Crisis sanitaria: dimensiones e implicaciones
En una conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, señaló que hasta el momento se han registrado en el país 81 muertes probablemente relacionadas con el brote del nuevo virus de influenza porcina –identificado el pasado viernes– y señaló que se encuentran internados unos mil 300 pacientes con los síntomas de esta enfermedad. Ante ello, anunció que las actividades escolares de todos los niveles, así como los servicios de guarderías, se suspenderán hasta el próximo 6 de mayo en el Distrito Federal, el estado de México y San Luis Potosí, entidad esta última en la que se han contabilizado cinco muertes vinculadas con la gripe porcina. Durante la misma reunión, el titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, informó que no se suspenderán las actividades productivas en el país frente al brote de influenza.
Además del aspecto estrictamente sanitario, la presente emergencia tiene una inocultable dimensión económica, y es obligado señalar que el objetivo del gobierno federal de no parar las actividades productivas en las zonas afectadas por el virus se enfrentará al temor y la incertidumbre que acusan amplios sectores de la población. En un momento en que México padece los efectos de una grave crisis financiera de escala planetaria, la reactivación de la economía y el mercado internos se presenta como medida por demás necesaria. Este objetivo, sin embargo, se complica cuando los habitantes de la capital y los municipios conurbados –zona donde buena parte de la actividad económica se concentra en el comercio y los servicios– se resisten a salir a la calle ante el temor de contraer la enfermedad.
Es claro, por lo demás, que la crisis sanitaria que hoy se vive en México y en algunas regiones de Estados Unidos constituye en sí misma un factor de riesgo para la economía nacional y mundial: vale la pena recordar las estimaciones realizadas el año pasado por el Banco Mundial, en el sentido de que una pandemia de influenza significaría la pérdida de unos tres billones de dólares y redundaría en una caída cercana a 5 por ciento del producto interno bruto global. Las autoridades del país deberán tener estas consideraciones en mente y encontrar una manera de equilibrar las medidas adoptadas para solucionar la emergencia sanitaria con la necesidad de alentar el crecimiento económico.
En otro orden de ideas, no puede dejar de advertirse que el decreto emitido ayer mismo por el Ejecutivo federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación –que, entre otras cosas, faculta a las autoridades sanitarias para aislar a a los posibles infectados por el virus de la influenza porcina y a ingresar “a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”– pudiera tener efectos contraproducentes en los ámbitos político y social. Nadie puede negar la pertinencia de que en una situación de emergencia como la presente las autoridades adopten medidas orientadas a llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente, sobre todo cuando está en juego la salud de la población. No obstante, esto no puede ni debe pasar por medidas que, en caso de no ser manejadas con la transparencia y el cuidado que se requiere, pudieran provocar un comprensible descontento entre la población e incluso redundar en acciones violatorias de los derechos y las libertades ciudadanas.
En suma, la actual emergencia sanitaria plantea la necesidad de que las autoridades de todos los niveles de gobierno exhiban sensibilidad, mesura e inteligencia, así como comprensión cabal de todas las dimensiones y de los impactos de la problemática que se enfrenta, y que actúen en consecuencia.
En Cananea está abierta una herida por la que puede verse la decadencia de nuestra República. La población en la extremadura sonorense está rodeada de desiertos. Algún día próspera, agoniza hoy después de 21 meses de huelga. Las autoridades federales por instrucciones de Calderón intentan vencer por hambre la resistencia de los trabajadores.
Asombra la insensibilidad de la derecha frente a los símbolos. La huelga de 1906 en este mismo sitio fue reprimida con salvajismo por el régimen de Porfirio Díaz con intervención del ejército estadunidense. Este hecho se convirtió en antecedente de la revolución mexicana e impulsó la reforma que dio origen al artículo 123 de la Constitución, pero el espíritu antiobrero ha renacido con extremo vigor a 100 años de distancia. La oligarquía mexicana y el gobierno que le sirve mantienen la misma mentalidad reaccionaria. “No han olvidado nada ni han aprendido nada”.
Inclinarse de forma abusiva en favor de la empresa no es un caso aislado, es una política de Estado y no es nueva. Opera desde hace 25 años. Los obreros no tienen una verdadera representación sindical, la mayoría de sus derechos son letra muerta. Existe un proyecto para ampliar los privilegios en favor del sindicalismo oficial y de los patrones.
