Documenta Comité de la ONU indefensión de grupos vulnerables ante gobierno mexicano y empresas

Después de casi 12 años de no comparecer ante el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el Estado mexicano no salió bien librado de acuerdo con las conclusiones del organismo: el poder económico y político conjunta esfuerzos en los tres niveles de gobierno, en detrimento de los grupos vulnerables.Cuartoscuro.

Andrea Vega (@EAndreaVega)

animalpolitico.com

“Seguirán siendo así, indefensos”, dice Leydy Pech, del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, que le dijo un magistrado ante las quejas interpuestas por el incumplimiento de la sentencia de amparo que ganaron pobladores de Campeche y Yucatán para suspender la siembra de soya transgénica en su territorio, en tanto no se efectúe una consulta libre e informada en la que puedan pronunciarse al respecto.

La sentencia la obtuvieron en 2015, pero la consulta está estancada. “Las seis sesiones que tuvimos atropellaron nuestros derechos, las autoridades solo favorecían a las empresas que están desarrollando el proyecto. Eso es muy preocupante, porque según nosotros, la sentencia nos iba a ayudar en nuestro derecho a la libre determinación, pero cuando quisimos ejercer ese derecho, nos lo desconocieron por completo”, afirma Pech, quien es parte de los avicultores afectados por la siembra de soya transgénica en Campeche.

A petición de las comunidades afectadas, la Misión de Observación de la Consulta Maya (conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil) emitió un reporte donde destacó que la consulta no tuvo una pertinencia cultural, al carecer de traducción e interpretación de las sesiones; tampoco contó con información clara ni con procedimientos adecuados pues las convocatorias para las sesiones se hicieron con pocas horas de anticipación, por ejemplo. Además, representantes de las comunidades mayas denunciaron hostigamientos y una estrategia para dividir, desgastar y desarticular su proceso organizativo.

“La semana pasada, yo y otros compañeros estuvimos en el Tribunal Colegiado en Campeche por dos quejas que interpusimos contra la no ejecución de la sentencia y el magistrado me dijo ‘no podemos hacer nada, seguirán siendo así, indefensos’”. Esta última frase que Leydy Pech remarca en el Foro para la Evaluación de las Observaciones Finales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en México, por parte de la ONU, engloba las preocupaciones del organismo.

Después de casi 12 años de no comparecer ante el Comité de DESC, el Estado mexicano presentó dos informes sobre la situación de esas garantías en el país. A la par, más de 150 organizaciones de la sociedad civil emitieron uno alterno, en el que señalan los incumplimientos a diversos derechos.

Luego de hacer un balance entre los informes y de tener un diálogo con la delegación mexicana, el 12 y 13 de marzo pasado, en Ginebra Suiza, el Comité DESC de la ONU hizo públicas sus observaciones finales, de las que hicieron un recuento y análisis el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESCA, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHND) y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

“El poder económico y político reacciona a la crítica silenciándola, eso es muy claro desde la perspectiva indígena, con proyectos que benefician a los muy ricos y victimizan a los pobres”, afirmó, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El poder económico y político, agregó, conjunta esfuerzos, en los tres niveles de autoridades, para garantizar que las sentencias (como las de la soya transgénica) no se cumplan.

Tanto el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil como las observaciones finales de la ONU en cuanto a los DESC en México destacan otras problemáticas ligadas como un proteccionismo del Estado hacia las empresas. Entre ellas la criminalización a defensores del medio ambiente y de la tierra y el territorio, la falta de acceso a la justicia para quien la reclama y la impunidad y falta de debida diligencia de las empresas para evaluar si sus acciones vulneran o no derechos humanos.

Stephanie E. Brewer, del Centro Prodh, remarcó cuatro temas transversales que tocan las recomendaciones de la ONU en cuanto a DESC para México. El primero, la justicia en estos derechos, “el Comité señaló, en términos, muy claros, su preocupación por la falta de acceso y cumplimiento de juicios de amparo y recursos judiciales efectivos para las víctimas”.

El segundo tema es la situación de defensores de derechos DESC. “Los ataques a ellos en México son alarmantes, Cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) documentó que de julio de 2016 a diciembre de 2017 hubo 88 casos de ataques contra personas defensoras de derechos ambientales, incluyendo el homicidio de 29 personas”.

Es por eso que el Comité le recomienda al Estado mexicano que adopte medidas efectivas y oportunas para prevenir estos actos de violencia, que se investigue de manera exhaustiva, imparcial y eficaz todas las denuncias de atentados contra la vida, integridad física y libertad, así como todo acto de violencia, amenazas, hostigamiento, intimidación, acoso y difamación cometidos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.

