Sheinbaum y la nueva era laboral en México

Napoleón Gómez Urrutia

México celebra un momento histórico que ha tardado dos siglos en llegar: Claudia Sheinbaum ha sido elegida como la primera mujer presidenta de la nación en 200 años de independencia. Este logro es más que una victoria electoral; representa el triunfo definitivo de la transformación social y política que hemos experimentado en los últimos años. Gracias a la confianza de los mexicanos, seguiremos presenciando y formando parte de una política social justa, digna y humanista, aquella que pone en el centro de la discusión la igualdad y el bienestar constante del pueblo.

La elección de Sheinbaum simboliza la culminación de un proceso de transformación profunda en México: la Cuarta Transformación. Este movimiento ha redefinido nuestra sociedad y nuestras prioridades. Hemos dejado atrás las viejas políticas de exclusión y desigualdad, y abrazado un enfoque que pone a los trabajadores, a sus familias y al pueblo en general en el centro de la agenda nacional.

En los últimos seis años hemos sido parte de grandes avances laborales que no se veían en más de medio siglo. La reforma laboral ha fortalecido los derechos de los trabajadores, mejorando las condiciones en el empleo y aumentando los salarios mínimos. Estas políticas impactan positivamente a la mayoría de la población, ya que la clase trabajadora y sus familias representan aproximadamente 80 por ciento de los mexicanos.

Como alguien comprometido con las libertades, los derechos y la dignidad de la clase trabajadora y del país, ahora, desde mi posición en la Cámara de Diputados, veo con optimismo el papel crucial que jugará la administración de la virtual presidenta electa para continuar con esta agenda progresista. Es esencial que se siga avanzando para asegurar un futuro más justo y equitativo para todos.

El panorama bajo el liderazgo de Sheinbaum es muy esperanzador y certero. Su presidencia asegura la continuidad de la transformación iniciada hace seis años, pero con un nuevo enfoque, potenciado por su formación profesional y su experiencia en la gestión pública. En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología y la innovación, la visión específica de la ex jefa de Gobierno, basada en el rigor científico y el análisis de datos, será invaluable para abordar los desafíos de nuestro tiempo.

Su compromiso con el medio ambiente, la justicia social y la equidad de género promete un futuro en el que el progreso y el desarrollo económico se alineen con los valores de sostenibilidad e inclusión. Su capacidad para combinar la tecnología con políticas inclusivas nos da la esperanza de que México se convierta en un líder mundial en el uso responsable y equitativo de la ciencia y las energías limpias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

No debemos olvidar la importancia del Poder Legislativo en lograr los cambios que el país aún tanto necesita. Por tanto, desde mi posición como legislador comprometido, seguiré impulsando una agenda laboral progresista que apueste por un crecimiento sólido y próspero. En este nuevo capítulo de la evolución de nuestro país, es fundamental que sigamos avanzando en la defensa y ampliación de los derechos de los trabajadores.

Tenemos temas pendientes, como la reducción de la jornada laboral, la cual muestra que México mantiene un atraso significativo respecto a otras naciones. Además del aumento de aguinaldo a 30 días, lo cual es una deuda histórica que tenemos con el pueblo, una medida que no sólo reconoce el esfuerzo de nuestros trabajadores, sino que fortalece su poder adquisitivo y bienestar. Y no se diga un fondo de pensiones que traiga justicia, dignidad y desarrollo para el pueblo.

El triunfo de Sheinbaum es una victoria para todos los mexicanos. Es un testimonio de nuestra capacidad para evolucionar y abrazar un futuro donde la igualdad, la justicia y la ciencia guíen nuestras políticas. Celebro este momento histórico con un profundo sentido de compromiso renovado.

La lucha por los derechos obreros y su reivindicación no termina aquí. Hoy tenemos la oportunidad de construir un México más equitativo y próspero. Continuaremos trabajando incansablemente desde la Cámara de Diputados para que cada trabajador y cada familia puedan disfrutar de los beneficios de una nación que pone su bienestar y desarrollo pleno en primer lugar.

Este es un momento de celebración, pero también de acción. Hoy más que nunca reafirmo mi compromiso de trabajar por un México donde todos, sin excepción, puedan alcanzar su máximo potencial y vivir con dignidad. Estoy convencido de que estamos en el camino correcto hacia un futuro brillante y justo; más de 35 millones de mujeres y hombres eligieron seguir consolidando la transformación y el crecimiento nacional.

El triunfo de los mineros en Cosalá

 Napoleón Gómez Urrutia

Los verdaderos y auténticos mineros, integrantes del sindicato nacional y que están agrupados en la sección 333, se anotaron una contundente y democrática victoria en el recuento de votos que emitieron el pasado 17 de septiembre en la mina San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, eso a pesar de todas las presiones, amenazas, intimidaciones e intentos de realizar actos de corrupción que la empresa Americas Gold and Silver de Canadá, a través de dos organizaciones entreguistas y sinvergüenzas controladas por Grupo México con la CTM de Sonora, a cargo de un títere a su servicio y el otro propiedad del Grupo Peñoles, con un membrete llamado frente y un gángster mentiroso y chantajista bajo su control absoluto.

A finales del año pasado, los mineros de Cosalá decidieron abandonar la CTM porque sus líderes han estado totalmente sometidos y entregados mediante corrupción a la empresa canadiense, los cuales, a cambio de algunos negocios y dinero, actuaban en contra de sus trabajadores afiliados a esa central. Esto se hizo evidente cuando la empresa y la CTM se amafiaron para impedir que los obreros pudieran cambiarse de sindicato al minero, ya que en una asamblea 90 por ciento de ellos decidieron que estaban hartos de sus representantes, de los bajos salarios y prestaciones, de las pésimas condiciones de trabajo y de la contaminación que afecta también a todas las comunidades cercanas a la mina sin que sus líderes los defendieran.

La empresa extranjera, que produce principalmente oro y plata en grandes volúmenes, y tiene una de las reservas más grandes del país, decidió en represalia despedir a todos los integrantes del comité ejecutivo local, violando así la Ley Federal del Trabajo y el derecho al voto personal, libre y secreto de todos los trabajadores en complicidad con los grupos México y Peñoles, con los dirigentes charros a su entera disposición y servicio, así como con las autoridades del estado de Sinaloa y algunas de las juntas locales y de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Justamente todas están involucradas en impedir la libertad sindical y el derecho a la negociación y la representación colectiva en forma voluntaria. Es decir, casi todos los mineros, ejerciendo su derecho, decidieron cambiar de sindicato y de dirigentes por considerar a los anteriores cetemistas como traidores y corruptos.

Pero como esos sujetos seudolíderes no se inmutan con los señalamientos de las bases obreras, decidieron hacer todo lo que fuera necesario para impedirlo, lo cual no pudieron lograr, como se puede observar, con este triunfo contundente de los ahora nuevos afiliados a nuestra organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que me honro en presidir. Hasta les llegaron a ofrecer 80 mil pesos a cada uno por su voto, los agredieron, dieron de baja a sus líderes locales y a pesar de todo eso no pudieron. Nosotros sólo teníamos a nuestro favor la voluntad férrea de los mineros honestos, valientes y decididos.

Por eso, los derrotados andan vociferando, junto con esas empresas y los propios traidores, que se van a amparar y a quejar ante los representantes en los páneles laborales del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ojalá lo hagan para que también se exhiban en la forma más vergonzosa a nivel internacional. Que vengan los asesores e inspectores a verificar las condiciones en la que tienen a los trabajadores bajo su control en cada mina y planta industrial del país que pertenece a Grupo México, Peñoles y, en este caso, Americas Gold and Silver de Canadá.

¿Qué significado tiene este caso? Varios y todos son muy trascendentes. En primer lugar, es increíble que todavía en la actualidad esos grupos de empresarios, así como algunos políticos, medios de comunicación y las mafias sindicales, se opongan a la nueva legislación laboral que entró en vigor el 1º de mayo de 2019, con la que se garantiza la democracia, la transparencia y la libertad sindical. En segundo término, todavía creen que con sus presiones, rabietas y chantajes pueden cambiar o hacer que retrocedan las conquistas laborales y mantener sus privilegios, abusos e impunidad sin que nadie los pueda molestar o incomodar. No aceptan aún a estas alturas que México ya cambió. Hasta hoy su avaricia y egoísmo no les permiten ver más allá de sus intereses y ambiciones desmedidas, sin ningún sentido de responsabilidad social, es decir, esos empresarios no tienen dimensión social.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro. Los empresarios de Canadá y de cualquier otro país que quieran invertir en México en la minería o en cualquier otra actividad son bienvenidos siempre y cuando se comporten con respeto al marco legal como en sus propias naciones, respeten la seguridad y la legalidad de nuestro país, paguen los salarios y prestaciones justos y dignos a los trabajadores, respeten sus derechos y los de las comunidades donde operan, al mismo tiempo que no vengan a contaminar o destruir el medio ambiente.