En la huelga de Cananea se ha llegado a la aberración de decretar la extinción del contrato colectivo invocando como causa “una fuerza mayor”, que no ha sido probada y tampoco, de acuerdo con la ley, es motivo para terminar el contrato y la huelga. Los tribunales federales han nulificado las decisiones del gobierno, pero éste insiste para ganar tiempo y debilitar a los trabajadores.
México tiene ante sí un panorama muy difícil. La economía declina y un déficit explosivo se hace inevitable por la caída del precio del petróleo. Agredir a la clase trabajadora es apresurar un conflicto social y político. Pero a Calderón no le queda más remedio. La familia Larrea, dueña de Minera Cananea, pertenece al grupo de los que aportaron 180 millones para imponerlo en la Presidencia. Él no tiene ninguna capacidad para enfrentar a los sindicatos corruptos, ni para eliminar los privilegios de los grandes grupos, ni para hacer una verdadera reforma fiscal, ni para proteger a los trabajadores. Optará por utilizar los recortes presupuestales y, muy probablemente, acelere el final del régimen.
jaorpin@yahoo.com.mx
Con la cómica excepción de Calderón y sus mejores financieros del mundo”, destaca que, a menos de un mes de su celebración (en el doble sentido), los círculos anglosajones de poder no están muy convencidos de los resultados de la cumbre disfuncional del G-20 en Londres.
La prensa británica en su conjunto ha pasado al sabio escepticismo, en el que resalta Martin Wolf, editor de economía de The Financial Times, rotativo portavoz de la globalización neoliberal, y quien cinco días más tarde a la cumbre da carpetazo al G-20 para ubicar el foco de atención de la crisis financiera global al G-2 (Estados Unidos y China).
Henry C. K. Liu –nacido en Hong Kong, educado en Harvard, de formación arquitecto y urbanista, quien luego montó una casa de inversiones en Nueva York, y prolijo colaborador del portal Asia Times– saca a colación con más de tres meses de retraso (22/4/09) la audaz propuesta de Zbigniew Brzezinski, ex asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter e íntimo de Obama, para establecer un G-2 entre Estados Unidos y China que “puede cambiar al mundo”.
Liu narra que Brzezinski lanzó “su propuesta para un G-2 entre Estados Unidos y China en una conferencia que impartió en Pekín el 13 de enero, una semana antes que Obama tomase las riendas del poder en Washington, para conmemorar (sic) el trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China”.
Los detalles, que pueden sonar aburridos, son fundamentales: “la conferencia fue apadrinada por el Instituto de Relaciones Exteriores del Pueblo Chino y el Instituto Kissinger sobre (sic) China y EU, y coapadrinada por el Comité Nacional de las Relaciones Estados Unidos-China, con el apoyo de la embajada estadunidense en Pekín y la cancillería china”.
La “amplia delegación” estadunidense estuvo encabezada por el ex presidente Carter (“durante cuya administración se establecieron formalmente las relaciones”), el anterior secretario de Estado, el republicano Henry Kissnger, y los anteriores asesores presidenciales de Seguridad Nacional, el republicano Brent Scowcroft y el demócrata Brzezinski, quienes fueron formalmente recibidos por el presidente Hu Jintao, el vicepresidente Xi Jinping y el primer Wen Jiabao.
En el resumen formal sobre su conferencia publicado de su puño y letra en The Financial Times (13/4/98), Brzezinski recuerda que Carter lo “había enviado a China en 1978 para iniciar las negociaciones secretas (sic) que resultaron en la normalización de las relaciones sinoestadunidenses”. Conjetura que “nuestro mundo es diferente, mejor (¡supersic!) y más seguro (¡extrasic!) debido a tal normalización”. ¡Se voló la barda Brzezinski!
Afirma que el “efecto” de tal cooperación en seguridad que benefició a ambos actores “fue cambiar el tablero de ajedrez global de la guerra fría en detrimento de la URSS”. Aflora la legendaria rusofobia del polaco-canadiense-estadunidense Brzezinski y la proverbial perfidia de Kissinger, quien se dedicó a tomar el pelo a los ingenuos soviéticos mientras los vendía a los chinos.