Las empresas y los DESC es el tercer tema que, de acuerdo al Centro Prodh, toca de forma transversal los señalamientos y recomendaciones de la ONU. Al Comité le preocupa el carácter no obligatorio de los principios de debida diligencia en materia de derechos humanos por parte de las empresas, en el sentido de evaluar si sus actividades podrían conllevar alguna afectación a la población y prevenir ese impacto en todas las fases de su trabajo.

Ante esto le recomienda a México acelerar sus esfuerzos para la pronta adopción del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, garantizando que tanto en el proceso de elaboración como de aplicación se cuente con la debida participación de todos los actores interesados.

Por supuesto, entre los temas centrales de preocupación están los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la recomendación para México es garantizar que las comunidades sean consultadas antes de otorgar licencias para actividades económicas en sus territorios.

Otros aspectos que destacan en las observaciones de la ONU son la corrupción, la discriminación que continúan enfrentando determinados grupos, y que no existan políticas apropiadas para combatir la múltiple discriminación que enfrentan, por ejemplo, las mujeres indígenas con discapacidad.

La evaluación también señala la necesidad de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; el derecho al trabajo, con una preocupación especial en cuanto a la alta proporción de trabajadores en la economía informal; que el salario mínimo sea suficiente para proporcionar condiciones de vida dignas a los trabajadores y sus familias.

Los derechos sindicales, la seguridad social, la violencia contra la mujer, los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, la protección y apoyo a los familiares de personas desaparecidas, la atención a la pobreza y la desigualdad, el derecho a la alimentación y a una vivienda adecuada; los desalojos forzosos y los desplazados internos; así como el derecho al agua, al saneamiento, a la salud y a la educación y el respeto a la diversidad cultural y a la salud sexual y reproductiva son los otros temas en los que el Comité pide a México mejorar su actuación.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

PRI y PAN buscan que se pague en especie a trasnacionales que exploten hidrocarburos

Esto permitiría a las empresas registrar el petróleo mexicano entre sus activos: PRD

Proponen que se les permita asociarse para obtener varios contratos al mismo tiempo

Trabajos de las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de DiputadosFoto Pablo Ramos

Enrique Méndez 

Periódico La Jornada

Sábado 26 de julio de 2014, p. 7

Las empresas trasnacionales que obtengan contratos de producción compartida de hidrocarburos recibirán el pago en especie, con una proporción del petróleo o gas extraídos que será determinada por la Secretaría de Hacienda en cada convenio, según se desprende de los cambios que PRI y PAN hicieron a la iniciativa presidencial de la ley de ingresos sobre hidrocarburos y de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo dictamen será discutido este sábado en comisiones de la Cámara de Diputados.

Esa disposición, explicó el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, permitirá a las grandes empresas registrar el petróleo mexicano entre sus activos. Esas reservas petroleras ya no serán de México, sino que quedarán en manos extranjeras, alertó.

También, y aunque el PAN anunció que no aceptaría dejar a las empresas exentas del pago de utilidades, las comisiones unidas de Hacienda y de Energía avalaron la iniciativa del Ejecutivo para que los trabajadores no obtengan ese beneficio constitucional.

La excepción propuesta no implica impedimento alguno para que los trabajadores que laboren en la industria puedan obtener beneficios adicionales a su ingreso laboral. Las empresas pueden establecer los mecanismos de remuneración que consideren convenientes para retribuir a sus trabajadores, justifica el proyecto de dictamen.

Además, esas bancadas decidieron ampliar la participación de las empresas en el mercado de la exploración y extracción de hidrocarburos, al permitirles asociarse para obtener varios contratos al mismo tiempo, en contraste con la iniciativa original de Enrique Peña Nieto, que consideraba otorgar un solo contrato por compañía.

En los considerandos del proyecto de dictamen, las comisiones justifican que la regulación del contenido económico de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos no debe limitar de manera desmedida las formas organizativas de los participantes, porque ello podría impedir el desarrollo de la industria petrolera.

Por eso se incluyó una modificación a la redacción del artículo 31 de la iniciativa, para que las empresas puedan participar en los procesos de licitación de forma individual, en consorcio o mediante la asociación en participación.

Una vez establecidas como un consorcio, las empresas tendrán oportunidad de presentar conjuntamente una propuesta para ganar las licitaciones.

Inversión atractiva

Las modificaciones tienen por objeto alentar a los posibles inversionistas, ofreciéndoles un esquema en virtud del cual sea posible disminuir los altos riesgos y costos que implica el desarrollo de actividades de exploración y extracción… y permitir la participación de actores que, en otras circunstancias, no se incorporarían al mercado nacional.

