industria.

“Pueblo de México: Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros”.

En caso de que esos futuros “malos mexicanos” cumplieran sus propósitos de entregar el petróleo y la electricidad, López Mateos explícitamente concitaba a la desobediencia cívica:

“Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos”.

Y para todos aquellos que ayer como hoy señalaban que el país necesita de manera ineludible del capital y la tecnología extranjera para alcanzar su desarrollo energético, el expresidente nacido en Atizapán, Estado de México (en ese municipio está registrada su acta de nacimiento) advertía claramente:

“Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos”.

Ese día, el entonces presidente de México reveló públicamente la posición que sostenía frente a otros mandatarios que en sus encuentros oficiales sondeaban la posibilidad de abrir la industria nacional energética:
“Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apena estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si requieren un socio extranjero”.

¿Y qué respondía a quienes planteaban desde entonces la reforma del artículo 27 constitucional, en especial lo relativo a la propiedad exclusiva de los recursos del subsuelo por parte de la Nación?

“En México, la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano... Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria”.

Y remataba de la siguiente manera, letra por letra, palabra por palabra:

“Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros”.

Escrito hace 54 años, aquel discurso de López Mateos es hoy el mejor epíteto de la reforma energética.
El expresidente lo había imaginado todo, menos que su profecía de entrega y traición la hicieran realidad aquellos que dicen ser sus seguidores y admiradores políticos.

La vida tiene sorpresas.

7/30/2014

México, tan cerca de la deuda, tan lejos de Noruega

  @RicardoMonrealA
adnpolitico.com

Gracias al fondo soberano del petróleo, cada noruego dispone de un ahorro de 150,000 dólares para garantizar su retiro y el sustento de las próximas generaciones. Por supuesto, no pueden ir al banco y monetizar esos fondos, pero a cambio reciben una pensión y una seguridad social integral de las más dignas del planeta.

Los ciudadanos kuwatíes, por su lado, reparten su fondo soberano en tres tramos: uno para obras de infraestructura pública, otro para ahorros de retiro y otro más lo reciben en efectivo a través de una tarjeta de débito donde el gobierno ciudadaniza parte de esos fondos.

En México, desde la “administración de la bonanza petrolera” de José López Portillo hasta los excedentes del petróleo registrados el año pasado, los cuantiosos recursos recibidos sirvieron para todo, especialmente para engrosar el gasto corriente y la corrupción de buena parte de los gobiernos del PRI y del PAN, pero nunca para crear un fondo de pensiones y un sistema de seguridad social universal.

Vaya, ni siquiera se pensó en fondear los pasivos laborales de los trabajadores petroleros, generadores directos de esa riqueza energética. Hoy, esa omisión habrá de socializarse, es decir, pagarse con los impuestos directos e indirectos que pagamos todos los contribuyentes.

Ni siquiera el Fondo Mexicano del Petróleo concebido por la reforma energética resolverá este problema. Dicho fondo se repartirá escalonadamente de la siguiente manera: Hacienda llevará la mano para tomar los impuestos correspondientes a las nuevas petroleras privadas y a Pemex. La segunda prioridad será cubrir el “fondo de estabilización de los ingresos petroleros” y el “fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas”.

De lo que quede, es decir, de un tercer remanente, tendrán prioridad el Presupuesto de Egresos de la Federación para mantenerse en el volumen de ingresos de 2013; después un fondo de ahorro a largo plazo que deberá ser igual o mayor al 3% del Producto Interno Bruto del año previo; y, si todavía sobra algo, podrá destinar hasta el 0.15% del PIB a financiar sistemas de pensiones; otro 0.15% del PIB a financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología y en energías renovables, y hasta otro 0.15% del PIB en becas para la formación de capital humano, en proyectos de mejora a la colectividad y en el desarrollo regional de la industria.

Es decir, es un fondo para administrar las migajas de lo que un día fue un enorme pastel petrolero nacional, y que ahora la mayor parte de él se repartirá entre Hacienda y las tesorerías de empresas privadas nacionales y trasnacionales.