A juicio de Brzezinski, “en forma indirecta (sic), la normalización facilitó la decisión de Deng Xiaoping en llevar a cabo una reforma económica integral”. Queda claro, como hemos observado antes, que las reformas chinas de relativa apertura de su mercado no se gestaron en el vacío, sino en el marco de un arreglo geoestratégico entre Estados Unidos y China contra la URSS que ya habían amarrado Nixon y Kissinger en 1972 (para que no se luzca tanto Brzezinski).
Queda más claro que Kissinger y Brzezinski son las dos caras, una republicana y otra demócrata, de la misma moneda del irredentismo geoestratégico de Estados Unidos.
Brzezinski sopesa el estatuto presente de la relación bilateral en términos geoestratégicos y cita a la revista Liaowang (14/7/08) que describe la presente relación entre Estados Unidos y China como de “una interdependencia compleja” en la que “ambos evalúan al otro en términos pragmáticos y moderados” y en la que “ambos pueden competir y consultar dentro de las existentes reglas internacionales”.
Viene una frase que ha perturbado a los geoestrategas chinos: “una China en ascenso global es un poder revisionista (¡supersic!) al desear cambios en el sistema internacional”. Luego diluye su vino y considera que “los cambios que busca China los hace en una forma paciente, prudente y pacífica”. Pues sí: todo lo contrario del abordaje bushiano del que epifenomenológicamente hasta ahora Obama desea alejarse.
Se deduce que China ha cambiado más que Estados Unidos: “su pensamiento estratégico” se ha alejado del “conflicto de clase global (sic) y revolución violenta”, para situarse en el “ascenso pacífico” en la influencia global en búsqueda de “un mundo armónico”.
Brzezinski padece fijación mental por el término “global”, que en su libro –El gran tablero de ajedrez mundial: la supremacía (sic) de EU y sus imperativos (sic) geoestratégicos– representa el dominio del poder que creyó eterno de Washington y que en 13 años, desde que lo escribió en la etapa del paroxismo unipolar, ha pasado aceleradamente a su implosiva decadencia.
Coloca el contencioso del “programa nuclear de Norcorea” como una de las áreas donde “ambos pueden lidiar con desacuerdos residuales o potenciales”. Mientras Estados Unidos y China entiendan “la centralidad” de su “interdependencia”, entonces podrán lidiar con todo tipo de contenciosos.
Desde su proclividad megalomaniaca, Brzezinski propone un “gran objetivo compartido” que “expanda y profundice la cooperación geoestratégica”, más allá de la “necesidad inmediata para una estrecha colaboración para lidiar la crisis económica”. Las finanzas y la economía no son el fuerte de Brzezinski y se las prefiere dejar a la tripleta monetarista de Obama:Summers-Geithner-Bernanke, que no es muy negociadora que se diga con China.
Brzezinski define fluidamente los tres ámbitos de “gran cooperación geoestratégica”: 1. participación directa al diálogo con Irán; 2. consultas, primero, y luego, mediación informal en relación con India y Pakistán, y 3. la resolución del conflicto israelí-palestino.
Los tres ámbitos parecen representar la “zanahoria” diplomática de Brzezinski que resguarda el “garrote” bélico en caso de fracasar y donde China sufriría las consecuencias letales, las cuales nos atrevemos a traducir y subdividir en “petroleras” (por la interrupción del abasto en la región del Gran Medio-Oriente que incluye a Irán) y “nucleares” (la “calamidad regional” por un enfrentamiento atómico entre India y Pakistán, ambas fronteras con China).
Bajo la amenaza explícita del choque huntingtoniano de civilizaciones, permea el poder de daño altamente letal que Estados Unidos puede infligir a China (si no se pliega al modelo del G-2) en el “Gran Medio-Oriente”, específicamente en Palestina, Irán y el subcontinente indio.
¿Aceptará de nuevo China el pacto faustiano que propone Brzezinski, secundado por Kissinger, para cercar otra vez a Rusia? ¿Dónde quedaría la armonía multipolar?
En las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos sobre asuntos migratorios, era una tradición echarle la culpa al vecino. Y, obviamente, dada la relación de asimetría de poder que existe entre ambos países, México llevaba las de perder. Mejor dicho, eran los mexicanos migrantes los que llevaban la peor parte, porque eran perseguidos, explotados y deportados de manera sistemática.