Con ello, señalan, la inversión se vuelve más atractiva.

Las comisiones también pretenden ratificar las distintas modalidades de contratos en el mercado petrolero nacional, propuestas por Peña Nieto, así como los mecanismos de pago a las compañías privadas:

En efectivo, para los contratos de servicios; un porcentaje de utilidad para los contratos de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida; la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que se extraigan del subsuelo en los contratos de licencia, o bien una combinación de las anteriores.

En la tercera modalidad se agregó que el porcentaje de la producción será en especie.

Alonso Raya y su compañero de bancada, Carol Antonio Altamirano, explicaron que además en la discusión de la Ley de Coordinación Fiscal, los diputados se enfrentarán a un problema con los gobiernos de los estados, debido a que se mantiene intacta la fórmula para la distribución del fondo participable a entidades petroleras.

No obstante, como a esa lista se prevé agregar a Coahuila y Chihuahua como productores de gas de lutita, los ingresos tendrán que repartirse entre más estados.

Esfuman’ 55 millones de Pemex

Un empresa denuncia que Pemex no le ha pagado. Y mientras sus representantes jurídicos dicen que ya la liquidaron, la paraestatal lo niega. Conoce la historia de un aparente fraude en el que nadie sabe dónde quedó el dinero

Por Armando Estrop -

La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos Mexicanos y exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par de años

Si en la documentación que los abogados de Pemex presentaron en el juzgado, el contrato está liquidado, ¿por qué responden al Ministerio Público que no existen registros de pago a Acrux o a José Benssusen Sefami?

La forma en que los representantes legales de Pemex han actuado para defenderse, tiene más características de un oscuro plan que la labor de velar por los intereses de la empresa en donde trabajan

Los representantes legales de Petróleos Mexicanos podrían haber colocado a la paraestatal ante una deuda millonaria.

Como en un acto de magia desaparecieron 55 millones de pesos que eran el pago para una obra realizada en Veracruz durante el año 2008.

Hoy el monto con los intereses asciende a más de 400 millones de pesos, lo que podría convertirse en otro escándalo para Pemex y para la PGR, que en estos momentos se encuentra en una encrucijada por el tema de Oceanografía.

Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, ambos de la Dirección Jurídica de la paraestatal, podrían haber fingido la liquidación de los 55 millones de pesos a la empresa Acrux.

Pero un documento confidencial obtenido por Reporte Indigo revela que recientemente Petróleos Mexicanos aceptó que no existe registro del pago.

Para fingir que el acreedor recibió el pago del adeudo, los abogados falsificaron la firma del dueño de la empresa y lo certificaron con el aval del notario Manuel Brito Gómez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.

El joven fedatario público es hijo del exlíder del PRI en el estado de Veracruz, que lleva exactamente el mismo nombre y es uno de los políticos más cercanos al exgobernador Fidel Herrera.

El documento notariado con el que se argumentó el pago, tiene una larga lista de irregularidades ya constatadas ante la Procuraduría General de la República a partir de las investigaciones que se derivaron de la denuncia de los acreedores.

Inclusive, cuando la defensa de la empresa Acrux visitó la notaría para conocer el protocolo con el que se certificó el documento, entregado al Poder Judicial, se realizaron amenazas que quedaron grabadas en audio y video.

En el conflicto está también involucrado Jorge Daniel Santos Hernández, de la empresa Aquapress, que tiene una larga lista de antecedentes de defraudación a Petróleos Mexicanos registrados en diversos medios de comunicación nacionales.

Incluso han sido investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y resultaron inhabilitados formalmente, aunque continuaron siendo contratados por Pemex.

Todo inició cuando José Benssusen, propietario de Acrux y quien ahora exige el pago, asegura que nunca recibió el dinero que el área jurídica de Pemex asegura que pagó.

Por ello demandó a la paraestatal y acusa que falsificaron su firma para el documento notariado.

Además ha comprobado que a la hora y día en que presuntamente se dio por pagado –según constató el notario veracruzano– él estaba en una sucursal de Inbursa, lo que ha sido corroborado por escrito y en declaración oficial por los empleados de la institución bancaria.

Por lo tanto, alega, no podría haber estado en dos lugares diferentes al mismo tiempo y se concluye que no recibió el pago ni firmó el documento certificado por Brito Gómez, el notario veracruzano.

Como una paradoja de la política mexicana, en medio de la aprobación de la Reforma Energética, que quiere poner a Pemex a la vanguardia como empresa, salen más y más casos sospechosos sobre presunta corrupción de los funcionarios de la paraestatal.

La Procuraduría General de la República parece estar paralizada.