Más claro que el agua no se puede. Si no es así, hay que recordarles que los recursos naturales del subsuelo son propiedad de la nación y ellos los explotan gracias a las concesiones que les otorga el Estado. Que también se puedan revisar y auditar sus operaciones, si fuese necesario, o si violan el marco legal y no respetan a sus empleados y trabajadores, quienes no son esclavos ni México es una nación sin leyes, reglas, usos ni costumbres.

La empresa Americas Gold and Silver de Canadá debe aprender claramente que tiene que cumplir con todas las normas y procedimientos en la mina de Cosalá, Sinaloa, y en cualquier otra parte del país donde pretenda operar, sin que existan violación ni abusos o arbitrariedades en contra de sus trabajadores, porque no estamos en una sociedad salvaje ni esclavista. Ellos y sus socios lo deben tener siempre presente y más ahora que tienen planes de incrementar la producción de oro y plata mexicanos en más de 500 por ciento en un plazo cercano.

Los sindicatos frente a la crisis

Napoleón Gómez Urrutia

La crisis de la salud, reflejada en la experiencia mundial de la pandemia del coronavirus, nos llegó a todos por sorpresa. Para las organizaciones sindicales del mundo, la prioridad inmediata ha sido proteger y defender la seguridad y la vida de los trabajadores, derivada de la caída de las economías y de las fuentes de ocupación. De pronto, en unos cuantos meses, hubo que buscar y establecer mecanismos para conservar al máximo los empleos, negociar el pago de los salarios en los mejores términos ante la fuerte ola de desempleo y los abusos que les siguieron por parte de muchas corporaciones y, desde luego, las dedicadas a la subcontratación, conocida como outsourcing. Gracias a aquella reacción, millares de trabajos se conservaron, aunque también muchos se perdieron, pero la mayoría pudo permanecer en casa, evitar la propagación del virus y conservar la vida.

Recuerdo que don Napoleón Gómez Sada les decía a los mineros: ante una situación de riesgo más vale perder el empleo que acabar con su existencia misma. No se expongan, demanden la aplicación urgente de las medidas de corrección, dénle seguimiento y si los patrones ignoran sus demandas, paren las actividades y pónganse al margen de riesgos hasta que se corrijan las estructuras afectadas y ustedes se sientan fuera de peligro. Esa filosofía fue una lección de sobrevivencia en momentos y tiempos difíciles como los que estamos enfrentando, ya sea directamente en los procesos productivos, o ante una realidad como la actual.

El resultado de esta crisis global que estamos experimentando ha generado un cierre generalizado de empresas, ya sea parcial, temporal o definitivo, sin precedente y desde el inicio de la pandemia el mundo ya cambió para todos y para siempre. En algunos casos se fortaleció el sentido de humanidad general y de la responsabilidad general hacia los demás. Hay muchos ejemplos de sacrificio, esfuerzo y solidaridad que han conmovido al mundo entero. Al mismo tiempo, sin embargo, hemos cobrado conciencia y han emergido experiencias y casos de que los puestos de trabajo básicos, que son los que se conservan unidos a nuestras organizaciones y sociedades, son algunos de los peor pagados, sin derechos o prestaciones, aunados a la explotación y abusos que ya se venían cometiendo.

Como señala el compañero Valter Sanches, secretario general de IndustriALL, el organismo sindical más grande del mundo con 55 millones de afiliados en 140 países: muchos han aprendido el valor que tienen los empleados de los supermercados, del transporte y las entregas, de los trabajadores de la salud y del personal de limpieza en los hospitales, que a menudo tuvieron que ir a trabajar sin equipo de protección. No todos estamos juntos en esto, ya que la desigualdad de los ingresos ha venido creciendo durante muchos años y la pandemia ha creado un caos que aceleró el proceso.

Hoy es claro que en el mundo las mujeres y las personas de raza de color han sido de los más afectados, así como aquellos que venían trabajando sin sindicatos o sin contratos colectivos que les cubrieran sus derechos fundamentales, la seguridad y la vida misma. Algunos líderes políticos ignoraron o restaron importancia a la crisis, o bien la utilizaron para otros fines. Otros tomaron decisiones equivocadas, y en muchos países se aprovechó la situación para crear excusas y pretextos a sus obligaciones, con objeto de disminuir la protección a los derechos laborales y así vulnerar más los derechos humanos. Hemos visto de todo y también muchas experiencias que claramente indican que algunos se han aprovechado de la crisis.

Es fácil hacer el bien durante un periodo de crecimiento económico, pero es en los tiempos de crisis cuando las empresas revelan su verdadero compromiso con la responsabilidad social, afirma Sanches. En el caso de México, los mineros hemos sido una organización que a lo largo de este proceso hemos mantenido la mayoría de las fuentes de trabajo y todavía los mejores y mayores incrementos en salarios, prestaciones y condiciones de vida en todo el país, con un promedio de aumento de entre 10 y 12 por ciento por año, llegando a duplicar los salarios de muchos trabajadores en menos de cinco años, algo que no habíamos vivido en México desde los años ochenta.

En el inicio de la época neoliberal en México los gobiernos, en contubernio con los grupos empresariales, impusieron una política equivocada que permitió durante más de 30 años controlar los ingresos de los trabajadores, ponerles un tope o techo salarial, al mismo tiempo que mantener el control de la mayoría de los sindicatos y de sus dirigentes con el objeto de establecer un modelo de crecimiento para favorecer a las clases privilegiadas. El costo social ha sido muy elevado en las injusticias salariales, que los grupos patronales y el gobierno argumentaban que era para promover la competitividad y la eficiencia de las corporaciones, sin importar los riesgos ni el tamaño de los abusos. Una estrategia diseñada también para complacer los objetivos y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Por eso hoy, ese modelo obsoleto ha sido puesto a prueba por la pandemia. Las consecuencias que vendrán serán el reto que defina la dimensión social y el compromiso de los actores principales frente a los derechos de los trabajadores y del pueblo de México.

Abusos del poder económico

Napoleón Gómez Urrutia

Esta semana, como alguna de las anteriores, ha estado llena de noticias importantes y trascendentes. Uno de los temas más relevantes a nivel general lo es sin duda la lucha permanente contra la corrupción que se inició desde el primer día en que asumió la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. No sólo las medidas y acciones que se han estado tomando para frenar las fugas de recursos del erario, sino también los grandes casos que nos han dado la oportunidad a los mexicanos de conocer cómo opera todo un sistema de corrupción, las complicidades, negocios y actos inmorales que se cometieron desde lo más elevado del poder político en México, así como las ineficiencias y los abusos de poder que tanto daño le han hecho a nuestro país.

Dentro de ese contexto general, se inscribe un hecho particular que por sus implicaciones representa un claro ejemplo de cómo la clase empresarial viola sistemáticamente la legislación laboral y comete arbitrariedades contra los trabajadores que están en la mayoría de los casos en la indefensión y sin los recursos para proteger sus derechos desde el punto de vista personal o colectivo. Este caso involucra directamente a la empresa Grupo Peñoles, a su presidente Alberto Bailleres, quien abusando de sus contactos y un aparato exagerado de despachos de abogados, se dedicó arbitrariamente a violar la ley, atacar y despedir injustificadamente a los trabajadores miembros del Sindicato Nacional de Mineros que me honro en presidir y sembrar esquiroles y comprar dirigentes espurios a quienes pone a su servicio de la manera más grotesca, sucia e ilegal.

Bailleres, un empresario vengativo que posee la tercera fortuna más grande de México, es el principal accionista y casi único, de una empresa catalogada por diferentes organizaciones internacionales como Human Rights, Mining Watch, Fair Trails y otras más, como una de las menos éticas del mundo, al igual que Grupo México, de German Feliciano Larrea. Ambos constituyen la segunda y primera corporación nacional minera más grandes de México, pero a su vez son las que menos respetan la ley y el marco legal, además de que son los más perversos y resentidos que desprecian a sus trabajadores y empleados. Para muchos estas son dos personas que avergüenzan a los miembros de la clase empresarial que sí son responsables, serios y con dimensión social.

El Grupo Peñoles y su presidente Bailleres tomaron la decisión de darme de baja como trabajador de esa empresa a partir del primero de enero del año 2008 y me suspendieron el pago de salarios y prestaciones de manera unilateral, arbitraria, apoyada en la venganza, sin ningún fundamento legal que le diera consistencia o certidumbre. Se había iniciado el conflicto de Grupo México contra los mineros desde la tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, en la cual 65 trabajadores perdieron la vida en un homicidio industrial resultado de la irresponsabilidad, la negligencia y la prepotencia de Larrea y sus cómplices y los gatos como él llamaba a los miembros del gabinete del presidente Vicente Fox.