Hace tiempo se puso de moda plantear la relación bilateral en términos de “responsabilidad compartida”. El concepto fue utilizado hace unos años por Jorge Castañeda, cuando se proponía hacer de la reforma migratoria una “enchilada completa”. Se partía del supuesto de que México proponía una reforma integral, pero al mismo tiempo tenía que poner algo de su parte. En realidad nunca se supo qué se podía ofrecer. Como sea, las nuevas coordenadas de la relación resultaban novedosas y sonaban bien, además permitían plantear los asuntos bilaterales en un contexto de igualdad, de países soberanos que se sientan a la mesa de las negociaciones en condiciones semejantes.
El planteamiento de la “responsabilidad compartida” es un paso adelante, con respecto al “me vale…” de la otra posición. Por muchos años México aplicó, en términos migratorios, la llamada “política de la no política”, es decir, dejar que las cosas fluyan, tomen su curso y luego ver qué pasa. Al fin y al cabo, el asunto de los indocumentados era un problema del vecino.
No sólo México aplicaba esa política, también la puso en práctica Estados Unidos después del Programa Bracero. En 1968, Estados Unidos aplicó el sistema de cuotas y a México le tocaron 20 mil visas, como a todos los otros países del orbe. La diferencia radicaba en que México, durante dos décadas, recibió entre 200 y 400 mil visas para braceros. Obviamente la cuota de 20 mil no resolvía nada y, en la práctica, había que dejar pasar a medio millón de indocumentados, para poder levantar las cosechas. Esta postura, la de no hacer nada efectivo para resolver el problema de contar con la mano de obra que se requiere de manera legal y ordenada, es semejante a la postura mexicana de no hacer ni proponer nada al respecto.
La otra solución es la de actuar unilateralmente. Fue la propuesta que llevó a cabo el gobierno del presidente Reagan en 1986 al lanzar la alarma roja cuando afirmó que Estados Unidos había “perdido el control de sus fronteras”. En realidad nada se había perdido, porque la frontera con México y con Canadá no tenía ningún tipo de control, más allá del simbólico: una malla ciclónica, en algunas partes, unos cuantos patrulleros y nada más.
Entre la política de la no política, la acción unilateral y la responsabilidad compartida, ciertamente hay un avance considerable. Se supone que algo podemos negociar con la tercera opción, mientras en las otras dos llevamos las de perder. El problema radica en que toda negociación, implica concesiones de ambas partes.
En términos migratorios la política de la “responsabilidad compartida”, tan cacareada por los académicos y políticos mexicanos, es un callejón sin salida. Porque nunca se ha definido cuál sería nuestra parte de responsabilidad. Por el contrario, nuestros vecinos tienen el panorama muy claro: lo que les interesa es exigirle a México que controle a su población y no permita el flujo de salida de mexicanos indocumentados. Pero esa propuesta choca de manera directa con la Constitución, que de manera clara y precisa se pronuncia por el libre tránsito. Y cualquier tipo de control atentaría contra los derechos básicos de los mexicanos. Ese no es un problema para los estadunidenses, ya que ellos sí ponen controles muy claros a sus nacionales y no les permiten viajar a determinados países. Hasta hace una semana Cuba era un ejemplo.
La posibilidad de controlar la salida de los mexicanos, implica, en cualquiera de los casos la militarización de la frontera. En 1954 se hizo el intento de impedir la salida de braceros que eran contratados unilateralmente en Estados Unidos, como medida para forzar a Washington a sentarse a renegociar el Programa Bracero. Se utilizó al Ejército mexicano para controlar la frontera y la medida fue un rotundo fracaso, además de tener un costo político considerable.
No obstante, en algunas sesiones de trabajo y en los pasillos de San Lázaro se habla de la posibilidad y la pertinencia de controlar la frontera. Una de las salidas propuestas es la de declarar la zona fronteriza del desierto de Sonora (Altar) como parque nacional y de ese modo controlar el ingreso. Otra medida sugiere legislar de manera precisa que la salida del territorio nacional sólo puede realizarse por las garitas establecidas y de este modo justificar el control fronterizo desde nuestro lado. Cualquier medida, desde la más extrema, hasta la más taimada, tendría un costo político considerable y una dudosa efectividad. Si nuestro vecino, con todos los recursos de los que dispone, no puedo controlar el ingreso, menos vamos a poder controlar nosotros la salida.