Aquellos que piensen que con el Fondo Mexicano del Petróleo se resolverán los problemas de las pensiones laborales del sector público (que en 2010 ascendieron al 104% del PIB de ese año) o que dispondremos de un sistema de seguridad social universal estilo noruego, se llevarán la decepción de su vida. Con la conversión de los pasivos laborales de Pemex en deuda pública, quedaremos más cerca de Arabia Saudita o de Yemen del Sur que de cualquier país nórdico.

Si los niños noruegos nacen con una educación y un sistema de salud garantizados, y los niños kuwaitíes llegan a este mundo con una tarjeta bancaria bajo el brazo, los nuevos ciudadanos mexicanos nacerán a partir de la próxima semana con un bono de deuda adicional dentro del pañal.
A los 55,000 pesos que ya debemos cada uno de los 108 millones de mexicanos por concepto de deuda pública consolidada (6 billones de pesos al año pasado), la semana próxima habremos de sumarle a ese pañal marca “Prianal” (PRI, PAN, PVEM y Panal) 18,518 pesos más por concepto de la carga laboral de Pemex y CFE.
Ningún presunto beneficio en términos de luz, gas y gasolina barata para los mexicanos en el futuro próximo habrá de compensar el daño colateral fiscal que las nuevas leyes secundarias energéticas dejarán a los mexicanos de hoy y de mañana.


7/22/2014

De abusos de Mamá Rosa... y apuros de Papá Gobierno

Ricardo Monreal Ávila 
adnpolitico
Operativos para la televisión, presentación de inculpados a los medios antes que a un juez, desfile de víctimas agradecidas por la liberación oportuna, juicios electrónicos sumarios y sentencias de culpabilidad fast-track; es decir, la debida manipulación sobre el debido proceso, toda la gama de prácticas antijurídicas conocidas como “justicia sumaria mediática”, que convirtieron tristemente en una celebridad al secretario de seguridad Pública federal del gobierno anterior, está de regreso en el caso de "Mamá Rosa". Sólo faltaron las recreaciones expost.

La lección no se aprendió. El “monopolio de la violencia legítima” termina deslegitimado por la forma arbitraria de operar. Toda las presuntas violaciones y hechos delictivos que se busca castigar quedan neutralizados y desnaturalizados por el vicio de origen con que se atropellan, invalidan y pisotean las garantías elementales de presunción de inocencia y el debido proceso.

Si el medio es ilegítimo, los fines terminan siéndolo también. ¿Qué se buscaba en realidad con el operativo en contra de un albergue de niños de la calle administrado sin recursos públicos por Rosa Verduzco, una octagenaria que dedico las tres edades de su vida a cuidar y educar infantes abandonados? ¿Qué tipo de presuntas violaciones, abusos sexuales, comida caduca, maltratos infantiles, daños sicológicos y castigos corporales cometidos y encubiertos en La Gran Familia los hace diferentes a los cientos de casos denunciados en escuelas públicas y privadas, casas de cuna, guarderías del IMSS, estancias infantiles del ISSSTE o casas de asistencia para madres trabajadoras del DIF o de la Sedesol?

No sólo la forma evoca el retorno de García Luna. También el entorno. Cada vez que la anterior administración enfrentaba una baja en la popularidad, un bache económico, una crisis de carestía de alimentos (tortilla o huevos), una presión internacional o una medida antipopular, la justicia mediática centrada en la debida manipulación de los hechos llegaba como una cura momentánea, como el debido distractor oportuno, para intentar centrar la atención en otro tema o para acreditar una procuración de justicia hechiza, epidérmica, fraguada a base de golpes telegénicos.

En el caso de "Mamá Rosa", los apuros de "Papá Gobierno" vienen envueltos de una presión internacional por los niños migrantes no acompañados, por las protestas de organizaciones campesinas en contra de las “apropiaciones temporales” de tierras de cultivo contempladas en la reforma energética, por una carestía de alimentos básicos y por un estancamiento de la economía y de la popularidad presidencial.

Si en el primer año de la actual administración la agenda de reformas se antepuso al tema de la inseguridad, el segundo año ha sido a la inversa: la inseguridad cotidiana se ha montado sobre la agenda aspiracional de un presunto México transformado, donde casos como el de "Mamá Rosa" dibujan un México deformado, no reformado. Y donde prácticas como la justicia sumaria mediática de García Luna siguen tan presentes hoy como ayer.

