Napoleón Gómez Urrutia
Siempre he expresado mi
opinión en contra de la dependencia y concentración de las exportaciones
en uno o pocos productos (petróleo, mano de obra barata o turismo), al
igual que en comerciar con uno sólo o con pocos países preponderantes
(Estados Unidos) porque nos coloca en una posición de mayor
subordinación y nos vuelve más vulnerables ante diversos factores
externos de riesgo, como los que estamos experimentando en forma
aumentada con la actual pandemia mundial, las guerras de comercio, las
crisis financieras o los conflictos políticos internacionales.
No hay duda de que la caída en los precios de los energéticos, la
posible baja en las remesas a lo largo del año conforme avanzan las
tasas de desempleo en el mercado estadunidense y sin excluirlo, la
llegada menor de turistas a nuestro país, todo impactará fuertemente a
la recuperación de la economía, al igual que en muchas otras naciones.
Durante las pasadas tres décadas, por lo menos, los gobiernos
precedentes no hicieron una planeación verdadera para construir una
estructura productiva interna sólida que nos protegiera de esas
variables y cambios inesperados. De hecho, desperdiciaron muchos de los
recursos provenientes de la riqueza petrolera, justo cuando esta valía
más y existía una demanda en el mercado global.
Por el contrario, nos hicieron más dependientes de las exportaciones
tradicionales derivadas de los acuerdos plasmados en el Tratado de Libre
Comercio, TLC, y no fuimos capaces como otras naciones, como Noruega,
Holanda y los demás países escandinavos, para haber hecho las reservas y
crear los fondos para financiar las inversiones de largo plazo que
fueran el reflejo de una planeación adecuada. Inventaron o adoptaron
teorías, pero no construyeron una base seria de eficiencia y de
autosuficiencia en los productos en que tuviéramos una ventaja
comparativa.
Hoy estamos enfrentando las consecuencias de esa falta de previsión,
de ineficiencias en muchos actos de las pasadas administraciones, de la
improvisación y de una corrupción desatada y galopante que nos ha
perseguido hasta nuestros días, promovida y tolerada desde el más alto
nivel político y económico del país.
La cuestión fundamental es cómo salir de esta crisis, de este círculo
vicioso y comenzar a reconstruir todo de nuevo, pero sobre cimientos
sólidos, sin errores ni improvisaciones, sin corrupción, con nuevas
estrategias. Sin duda un cambio serio, profesional, nacionalista, de
fondo, de reglas y quizás hasta de personas se tiene que dar. Hoy más
que nunca se requiere de un nuevo modelo de desarrollo, visionario,
independiente y que sea solidario y eficaz para planear nuevos objetivos
y estrategias integrados en un auténtico Plan Nacional de Desarrollo,
que se aleje de una vez por todas de la estrecha visión de favorecer a
unos cuantos privilegiados en detrimento de las amplias mayorías
populares.
Para alcanzar una sociedad más igualitaria se requiere de un nuevo
sistema que incluya compromisos políticos con objetivos y metas que
abran el acceso democrático a las herramientas, redes, información y
entrenamiento de los nuevos dirigentes que desde hoy, y con más
intensidad mañana, busquen alcanzar un cambio verdadero hacia una más
transparente justicia política, jurídica, económica y social.
En este momento es urgente replantear los esquemas de política
económica para definir una agenda y un plan para la reconstrucción de
nuestra economía, de las relaciones de producción y de las nuevas reglas
de convivencia en la sociedad, mediante la aplicación práctica de
medidas de poder y de administración, con el objetivo de recuperar el
equilibrio, la democracia y una equidad más sana. La prosperidad de las
naciones y de las personas sólo se obtiene cuando los niveles constantes
de bienestar económico y social se incrementen de manera sostenida, lo
cual permite cerrar la brecha creciente entre los que más tienen y los
más pobres y marginados de la sociedad.
La etapa actual requiere, y cada vez será más necesario, reconstruir
los elementos que permitan mejorar la distribución de la riqueza,
mediante una estrategia combinada de responsabilidad fiscal más
equilibrada, más progresiva y menos evasiva, así como a través de
recuperar el empleo estable, remunerado y justo y la apertura de nuevas
oportunidades para generar más actividad y riqueza, en beneficio sobre
todo de la gran mayoría de la población.
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