Otro posible tema que se puede poner en la mesa de negociación es el de la migración de tránsito. Pero esa labor, por no decir trabajo sucio, ya la realiza el gobierno mexicano, y lo está haciendo de mala manera. En este campo México enfrenta serios problemas de corrupción y derechos humanos. El asunto, incluso, va más allá, porque México pone restricciones a la migración legal de acuerdo con los particulares intereses de nuestro vecino. México es el país de América Latina que pone más restricciones para el ingreso legal de nuestros vecinos latinoamericanos.
Ahora, la frase mágica de la responsabilidad compartida ha pasado a ser el argumento ideal para discutir el tema del narcotráfico. Pero qué vamos a negociar, si desde hace dos años el gobierno ha emprendido una guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga, sin haber concertado nada efectivo con la contraparte. Hemos asumido nuestra responsabilidad, en el peor momento, cuando ya estaba de salida el gobierno de George W. Bush y no se definían ni siquiera los candidatos. Si es un asunto de responsabilidad compartida hay que buscar el momento propicio para negociar y exigir. Por lo pronto, para nosotros, el costo ha sido enorme: más de 10 mil mexicanos torturados, mutilados, masacrados, muertos , entambados, pozoleados o descabezados. Eran narcos, traficantes y asesinos, pero también eran mexicanos que merecían un futuro mejor.
Antonio Gershenson: Tarifas eléctricas: ¿desorden o fraude? Es sabido que pasan cosas fuera de lo que antes sucedía con las tarifas eléctricas. De un cobro, por ejemplo, de 500 pesos bimestrales, el siguiente recibo llega, también por ejemplo, de 3 mil pesos. A veces la diferencia es mayor, y en muchos casos el consumo real de la vivienda en cuestión es mínimo.
Se supone que el salto de la tarifa doméstica “normal” a la “de alto consumo” debería ser al rebasar el consumo de 250 kilovatios hora (Kvh) al mes, o sea 500 bimestrales. Pero no sólo eso. Ese debe ser el consumo promedio de los últimos seis bimestres, o sea del último año.
De modo que al que “reclasificaron”, por usar algún término, ya no regresa tan fácil, porque debe tener menos que ese consumo límite promedio de un año. Como es muy difícil saber qué pasa individualmente, vamos a ver lo que pasa globalmente, primero con el consumo doméstico.
Vamos a ver primero qué pasa con el consumo, o sea cuántos Kvh se consumieron en cada año. En el período de 2002 a 2008, hubo un aumento acumulado en el consumo doméstico nacional, o sea las dos grandes empresas de servicio eléctrico, de 24 por ciento. Pero en el dinero pagado globalmente por toda esta energía, el aumento acumulado en el mismo período fue de 116 por ciento. Desproporcionado, ¿no?
Si hacemos el cálculo, el porcentaje que resulta de estas dos cifras, que nos da el aumento acumulado del costo por Kvh, es de 74 por ciento en esos seis años, de 2002 a 2008. ¿Y qué sucede con las tarifas oficiales?
Las tarifas son muy complicadas. Debemos tomar, en el caso de la tarifa doméstica “normal”, un renglón típico, al fin que se supone que los criterios para aumentar estas tarifas son similares o iguales. Tomamos la tarifa intermedia, de la región central (la que concentra más consumidores), hasta 140 Kvh mensuales y en el mes de diciembre de cada año. Resulta que el aumento acumulado de la tarifa en el mismo período es de 30 por ciento. Esto está, obvio, fuera de proporción con el 74 por ciento de aumento real en el costo del Kvh cobrado.
Veamos qué pasa con la tarifa de alto consumo (TAC) en el mismo período y en las mismas condiciones. Y nos encontramos con un aumento de 78 por ciento. Se supone que la TAC se aplica sólo en casos de consumo muy alto que no son, ni de lejos, la mayoría. Por lo tanto, este porcentaje no puede, por sí mismo, explicar la gran diferencia entre el aumento real, medido, entre el 30 por ciento de aumento de lo que se supone debía cobrarse a la gran mayoría, y el 74 por ciento de aumento de lo que se cobró al conjunto de los usuarios en la realidad.
