Ciudad de México. Acoso sexual, discriminación,
abusos laborales como sobrecargas de trabajo y largas y extenuantes
jornadas laborales, son algunas de las situaciones que viven las mujeres
encargadas de levantar los datos para las encuestas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Así quedó evidenciado en la página de Facebook llamada INEGI mujeres: tendedero digital,
surgida en el contexto de las movilizaciones por el 8 y 9 de marzo
pasados, Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de Mujeres,
respectivamente.
Desde el 9 de marzo, las encuestadoras enviaron imágenes de su
uniforme y encima una denuncia anónima sobre los diversos tipos de
violencia que viven. “No quiero que los supervisores me estén viendo las
nalgas”, “Me tiene trabajando en fin de semana, pero no me dan gastos
de campo para sábado y domingo” y “Que Inegi aprenda a diferenciar sexo y
género” son algunas de las denuncias que pueden leerse sobre los
uniformes de las trabajadoras.
Días previos al Paro Nacional convocado por el movimiento feminista
el 9 de marzo, el Inegi –organismo encargado de la recolección y
publicación de información estadística en temas diversos– emitió un
comunicado para “apoyar” la decisión individual o colectiva de sus
trabajadoras de participar en él. “Nuestra aportación para disminuir la
desigualdad y la violencia de género en nuestro país es haciendo lo que
mejor sabemos hacer : producir y divulgar información estadística y
geográfica para tomar las mejores decisiones”, expresó en su comunicado,
el cual aprovechó para informar que 70 por ciento del personal que
recopilaría la información para el Censo de Población y Vivienda 2020,
serían mujeres.
Las denuncias públicas contra el Inegi se hicieron más constantes,
principalmente por trabajadoras que aseguraron haber enfrentado
represalias o sobrecarga de trabajo tras participar en el paro del 9 de
marzo, y por explotación laboral o discriminación al interior del
organismo.
Encuestadoras, expuestas a contraer COVID-19
El Censo de Población y Vivienda inició el 3 de marzo, cuatro días
después de que se presentara el primer caso de COVID-19 en México. En
cuestión de días, la ciudad comenzó a vaciarse y las autoridades
federales y capitalinas reforzaron el llamado al distanciamiento social
con el mensaje “Quédate en casa”.
Miles de personas mexicanas se fueron a sus casas, menos las 151 mil
personas encuestadoras (la mayoría mujeres) que participan en el Censo.
El Inegi emitió un comunicado el pasado 19 de marzo para decir que “lo
más importante es cuidar la seguridad y la salud de nuestro personal”,
pero no ordenó el repliegue de las trabajadoras.
El 21 de marzo, una encuestadora denunció por medio de una foto suya
con el uniforme del Inegi y desde su perfil de Facebook, que sufrió un
desmayo. Al día siguiente avisó a su supervisor que requería ir al
médico, quien le advirtió que sin comprobante del ISSSTE le descontaría
el día. También le pidió que le llevara el dispositivo que se usa para
levantar el censo, lo que le implicaría recorrer una distancia de
Tlalpan, a Peralvillo. Tras la visita médica, el diagnóstico fue
deshidratación, agotamiento y cervicales demasiado rectas por tensión
muscular. La joven denunció que viven jornadas de 10 horas, retraso en
sus pagos, carga de trabajo de tres meses reducida a un mes, entre otros
abusos.
Fue en este contexto, cuando el 25 de marzo se dio a conocer, primero
en redes sociales, la desaparición en Tlalpan de una encuestadora
llamada Dulce Melissa Bautista Fernández, de 22 años. La joven
desapareció durante el levantamiento de información, pues de acuerdo con
su cédula de búsqueda viste pantalón de mezclilla color azul claro,
blusa color blanco, chaleco color beige y una mochila azul, ambos con
logotipo del Inegi.
El pasado 29 de marzo, el Inegi publicó erráticamente desde su cuenta
oficial de Twitter que Dulce Melissa ya había aparecido; sin embargo,
minutos después la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Ciudad de México desmintió esta información.
La joven sigue desaparecida. Hasta el pasado 31 de marzo, el
Instituto emitió un comunicado para anunciar que reprogramaría las
entrevistas en los hogares por el COVID-19; pero hasta ahora no ha
emitido ninguna información oficial en respuesta a las denuncias por
violencia de género contra las mujeres y explotación laboral que
enfrenta su personal femenino.
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