Peñoles y Bailleres esperaron dos años para darme de baja, ya bajo la administración de Felipe Calderón, que les prestó y puso a su abyecto servicio a los nefastos Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del Trabajo, y a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública y a otros más. A Peñoles se le hizo fácil con esas influencias que tenían, aliarse con Larrea y ambos (después se les unirían Alonso Ancira Elizondo, hoy en la cárcel en España por un gran fraude, y Julio Villarreal Guajardo, de Altos Hornos de México y de Grupo Villacero, respectivamente) lanzar una campaña millonaria, sucia y muy costosa, calculada en cientos o miles de millones de dólares para desacreditarme y acabar con el Sindicato Nacional de Mineros, que al final fracasó, pues en su arrogancia e ignorancia nunca consideraron la posibilidad de la lucha, la lealtad y la resistencia de los mineros, que a la postre se convirtió en una destacada y digna victoria para la clase trabajadora.

Desde el año 2008 demandé a Peñoles por despido injustificado, para echar abajo su perversa y falsa campaña de que yo no era ni había sido trabajador minero. La semana pasada, la Junta Especial Número Diez de Conciliación y Arbitraje resolvió y me entregó el laudo donde obliga a Peñoles y a Bailleres a reconocer mi relación laboral desde el 24 de enero de 1994 con la Compañía Mexicana La Ciénega, SA de CV, perteneciente al Grupo Peñoles. Así es que todo argumento del patán de Lozano Alarcón, de los títeres y traidores al sindicato y de algunos medios de comunicación, se les cayó de un plumazo. Eso sí, después de un juicio de más de 12 años que demuestra la ineficiencia y manipulación de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y de hechos, actitudes y prácticas vergonzosas con las que acostumbran esas empresas negar los derechos de los trabajadores y violar constantemente la ley y permanecer en la impunidad.

Esos vicios son los que queremos erradicar con este gobierno y proyecto de transformación. Si esto que hicieron se lo aplicaron ilegalmente a un líder nacional, qué no harán con los trabajadores más humildes que no tienen los medios para defenderse. Ahora Bailleres y Peñoles están obligados a pagar los salarios y prestaciones que se vencieron por más de 12 largos años, las cuotas ante el IMSS, el Infonavit y el sistema de pensiones, pero sobre todo a asumir sus ofensas con caras de vergüenza y de indignidad. Un triunfo histórico de los mineros y mío propio, que el presidente López Obrador ha ilustrado hasta el infinito con este y otros casos más, cuando ha mencionado el control y el sometimiento que el poder económico tenía sobre el poder político.

Seguro de desempleo, un acto de justicia

Napoleón Gómez Urrutia

La crisis sanitaria ha provocado una mayor caída en la economía mundial que se refleja en la reducción de las inversiones, el aumento del desempleo y la incertidumbre y seguridad individual y colectiva. Según los analistas y algunos centros de investigación, como uno del Tecnológico de Monterrey y de algunas otras instituciones internacionales, la actividad económica en México se redujo en el segundo trimestre de este año 19 por ciento, similar a la de España. En Europa también el desplome ha sido de grandes proporciones como en Inglaterra con 20 por ciento; Francia, 14 por ciento; Alemania, 10 por ciento, mientras en Estados Unidos fue de 33 por ciento.

Uno de los temas más sensibles es el crecimiento de la desocupación en la gran mayoría de las naciones y en algunos casos está llegando a niveles altamente preocupantes, como definitivamente se está registrando en nuestro país. Y no sólo es un problema de injusticia o moralidad, sino que desde el punto de vista del funcionamiento de la economía y el mercado, se acelera la caída en la inversión y en la pérdida del poder adquisitivo al no tener ingresos los trabajadores más que para sobrevivir, y esto únicamente aquellos que guardaron algunas reservas para la emergencia o tienen otras pequeñas actividades informales que los pueden mantener en lo mínimo o lo básico, sin que hasta ahora se hayan manifestado en brotes de inconformidad social o de alteración de la paz laboral.

La tranquilidad generalizada no se ha roto, pero los riesgos van adelante conforme pasa el tiempo, ya sea en el sector formal o informal de los trabajadores. Tenemos que encontrar pronto una salida a esa presión latente y anticiparnos a las inquietudes o inconformidades, antes de que realmente se vuelvan un conflicto social. Hasta ahora han estado controladas en una gran proporción y la desesperación creciente no ha rebasado los límites. Sin embargo, hay frentes de ataques sistemáticos de organizaciones o grupos que quisieran aprovechar esta situación que estamos viviendo para provocar un cambio de rumbo, o para ocultar otros males peores que envuelven a sus autores y responsables como el saqueo, la evasión de sus obligaciones y la defensa de sus intereses.

Por ello hoy se hace necesario revisar otros mecanismos y medidas que aligeren la carga de las personas y de la clase trabajadora que están sufriendo las consecuencias de esta grave situación que estamos padeciendo. El seguro de desempleo es una alternativa fundamental y con efectos más de corto plazo que los cambios o reformas al sistema de pensiones, porque estos tendrán un impacto positivo más en el mediano y largo plazos. Con el paso del tiempo la desocupación se va volviendo un mal que puede ser tan destructivo como mortal. Hoy, es necesario atenuar los retrocesos sociales de esta emergencia y contar con una fuente de ingresos adicional, como este seguro de desempleo, con el objeto de proteger a millones de trabajadores y sus familias, y así evitar que sean condenados a la informalidad, la marginación y la miseria. De no hacerlo, éste o cualquier otro mecanismo que aligere su carga, estaremos viviendo un posible conflicto de consecuencias impredecibles.

El seguro de desempleo se aplica en algunos países porque es un instrumento de apoyo temporal, ya sea en dinero o en especie. En una investigación profesional de Ricardo Dosal Ulloa, abogado y socio fundador de Strategy Mx, el seguro de desempleo, jurídicamente es un derecho establecido en los artículos 23 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el cual al ser parte de un tratado internacional firmado por nuestro país, constituye un derecho humano protegido por el propio artículo 1º de nuestra Constitución. No obstante lo anterior, el seguro de desempleo sólo es válido desde el año 2008 en la Ciudad de México y con limitaciones y aportaciones insuficientes.

Peor aún, México es el único país de las 37 naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que carece de un seguro de desempleo. En América Latina sólo hay seis países que lo adoptaron en sus legislaciones, que van desde Ecuador en 1951; Uruguay en 1958; Brasil en 1986; Argentina en 1991; Chile en 2001 y Colombia en 2013. Lo anterior nos demuestra que independientemente del tamaño o la evolución de sus economías, al menos han tenido el compromiso y la voluntad política para adoptarlo.

En casi todas las naciones que tienen este seguro de desempleo, el funcionamiento y la integración de los fondos provienen del gobierno, las empresas y los trabajadores. En nuestro caso, la pandemia nos ganó en el tiempo transcurrido y de aprobarlo sería con aportaciones de los dos primeros y en la medida que transcurra la recuperación del empleo perdido, la misma clase trabajadora también deberá aportar una parte de sus ingresos para este gran fondo. Necesitamos estas medidas emergentes y temporales si queremos transitar en esta grave crisis con una mayor seguridad y estabilidad social.

Son las viudas que exigen justicia

Napoleón Gómez Urrutia

Hace poco más de 14 años ocurrió la tragedia de la mina de carbón en Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida. Fue precisamente el 19 de febrero de 2006, a las 02:20 de la mañana, cuando ocurrió una terrible explosión que dejó atrapados a los trabajadores y sólo nueve, que estaban en la entrada, sobrevivieron, aunque con severas heridas y cicatrices que jamás se podrán borrar.

No es fácil sobreponerse o resignarse a una catástrofe de esta naturaleza por parte de viudas y familiares de las víctimas de la negligencia criminal, la arrogancia, la irresponsabilidad de la empresa Grupo México, que preside Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Particularmente cuando a lo largo de estos años fueron abandonadas y no atendidas sus demandas porque siempre existió un claro contubernio y encubrimiento entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con él.

Tuvieron que esperar 13 años, hasta que el 1º de mayo de 2019 Andrés Manuel López Obrador se comprometió a iniciar los estudios para el rescate de los cuerpos, lo cual todos los trabajadores mineros y las familias afectadas recibieron con gran alegría y con una esperanza renovada de que podrían encontrar los restos y darles una digna sepultura. El Presidente tomó una atinada decisión ese día –por cierto el aniversario del Día Internacional del Trabajo– de que fuera la secretaría de ese sector la que se ocupara y responsabilizara del programa y de todas las actividades necesarias para lograr el rescate, sin la participación de la empresa Grupo México ni del Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, para que no se politizara el tema y evitar conflictos innecesarios. Hasta ahí todo iba bien. La Secretaría del Trabajo indicó inicialmente que en septiembre de 2019 estarían listos los primeros estudios para diseñar el programa de rescate.