7/08/2014

Telecom, leyes malas que parecen buenas


Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA


Cuando se legisla hay que procurar evitar dos extremos: las leyes malas que parecen buenas y leyes buenas que terminan siendo malas.  El Proyecto de Decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión recién aprobado en el Senado tiene la extraña virtud de ubicarse en ambos supuestos.

Entre las disposiciones malas que parecen buenas se encuentra la doble vara para medir una misma realidad, el monopolio en un sector y en un servicio. Para lo primero se introduce el criterio de “preponderencia”, mientras que para lo segundo se establece el concepto de “poder sustancial”. Etimológica y procesalmente, el segundo tiene en la ley un tratamiento más ligero y difuso que el primero.

Otras disposiciones controvertidas son el estímulo a fomentar la concentración hasta en un 20% en el sector de parte de actores no preponderantes, la marginación de los actores de tipo público y social (como la radiodifusión gubernamental, comunitaria e indígena) que las limita en su rentabilidad económica, la permisibilidad en la propiedad cruzada, la ampliación del tiempo para publicidad hasta en un 5% en la radiodifusión comercial, y el achicamiento del IFT en sus facultades y atribuciones de sanción, castigo y supervisión del sector de telecomunicaciones. Queda como árbitro de cancha de tenis en un cuadrilátero de Kickboxing.

Entre los avances positivos que podrían ampliarse están la eliminación de las tarifas de larga distancia y roamming (actualmente reportan 17 mil mdp al año), el derecho de réplica en los medios, un régimen especial para las personas con discapacidad en todo el espectro del sector y el reconocimiento del derecho de las audiencias (aunque aún de manera genérica).

Sin embargo, ninguno de estos beneficios potenciales se equipara con el huevo de la serpiente que trae consigo la ley telecom en tres aspectos: la requisa de los medios de comunicación, la legalización del espionaje generalizado e indiscriminado con fines de “colaboración con la justicia” y la censura de contenidos audiovisuales a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El artículo 177 parece tomado de la ley de requisa de Hugo Chávez en Venezuela. “En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público, o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional o para garantizar la prestación de servicios públicos a los que se refiere esta Ley, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría (SCT), podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente (sic). El Instituto (IFT) deberá proporcionar al Ejecutivo Federal el apoyo técnico que se requiera…”. De jure y de facto, esto equivale a una modalidad de “estado de sitio” electrónico.

La serpiente trae tintineando otros dos cascabeles. “La autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada” (art. 190, fracción XII). Mientras que “Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación” (art. 308), a quien corresponderá también la revisión previa de dichos contenidos. Los colmillos que deberían ser del IFT, pasan a Gobernación, dependencia responsable también de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

La venezolanización de la requisa en las telecomunicaciones, la intervención de “cualquier comunicación privada” con la orden de un ministerio público y el regreso de la censura a Gobernación, aumentarán la precarización de las libertades de la sociedad civil y acelerarán la acumulación de poder político en el Ejecutivo central. Aquí hay un claro intento de restauración del presidencialismo autoritario.

6/30/2014

De conflictos de intereses e intereses en conflicto



Por Ricardo Monreal Ávila

adnpolitico.com
   

En el caso de la diputada del PRD Purificación Carpinteyro, habrá que distinguir entre un “conflicto de interés” y los intereses en conflicto que hay detrás del affaire de la semana. 

“Conflicto de interés” en sentido literal del término no lo hay porque el negocio imaginado y proyectado no existe, es una condición futura de realización incierta, y la legislación en la materia sólo conoce de hechos consumados, no de intenciones futuras, por más aviesas que sean. 


Más bien hay grandes intereses en conflicto que, como lo señaló la propia legisladora, aprovecharon un error para cerrarle el micrófono a una voz crítica de lo que está sucediendo en el sector de las telecomunicaciones en el país, donde los tiburones se están peleando el océano.


