Reportaje. El estafador chilango de Tinder

 Escrito por Berenice Chavarría Tenorio, Diana Hernández Gómez, Lizbeth Ortiz Acevedo 

Foto: Cimacnoticias.- La estafa romance es un tipo de fraude en línea en el que un estafador se hace pasar por una persona interesada en una relación romántica o amorosa para obtener dinero o bienes. Una vez que ha logrado la conexión emocional, comienzan las manipulaciones con historias falsas sobre problemas financieros, enfermedades o necesidades personales. Uno de los ejemplos más reconocidos en la Ciudad de México fue el del «Estafador de Tinder», cuyo caso ha sido documentado por Cimacnoticias.

El reportaje se presenta en 8 distintas pestañas para favorecer la lectura. Solo pulsa en cada una de ellas, ahí encontrarás el contenido.

Presentación2. Dalia3. Tamara4. Daniela 5. Sin protección en Apps6. El fraude amoroso en cifras7. Claves para el ligue digital8. Denuncia

“Si te dice que se conocieron en un café, en realidad se conocieron en Tinder”. Esta frase se ha vuelto recurrente en un presente donde las redes sociales y las aplicaciones se han posicionado como una poderosa herramienta para entablar relaciones sexoafectivas. 

Pero, cuando las dinámicas violentas se filtran por la pantalla —y, sobre todo, cuando la víctima es una mujer—, la situación cambia: usar apps de citas o chatear con alguien se convierte en el nuevo “tú te lo buscaste”. 

Es en medio de este terreno que hombres como Alfonso (o Laszlo, como también se hizo llamar) buscan tomar ventaja, dañar y estafar a las mujeres de múltiples formas, lo que da pie a nuevas formas de resistir frente a la violencia en el mundo digital. El rostro de estas resistencias está presentado aquí, en tres testimonios recopilados por Cimacnoticias.

En este reportaje rompemos con la presentación de perfiles masculinizados hegemónicos que enganchan por su dañina romantización. Consideramos necesario mirar desde la historia de Dalia, Tamara y Daniela para documentar sus resistencias ante la violencia y la relación entre ciberdelitos, amor romántico y fraude. 

Sin estigmatizar el terreno virtual, desde Cimacnoticias consideramos oportuno exponer cómo se está llevando a cabo este patrón de estafa donde se crean perfiles falsos para entablar supuestas relaciones sentimentales y, a partir de ello, violentar a mujeres.

Cimacnoticias investigó la coincidencia de tres diferentes casos de mujeres quienes vivieron estafa amorosa, fraude, violencia psicológica, económica y digital por parte de un mismo hombre a quien conocieron en redes sociales. Éste recurre a distintas personalidades las cuales cambia según su conveniencia. 

Diversos estudios han determinado que la violencia digital asociada a vínculos sentimentales afecta mayormente a mujeres y lo que les sucede no es un hecho aislado, sino convergente de vulnerabilidades asociadas a los roles y estereotipos de género. Especialistas señalan que dichos estereotipos, con los cuales convivimos día a día en nuestra vida real, se trasladan al mundo digital y convierten a la tecnología en una herramienta para ejercer violencia. Al mismo tiempo, esto acrecienta la brecha digital al orillar a las mujeres a alejarse del uso de la web.

En esta investigación expondremos las principales redes de contacto entre víctimas y agresores, cuáles son los ciberdelitos, alerta de perfiles falsos y los pretextos para pedir dinero. Con esto, llegamos a la conclusión de continuar la revolución amorosa para encontrar formas de amar en relaciones éticas, igualitarias y cuidadosas emocionalmente. Y, en este proceso, la alfabetización digital se ha convertido en otro elemento importante.

Texto originalmente publicado el 9 de junio del 2023.

Encuestadoras del Inegi denuncian violencia y abusos laborales

 Angélica Jocelyn Soto Espinosa 

Ciudad de México. Acoso sexual, discriminación, abusos laborales como sobrecargas de trabajo y largas y extenuantes jornadas laborales, son algunas de las situaciones que viven las mujeres encargadas de levantar los datos para las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así quedó evidenciado en la página de Facebook llamada INEGI mujeres: tendedero digital, surgida en el contexto de las movilizaciones por el 8 y 9 de marzo pasados, Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de Mujeres, respectivamente.