Ni en septiembre de 2019 ni en diciembre de ese año ni el 1º de mayo pasado, a un año del ofrecimiento formal y sensible del Presidente, se tuvieron noticias públicas de las conclusiones que dicha dependencia había elaborado o determinado. Y no fue sino hasta la semana pasada que informaron a las viudas, no a los trabajadores ni al sindicato, que habían llegado a la conclusión, con base en la opinión de especialistas internacionales y del Servicio Geológico Mexicano, que el plan para el rescate tomaría entre cuatro y ocho años más, con un muy elevado o inflado costo de 75 millones de dólares. La reacción de fuerte enojo de las viudas no se hizo esperar por varias razones que ellas mismas explicaron a los medios de comunicación.

Primero: cómo es posible que la Secretaría del Trabajo después de 14 meses presente un plan similar al de los responsables de la terrible tragedia –Larrea y Grupo México– con costos sumamente elevados que más parecen destinados a desalentar las tareas y el programa. Segundo, esperar todo ese tiempo para que se les haga justicia es demasiado tiempo, pues quizá para entonces, manifestaron ellas, ya estarán muertas, sin haber superado el dolor ni haber cumplido su misión. Tercero, el ingeniero Fernando Acosta, jefe de las cuadrillas de rescate por parte de los mineros en 2006, después del horrible impacto que enlutó a 65 hogares mexicanos, comentó y fundamentó que él, en compañía de dos viudas, unos mineros y un fotógrafo entró a la mina dos años después sin percances de ningún tipo, por el mismo túnel de acceso y el único que existe.

En ese entonces recorrió mil 500 metros de longitud de los 2 mil 300 que llevaba de avance la mina hasta el momento del desastre, cuando el gobierno federal, bajo la presión de Larrea para evitarlo, envió al Ejército y a la policía estatal para desalojarlos, justo cuando estaban a pocos metros de donde se supone que quedaron atrapados la mayoría de los trabajadores. Acosta señaló que cómo es posible que no quieran utilizar el mismo túnel y prefieran construir nuevas rampas por atrás de la mina para llegar a los cuerpos, con un supuesto costo sumamente elevado.

Cuarto, la planta lavadora de carbón que está arriba de la mina subterránea, y de los cuerpos abandonados, ha continuado funcionando hasta la actualidad. Grupo México se la vendió o rentó primero a Rogelio Montemayor, ex gobernador de Coahuila, y él a una familia Zabrokci, de Saltillo, que la trabaja. El negocio continúa hasta el momento manchado de sangre minera. Quinto, el mismo ingeniero Acosta y las viudas explican el porqué de esta decisión que ha propuesto la Secretaría del Trabajo, junto con los geólogos que la asesoran o han trabajado para las mismas empresas mineras, entre las que destacan las mayores de los Grupo México de Larrea y Peñoles de Alberto Bailleres.

En realidad, dice el experto rescatista, las propuestas son similares, ya que están queriendo engañar al gobierno, a las viudas, a los trabajadores y al pueblo porque el yacimiento de carbón de Pasta de Conchos es el más rico y abundante de toda la región carbonífera. Por lo tanto, la propuesta de cuatro a ocho años construyendo nuevas rampas por el fondo de la mina, lleva la perversa intención de sacar todo el carbón primero y seguirlo explotando para hacer turbios negocios, con la excusa o pretexto de que algún día llegarán a encontrar los cuerpos.

Es una perversidad y una infamia total y por eso el ingeniero Acosta y las viudas se oponen al programa de la Secretaría del Trabajo, pues sería hacerle el juego a Larrea y cómplices, al mismo tiempo que frustrar la propuesta y sana intención del presidente López Obrador y su ofrecimiento de justicia para las viudas y familiares.

Los mineros, sindicato visionario y fuerte

Napoleón Gómez Urrutia

El 11 de julio de 1934 se constituyó formalmente el Sindicato Nacional de Mineros, producto de la fusión de 26 organizaciones regionales que durante muchos años habían intentado consolidarse en una agrupación nacional. Esa integración significó un gran paso para la formación de una nueva corriente política y sindical que representara democráticamente a la gran mayoría, como lo sigue cumpliendo hoy, de los trabajadores dedicados a la explotación y crecimiento de las minas del país. Hoy, este gran esfuerzo de consolidación a través de los años, engloba también a las industrias metalúrgicas, siderúrgicas, del transporte y de muchas actividades similares de la producción y transformación de los metales básicos e indispensables para el desarrollo industrial.

No hay industria sin metales y éstos a su vez son extraídos de las entrañas de la tierra por los mineros, son transformados en productos finales o intermedios por los metalúrgicos y siderúrgicos que hoy suman una fuerza real de más de 250 mil trabajadores de planta y eventuales dedicados a este sector básico e indispensable para la economía nacional. Todos afiliados a nuestro histórico y orgulloso Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que me honro en presidir. Una institución con una clara conciencia social, democrática, progresista y sobre todo con una integridad y orgullo de clase que se distingue por su solidez, unidad, lealtad y solidaridad pocas veces vista.
A los mineros hay que tenerles respeto. Su labor y funciones son de alto riesgo por el sacrificio y esfuerzo que diariamente realizan en condiciones difíciles y complicadas, a mil metros o más de profundidad, con escasez de oxígeno, con una gran cantidad de polvos, humos, gases y oscuridad que no existen en la mayoría de las industrias. Asimismo, al lado de los hornos de fundición de metales con más de mil 200 y mil 400 grados de temperatura. Las condiciones de seguridad e higiene son muchas veces riesgosas y complicadas, porque a su vez en la mayoría de los casos, las empresas no invierten en mantenerlas sanas y seguras, ya que para ellas las inversiones en prevención de accidentes no generan producción ni plusvalía y son consideradas sólo un gasto.
La dignidad de los auténticos y verdaderos mineros no tiene precio. Eso lo saben los empresarios mezquinos que constantemente les niegan a los trabajadores lo que en justicia les corresponde y en muchas ocasiones nos obligan a llegar a conflictos de huelga por su intransigencia de no respetar sus obligaciones hacia los mineros y por interpretar equivocada o maliciosamente la ley para no cumplirla. Por ello la rivalidad es constante y se convierte en una lucha de clases permanente, en especial en estos casos de provocación e irresponsabilidad empresarial. Además, muchas veces las autoridades no tienen la voluntad o la capacidad para imponer la ley, sino que quieren negociarla y eso propicia una situación de inestabilidad laboral permanente.

A lo largo de estos 86 años desde que nació el Sindicato Nacional de Mineros, se han presentado innumerables diferencias entre los intereses de uno y otro lado. La prepotencia del capital, al lado de los intereses políticos y económicos de algunos funcionarios públicos son la fuente y el origen principal de los antagonismos obrero-patronales. A las autoridades laborales frecuentemente se les olvida que su función principal es tutelar los derechos de los trabajadores, cumplir con la ley y obligar a todos a respetarla, no sólo a los que se supone deberían defender y proteger. El capital tiene de por sí los medios y recursos para hacerlo solo y en teoría no debería tener mayor apoyo gubernamental. Otras veces las corporaciones crean sus sindicatos a modo, con líderes corruptos que actúan como títeres o marionetas a su servicio, para traicionar y corromper a otros trabajadores que por ambición, necesidad o debilidad sucumben y entregan sus principios.
Afortunadamente, en nuestra organización siempre han existido líderes que han estado profundamente comprometidos en la defensa de los mineros, desde que nació el heroico e histórico Sindicato Nacional de Mineros. Los dirigentes originales que fundaron esta gran agrupación fueron visionarios y otros que más tarde dirigieron nuestro sindicato, como don Napoleón Gómez Sada, que nos dejaron una historia y un legado de lucha impresionante, que a todos nos marcó con su ejemplo, la calidad humana, la entrega, el sacrificio y toda su inteligencia al servicio de la clase trabajadora y de todo el sistema minero nacional.
Este próximo 11 de julio celebraremos con gran orgullo, reconocimiento y honor a nuestro querido sindicato, así como a los héroes y a los grandes y futuristas líderes que lo consolidaron y nos dieron rumbo y destino. Con su visión, su experiencia y sensibilidad supieron entender, adaptarse y transformar la situación de la industria nacional y mundial cuando las condiciones cambiaron y se presentaron nuevos retos ante las crisis económicas y sociales. Ellos nos dejaron las bases y hoy estamos fortaleciendo y consolidando a este gran instrumento de unidad y de fuerza para continuar la lucha en la reivindicación de los derechos y el bienestar, no sólo de los mineros, sino de toda la clase trabajadora, Para ellos, con mucho orgullo y fuerza, puedo afirmar que somos una gran inspiración, no sólo a escala nacional, sino internacional.
¡Que viva, por lo menos, otros 86 años el Sindicato Nacional de Mineros!

