Serpientes y Escaleras
Las
cárceles del país se volverán insuficientes si se llega a aplicar
mínimamente lo que dicen las nuevas leyes electorales secundarias
aprobadas ayer en el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cárcel a quien
compre votos o coaccione a votantes? ¿Cárcel a los funcionarios
públicos que condicionen apoyos de programas y recursos públicos a
cambio del voto de los beneficiarios? ¿Cárcel a quien incurra en
“acarreo” de votantes a las urnas? Todos los vicios e irregularidades
que hasta ahora han funcionado en el sistema electoral mexicano, y
todas las formas con las que los partidos políticos, llámense PRI, PAN
o PRD, han ganado elecciones y se han hecho del poder, serán ahora
considerados “tipos delictivos” que ameritan cárcel.
Al menos eso dice, en el papel, la nueva Ley General en Materia de
Delitos Electorales, aprobada ayer por mayoría en las dos cámaras del
Congreso federal, con la que se pretende castigar las irregularidades
electorales que todavía vimos los mexicanos operar flagrantemente en
las últimas elecciones presidenciales del 2012, en elecciones locales
en 2013 en los estados y hasta en comicios que actualmente están en
marcha se sigue observando por parte de distintos candidatos y partidos
políticos.
¿O alguien duda de que el reparto de tarjetas de Monex o de Soriana
con dinero en efectivo, no fue una forma de comprar el voto en la
última elección presidencial? ¿Se atrevería alguien a negar que el PRD
ganó la mayoría de las delegaciones del DF en el 2012 condicionando los
programas sociales y las ayudas en las zonas más pobres de la ciudad a
sus bases clientelares para que votaran por ellos? ¿Quién puede meter
las manos al fuego por el manejo que se dio durante los 12 años del
panismo a los programas sociales como Oportunidades, donde todas las
estructuras que operaban esos apoyos económicos eran militantes activos
del blanquiazul?
Todos los partidos conocen y ejecutan al momento de las campañas y
las elecciones prácticas ilegales e irregulares que a fuerza de
costumbre se institucionalizaron. En el PRI, por ejemplo, no hay
estrategia electoral hasta ahora que no incluya lo que eufemísticamente
llaman “la movilización de votantes” el día de la jornada electoral,
que no es otra cosa más que un organizado sistema de “acarreo” de
electores en las zonas más pobres, que son llevados en camiones hasta
los lugares de votación y a los que se les ofrece un desayuno, a veces
consistente en torta, refresco o hasta los típicos tamales, y en
algunos casos dinero en efectivo para que cumplan “libremente” con su
deber ciudadano de emitir el voto en las urnas.
Cualquiera que revise cómo es que el PRD se ha mantenido gobernando
17 años ininterrumpidos en la capital del país, ya sea en la jefatura
de Gobierno o en la mayoría de las delegaciones, encontrará que en las
colonias más pobres de Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano
Carranza o Gustavo A. Madero, por mencionar algunas, la gente sabe bien
que si quieren seguir contando con servicios como pipas de agua para
abastecer sus necesidades, seguridad, o los apoyos a los ancianos,
deben de responder cuando los candidatos del PRD o sus líderes de
colonias vienen a exigir el voto para mantener esos apoyos. Y es así
como, mayoritariamente, se mantiene la estructura electoral perredista
en la ciudad.
O los panistas en Baja California ¿no fueron también acusados de
haber movilizado recursos y programas públicos del gobierno estatal
para favorecer al candidato de su partido que finalmente ganó la
gubernatura? ¿No se llenó la Sedesol en los estados de delegados de
abierta militancia panista durante los 12 años de gobierno tanto de
Felipe Calderón como de Vicente Fox y todavía ahora, en su elección
interna, no se acusan los propios panistas de estar utilizando las
estructuras de los comités estatales, que son recursos públicos, a
favor de tal o cuál candidato a la dirigencia?
Eso por no hablar de las prácticas clientelares del PT que manipula
a vendedores ambulantes en el Metro del DF o a discapacitados, o del
PVEM y el reparto de dádivas en las zonas indígenas de Chiapas y de
otros estados, o de cualquier otro partido político, incluidos los que
ahora buscan el registro ante el INE. ¿De verdad creen los legisladores
que todo eso va a cambiar porque hay una nueva ley que penaliza lo que
hasta ahora ha sido la práctica y la cultura política de todos los
partidos y de muchos mexicanos? De ser así, insistimos, van a faltar
cárceles, juzgados, jueces y hasta ministerios públicos para documentar
tanto delito electoral y procesar a tantos delincuentes de todos los
partidos.
No es que se dude de las nuevas leyes electorales ni de sus
correctas intenciones, pero el problema, más que de leyes, es de falta
de ética de los partidos políticos y de una cultura electoral que fue
viciada por 70 años de la cultura priista del fraude y que, con la
alternancia política y la imperfecta democracia, no se erradicó, sino
que fue imitada y sofisticada por los otros partidos políticos,
llámense PAN o PRD.
Si el nuevo marco electoral, al que habría que añadir la Ley de
Partidos que define otros temas como la comunicación y la compra de
publicidad electoral, además de la sobrerepresentación y las
candidaturas comunes, realmente se propone cambiar las prácticas de los
partidos y transparentar los mecanismos para acceder al poder, hará
falta mucho más que la aprobación de las leyes, porque el problema es
que la cultura del “todo se vale” y del “me sale más barata la multa
que perder la elección”, está profundamente arraigada entre la clase
política de todos los partidos y eso no se va a cambiar por decreto, ni
de la noche a la mañana.
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