Desde el 9 de marzo, las encuestadoras enviaron imágenes de su uniforme y encima una denuncia anónima sobre los diversos tipos de violencia que viven. “No quiero que los supervisores me estén viendo las nalgas”, “Me tiene trabajando en fin de semana, pero no me dan gastos de campo para sábado y domingo” y “Que Inegi aprenda a diferenciar sexo y género” son algunas de las denuncias que pueden leerse sobre los uniformes de las trabajadoras.

Días previos al Paro Nacional convocado por el movimiento feminista el 9 de marzo, el Inegi –organismo encargado de la recolección y publicación de información estadística en temas diversos– emitió un comunicado para “apoyar” la decisión individual o colectiva de sus trabajadoras de participar en él. “Nuestra aportación para disminuir la desigualdad y la violencia de género en nuestro país es haciendo lo que mejor sabemos hacer : producir y divulgar información estadística y geográfica para tomar las mejores decisiones”, expresó en su comunicado, el cual aprovechó para informar que 70 por ciento del personal que recopilaría la información para el Censo de Población y Vivienda 2020, serían mujeres.

Las denuncias públicas contra el Inegi se hicieron más constantes, principalmente por trabajadoras que aseguraron haber enfrentado represalias o sobrecarga de trabajo tras participar en el paro del 9 de marzo, y por explotación laboral o discriminación al interior del organismo. 

Encuestadoras, expuestas a contraer COVID-19

El Censo de Población y Vivienda inició el 3 de marzo, cuatro días después de que se presentara el primer caso de COVID-19 en México. En cuestión de días, la ciudad comenzó a vaciarse y las autoridades federales y capitalinas reforzaron el llamado al distanciamiento social con el mensaje “Quédate en casa”.

Miles de personas mexicanas se fueron a sus casas, menos las 151 mil personas encuestadoras (la mayoría mujeres) que participan en el Censo. El Inegi emitió un comunicado el pasado 19 de marzo para decir que “lo más importante es cuidar la seguridad y la salud de nuestro personal”, pero no ordenó el repliegue de las trabajadoras.

El 21 de marzo, una encuestadora denunció por medio de una foto suya con el uniforme del Inegi y desde su perfil de Facebook, que sufrió un desmayo. Al día siguiente avisó a su supervisor que requería ir al médico, quien le advirtió que sin comprobante del ISSSTE le descontaría el día. También le pidió que le llevara el dispositivo que se usa para levantar el censo, lo que le implicaría recorrer una distancia de Tlalpan, a Peralvillo. Tras la visita médica, el diagnóstico fue deshidratación, agotamiento y cervicales demasiado rectas por tensión muscular. La joven denunció que viven jornadas de 10 horas, retraso en sus pagos, carga de trabajo de tres meses reducida a un mes, entre otros abusos. 

Fue en este contexto, cuando el 25 de marzo se dio a conocer, primero en redes sociales, la desaparición en Tlalpan de una encuestadora llamada Dulce Melissa Bautista Fernández, de 22 años. La joven desapareció durante el levantamiento de información, pues de acuerdo con su cédula de búsqueda viste pantalón de mezclilla color azul claro, blusa color blanco, chaleco color beige y una mochila azul, ambos con logotipo del Inegi.

El pasado 29 de marzo, el Inegi publicó erráticamente desde su cuenta oficial de Twitter que Dulce Melissa ya había aparecido; sin embargo, minutos después la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México desmintió esta información. 

La joven sigue desaparecida. Hasta el pasado 31 de marzo, el Instituto emitió un comunicado para anunciar que reprogramaría las entrevistas en los hogares por el COVID-19; pero hasta ahora no ha emitido ninguna información oficial en respuesta a las denuncias por violencia de género contra las mujeres y explotación laboral que enfrenta su personal femenino. 