El impacto de la crisis

Napoleón Gómez Urrutia

La semana pasada desde Ginebra, Suiza, se celebró la reunión del Comité Ejecutivo Mundial de IndustriALL Global Union que representa a más de 50 millones de trabajadores de 140 países. Un encuentro muy importante e interesante, como todos los anteriores, pero más en esta ocasión por la evidente crisis sanitaria y la posterior depresión económica que estamos experimentando, la cual no habíamos conocido jamás los que somos parte de esta generación.

Durante seis horas por videoconferencia y con una agenda previamente acordada, iniciamos los trabajos a las tres de la mañana hora de México, 10 de Europa, y concluimos pasando las nueve del mismo día. Un gran logro ante tantos temas trascendentes que estamos experimentando y donde la capacidad de análisis y de síntesis de todos los participantes fue extraordinaria. Iniciamos primero con una afirmación dramática que todos los días vemos en la vida, pero que preocupa y da temor a los ciudadanos y es: hoy estamos viviendo una profunda recesión que no habíamos visto en muchos años y que no desaparecerá fácilmente ni en algunos meses ni quizá en años.

Antes de la pandemia muchas personas en México y en el mundo ya estaban padeciendo los efectos negativos de la marginación y la pobreza, e incluso no tenían lo suficiente para comer bien, tener un techo seguro, acceso a escuelas, hospitales o transporte porque los escasos recursos no les alcanzaban. Con la epidemia y el cierre de los negocios, las empresas y las actividades, muchos empleos, así fueran de sobrevivencia, se han perdido y las oportunidades de recuperarlos se han vuelto sumamente complicadas. En pocas palabras, el hambre y la pobreza se han agudizado. Quizás el sector de las mujeres es el principal perdedor de esta crisis y la situación cada vez se vuelve más desesperada.

En México se han conocido casos de negocios y fábricas en los que han obligado a los trabajadores a asistir a laborar aun estando enfermos. Y no somos el único país en el que los dueños de las compañías y los especuladores abusivos se han convertido en verdaderos casos de explotación y delincuencia cínica y descarnada. Con ello han tomado ventaja de los trabajadores que por su necesidad económica de sobrevivencia para ellos y sus familias, aceptan esas condiciones de abuso inhumano. Por ello, podemos afirmar que muchas empresas están utilizando la crisis para disminuir los derechos laborales y mantener un mayor control sobre la clase trabajadora.

A veces también esas mismas u otras empresas, han inventado teorías de conspiración e intervención estatales para negar sus obligaciones y responsabilidades fiscales, legales, laborales y de cualquier otra concepción que les dé pretexto para evadir sus compromisos ante la ley y ante la sociedad, especialmente en el ejemplo de las corporaciones multinacionales.

En el caso de la economía de Estados Unidos, los inversionistas han incrementado en más de 500 mil millones de dólares sus ganancias, según los datos mencionados por IndustriALL, mientras que el número de desempleados en ese país ya alcanza los 45 millones de personas. Los precios de las acciones de las entidades más poderosas y ligadas a los sectores productivos se han disparado y la demanda por los bienes de lujo en países como España se han elevado en más de 20 por ciento.

De ahí que sea necesario establecer en la ley, como lo están exigiendo los sindicatos de Alemania, una iniciativa para consolidar el derecho al cuidado, o a la atención de las necesidades sociales y obligar al gobierno a que cumpla también con esta reforma de apoyo a la clase trabajadora. Para el sindicalismo mundial no es aceptable que las personas más pobres y marginadas paguen el costo de esta crisis, mientras que los más ricos aumenten más cada día la posesión de bienes materiales y de lujo.

La Organización Internacional del Trabajo calcula en 300 millones de empleos formales los que se han perdido en el mundo, además de otros 300 millones de desempleados o trabajadores sin formalidad. En estos meses las grandes empresas internacionales han mostrado una enorme prisa para protegerse y a sus accionistas también. De hecho, muchos patrones y sus directivos se están aprovechando de la crisis y utilizan sus efectos negativos para restructurar sus plantas productivas e incluso toman decisiones para reducir el número de empleos en casos que no tiene nada que ver con la pandemia.

En estas condiciones, hay serias amenazas contra la democracia, la justicia, el bienestar y los derechos de los trabajadores. De ahí que se requiera elaborar un plan nacional emergente para frenar los abusos y las violaciones a los derechos humanos y laborales para tener un programa de regreso seguro al trabajo, al mismo tiempo que asegurar una nueva política económica para la crisis y después de ella. Es fundamental terminar con el chantaje de los inversionistas nacionales y quizá algunos extranjeros, que frecuentemente usan la amenaza de frenar o retirar sus inversiones, como en algunos casos ya lo están haciendo, para obligar al gobierno y al pueblo a aceptar sus condiciones y echar para abajo a los gobiernos progresistas. Asimismo, fortalecer a las organizaciones sindicales democráticas y progresistas que antepongan los intereses de México por encima de cualquier pretensión personal o de grupo. La decisión es y será únicamente de los ciudadanos que verdaderamente quieren a México y busquen atenuar el impacto de la crisis y recuperar el nivel de actividad y los programas anteriores a la pandemia.

Es tiempo de las reformas históricas

Napoleón Gómez Urrutia

La semana pasada un grupo de 30 distinguidas senadoras y senadores hicimos un pronunciamiento público en relación con la necesidad de que es el tiempo de actuar y profundizar en la transformación económica, política y social de México. Precisamente porque estamos viviendo una de las peores crisis de la historia y ello ocurre en esta generación, derivada de un sistema de abusos y explotación de la naturaleza y de la humanidad, que no habíamos experimentado nunca.

La pandemia, hasta ahora ha provocado miles de enfermos y personas fallecidas, pero también ha demostrado la debilidad y la falta de preparación de los países en sus sistemas públicos de salud, hospitales precarios, carencia de médicos y de medicinas y equipos para diagnosticar y tratar a los pacientes, situación que se agudiza si recorremos la mirada a las instituciones y prácticas privadas de la salud. La ambición y la avaricia de muchos grupos y empresas dedicadas a hacer negocios más que atender las enfermedades, junto con los malos hábitos y costumbres de alimentación y otros padecimientos crónicos, han disparado los contagios y puesto a miles de millones de personas en la antesala de la muerte.

Como consecuencia de esta terrible situación, sumamos una crisis económica y social de grandes consecuencias. Como lo hemos señalado en el Senado, en todo el planeta han crecido enormemente las estadísticas del desempleo y la pobreza, así como de la desigualdad social. Por ello es tiempo de redefinir las prioridades de las políticas públicas, para ubicar en primer lugar a los más pobres o a quienes más lo necesitan, a los sectores más abandonados y marginados del país, que no tienen los recursos para hacer frente a las cada vez más urgentes necesidades de la población, que se agudizan con la crisis sanitaria.

En este grupo de senadoras y senadores lo establecimos muy claro, que el gobierno de México, tal como así lo ha definido nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede ni debe endeudar más al pueblo mediante sistemas depredadores como el Fobaproa, para rescatar empresas y bancos privados y convertir sus pasivos particulares en deuda pública. Lo que necesitamos es una diferente política económica y un nuevo modelo de prosperidad compartida, que por medio de estrategias fiscales que eviten la evasión y se ajusten a los tiempos modernos que estamos enfrentando, así como de un crecimiento en la inversión nacional, pública y privada, podamos generar más empleos y salarios justos. Con ello se fortalecerá la estructura productiva interna, por medio de un mayor poder adquisitivo que estimule el consumo y por tanto la demanda y la producción consecuentes.

En el contexto de la crisis, como lo declaramos las senadoras y senadores, debemos gradualmente ir cambiando nuestros hábitos y prácticas obsoletas, y prepararnos para los nuevos tiempos, y por esa vía introducir de manera más clara la libertad, la democracia y la tolerancia para proteger la igualdad y los derechos civiles y humanos de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción debe mantenerse y hacer prevalecer el interés y la soberanía de México frente a las presiones o grupos empresariales nacionales e internacionales.

Hoy es un momento clave para hacer valer la política de cambio del gobierno de México emplazada, impulsada y sostenida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También para refrendar el compromiso y la solidaridad de los mexicanos para apoyar la transformación de nuestro país. Senadoras y senadores lo establecimos muy claro: es tiempo de avanzar y profundizar en la nueva política económica, para revertir las prioridades que antes se fijaban para obtener una insaciable acumulación de utilidades en muy pocas manos, en detrimento de los grandes intereses nacionales. Establecer en el centro de las acciones a la gente, para reivindicar la vida del planeta como un bien común y para construir un mundo con mayor felicidad para los seres humanos.

