Leyes electorales, ganan partidos no los ciudadanos

Por Ricardo Monreal Ávila  @RicardoMonrealA

La última gran reforma electoral diseñada para ampliar la participación ciudadana y el pluralismo político se aprobó en 1995, cuando se ciudadanizó el IFE. Su prueba de fuego fue la elección presidencial del 2000 y la superó con éxito al encauzar una alternancia política de “terciopelo”.

A partir de entonces hemos tenido reformas electorales concebidas y diseñadas para reforzar a la “partidocracia” y a las élites políticas -con sus desviaciones y crisis de representatividad incluidas-, así como dificultar el advenimiento de la democracia participativa directa.

El paquete de leyes que se aprobará esta semana (leyes de partidos políticos, de Instituciones y Procedimientos Electorales, leyes de medios de impugnación, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación) va en lo general por ese camino lesivo y perverso, incorporando algunos beneficios de alcance menor. Seis botones de muestra.

1-Gobernadores: Se espera que el INE acoté el control de los gobernadores sobre la preparación y conducción de las elecciones locales. Sin embargo, lo que se debe amarrar a los gobernadores son los bolsillos, más que las manos. En materia de gasto público en publicidad, información oficial y gasto social con sesgo electoral, se les deja la manga ancha que actualmente tienen.

2-Prorrateo: Se legitima la práctica perversa de distribuir el gasto excesivo e ilegal de un candidato, entre los otros participantes de su partido que hayan gastado menos en esa misma elección. Con esta disposición, se dejan sin efecto práctico los topes de campaña y se legaliza el uso de recursos de procedencia ilícita como el “Monexgate” y el “Sorianagate”.

3-Candidatos independientes: Se obstaculiza la participación de ciudadanos sin filiación partidista, al ponerles porcentajes altos en el número de ciudadanos que deben apoyar su registro. En este sentido, mientras que un nuevo partido puede obtener su registro federal con 30,000 afiliados, a los independientes se les pide casi 700,000 firmas de apoyo. Claro ejemplo de “partidocracia”.

4-Pensión vitalicia a magistrados electorales: Se insiste en otorgar una pensión vitalicia a los magistrados electorales, una vez que concluyan su encargo, al equipararse con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una disposición introducida de contrabando, no aprobada por el Pleno del Senado. Claramente se trata de un “pago de marcha” por el fallo presidencial del 2012 y para garantizar dictámenes similares en el 2018.

5-Aprobación sin debate: se repite la práctica autoritaria de la presente Legislatura de aprobar reformas sustanciales sin debatir. Es de los pocos parlamentos en el mundo que no parlamentan. Es una Legislatura que no lee lo que vota. El nuevo código electoral contiene 600 artículos en 700 fojas, cuya primera lectura requeriría de al menos 30 horas continuas; es decir, más de tres sesiones legislativas de 8 horas.

6-INE por Pemex: La perversión mayor de esta legislación se encuentra en el esquema de su negociación y aprobación. Se intercambió reforma electoral por reforma energética. La transformación del IFE por el desmantelamiento de Pemex. Con este trueque gana la “partidocracia”, no la democracia.