La consigna del silencio

Miedo y vergüenza, algunos obstáculos creados a partir de estereotipos de género

Carolina Vásquez Araya

Las agresiones sexuales no deben señalar a la víctima sino al hechor. Urgen medidas de prevención.

Todo ser humano que haya sufrido una agresión sexual ha sido tocado en lo más profundo de su integridad. En esto no hay excepciones y, si las hay, suelen ser muy raras. Un niño, niña, adolescente o adulto víctima de tal escarnio difícilmente podrá borrarlo de su memoria, guardando esa imagen con una dolorosa sensación de repugnancia y culpabilidad. Y el silencio. Ya sea por miedo a las consecuencias sociales y familiares o porque sobre ellos pende la amenaza de una cruel revancha, el silencio tras la violación parece haber sido históricamente la marca de identidad de los crímenes de tal naturaleza y los depredadores cuentan con ello. Durante la semana pasada y como eco de mi columna anterior sobre el incesto, he recibido más información sobre ese tipo de casos. Por las características de quienes me han compartido situaciones similares existentes en su entorno –personas instruidas con posibilidad de actuar- he podido observar el inmenso poder del silencio incluso en ámbitos de cierto nivel cultural, en los cuales se supone que los prejuicios ya han perdido su fuerza. Sin embargo, ahí están; todavía bien instalados en una suerte de umbral de la privacidad, algo así como una cápsula en donde el valiente intruso que desea denunciar termina por arriesgar más que el hechor.
Esto no es nuevo. No en el incesto y tampoco en otra clase de agresiones sexuales, como lo demuestra el largo silencio que ha precedido a las recientes denuncias de la industria cinematográfica en contra de algunos de sus gurús más poderosos. Ahí no se trataba de niñas indefensas en manos de un depredador, sino de mujeres plenamente conscientes de sus derechos, pero quienes guardaron el mismo silencio oneroso de la mayoría de víctimas. Vergüenza, dolor, impotencia y miedo a las consecuencias de hablar, parecen ser la nota constante.
Si en mujeres poderosas la violencia sexual tiene ese efecto intimidatorio, ¿qué podemos esperar en una niña, un niño o una mujer atados a una relación de poder caracterizada por los abusos? ¿Cómo es posible que un ciudadano ignore los pasos a seguir para realizar una denuncia anónima sobre un crimen de tal magnitud? Esto solo revela que ese silencio continúa alimentado por una carga enorme de prejuicios y estereotipos capaces de re victimizar de manera continuada a quienes sufren estos atropellos, abandonándolas a la voluntad de quien o quienes los agreden.
Urge hacer algo al respecto. Es imperativo iniciar campañas masivas de prevención de la violencia sexual en hogares, escuelas, templos, iglesias, hospitales y todo espacio en donde exista un menor en riesgo o un adulto ignorante de los pasos a seguir para denunciar. Urge reforzar la capacitación de los elementos de policía, investigación y administración de justicia para quitar ese velo de duda ante la palabra de un menor, una duda que desde el primer momento ampara a los perpetradores y coloca a las víctimas en una posición de riesgo.
Si las madres no denuncian por el siempre presente temor a quedar sin sustento económico, buscar la manera de darles acceso inmediato a los bienes familiares, los cuales usualmente se encuentran bajo control absoluto de la pareja abusadora, lo cual también está tipificado en la ley Contra el Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer como violación de sus derechos económicos. Buscar rutas y soluciones viables a esta realidad cada día más espeluznante debería ser una tarea prioritaria para juristas y expertos, cuyo aporte sirva para liberar y dar esperanzas de justicia reparadora a tantas víctimas inocentes cuyas voces permanecen en el más profundo silencio.
Blog de la autora: http://www.carolinavasquezaraya.com

“Me too”: el mensaje viral para visibilizar el acoso sexual de las mujeres

Madrid. 19 de octubre. 17. AmecoPress. Desde que empezaron a salir a la luz los abusos sexuales del productor Weinstein, muchas actrices de Hollywood han empezado a denunciar la violencia que han sufrido en esta industria. El 15 de octubre la actriz Alyssa Milano, conocida por la serie ‘Embrujadas’, empezó una campaña en Twitter con el hashtag "#MeToo" (#YoTambién) para visibilizar sobre el acoso sexual que sufren las mujeres.