México no puede regresar ni a las políticas ni a las prácticas de gobiernos anteriores que nos dejaron en una situación de desastre y frustración para una gran mayoría de los mexicanos. No debemos olvidar que hoy más de la mitad de la población vive en la pobreza, con una gran inseguridad, desigualdad social y marginación, heredados de los seis gobiernos anteriores. Que la nación mexicana no puede regresar a esos vicios y graves problemas de corrupción que estuvieron a punto de llevar al país a una crisis social y política de consecuencias impredecibles.

Por ello, este grupo de 30 senadoras y senadores de Morena hicimos un llamado a la base militante, a la clase trabajadora, a la opinión pública nacional, así como a los intelectuales, académicos y personas de ideas avanzadas y con visión o dimensión social, para defender el camino de la transformación de México, combatir la desinformación y la mala fe de políticos, periodistas y empresarios de extrema derecha, o embozados en engañosas posturas equívocas, quienes quisieran regresar a los viejos tiempos de la cínica corrupción, del abuso de autoridad, de los intelectuales y asesores orgánicos del neoliberalismo, del tráfico de influencias y el uso de la información privilegiada para hacer asociaciones y negocios lucrativos.

México es y debe ser primero, por el bien de las futuras generaciones. Necesitamos crear una nueva conciencia social, responsable, moderna y justa para beneficio de los mexicanos.

Abusos y riesgos en el regreso a labores

Napoleón Gómez Urrutia

La semana pasada se anunció el regreso a las labores a partir del 25 de mayo en algunos sectores, en otros desde el primero de junio y en algunos más después. Se anunció que se haría en forma gradual, con respeto a la totalidad de las medidas y protocolos establecidos por las autoridades laborales y de salud, con la finalidad de garantizar que no existan riesgos sanitarios para los trabajadores en ningún centro de actividad productiva. Hasta ahí todo parecía normal, con las precauciones necesarias con el propósito de no exponer a nadie al contagio del Covid-19.

Lo que ha sucedido en la práctica es contradictorio en algunos casos, lo cual nos viene a demostrar que en una situación de crisis sanitaria y de pandemia mundial, si no se aplican y respetan seriamente las recomendaciones, entonces se puede incurrir en irresponsabilidades y muchos riesgos innecesarios para la salud y la vida. En el Sindicato Nacional de Mineros y probablemente en otras organizaciones sindicales de trabajadores, tenemos un lema que aplicamos y respetamos, el cual dice: con la seguridad y la salud no se juega. En última instancia es mejor perder un empleo que poner en riesgo una vida humana.

Hace unos días nos enteramos, después de que oficialmente se anunciaron las propuestas y recomendaciones para el regreso, que las minas de dos empresas canadienses en la Sierra de Oro de Guerrero, Equinox Gold y Torex Gold Resources enviaron a un grupo de 200 trabajadores contratistas de compañías outsourceras para continuar sus operaciones, pues para ellos las utilidades son primero, los cuales provenían del centro y norte del país, de Coahuila, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, sin haberles hecho ninguna prueba sanitaria. Afortunadamente, los dirigentes de las secciones sindicales de mineros y las comunidades se mostraron exigentes y demandaron que los pusieran en cuarentena y al final les hicieran la prueba del Covid-19. El resultado fue que 44 de los 200 contratistas estaban contaminados con el virus, y dieron positivo. No hace falta mucha imaginación para pensar lo que podría haber ocurrido si hubieran entrado a los centros de trabajo sin ningún protocolo; la epidemia ya estuviera extendida a toda esa zona.

Dos lecciones de estos ejemplos: uno, los trabajadores deben mostrarse intransigentes y exigir que se cumplan las normas sanitarias en cualquier lugar, y más en estos tiempos, si existe el mínimo riesgo. Dos, las autoridades deben responsabilizar con todas las consecuencias establecidas en la ley, a las empresas que, por sus intereses, estén presionando para reabrir, porque de otra manera, a falta de vigilancia y de inspectores para cada caso que reinicie actividades, ambos estarán asumiendo una seria responsabilidad. Debemos evitar a toda costa que también se repita el caso de un empleado de Elektra, que pertenecía a una entidad dedicada al outsourcing, a quien presionaron tanto para que fuera a trabajar, aun enfermo del virus, que murió sin recibir ninguna ayuda o apoyo para él o su familia. Y todo por no tener una organización sindical seria y responsable que protegiera sus derechos fundamentales.

Existe otro caso que también demuestra que las empresas, sobre todo las consideradas más grandes, no toman en serio las consecuencias de la pandemia de Covid-19, ni obedecen lo que establecen las autoridades, ni lo que incluso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución, que inevitablemente se refleja en el cumplimiento de las leyes sanitarias. Los trabajadores de la mina de Francisco I. Madero, en el estado de Zacatecas, cuyo dueño es el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, decidieron hacer un paro de labores porque la compañía no quería pagar lo que les correspondía por concepto de reparto de utilidades, ni tampoco quiso reconocer el derecho de los trabajadores a escoger a la organización sindical que ellos habían elegido porque estaban cansados de las traiciones de un sindicato charro, sometido total e incondicionalmente por Peñoles, pero además porque así está establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual señala que los trabajadores pueden ejercer su voto libre, personal y secreto para elegir a la organización sindical a la que ellos desean pertenecer y a sus líderes, y no que se los impongan.

El Grupo Peñoles respondió en forma ilegal cerrando la mina, con tal de no reconocer ese derecho a la libertad de asociación de los trabajadores. Envió a su casa a más de 500 personas, sin ninguna consecuencia legal o política en contra de la empresa. Ésta argumentó que los precios de los metales estaban bajos y que el mercado es complicado, de lo cual pareció ser que no se habían dado cuenta hasta que los trabajadores iniciaron una huelga en señal de protesta, pero sobre todo tomaron la decisión de aplicar el derecho a la libertad de asociación, garantizado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno de México tiene firmados como obligación desde hace muchos años.

Estos casos contradicen la buena fe y la disposición de los funcionarios gubernamentales, lo cual es un gran factor de riesgo cuando se aplica a las situaciones sanitarias, pero también exhiben la arrogancia, la prepotencia y la impunidad con la que actúan los integrantes del poder económico que se sienten intocables y a salvo de sus obligaciones para cumplir con la ley, con México y con los mexicanos.

La nueva política económica después de la crisis

Napoleón Gómez Urrutia

Siempre he expresado mi opinión en contra de la dependencia y concentración de las exportaciones en uno o pocos productos (petróleo, mano de obra barata o turismo), al igual que en comerciar con uno sólo o con pocos países preponderantes (Estados Unidos) porque nos coloca en una posición de mayor subordinación y nos vuelve más vulnerables ante diversos factores externos de riesgo, como los que estamos experimentando en forma aumentada con la actual pandemia mundial, las guerras de comercio, las crisis financieras o los conflictos políticos internacionales.

No hay duda de que la caída en los precios de los energéticos, la posible baja en las remesas a lo largo del año conforme avanzan las tasas de desempleo en el mercado estadunidense y sin excluirlo, la llegada menor de turistas a nuestro país, todo impactará fuertemente a la recuperación de la economía, al igual que en muchas otras naciones. Durante las pasadas tres décadas, por lo menos, los gobiernos precedentes no hicieron una planeación verdadera para construir una estructura productiva interna sólida que nos protegiera de esas variables y cambios inesperados. De hecho, desperdiciaron muchos de los recursos provenientes de la riqueza petrolera, justo cuando esta valía más y existía una demanda en el mercado global.

Por el contrario, nos hicieron más dependientes de las exportaciones tradicionales derivadas de los acuerdos plasmados en el Tratado de Libre Comercio, TLC, y no fuimos capaces como otras naciones, como Noruega, Holanda y los demás países escandinavos, para haber hecho las reservas y crear los fondos para financiar las inversiones de largo plazo que fueran el reflejo de una planeación adecuada. Inventaron o adoptaron teorías, pero no construyeron una base seria de eficiencia y de autosuficiencia en los productos en que tuviéramos una ventaja comparativa.

Hoy estamos enfrentando las consecuencias de esa falta de previsión, de ineficiencias en muchos actos de las pasadas administraciones, de la improvisación y de una corrupción desatada y galopante que nos ha perseguido hasta nuestros días, promovida y tolerada desde el más alto nivel político y económico del país.