Esa conversación (obtenida de manera ilegal, pero legitimada en su uso por el TSJM o Tribunal Sumario de Justicia Mediática) revela también un “interés en conflicto” muy común en los parlamentos. Un legislador no debe promover una ley de observancia general para intentar obtener un beneficio particular. 

Esta restricción genérica se vuelve más aguda cuando el representante legislativo proviene del sector de la izquierda, donde la norma de conducción es muy clara sobre la separación entre servicio público y negocio privado.

La jurisprudencia política al respecto fue expuesta recientemente por el presidente de Uruguay, José Mujica: “La política no es un negocio ni un pasatiempo, es una pasión movida por el sueño de un futuro social mejor; a los que les guste la plata, bien lejos de la política”.   

La diputada Carpinteyro ha tomado la mejor decisión para superar este interés personal que entró en conflicto con su función pública: excusarse de seguir participando en lo que resta del proceso legislativo. Esto le impedirá debatir y votar en su momento como legisladora, pero como experta en telecomunicaciones mantiene a salvo su derecho a seguir informando, denunciando y cuestionando las trampas y gazapos que traiga consigo la legislación de aprobación inminente. 

En otras palabras, por decisión propia, la diputada quedará impedida para votar, pero no para informar. Hoy más que antes tiene la libertad y la obligación de hacerlo. Le habrán apagado el tablero electrónico de votación, pero no el micrófono para seguir informando, opinando y denunciando.

Por lo pronto, excusarse del proceso de aprobación de las leyes secundarias de telecom sienta un precedente importante.

¿Cuántos legisladores estarían con la misma disposición de excusarse si a su escritorio llega una iniciativa para tasar las ganancias de la bolsa de valores, para bajar las comisiones de los bancos, para reconocer a los extranjeros las propiedades adquiridas en costas y franjas fronterizas, para privatizar la producción petrolera o para modificar el criterio de preponderancia y propiedad cruzada en la ley telecom?

¿Son las telecomunicaciones el único sector donde algunos diputados y senadores tienen un explícito conflicto de interés o implícitos intereses en conflicto?

¿Es el Legislativo el único poder donde los integrantes deberían excusarse de conocer asuntos públicos con ribetes de interés personal?

Sería de tal magnitud el número de servidores públicos impedidos de seguir en sus funciones, que en muchas oficinas públicas en lugar de escritorios y ventanillas existirían excusados.

Que el affaire de la diputada Carpinteyro no quede en un trance personal; que sirva de pauta para secar de una vez por todas esa gran laguna de corrupción y tentación que es la ausencia de una legislación explícita, clara y contundente para acabar con los “conflictos de interés” y los intereses en conflicto. 

6/23/2014

4 puntos sobre el '¡Puuuto'! de apoyo para el Tri

4 puntos sobre el '¡Puuuto'! de apoyo para el Tri

Por Ricardo Monreal Ávila
  @RicardoMonrealA

Sobre la investigación que realiza la FIFA en contra de la Selección Mexicana y los compatriotas que la apoyan en los estadios brasileños por la mexicanísima expresión “¡Puuuto!”, lanzada con decibeles fuera de rango en los juegos contra Camerún y Brasil, habrá que considerar lo siguiente:

1)    Si México hubiese perdido frente a ambos equipos, el grito hubiese pasado desapercibido.

Quienes lo estaríamos profiriendo a voz en cuello o en la intimidad del pensamiento seríamos millones de mexicanos contra nuestros propios seleccionados, sin que la FIFA se preocupara en lo absoluto por ello. Pero el Tri está jugando mejor de lo esperado, ha sorprendido al mundo del futbol y esto obliga a un silbatazo intimidante desde la media cancha del “etnocentrismo”.

El “puuuto” es un buen pretexto para que, con el argumento de la discriminación y la homofobia, se busque intimidar, detener, derribar y “putear” a un equipo que está jugando de bien a mejor.

Si la investigación viniese de una organización defensora de los derechos humanos, bienvenida. Pero al surgir de la FIFA, conocida por las mejores prácticas de corrupción deportiva, habrá que tener los ojos bien abiertos.

