CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México. Académicas feministas afirmaron
que una tarea pendiente de los Congresos estatales es aprobar leyes
locales similares a la Ley de Amnistía, publicada el pasado 22 de abril,
para liberar a las mujeres que fueron encarceladas injustamente por el
delito de aborto.
Este fue uno de los temas que mencionaron las
académicas Gloria Ramírez Hernández, Urenda Queletzu Navarro Sánchez,
Felipa Nery Sánchez Pérez, Fátima López Iturríos y la defensora de los
derechos de mujeres indígenas, Arcelia García Santiago, quienes
analizaron los alcances de la norma aprobada durante la contingencia del
COVID-19.
En una mesa virtual organizada por el Museo de la
Mujer, de la Ciudad de México, las especialistas feministas coincidieron
en que aunque esta norma dice que se beneficiará a mujeres acusadas de
aborto, en realidad no permite liberar a quienes fueron criminalizadas
por este delito porque en muchos casos ellas fueron acusadas de
homicidio en razón de parentesco o de parricidio.
Además,
explicaron, el delito de aborto se castiga a nivel estatal y la Ley de
Amnistía sólo aplica para casos a nivel federal; por esta razón las
expertas hicieron un llamado para buscar a las diputadas locales e
impulsar la aprobación de leyes locales de amnistía; o bien, diseñar
estrategias como promover la despenalización del aborto en los estados.
De
acuerdo con el decreto de Ley de Amnistía, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 22 de abril, el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Gobernación, debe promover ante los gobiernos
y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes
de amnistía. Estas normas permitirían liberar a mujeres acusadas de
aborto, una conducta que sólo en la Ciudad de México y en Oaxaca se
puede realizar por voluntad propia hasta las 12 semanas de gestación,
sin ser encarcelada.
La abogada feminista de San Luis Potosí,
Urenda Queletzu Navarro Sánchez, afirmó que la Ley de Amnistía permite
analizar la pertinencia de tener vigentes ciertos delitos como el
aborto, pero destacó que si esta norma baja a los estados, también
abonará a la construcción de una justicia democrática.
La también maestra en Historia señaló que en San Luis Potosí existe
una iniciativa local en la materia, pero destacó que el primer obstáculo
es posicionar la amnistía como un acto de justicia, ya que muchos
partidos políticos han realizado una campaña para hacer creer que con
esta legislación se otorgaría la libertad a delincuentes.
La
profesora Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Felipa Nery Sánchez Pérez, por su parte, consideró que hasta que haya
leyes locales las personas en reclusión podrán ser beneficiadas de este
perdón. En el caso de Tabasco, el gobernador Adán Augusto López
Hernández y el Congreso anunciaron que están analizando casos para
presentar una iniciativa legislativa.
La académica señaló que es
importante que los Congresos, federal y de los estados, revisen los
delitos que hoy están legislados como el aborto o la portación de
pequeñas cantidades de drogas y que de acuerdo con la nueva norma no
deberían ser motivo para que las personas estén en prisión.
En su
participación, la coordinadora general de la Red de Abogadas Violetas,
Fátima López Iturríos, consideró que la alternativa más viable para que
las mujeres no sean criminalizadas es la abrogación del delito de
aborto, porque aunque en todos los estados liberen a las que hoy están
acusadas, en un tiempo otras ciudadanas van a llegar a prisión por estas
mismas conductas.
La abogada de Jalisco señaló que no ve muy
factible la homologación estatal de la Ley de Amnistía, porque además
aquellas que tiene un aborto son acusadas de parricidio, homicidio en
razón de parentesco, infanticidio u omisión de cuidados, a pesar de que
en algunos casos ni siquiera sabían que estaban embarazadas; por lo que
consideró que es importante trabajar por la abrogación del delito.
La
defensora, señaló que desde octubre de 2019, en Jalisco, una mujer
víctima de violencia de género puede acudir a la amnistía pero antes
debe pagar la reparación del daño, tener sentencia firme y acreditar que
fue víctima de violencia, por lo que no es un perdón llano ya que pide
una lista de requisitos para acceder a este beneficio.
Para
López Iturríos es importante pensar en un Código Penal Único, donde no
exista el delito de aborto; señaló que esto ayudaría más porque en
estados como Jalisco el argumento de las autoridades es que no se
necesita una Ley de Amnistía porque en la entidad no existen mujeres
encarceladas por este crimen.
Finalmente la coordinadora de la
Alianza de Mujeres Indígenas en México, Arcelia García Santiago, aseguró
que en el caso de las comunidades indígenas se ha documentado que las
parteras, quienes ofrecen servicios de atención al embarazo y al parto,
han sido acusadas de aborto en procesos sin derecho a traductor y con
faltas al debido proceso. Aseguró que la amnistía debe tener impacto
local.
Es de recordar que partir del 23 de abril el gobierno federal tiene
60 días hábiles para expedir el acuerdo que creará una Comisión que
coordine y vigile el cumplimiento de la Ley de Amnistía y resuelva las
solicitudes de libertad, entre éstas, de mujeres acusadas de aborto.
Hasta ahora no hay información pública de este proceso.
20/AGM/LGL
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