La cuestión fundamental es cómo salir de esta crisis, de este círculo vicioso y comenzar a reconstruir todo de nuevo, pero sobre cimientos sólidos, sin errores ni improvisaciones, sin corrupción, con nuevas estrategias. Sin duda un cambio serio, profesional, nacionalista, de fondo, de reglas y quizás hasta de personas se tiene que dar. Hoy más que nunca se requiere de un nuevo modelo de desarrollo, visionario, independiente y que sea solidario y eficaz para planear nuevos objetivos y estrategias integrados en un auténtico Plan Nacional de Desarrollo, que se aleje de una vez por todas de la estrecha visión de favorecer a unos cuantos privilegiados en detrimento de las amplias mayorías populares.

Para alcanzar una sociedad más igualitaria se requiere de un nuevo sistema que incluya compromisos políticos con objetivos y metas que abran el acceso democrático a las herramientas, redes, información y entrenamiento de los nuevos dirigentes que desde hoy, y con más intensidad mañana, busquen alcanzar un cambio verdadero hacia una más transparente justicia política, jurídica, económica y social.

En este momento es urgente replantear los esquemas de política económica para definir una agenda y un plan para la reconstrucción de nuestra economía, de las relaciones de producción y de las nuevas reglas de convivencia en la sociedad, mediante la aplicación práctica de medidas de poder y de administración, con el objetivo de recuperar el equilibrio, la democracia y una equidad más sana. La prosperidad de las naciones y de las personas sólo se obtiene cuando los niveles constantes de bienestar económico y social se incrementen de manera sostenida, lo cual permite cerrar la brecha creciente entre los que más tienen y los más pobres y marginados de la sociedad.

La etapa actual requiere, y cada vez será más necesario, reconstruir los elementos que permitan mejorar la distribución de la riqueza, mediante una estrategia combinada de responsabilidad fiscal más equilibrada, más progresiva y menos evasiva, así como a través de recuperar el empleo estable, remunerado y justo y la apertura de nuevas oportunidades para generar más actividad y riqueza, en beneficio sobre todo de la gran mayoría de la población.

Tiempos difíciles, unidad y acciones contundentes

Napoleón Gómez Urrutia

La historia no es lineal, porque la evolución de la humanidad tampoco sigue un patrón constante y muchos de los acontecimientos que en ella ocurren son producto de sucesos totalmente inesperados o de liderazgos que cambian frecuentemente el rumbo de las cosas. Aunque a veces hay algunos que se repiten, nunca son iguales en tamaño o en la fuerza que los impulsa, y en otros casos son totalmente impredecibles, y sus consecuencias también.

Pero lo que sí es muy importante es conocer, comprender y analizar constantemente nuestro pasado para no repetir los errores y estrategias fallidas, o al menos mitigarlos para disminuir el impacto negativo y superar la crisis de la mejor manera posible y en el menor plazo. El que desarrolla la capacidad de aprender en cabeza ajena tendrá una ventaja comparativa de grandes proporciones. Hoy estamos enfrentando un muy grave y extendido problema que ha desembocado en una pandemia en relación con un virus sumamente contagioso y que en cerca de 5 por ciento de los infectados ha resultado mortal. Este virus se ha expandido demasiado rápido por todo el mundo y mientras no se desarrolle un tratamiento eficaz o una vacuna, no se vislumbra una solución próxima.

La situación es complicada no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también de la crisis económica consecuente y la pérdida generalizada de empleos que está provocando una tensión social alarmante. Ahora debemos tomar aquello que dio buenos resultados en las crisis del pasado, desterrar las malas prácticas que buscaban el beneficio de unos cuantos y escuchar las opiniones de aquellos que quieren el bien del Estado. No estamos hablando de un tema sencillo, sino sumamente complejo. Pero, además, de las aportaciones que cada persona pueda hacer para enfrentar este serio reto, se requiere también el compromiso ineludible y decidido de todos los actores que están en posibilidad de ayudar para evitar los protagonismos, oportunismos y ambiciones de acrecentar el poder –sea económico, político, social o mediático– a costa de los demás. En ambos casos, debemos estar atentos a esos personajes y restarles importancia. Tenemos que consolidar una sociedad que promueva la armonía y el bienestar, una que no tolere la manipulación e intereses mezquinos de algunos.

Hoy debemos velar y levantar la voz por las y los trabajadores que son despedidos sin algún ingreso, salario o prestación, quedando en consecuencia, ellos y sus familias, en total indefensión. Debemos todos frenar los abusos y la falta de solidaridad, pues una cosa pueden ser las ganancias moderadas de las empresas producto del esfuerzo y del trabajo y otra muy diferente las humillaciones y violaciones a los derechos de los más necesitados. México no necesita de esa clase de egoísmos, ni de empresarios que actúen sin responsabilidad social y respeto hacia los demás.

La mayoría de los trabajadores despedidos son de las empresas que se dedican a la subcontratación u outsourcing. Hace un par de días propuse crear un seguro de desempleo que ayude a paliar el impacto económico que dejará el Covid-19. Este seguro existe en otros países, como Canadá, Estados Unidos y algunos de Europa e incluso en la Ciudad de México. Es urgente colaborar entre todos y ver si las empresas, las compañías de seguros, bancos y otros organismos más están dispuestos a buscar una salida que aligere temporalmente la difícil situación de los trabajadores que están siendo despedidos. Así nos daremos cuenta también si esos inversionistas tienen la dimensión social que tanto ha impulsado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De lograr el establecimiento de este mecanismo de protección contra el desempleo, será necesario desburocratizar, hacerlo de una manera ágil y oportuna en todos los trámites.

En estos momentos el coronavirus es una especie de terremoto sanitario que trae consigo uno económico, de proporciones todavía desconocidas. El impacto negativo en el crecimiento de muchas economías de Europa y del mundo está siendo brutal. En España, por ejemplo, se estima para el presente año una caída acelerada del PIB de -8 por ciento y un alza en las tasas de desempleo de -20.8 por ciento, que será el peor descenso desde la guerra civil que alcanzó en 1936 una tasa de -26.8 por ciento. En otras naciones de Europa, como Portugal y Lituania se estima un PIB de -8 por ciento, Italia -9.1 y Grecia -10 por ciento. Incluso las dos más grandes economías del viejo continente se verán fuertemente afectadas: Francia -7.2 por ciento y Alemania con -7. En conjunto, se pronostica que la Eurozona se contraerá -7.5 por ciento. Todas estas estimaciones son proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para evitar una catástrofe mayor, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ya está trabajando, utilizando todo el poder nacional para contrarrestar los efectos adversos de esta pandemia; sin embargo, la sociedad en su conjunto, los sindicatos y las empresas deben cooperar para mitigar el golpe que ineludiblemente recibiremos. Aunque el mismo FMI estima una recuperación lenta para 2021, por ejemplo, España se espera reduzca la caída a -4.3 por ciento y la tasa de desempleo en 17.5 por ciento, es necesario anticiparnos para mitigar los efectos negativos sobre los trabajadores y las empresas más débiles.

Algo que sin duda deberemos evitar a cualquier costo es la avalancha de quiebras de empresas que al final resultará en una alta tasa de desempleo. Más si queremos evitar el surgimiento de fuerzas y corrientes de extrema derecha que busquen capitalizar el descontento de las personas para instaurar gobiernos fascistas.

Parece exagerado, pero hoy vemos a grupos de la ultraderecha disfrazados de expertos en diversos temas que ya se están preparando y abiertamente atacando a un gobierno patriota que busca una transformación de fondo. Un movimiento que recuerda las palabras del Benemérito de las Américas, quien dijo: "como hijo del pueblo nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad".

T-MEC, pandemia y derechos laborales

Napoleón Gómez Urrutia

Durante el año pasado, esto es, 2019, ocurrieron una serie de encuentros, foros y discusiones en torno a la ratificación del nuevo TLC entre los representantes y negociadores de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Los dirigentes sindicales más importantes de estos países participamos en las negociaciones por el tema central de la protección a los derechos laborales plasmados en el acuerdo comercial, especialmente los de la AFL-CIO (Federación Estadunidense del Trabajo), del Congreso del Trabajo de Canadá y algunos de los más representativos de México. Finalmente, el 10 de diciembre pasado, México fue el primer país que firmó el nuevo tratado.

El T-MEC trae muchos cambios para la economía y la clase trabajadora de México. Por ejemplo, bajo el nuevo tratado no se permitirán las demandas de los inversionistas privados contra los Estados, tal como la que amenaza presentar la empresa Constellation Brands, asesorada por el despacho del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, en respuesta a los resultados del referéndum realizado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de la industria automotriz habrá nuevas reglas de origen que requiere que 75 por ciento del contenido de los vehículos que se fabrican en esa cadena de producción provenga de la región y 70 por ciento del acero y el aluminio utilizado, además de que hasta 45 por ciento deberá ser producido por trabajadores que ganen un promedio de 16 dólares la hora, ello con el propósito no sólo de incrementar los salarios de las personas que laboran en este sector, sino de establecer las bases para ir gradualmente igualando los ingresos en toda la región.