Milano escribió en su cuenta de Twitter: "Sugerido por una amiga: Si todas las mujeres que han sufrido acoso o un abuso sexual escribieran ‘yo también’ en su estado, enseñaríamos a la gente la magnitud de este problema". Y animaba a las mujeres a participar de esta forma: "Si has sido acosada sexualmente o abusada, escribe ‘yo también’ como respuesta a este tweet". Por lo que en pocos minutos "Mee to" se convertió en trending topic el lunes, y ahora el tweet cuenta con casi 70.000 respuestas.
Poco después de este hecho, la actriz publicó un artículo en PatriotNotPartisan, en el que aseguraba "Mientras estoy enferma y enfadada por las inquietantes acusaciones de la depredación sexual y el abuso de poder de Weinstein, estoy feliz, incluso en éxtasis, porque se ha abierto un diálogo sobre el continuo acoso sexual, la objetivación y la degradación de las mujeres".
Las historias que más destacan entre la red social son sobre abuso a menores, acoso laboral y agresiones sexuales o intentos de agresiones sexuales. Pero sobre todo dominan las experiencias de acoso verbal. Además, muchas famosas desde actrices hasta cantantes, han apoyado al movimiento, como Anna Paquin, Lady Gaga o Debra Messing.

Actos de visibilización del acoso sexual

El caso Weinstein ha hecho que muchas actrices empiecen a hablar de la violencia que han soportado en la industria del cine. En una gala de la revista Elle dedicada a las mujeres en Hollywood, la actriz, Jennifer Lawrence reveló que una productora le obligó a desnudarse junto a unas cinco mujeres para hacerles unas fotos. En el mismo evento, Reese Witherspoon, contó que fue agredida por un director de cine cuando tenía 16 años. Además, la actriz y productora indicó "Ojalá pudiera deciros que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no fue así. He tenido múltiples experiencias de acoso y agresión sexual y no hablo de ello demasiado a menudo". Por lo que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, apostó por la creación de una comisión encargada de idear nuevos mecanismos de protección para evitar el abuso y el acoso sexual en Hollywood.
Asimismo, en España, la actriz Aura Garrido (’El Ministerio del Tiempo’, ’ Stockholm’) denunció a través de su cuenta de Twitter una noticia de Fotogramas y Esquire que se titula: “Caso Weinstein: ¿Por qué nadie dijo nada?”. La actriz mediante un hilo de tweets hizo una crítica en la que señaló: “Incluir dos veces la frase ‘no pretendo defender al acosador ni culpabilizar a las víctimas’ no os salva de estar haciéndolo, lo hacéis”. Como consecuencia, la cuenta de Fotogramas decidió borrar el tweet, y Aura Garrido les contestó con un pantallazo de la noticia, sumándose así al movimiento “MeToo”.

Por otra parte, algunos hombres han aprovechado todo este jaleo para denunciar que ellos también han sido víctimas del acoso sexual en Hollywood. Por ejemplo, el actor de Dawson Crece, James Van Der Beek, tuiteó: "He vivido como hombres mayores y poderosos me agarraban el culo y me acorralaban en conversaciones sexuales inapropiadas cuando era mucho más joven". Y el actor Javier Muñoz, se sumó a la campaña, escribiendo: "Yo también. No sé si eso significa algo viniendo de un hombre gay, pero ha ocurrido. Muchas veces". Casos que han resultado algo inoportunos, ya que todos estos movimientos sirven para dar voz a las mujeres que se han encontrado en estas situaciones de violencia, y sobre todo para hacer visible la magnitud del problema.
Fotos Archivo AmecoPress tomadas de Twitter.