La historia del ‘plan’ perfecto

José Benssusen tiene desde 1999 la constructora Acrux, que hacía obras en varios estados del país. 

Por estar en el mismo medio conoció al empresario constructor Jorge Daniel Salas Hernández, quien le ofreció ceder los derechos de cobro de una obra de su empresa Aquapress. 

La obra era un proceso de limpieza en la playa de Cong, Allende y Laguna de Pajaritos, debido al rompimiento del oleoducto Nuevo Tapa. 

Eran trabajos extraordinarios en esa zona donde hubo un severo daño ecológico por la fuga de crudo en el río Coatzacoalcos.

La idea era que Benssusen pagara una cantidad por la cesión de la obra, identificada con el número SDSE-OPU81-174/2004, la terminara y cobrara la parte final a Pemex.

Después de estudiar las características de la limpieza y los recursos legales que se requerían, aceptó hacerlo. 

El 9 de mayo de 2008 se realizó el contrato de cesión de derechos en donde se estableció que en caso de incumplimiento, se someterían a la jurisdicción del Distrito Federal. 

El documento de la cesión cuenta con sellos de Juan Hillman Jiménez, Notario Número 4 con sede en Coatzacoalcos, Veracruz y Uriel Oliva Sánchez, Notario número 21 del Distrito Federal.

A través del oficio OAG-GJP-CSJ-8001/2008 la Gerencia Jurídica Petroquímica de Pemex avaló la cesión. 

“Con fundamento en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, no existe inconveniente para llevar a cabo la cesión solicitada”, dice el documento firmado por Jorge González Cervantes, subcoordinador consultivo y de prevención.

Esto a pesar de que la empresa Aquapress estaba inhabilitada.  Todas las dependencias del gobierno federal habían sido notificadas, y consta en el Diario Oficial de la Federación, que no podían realizar ningún tipo de acuerdo o contrato con esa compañía.

En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo quinto de la resolución, de fecha 9 de marzo de 2007, que se dictó en el expediente número DS0289/2005 mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción, (SIC) mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción administrativa instaurado a la empresa Aquapress, S.A. de C.V. esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al que se publique la presente circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona, por un año seis meses, contados a partir del día siguiente al que se publique la presente circular”.

Cuando Acrux quiso cobrar, después de realizar la obra cedida por Aquapress, se le notificó que esta desconocía la cesión de derechos y por eso Pemex no podía pagarle. No se le notificó de la inhabilitación.

Se pidió una explicación a Salas Hernández, dueño de Aquapress, y respondió que todo había sido un error, y que el convenio continuaba. 

Se realizó un adéndum a la cesión de derechos y Acrux quiso cobrar nuevamente los 55 millones de pesos que le adeudaban. La historia se repitió. Nuevamente había un recurso de Aquapress negando cualquier cesión de derechos.

La solución fue presentar una demanda civil contra Petróleos Mexicanos y exigir el pago. La demanda avanzó lentamente durante un par de años. 

La defensa de Pemex, realizada por los funcionarios Francisco Leonardo Santos Rodríguez y Héctor Omar Reynoso López, consistió  en todo momento negar al adeudo y por consecuencia, la cesión de derechos de Aquapress a Acrux.

De pronto todo dio un giro. 

Ya en la actual administración federal, el 21 de mayo del 2013, Santos Rodríguez, funcionario de la paraestatal, presentó ante el juez un documento en el que finalmente Bensussen se daba por pagado y que había firmado de recibido en un documento certificado por notario público. 

Sin embargo, después de un peritaje consecuencia de oficios efectuados por la defensa del dueño de Acrux, la PGR establece que la firma del empresario es falsa. Esto consta en expediente PGR/DF/SPE-XXIV/4474/13.

“No corresponden por su ejecución al C. José Benssusen Sefami, las firmas cuestionadas que aparecen en los documentos cuestionados, ampliamente descritos en el cuerpo del presente, por las razones expuestas en el mismo”, establecen los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR.

Todo podría indicar que la forma en que los representantes legales de Pemex han actuado para argumentar que se pagó el adeudo, tiene más características de un oscuro plan más personal que la labor de velar por los intereses de la empresa en donde trabajan.

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Servidumbre de hidrocarburos y resistencia rural

Luis Hernández Navarro

Durante la Edad Media en Europa los siervos vestí­an túnicas con el escudo de su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales: Monsanto, Cargill o John Deere. A partir de ahora, deberán usar cachuchas de sus nuevos señores trasnacionales: British Petroleum, Halliburton o Shell.

Y es que, con las leyes secundarias en materia energética, se establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado.

Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho.