Este acuerdo tiende a equilibrar las percepciones y sacar a los trabajadores mexicanos del rezago histórico, haciéndolos más competitivos frente a los similares de los otros dos países. Es decir, para la clase trabajadora de México es un acto de reivindicación y de justicia, para Canadá y Estados Unidos una estrategia para frenar la fuga de inversión y empleo de sus compañías que buscan los mercados más baratos de la mano de obra, como el nuestro.

Por otro lado, el T-MEC abre el camino para implementar sanciones comerciales para las empresas que no respetan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores, mediante el mecanismo de Respuesta Rápida incorporado en el anexo laboral del tratado. Los gobiernos de Estados Unidos y el de México están insistiendo en poner en práctica el tratado antes del primero de junio próximo. Pero el gobierno de Canadá y la industria automotriz piden prolongar esta fecha, debido a la complejidad de las nuevas reglas de origen y el impacto del coronavirus.

Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han emitido convocatorias públicas para candidatos a los paneles de resolución de conflictos y para los panelistas del mecanismo de Respuesta Rápida, quienes se encargarán de investigar las quejas sobre las violaciones de los derechos laborales presentados bajo el T-MEC. La intención es que haya una justicia expedita en los casos de controversias y/o despidos injustificados de trabajadores por razones políticas o de cualquier otro abuso o violación a sus derechos que estén plasmados en las nuevas leyes laborales y en las constituciones políticas de cada uno de los tres países.

En Estados Unidos ya existe un Comité de Asesoría Laboral (LAC, por sus siglas en inglés) para las negociaciones y la política de comercio, compuesto por dirigentes sindicales, que tienen una función estatutaria de brindar información y consejos al gobierno en sus decisiones comerciales y cuyos integrantes tienen acceso a los textos de los acuerdos durante las mismas discusiones. Además, para fines de asegurar un T-MEC que cumpla con las expectativas, se constituirá una mesa independiente de expertos laborales, la tercera parte nombrados por el LAC, para orientar a las autoridades en la implementación del tratado.

Por desgracia en México aún no existen tales mecanismos de transparencia y participación de la clase obrera en la negociación de los acuerdos laborales, aunque los trabajadores son los más impactados por estos acuerdos. Próximamente tendremos que nombrar a los panelistas ante el T-MEC; estos deberán ser designados en función de su experiencia en temas laborales y de su comprobada actuación ética, no en función de perfiles que cuenten con peso político o apoyo empresarial y que no respondan a intereses particulares.

Aún no existe un acuerdo o bases respecto a cómo se harán estos nombramientos, pero definitivamente el Congreso deberá aportar buenos perfiles y establecerse un proceso transparente y democrático que garantice que los mejores candidatos puedan ser elegidos. Si no se nombran los panelistas con base en esto no se cumplirá la protección que pretende hacer el T-MEC de los trabajadores y de los grandes avances que se consiguieron en el acuerdo modificatorio.

Es probable que el coronavirus complicará la entrada en vigor del T-MEC. Mientras tanto, continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores por parte de algunas empresas, reportadas por la Red de Solidaridad con Trabajadores en Riesgo, y otras fuentes más.

En vista de la lenta implementación de nuestras reformas constitucionales en materia laboral y la crisis que la pandemia podrá provocar para las y los trabajadores, especialmente para los más de ocho millones de empleados bajo los esquemas de outsourcing o subcontratación, con pocos o nulos derechos, es fundamental no demorar más la llegada de los nuevos instrumentos de protección que el T-MEC puede brindar a la clase obrera, sin intereses personales o de grupo. La paz laboral y la estabilidad social así lo exigen.

La economía global y el coronavirus

Napoleón Gómez Urrutia

La economía de muchos países está en riesgo, no solamente por el impacto del coronavirus al paralizar una gran cantidad de actividades, sino porque el crecimiento de las deudas de muchas compañías ha venido incrementándose en los pasados meses y años, aun antes de la epidemia. Esto es en gran medida como resultado de la política monetaria de reducir las tasas de interés para abaratar los créditos y estimular la inversión. Su contraparte ha sido el aumento de la deuda de muchas empresas que hoy están padeciendo las consecuencias de la nueva situación.

La pandemia que estamos viviendo en el mundo está afectando la economía internacional en un momento en que existen niveles sin precedente de endeudamiento, que exacerba la crisis financiera global, con una intensidad más alta que la de hace 12 años. Esto es así porque muchas de las deudas de los bancos y personales se han desplazado más hacia las corporaciones, al haberse flexibilizado las medidas regulatorias para solicitar préstamos.

Hay muchas compañías en el mercado a las que se les ha puesto el título de zombies, las cuales han enfrentado problemas en el pasado reciente para pagar sus deudas, porque generan utilidades bajas o muy bajas, que no les alcanzan para pagar incluso las tasas de interés sobre sus préstamos adquiridos. Entonces recurren al método de emitir nueva deuda para sobrevivir, porque el sistema financiero se había y se ha vuelto más flexible.

Con la crisis de salud que estamos viviendo, los negocios, los mercados financieros, la caída de los precios del petróleo, los centros de diversión, restaurantes, sistemas de transporte, aviones y aeropuertos semivacíos, entre muchos otros, están afectando seriamente la actividad económica. Entre más se prolongue esta situación, los riesgos serán mayores, pudiendo provocar que compañías zombies entren en suspensión de pagos, tal como les sucedió en la crisis de 2008 a las hipotecas, rentas y otros servicios.

Este es uno de los graves riesgos que pueden complicarse como consecuencia del virus que ha llegado en un momento en que la economía global está muy endeudada, por lo cual las consecuencias y la duración de esta situación todavía son muy inciertas. Las autoridades financieras y los bancos centrales están ahora muy conscientes de este grave problema y ya comenzaron a endurecer las medidas y las líneas de crédito, como lo anunció hace unos días el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Después de la crisis mundial de 2008, el endeudamiento comenzó a subir hasta tres veces el tamaño de la economía global, como resultado de una estrategia diseñada para estimular la recuperación y mantener activada la situación económica. Para alcanzar esos objetivos y tratar de salir de la quiebra lo más rápido posible, después de ese año de 2008 las tasas de interés comenzaron a bajar rápidamente y la desregulación de los mercados también, con lo cual se disparó el crecimiento de las deudas.

Cuántos empresarios zombies tendremos en México y cuántos más se harán pasar por zombies para ocultar la situación real de sus empresas y con ello intentar escaparse de sus compromisos de toda índole, e incluso beneficiarse aún más de las facilidades o los chantajes que puedan ejercer ante el gobierno. Éste es un reto y un problema importante que las autoridades deberán descifrar.

Algunas empresas se han beneficiado de esas políticas de acceso al dinero fácil, porque esos recursos los utilizaron para comprar acciones, bonos y créditos baratos para subsidiar a compañías no tan rentables. Así fue como la flexibilidad del sistema ayudó a muchos negocios con una situación financiera dudosa a salir adelante, pero también a generar que la deuda global hoy en día, ante esta nueva crisis, sea una de las más altas registradas.

Muchas entidades zombies están ahora escondidas en esa deuda de enormes magnitudes y son el problema potencial real para que la economía mundial pueda salir de esta nueva crisis.

Con base en la información publicada por el Bank for International Settlements, que es una especie de banco de los bancos centrales, en Estados Unidos 16 por ciento de las compañías que cotizan en bolsa son zombies y más de 10 por ciento en Europa. No tenemos los datos exactos de México, pero lo que sí está claro es que estas empresas existen en el sector de actividades extractivas como la minería, el carbón y el petróleo, que también están muy expuestos ante la caída de sus precios.

Las empresas zombies son una fuente de riesgo, agravado por los problemas y crisis que estamos experimentando. Se ha detectado que en Estados Unidos, por ejemplo, y seguramente en México también, el monto de las deudas de los zombies alcanza hasta seis veces el tamaño de sus utilidades.

Hoy en día el coronavirus está provocando una recesión y ello genera grandes tensiones mundiales. El impacto en la actividad económica lo veremos las próximas semanas o meses, porque cuando los mercados se caen o se reducen, las personas y las empresas se sienten más pobres y comienzan a gastar menos. La economía se reduce ante esta situación, porque entre más amplios sean los mercados, el efecto negativo sicológico es mayor.

Esperemos que lo peor de esta situación pase pronto. No hay que perder la esperanza ya que en China se comienza a ver una situación con mayor optimismo. Entre más se prolongue el coronavirus, aumenta la posibilidad de que mueran las empresas zombies, hundiendo más a los mercados

El esfuerzo para controlar y terminar con el virus en el mundo confiamos en que tenga éxito, lo cual será fundamental para el crecimiento del Estado mexicano. Es momento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador relance a su gobierno, defina nuevos objetivos y estrategias de política económica y social.