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Voces de mujeres - Violencia de género - Acoso sexual - Comunicación - Comunicación y género - Redes sociales; Madrid. 19 de octubre. 17. AmecoPress.

Demanda diputada se castigue a alcalde que cometió delito sexual

Agresión de Hilario Ramírez a joven, caso de violencia patriarcal

La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marta Lucía Mícher Camarena llamó a las autoridades del estado de Nayarit a investigar y sancionar los delitos de atentados al pudor y peculado, cometidos por el alcalde del municipio de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva.

De acuerdo con la también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, el alcalde incurrió en delitos graves y notorios que “no pueden quedar impunes al cobijo de un Estado omiso y machista”.

El pasado sábado 28 de febrero, el alcalde conocido como “Layín” celebró su cumpleaños con una fiesta que, según medios locales, tuvo un costo de más de 15 millones de pesos, y asistieron más de 44 mil personas.

Durante la celebración, el alcalde levantó en dos ocasiones el vestido de una joven menor de edad con la que estaba bailando a la vista de todos.

En un comunicado, Mícher Camarena señaló que la falta cometida no es un “acto desatinado” ocasionado por la “euforia del momento y el calor de la fiesta” –como declaró el edil–, sino que se trata de un delito sexual cometido contra una joven de la que hoy no se tiene rastro.

“La actitud omisa de las autoridades que hasta el momento no han hecho nada que esté a la par de los acontecimientos; los aplausos del público y el cinismo descargado del ‘alcalde’ representan una vergonzosa variedad de acciones dañinas que son, a su vez, actos de afirmación patriarcal sobre todas las mujeres”, reprobó la legisladora.

Criticó que hasta el momento, las autoridades de Nayarit sólo hayan “condenado” los hechos o emitieran pronunciamientos repudiando la acción en redes sociales, pues se requiere de una investigación de los delitos que incluso han sido reconocidos por el alcalde. 

Marta Lucía Mícher –ex titular del Instituto de las Mujeres del DF– recordó que durante su campaña para alcanzar la alcaldía, Hilario Ramírez Villanueva reconoció que “sí robó, pero poquito”.

La legisladora apeló a lo dispuesto en el Título Décimo Tercero de los Delitos Sexuales, en el capítulo I, artículo 289 del Código Penal de Nayarit para decir que el alcalde cometió en contra de la joven  el delito de “atentados al pudor”.

Tal artículo establece: “…quien ejecute un acto erótico, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de tres a 10 días de salario. Si se cometiera en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir, la sanción será de uno a cinco años y multa de 10 a 30 días de salario. Cuando se cometa el delito valiéndose de su posición jerárquica o de cualquier circunstancia que implique subordinación, se le impondrá de dos a siete años de prisión y multa de 20 a 100 salarios mínimos”.

Por lo que exhortó a las autoridades de Nayarit a investigar los hechos y sancionarlos de la manera correspondiente.

Por: la Redacción

Cimacnoticias | México, DF.- 

  

Servidumbre de hidrocarburos y resistencia rural

Luis Hernández Navarro

Durante la Edad Media en Europa los siervos vestí­an túnicas con el escudo de su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales: Monsanto, Cargill o John Deere. A partir de ahora, deberán usar cachuchas de sus nuevos señores trasnacionales: British Petroleum, Halliburton o Shell.

Y es que, con las leyes secundarias en materia energética, se establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado.

Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho.

Para sortear el proyecto privatizador presente en las reformas al artículo 27 constitucional, campesinos e indígenas con tierras ejidales se incorporaron masivamente al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). 

De los cerca de 31 mil núcleos agrarios sólo 2 mil 700 quedaron fuera del Programa. Sin embargo, 70 por ciento de su tierra fue titulada como propiedad de uso común. De esta manera, conservaron los atributos centrales del ejido: inembargable, intransferible e inalienable.

Las leyes secundarias en materia energética inhabilitan este recurso. 

A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, con la amenaza de que, de no hacerlo, se les expropiarán de manera acelerada, pagándoles en especie o contratándolos. 

