Ciudad de México. La pandemia del COVID-19 agravó la
vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran en situación de
prostitución, a quienes ahora se les obliga a desinfectarse con cloro, o
acudir a los domicilios o en hoteles que son propiedad de líderes de la
trata de personas.
En este contexto, durante la Segunda Marcha
Abolicionista Europea, que se realizó de forma virtual el 9 de mayo,
mujeres que se declaran a favor de la abolición de la prostitución,
hicieron un llamado a los gobiernos para ofrecer condiciones de vida
digna a las mujeres y niñas.
En una jornada para protestar por la
violencia contra las mujeres ejercida mediante la prostitución, el
fomento de los vientres de alquiler y la pornografía, defensoras
originarias de países europeos y de México publicaron mensajes en redes
sociales para exigir que se erradique esta práctica de esclavitud.
La
primera movilización similar se realizó el 11 de mayo de 2019, con sede
en Barcelona, donde las manifestantes recorrieron una zona donde las
mujeres son prostituidas. Desde entonces la intención es visibilizar la
violencia cada segundo sábado del mes de mayo. En esta ocasión, para
respetar las medidas de distanciamiento social, la movilización fue
virtual.
En México la red Abolicionistas MX y la Coalición
Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), junto con otros colectivos
feministas, publicaron un pronunciamiento en el que denunciaron que tras
la pandemia de COVID-19 tratantes originarios del estado de Tlaxcala
que radican en Estados Unidos retornaron al país para seguir operando
redes de trata de personas.
De acuerdo con las defensoras, estos
hombres operaban en la ciudad de Nueva York, utilizaban una red de taxis
por medio de la cual los “clientes” o prostituyentes llamaban para
pedir “servicios” y la red se encargaba de llevarles mujeres hasta sus
domicilios.
Estos tratantes, expusieron, han regresado a México
trayendo a las mujeres que explotaban en Nueva York y han empezado a
operar de la misma manera en Puebla y Tlaxcala, donde las víctimas
corren el riesgo de morir de COVID-19 o de VIH/Sida; mientras que otros
grupos de proxenetas han empezado a operar en hoteles de su propiedad.
Otro
ejemplo, agregaron las defensoras de los derechos de las mujeres, es lo
que sucede en las agencias de acompañantes que están dirigidas a
atender a hombres con mayor poder económico. Ahora las acompañantes son
explotadas dando espectáculos eróticos por internet y a quienes siguen
atendiendo personalmente se les obliga a bañarse con cloro y hacer
gárgaras con productos desinfectantes.
Las defensoras también
llamaron la atención sobre las medidas de gobiernos locales y
municipales que decidieron cerrar los hoteles, lo que provocó que sobre
todo, las víctimas de trata se quedaran sin techo porque vivían ahí,
como señalaron algunos colectivos en la Ciudad de México. Algunos
hoteles rectificaron y les permitieron permanecer en el lugar, pero no
se ha verificado si sólo utilizan los hoteles como vivienda para
resguardarse durante el confinamiento.
El cierre y reapertura de
hoteles representaba una oportunidad que las autoridades desdeñaron,
pues se pudo haber investigado las condiciones en que las mujeres se
encuentran en la prostitución, si tienen o no proxenetas, sus
necesidades para salir de la prostitución, si tienen hijas e hijos,
dónde están, quién los tiene.
En lugar de eso, criticaron las
abolicionistas mexicanas, se les proporcionó una ayuda económica mínima
que de ninguna manera representa una política pública que ofrezca
opciones de salida digna para las mujeres.
En esta situación,
urgieron al Congreso federal y a los estatales a crear una ley laboral
que les garantice a las mujeres oportunidades de trabajo decente, según
la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o bien
una renta básica universal, además de una ley que les garantice a toda
la ciudadanía los derechos sociales, económicos y culturales.
Al
final de su pronunciamiento señalaron que la raíz del problema está en
cómo socialmente se ha naturalizado la prostitución, la mercantilización
y la explotación sexual del cuerpo de las mujeres, así como la escasa
importancia que se le reconoce a las violencias que se ejercen contra
ellas por parte de las y los servidores públicos del gobierno federal y
los gobiernos locales.
La prostitución no es ni sexo ni trabajo y
representa un constante peligro para las mujeres que son explotadas en
esta actividad ilícita. “Lo que vislumbramos para el futuro es una
profunda recesión económica mundial que va a aumentar la vulnerabilidad
de las mujeres y las niñas para ser captadas por los tratantes”,
alertaron.
Para las defensoras esta crisis sanitaria es una
oportunidad para los gobiernos para perseguir sin tregua a los
proxenetas y los prostituyentes que están determinados a explotar a las
mujeres más vulnerables a pesar de los riesgos sanitarios masivos, para
ellas y para la sociedad en general. “En este clima de riesgo, las
mujeres en situación de prostitución, sin la presión de proxenetas, son
las más desesperadas por su precariedad económica y social”, destacaron.
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