Napoleón Gómez Urrutia
Durante el año pasado, esto
es, 2019, ocurrieron una serie de encuentros, foros y discusiones en
torno a la ratificación del nuevo TLC entre los representantes y
negociadores de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Los
dirigentes sindicales más importantes de estos países participamos en
las negociaciones por el tema central de la protección a los derechos
laborales plasmados en el acuerdo comercial, especialmente los de la
AFL-CIO (Federación Estadunidense del Trabajo), del Congreso del Trabajo
de Canadá y algunos de los más representativos de México. Finalmente,
el 10 de diciembre pasado, México fue el primer país que firmó el nuevo
tratado.
El T-MEC trae muchos cambios para la economía y la clase trabajadora
de México. Por ejemplo, bajo el nuevo tratado no se permitirán las
demandas de los inversionistas privados contra los Estados, tal como la
que amenaza presentar la empresa Constellation Brands, asesorada por el
despacho del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, en respuesta a
los resultados del referéndum realizado por el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de la industria automotriz habrá nuevas reglas de origen
que requiere que 75 por ciento del contenido de los vehículos que se
fabrican en esa cadena de producción provenga de la región y 70 por
ciento del acero y el aluminio utilizado, además de que hasta 45 por
ciento deberá ser producido por trabajadores que ganen un promedio de 16
dólares la hora, ello con el propósito no sólo de incrementar los
salarios de las personas que laboran en este sector, sino de establecer
las bases para ir gradualmente igualando los ingresos en toda la región.
Este acuerdo tiende a equilibrar las percepciones y sacar a los
trabajadores mexicanos del rezago histórico, haciéndolos más
competitivos frente a los similares de los otros dos países. Es decir,
para la clase trabajadora de México es un acto de reivindicación y de
justicia, para Canadá y Estados Unidos una estrategia para frenar la
fuga de inversión y empleo de sus compañías que buscan los mercados más
baratos de la mano de obra, como el nuestro.
Por otro lado, el T-MEC abre el camino para implementar sanciones
comerciales para las empresas que no respetan la libertad sindical y el
derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores, mediante el
mecanismo de Respuesta Rápida incorporado en el anexo laboral del
tratado. Los gobiernos de Estados Unidos y el de México están
insistiendo en poner en práctica el tratado antes del primero de junio
próximo. Pero el gobierno de Canadá y la industria automotriz piden
prolongar esta fecha, debido a la complejidad de las nuevas reglas de
origen y el impacto del coronavirus.
Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han
emitido convocatorias públicas para candidatos a los paneles de
resolución de conflictos y para los panelistas del mecanismo de
Respuesta Rápida, quienes se encargarán de investigar las quejas sobre
las violaciones de los derechos laborales presentados bajo el T-MEC. La
intención es que haya una justicia expedita en los casos de
controversias y/o despidos injustificados de trabajadores por razones
políticas o de cualquier otro abuso o violación a sus derechos que estén
plasmados en las nuevas leyes laborales y en las constituciones
políticas de cada uno de los tres países.
En Estados Unidos ya existe un Comité de Asesoría Laboral (LAC, por
sus siglas en inglés) para las negociaciones y la política de comercio,
compuesto por dirigentes sindicales, que tienen una función estatutaria
de brindar información y consejos al gobierno en sus decisiones
comerciales y cuyos integrantes tienen acceso a los textos de los
acuerdos durante las mismas discusiones. Además, para fines de asegurar
un T-MEC que cumpla con las expectativas, se constituirá una mesa
independiente de expertos laborales, la tercera parte nombrados por el
LAC, para orientar a las autoridades en la implementación del tratado.
Por desgracia en México aún no existen tales mecanismos de
transparencia y participación de la clase obrera en la negociación de
los acuerdos laborales, aunque los trabajadores son los más impactados
por estos acuerdos. Próximamente tendremos que nombrar a los panelistas
ante el T-MEC; estos deberán ser designados en función de su experiencia
en temas laborales y de su comprobada actuación ética, no en función de
perfiles que cuenten con peso político o apoyo empresarial y que no
respondan a intereses particulares.
Aún no existe un acuerdo o bases respecto a cómo se harán estos
nombramientos, pero definitivamente el Congreso deberá aportar buenos
perfiles y establecerse un proceso transparente y democrático que
garantice que los mejores candidatos puedan ser elegidos. Si no se
nombran los panelistas con base en esto no se cumplirá la protección que
pretende hacer el T-MEC de los trabajadores y de los grandes avances
que se consiguieron en el acuerdo modificatorio.
Es probable que el coronavirus complicará la entrada en vigor del
T-MEC. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los
trabajadores por parte de algunas empresas, reportadas por la Red de
Solidaridad con Trabajadores en Riesgo, y otras fuentes más.
En vista de la lenta implementación de nuestras reformas
constitucionales en materia laboral y la crisis que la pandemia podrá
provocar para las y los trabajadores, especialmente para los más de ocho
millones de empleados bajo los esquemas de outsourcing o
subcontratación, con pocos o nulos derechos, es fundamental no demorar
más la llegada de los nuevos instrumentos de protección que el T-MEC
puede brindar a la clase obrera, sin intereses personales o de grupo. La
paz laboral y la estabilidad social así lo exigen.
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