2)    ¿El “puuuto” es una expresión de desprecio, rechazo y odio? Sí ¿Es calificación negativa, estigma y minusvaloración, como lo señala el Conapred? Sí ¿Refleja homofobia, machismo y misoginia, como lo sentenció la Suprema Corte para los vocablos sinónimos de “maricón” y “puñal”? Sí ¿Debemos desterrarlos de nuestro lenguaje, para una mejor convivencia social? Por supuesto.

Pero esto no es tarea de una disciplina deportiva, sino de un proceso civilizatorio, donde la educación, el hogar, la ley, la economía, la política y la cultura tienen más injerencia e influencia que un partido de futbol. Los procesos civilizatorios son asuntos de Estado, no de estadios.

A quien deberá sancionar la FIFA, en todo caso, es al Estado mexicano por ser omiso y remiso en el cumplimiento de sus obligaciones civilizatorias, no a la Selección ni a la afición.

3)    Pero el “puuuto” también es catártico, catérvico, cateto, catecúmeno y categórico. No es casto. Es castizo. No es para recatados. Es para los de piel y caradura. Además, es metálico. Tiene el sonido, el sabor y el color del bronce, por eso es patrimonio lingüístico de la raza que se asume del mismo metal.  

Es manifestación de lo que Karl Jung llamó “alma colectiva” o de lo que, recientemente, el bioquímico y sicólogo Rupert Sheldrake, definió como “campo morfogenético” o “resonancia mórfica”. Para este controvertido científico, el lenguaje y el comportamiento humano son herencia de una memoria colectiva formada a base de experiencias, vivencias, secretos y hasta conflictos transmitidos de generación en generación. Se aprehenden no se aprenden.

En este sentido, el “puto”, junto con una centena de expresiones recopiladas en el Diccionario de Mexicanísmos de la Academia Mexicana de la Lengua (culero, chingón, joto, cuzco, padrote, verdolaga, etc., etc.), serían resonancias mórficas o manifestaciones morfoeufónicas de un alma colectiva aprehendida en la informal universidad de la vida, no adquirida en la escuela formal.

Ahora bien, el lenguaje humano, por más soez y vulgar que sea, no mata ni comete delitos. Las conductas violentas punitivas son unipersonales e intransferibles. Tienen rostro y nombre. Es la primera condición del “debido proceso”, el cual también es un derecho humano fundamental.

Así que los partidarios de sancionar al Tri y a su afición tienen dos opciones: o aprender el grito de guerra de los estadios mexicanos (el camino que siguió de inmediato la afición brasileña para empatar el marcador lingüístico) o asistir con “cubreorejas” a los estadios mexicanos de futbol.

Todo ello mientras maduran las reformas estructurales (especialmente la educativa), que además de sacarnos presuntamente del subdesarrollo y la pobreza, harían el milagro de extinguir de los estadios las mexicanísimas expresiones emitidas desde lo más profundo del respetable vulgo.     

6/16/2014

2014, el mundial de las protestas




Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA
Vaya forma de jugar futbol y política en Brasil 2014.

Hasta ahora habíamos visto lo “políticamente correcto”: el uso del futbol como arma de comunicación, manipulación y dominación masiva. Dictaduras militares en busca de legitimación, gobiernos autócratas que presumen al mundo su eficacia, lo mismo que democracias emergentes que pugnan por reconocimiento internacional o tecnocracias que empatan calendarios de negociación parlamentaria con calendarios del mundial para aprovechar la mayor distracción del público, todos por igual ven en un Mundial de Futbol o en unas Olimpiadas el medio para alcanzar sus fines.

Sin embargo, Brasil 2014 es el primer mundial de futbol donde sucede lo “políticamente incorrecto”: ciudadanos descontentos toman la cancha pública para dar a conocer al mundo sus demandas, replegar hasta la línea defensiva a su clase gobernante y hacer varios “tiros al travesaño” aún antes del primer juego.