Hay dos posibilidades que, al mismo tiempo, pueden ser ciertas: una, los usuarios que en realidad cambiaron de categoría por haber aumentado su consumo en forma tal que rebasaron los 500 Kvh bimestrales en promedio anual; pero éstos no podrían ser millones, como para que su tarifa pesara mucho en el total. Por lo mismo habría una segunda posibilidad, en la que hubo una parte que “fueron reclasificados”, digamos, a la brava, con la alteración de su consumo.
¿Y si fue accidental la reclasificación? Pues tendría que ser, si es al azar, parte a favor del consumidor y parte a favor de la empresa eléctrica, o de la Secretaría de Hacienda, que finalmente se queda con el dinero y/o lo maneja. El promedio debería ser muy similar al de las tarifas. Y en la realidad, no tenemos noticia de que haya “errores” a favor del consumidor. Queda, entonces, muy reforzada la posibilidad de que sea una forma de “nivelar el presupuesto”, para usar el término de un funcionario.
Veamos otro caso importante, el del consumo para uso agrícola. Aquí hay falta de transparencia en el manejo de las tarifas. La tarifa 9, la original, ha subido de manera salvaje: de 26 centavos en diciembre de 2002, a 1.22 pesos en el mismo mes de 2008. Es decir, 363 por ciento de aumento. Hay una tarifa 9M, cuando la energía se recibe a un voltaje más alto llamado tensión media, y que no tiene una diferencia muy grande con la 9. Y tarifas muy baratas en comparación, la nocturna a 21 centavos y la diurna a 42 centavos, sólo a solicitud expresa del usuario y hasta un límite que fija la autoridad a su voluntad; después de ese límite entra la tarifa normal.
Con este cuadro, es obvio que, por decirlo dulcemente, la capacidad de gestión del usuario cuenta mucho. Hay que gestionar las tarifas baratas y su rango de aplicación. Y es obvio que los usuarios con mayor capacidad económica tienen también mayor capacidad de gestión con la autoridad. De modo que el subsidio está al revés de lo que debía de ser. Se subsidia más a los de mayor capacidad económica.
El resultado global, nacional, con los mismos criterios usados para las tarifas domésticas, nos muestra los siguientes resultados: aumento acumulado de los seis años del consumo en Kvh, 9 por ciento (esto incluye años en los que el consumo agrícola de plano bajó, por los altos precios y por la difícil situación del campo); aumento acumulado, en el mismo período, del dinero pagado por la electricidad, 77 por ciento; aumento acumulado del costo por Kvh en los mismos seis años, 62 por ciento. ¿Es eso subsidio al campo, apoyo al campo? Por supuesto que no. Es una contribución a la crisis en el campo, y en la proporción que se puede esperar, a la crisis del país. Junto con los aumentos al precio del diesel y al de los fertilizantes, estrangula al campo y a los campesinos. Y el daño humano no sólo es al campesino, sino al habitante de la ciudad que tiene que pagar más por sus alimentos o deteriorar su régimen alimenticio y su salud.
gershen@servidor.unam.mx Miércoles: los ingresos petroleros se reducen 60 por ciento, al pasar de 11 mil 447 millones de dólares (mdd) en el primer trimestre de 2008 a 4 mil 481 mdd en el de 2009. Como sabemos, los precios internacionales han ido a la baja, pero también la venta de barriles: de un millón 497 mil barriles en el primer cuarto de 2008, a un millón 279 mil barriles en 2009. ¿Profecía autocumplida de los modernizadores de mercado? ¿Arribo del juicio final de los dioses mayas? Vaya usted a saber, y el flamante pero nonato Consejo de Administración de Pemex a explicarlo, alguna vez.
Jueves: bien instalado en el hit parade de la economía mundial, por el tamaño de su producto interno bruto, México ocupa el lugar 11 entre las 35 mayores economías del mundo y rebasa a España (12) y a Corea (13), pero no a Brasil (9). Estar por encima de la otrora arrogante economía española requiere, sin embargo, de una nada mínima calificación: el producto por persona en la península más que duplica al nuestro, y su distribución del ingreso es menos injusta que la mexicana.