De ser propietarios y poseedores de su territorios se convertirán en una especie de semisiervos al servicio de señores trasnacionales.

Las nuevas iniciativas arrinconan aún más a campesinos e indígenas. Según datos de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano ha entregado a compañías extranjeras (en su mayoría de capital canadiense o que operan como tales) más de 2 mil 600 concesiones que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 por ciento del territorio nacional.

El despojo minero ha propiciado casi 200 conflictos entre empresas y comunidades indígenas en el país. Al menos una decena de opositores a estos proyectos en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua han sido asesinados por pistoleros. Lejos de disminuir, con el paso del tiempo la resistencia ha crecido y se ha radicalizado.

La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, la amenaza de una nueva reforma a la ley agraria y de una reforma rural han reanimado los procesos de convergencia y movilización de las organizaciones campesinas nacionales, en los que incluso participan centrales ligadas al PRI. Por todo el país se realizan encuentros y se emiten manifiestos. Así sucedió en Torreón, el pasado 7 de junio, y en Playa del Carmen, el 14 del mismo mes. El 21 de junio la cita será en Oaxaca, y el 27 en Celaya, Guanajuato. Curiosamente, mientras los dirigentes rurales solicitan participar en el proceso de reformas, los legisladores las aprueban sin escucharlos.

Las organizaciones campesinas nacionales son un archipiélago de centrales, coordinadoras, redes y uniones que viven desde hace más de 20 años profundas divisiones. Están dedicadas, en los esencial, a gestionar proyectos gubernamentales de bienestar y desarrollo rural. A pesar de las fracturas, ninguna desaparece.

En la última etapa de lucha, una amplia convergencia de ellas se reunió el 11 de junio con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Los líderes le hicieron reclamos sobre las leyes secundarias, especialmente acerca de las servidumbres de paso. La respuesta del senador fue remitirlos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Con él hablaron. Cuando la comisión abordó el punto de las leyes secundarias, el funcionario les manifestó que eso estaba fuera de su competencia, que no se discutía y que aún se encontraba en el terreno del Legislativo. Finalmente les propuso la posibilidad de abordar la reforma para el campo, y de que la Sagarpa pagara al jurista que elaborara los decretos o leyes necesarios.

Adicionalmente al descontento contra la servidumbre de los hidrocarburos, las organizaciones enarbolan distintas demandas regionales y sectoriales. Los productores de maíz de Sinaloa exigen el pago de 3 mil 850 pesos por tonelada del grano. Los frijoleros de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, piden que se les pague sus cosechas y un apoyo adicional de dos pesos. Casi en todo el país se demanda castigo a las empresas que sobrexplotan los mantos acuíferos.

Por lo pronto, la convergencia ha anunciado la formación de comités de defensa de la tierra y la realización de una movilización nacional en la ciudad de México el 23 de julio. “La tierra –amagó uno de los líderes– se va a defender con sangre.”

Pero, más allá de los desplantes de los dirigentes campesinos contra la servidumbre de los hidrocarburos y de sus amagos de incendiar la pradera, cada organización tiene sus propios intereses. Aunque algunas de ellas son combativas, muchas han utilizado en el pasado movilizaciones nacionales por demandas generales para arreglar sus asuntos particulares. De cara a las elecciones de 2015 no son pocos los líderes que tienen interés en aprovechar el descontento contra la reforma para proyectarse como posibles candidatos a diputados.

Sin embargo, muchas de las más importantes luchas rurales recientes en el país se han dado al margen de estas organizaciones. En las movilizaciones de los pueblos indios por el reconocimiento de sus derechos, la construcción de su autonomía de facto, la resistencia a la devastación ambiental, la oposición a los transgénicos, las tomas de tierras y la formación de policías comunitarias y autodefensas, los líderes campesinos tradicionales han estado ausentes o, a lo sumo, han desempañado un papel marginal. Un arreglo en las alturas con algunos de ellos, que deje de lado el rechazo a la servidumbre de los hidrocarburos a cambio de proyectos particulares, garantiza muy poco.

Twitter: @lhan55