Si no es ahora, ¿cuándo los trabajadores brasileños del transporte público y de los aeropuertos podrían tener una mejor coyuntura para exigir mejoras en suscondiciones salariales y laborales? Si no es en este mundial, ¿en qué otro momento los pobres de las favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo podrían salir a las calles a exigir un alto al “Programa de Pacificación”, que no es otra cosa que la reubicación territorial de los pobres para dar paso a la especulación inmobiliaria urbana? Si no es durante el Mundial 2014 y las Olimpiadas del 2016, ¿bajo qué otra circunstancia los sectores de clase media podrían reclamar eficazmente a su gobierno, “en qué te estás gastando los nuevos impuestos que me cobras, si no es en corrupción y en dispendios gubernamentales”?

Con el sólo hecho de lograr por primera vez en la historia deportiva mundial la cancelación de discursos inaugurales, tanto de políticos como de promotores internacionales, el pueblo de Brasil logró una hazaña deportiva única, anotar el cuarto gol del juego inicial, ¡desde fuera del estadio! Se confirmó con ello que este es el Mundial de las Protestas.

Cuando Lula da Silva obtuvo para Brasil el doble play, Mundial 2014 y Olimpiadas 2016, con el compromiso de invertir 8,000 millones de dólares en 59 proyectos de infraestructura, el país crecía al 5% anual, y presumía entre otras medidas la apertura energética (Petrobras), el programa social “sin hambre” y un agresivo plan de inversiones públicas y privadas. Era el punto más alto del Brazilian moment.“Vamos a darnos a conocer como una de las 10 mejores economías del mundo”, dijo en su momento. Obtuvo el premio mayor: la reelección de su partido PT y la victoria de la presidenta Dilma Rousseff.  

Sobrevino la crisis financiera mundial del 2009 y desde entonces todo ha sido cuesta bajo, entre penalties y autogoles.

En una clásica jugada de distracción para evadir la presión del contrario, Lula tiró el balón fuera de la cancha: “En México todo es peor que Brasil… Lo que hacen en materia energética, nosotros lo hicimos hace 20 años”.
Además de un claro offside, ese balón caliente también puede verse como un amigable jalón de marca a lo que queda del Mexican Moment: “Como nos ven, se verán… Así como van, ni se les ocurra pedir para México las Olimpiadas 2024 o el Mundial 2026”.

6/02/2014

El ilusorio y pantanoso PIB esperado para este año



Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA

Ojalá el país pudiera alcanzar el crecimiento del 2.7% anunciado oficialmente. Sería un nuevo milagro económico. Significaría que México dio el salto de la rana, de 1.8% a 3% de crecimiento, en sólo un semestre.

Ese pronóstico es una condición futura de realización incierta. Un "wishful thinking" (pensamiento ilusorio) más que un indicador sólido.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos acaba de informar que la economía del principal socio de México (aportante de un 35% de nuestro PIB), cayó 1% en el primer trimestre del año. Es su primera caída en tres años. Esto representa menos exportaciones mexicanas. El invierno tiene estornudando a la economía vecina, por lo que el contagio aquí podría devenir en pulmonía (vox populi dixit).

Presuponer que México crecerá más que Estados Unidos y sus socios latinoamericanos, es suponer que nuestro país funciona como la nueva locomotora económica del continente, cuando los indicios apuntan hacia otra dirección.

El otro gran componente de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) es el mercado interno. De acuerdo al último dato disponible del Inegi, el consumo creció únicamente 1.5%, componente relacionado directamente con los ingresos de las familias y la creación de empleos. Los nuevos impuestos inhibieron el consumo familiar, mientras que la meta de 1.1 millón de nuevos empleos formales apenas va en una quinta parte.

La inversión pública y privada, por su parte, a pesar del aumento del 15% en el gasto público en el primer trimestre, mostró un decrecimiento de -3%, mientras que la industria de la construcción reportó un crecimiento del 0%. Todo indica que el único que trae dinero y lo está gastando es el gobierno, pero su inversión no estaría incidiendo de manera relevante en el PIB, ya que los otros motores no encienden. Así que preparémonos por allá de septiembre de este año a la segunda revisión a la baja de la expectativa de crecimiento. 

Sólo debemos tener presente que cada punto menos del PIB son 120,000 empleos menos de lo esperado y 160,000 millones de pesos menos en términos de inversión pública y privada. Y el círculo vicioso que se detona: menos inversión, menos empleo, menos recaudación; por tanto, más estancamiento, más desigualdad, más inseguridad.