Para sortear el proyecto privatizador presente en las reformas al artículo 27 constitucional, campesinos e indígenas con tierras ejidales se incorporaron masivamente al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). 

De los cerca de 31 mil núcleos agrarios sólo 2 mil 700 quedaron fuera del Programa. Sin embargo, 70 por ciento de su tierra fue titulada como propiedad de uso común. De esta manera, conservaron los atributos centrales del ejido: inembargable, intransferible e inalienable.

Las leyes secundarias en materia energética inhabilitan este recurso. 

A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, con la amenaza de que, de no hacerlo, se les expropiarán de manera acelerada, pagándoles en especie o contratándolos. 

De ser propietarios y poseedores de su territorios se convertirán en una especie de semisiervos al servicio de señores trasnacionales.

Las nuevas iniciativas arrinconan aún más a campesinos e indígenas. Según datos de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano ha entregado a compañías extranjeras (en su mayoría de capital canadiense o que operan como tales) más de 2 mil 600 concesiones que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 por ciento del territorio nacional.

El despojo minero ha propiciado casi 200 conflictos entre empresas y comunidades indígenas en el país. Al menos una decena de opositores a estos proyectos en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua han sido asesinados por pistoleros. Lejos de disminuir, con el paso del tiempo la resistencia ha crecido y se ha radicalizado.

La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, la amenaza de una nueva reforma a la ley agraria y de una reforma rural han reanimado los procesos de convergencia y movilización de las organizaciones campesinas nacionales, en los que incluso participan centrales ligadas al PRI. Por todo el país se realizan encuentros y se emiten manifiestos. Así sucedió en Torreón, el pasado 7 de junio, y en Playa del Carmen, el 14 del mismo mes. El 21 de junio la cita será en Oaxaca, y el 27 en Celaya, Guanajuato. Curiosamente, mientras los dirigentes rurales solicitan participar en el proceso de reformas, los legisladores las aprueban sin escucharlos.

Las organizaciones campesinas nacionales son un archipiélago de centrales, coordinadoras, redes y uniones que viven desde hace más de 20 años profundas divisiones. Están dedicadas, en los esencial, a gestionar proyectos gubernamentales de bienestar y desarrollo rural. A pesar de las fracturas, ninguna desaparece.

En la última etapa de lucha, una amplia convergencia de ellas se reunió el 11 de junio con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Los líderes le hicieron reclamos sobre las leyes secundarias, especialmente acerca de las servidumbres de paso. La respuesta del senador fue remitirlos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Con él hablaron. Cuando la comisión abordó el punto de las leyes secundarias, el funcionario les manifestó que eso estaba fuera de su competencia, que no se discutía y que aún se encontraba en el terreno del Legislativo. Finalmente les propuso la posibilidad de abordar la reforma para el campo, y de que la Sagarpa pagara al jurista que elaborara los decretos o leyes necesarios.

Adicionalmente al descontento contra la servidumbre de los hidrocarburos, las organizaciones enarbolan distintas demandas regionales y sectoriales. Los productores de maíz de Sinaloa exigen el pago de 3 mil 850 pesos por tonelada del grano. Los frijoleros de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, piden que se les pague sus cosechas y un apoyo adicional de dos pesos. Casi en todo el país se demanda castigo a las empresas que sobrexplotan los mantos acuíferos.

Por lo pronto, la convergencia ha anunciado la formación de comités de defensa de la tierra y la realización de una movilización nacional en la ciudad de México el 23 de julio. “La tierra –amagó uno de los líderes– se va a defender con sangre.”

Pero, más allá de los desplantes de los dirigentes campesinos contra la servidumbre de los hidrocarburos y de sus amagos de incendiar la pradera, cada organización tiene sus propios intereses. Aunque algunas de ellas son combativas, muchas han utilizado en el pasado movilizaciones nacionales por demandas generales para arreglar sus asuntos particulares. De cara a las elecciones de 2015 no son pocos los líderes que tienen interés en aprovechar el descontento contra la reforma para proyectarse como posibles candidatos a diputados.

Sin embargo, muchas de las más importantes luchas rurales recientes en el país se han dado al margen de estas organizaciones. En las movilizaciones de los pueblos indios por el reconocimiento de sus derechos, la construcción de su autonomía de facto, la resistencia a la devastación ambiental, la oposición a los transgénicos, las tomas de tierras y la formación de policías comunitarias y autodefensas, los líderes campesinos tradicionales han estado ausentes o, a lo sumo, han desempañado un papel marginal. Un arreglo en las alturas con algunos de ellos, que deje de lado el rechazo a la servidumbre de los hidrocarburos a cambio de proyectos particulares, garantiza muy poco.

Twitter: @lhan55