Hay dos formas de medir el PIB. La más usual es la que conocemos: la producción y el flujo de bienes y servicios en un año. Sin embargo, dado que esta medición es tan "bruta" que mide por igual producción de alimentos que autos, la ONU introdujo una medición más fina que no sólo mide el capital físico de la nación, sino la creación de capital humano (educación y bienestar social) y la reposición de sus recursos naturales. Es el llamado PIB social o verde (Inclusive WealthIndex, IWI). Consiste en quitarle lo burdo al PIB; es decir, incluir las inversiones necesarias para generar un mínimo de bienestar y reponer los recursos naturales consumidos en la producción.

Si aplicáramos el IWI al 2.7 oficial, el resultado no sería de recesión, sino de decepción. Obtendríamos un "crecimiento" de 3.9%, como el esperado inicialmente, pero de signo negativo. Es decir, un decrecimiento en términos reales y absolutos. De ese tamaño es el ilusorio y pantanoso PIB esperado para este año.

5/16/2014

Leyes electorales, ganan partidos no los ciudadanos



Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA


La última gran reforma electoral diseñada para ampliar la participación ciudadana y el pluralismo político se aprobó en 1995, cuando se ciudadanizó el IFE. Su prueba de fuego fue la elección presidencial del 2000 y la superó con éxito al encauzar una alternancia política de “terciopelo”.

A partir de entonces hemos tenido reformas electorales concebidas y diseñadas para reforzar a la “partidocracia” y a las élites políticas -con sus desviaciones y crisis de representatividad incluidas-, así como dificultar el advenimiento de la democracia participativa directa.

El paquete de leyes que se aprobará esta semana (leyes de partidos políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, leyes de medios de impugnación, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación) va en lo general por ese camino lesivo y perverso, incorporando algunos beneficios de alcance menor. Seis botones de muestra.

1-Gobernadores: Se espera que el INE acoté el control de los gobernadores sobre la preparación y conducción de las elecciones locales. Sin embargo, lo que se debe amarrar a los gobernadores son los bolsillos, más que las manos. En materia de gasto público en publicidad, información oficial y gasto social con sesgo electoral, se les deja la manga ancha que actualmente tienen.

2-Prorrateo: Se legitima la práctica perversa de distribuir el gasto excesivo e ilegal de un candidato, entre los otros participantes de su partido que hayan gastado menos en esa misma elección. Con esta disposición, se dejan sin efecto práctico los topes de campaña y se legaliza el uso de recursos de procedencia ilícita como el “Monexgate” y el “Sorianagate”.

3-Candidatos independientes: Se obstaculiza la participación de ciudadanos sin filiación partidista, al ponerles porcentajes altos en el número de ciudadanos que deben apoyar su registro. En este sentido, mientras que un nuevo partido puede obtener su registro federal con 30,000 afiliados, a los independientes se les pide casi 700,000 firmas de apoyo. Claro ejemplo de “partidocracia”.

4-Pensión vitalicia a magistrados electorales: Se insiste en otorgar una pensión vitalicia a los magistrados electorales, una vez que concluyan su encargo, al equipararse con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una disposición introducida de contrabando, no aprobada por el Pleno del Senado. Claramente se trata de un “pago de marcha” por el fallo presidencial del 2012 y para garantizar dictámenes similares en el 2018.

5-Aprobación sin debate: se repite la práctica autoritaria de la presente Legislatura de aprobar reformas sustanciales sin debatir. Es de los pocos parlamentos en el mundo que no parlamentan. Es una Legislatura que no lee lo que vota. El nuevo código electoral contiene 600 artículos en 700 fojas, cuya primera lectura requeriría de al menos 30 horas continuas; es decir, más de tres sesiones legislativas de 8 horas.

6-INE por Pemex: La perversión mayor de esta legislación se encuentra en el esquema de su negociación y aprobación. Se intercambió reforma electoral por reforma energética. La transformación del IFE por el desmantelamiento de Pemex. Con este trueque gana la “partidocracia”, no la democracia.