Desde ahí mirará México contraerse a su economía en poco menos de 4 por ciento este año, la mayor reducción esperada en toda la región latinoamericana según el Fondo Monetario Internacional. El curioso subsecretario de Hacienda puso en duda las proyecciones de su venerable Vaticano, y apelando a la incertidumbre se quedó con la proyección hacendaria de una disminución del PIB cercana a 2 por ciento. Cada quien con sus cifras, parece proponer Werner, pero el gobierno debería hacer su tarea completa y explicar las razones de esta y otras diferencias, con el Fondo ahora y con el Banco de México desde antes, así como su significado para la existencia del común de los mexicanos, digamos en el empleo o los salarios. De otra forma, seguimos en el nintendo de los expertos pero inermes como sociedad y con una política basada en el olvido y la opacidad.
Por lo pronto, y como quiera que vaya a ser, si juntamos la ahora “optimista” proyección de Hacienda con la cuenta petrolera al primer trimestre de 2009, y la proyectamos conservadoramente, el resultado es una caída libre, como las de la industria o las exportaciones anunciadas en estos días, en los ingresos fiscales. Ni el IVA o su triste sucedáneo, el IETU, podrán subsanar las restas petroleras y el impuesto a la renta no tiene más destino que el tobogán, habida cuenta de la recesión que afecta, aunque no por igual, ingresos personales y utilidades empresariales.
Este cuadrante ya es duro y se deja sentir con fuerza en la vida cotidiana de las zonas que más se beneficiaron de la apertura externa. En Ramos Arizpe, Saltillo o Torreón, en Monterrey, Tijuana o Ciudad Juárez, así como en Aguascalientes o Toluca, la crisis del automóvil deriva en receso múltiple en las autopartes, los talleres o el comercio aledaño, lo que desemboca en desempleo abierto cuya magnitud e intensidad eran desconocidas para las generaciones involucradas.
Una nueva pobreza, y una mayor desazón inundan las regiones “del TLCAN” y se aúnan a los panoramas desolados de la desigualdad y la penuria “conocidas” del centro-sur de que dan cuenta las cuentas sobre marginalidad del Consejo Nacional de Población o sobre la desigualdad en el desarrollo humano del PNUD. La callada por respuesta, o la pueril arrogancia del tecnócrata que se guiña el ojo con sus contrapartes en Washington, no pueden sino alimentar no la incertidumbre sino la certeza de muchos de que la cosa se puso grave y no hay a la vista cambio alentador alguno.
La semana se acercó a lo trágico con la alarma causada por la influenza. Junto con lo que ha ocurrido con la economía desde hace casi más de un año, lo que angustia no es sólo la dureza de los hechos sino la tardanza con que el gobierno reacciona y las maneras como al fin decide comunicarse con su sociedad.
Tardaron en reconocer la caída económica e incurrieron en lo que ahora no es sino un mal chiste cruel: aquello del catarrito. Y su plan anticrisis es más bien un homenaje diario al anticlímax.
Anunciaron la emergencia sanitaria una hora o más después de decidida, a las 11 de la noche, cuando muchos se preparan para dormir o han cambiado de canal para buscar algo sabroso. Y la capacidad real de atajar la amenaza con abasto y eficaz distribución está por verse. La manifestación de tapabocas azules de este viernes hablaba de fronteras con la histeria, a pesar del desparpajo juvenil que la vestía.
¿La cápsula del tiempo o la marcha de los locos?
Las instituciones del derecho del trabajo que se expandieron por el mundo en el siglo XX, que la Revolución Mexicana adoptó, adaptó y consagró en su Constitución y que luego florecieron en el derecho internacional, pasando a formar parte esencial del conjunto de los derechos humanos, a decir verdad, nunca han funcionado plenamente en nuestro país, ni con la eficacia que era deseable. Derechos como el de la libre contratación, el de huelga, el de asociación libre y voluntaria, el del salario remunerador y suficiente, el tiempo máximo de trabajo al día, una seguridad social que proporcione oportunamente servicios de salud, educación y vivienda digna, así como un sistema de justicia imparcial y equitativo, amén de muchos otros, la mayoría de las veces han sido una entelequia.
En los tiempos que corren hay, además, signos ominosos que nos muestran que esas instituciones que hicieron entrar a México en el mundo moderno andan moribundas o son ya cadáveres insepultos. Los gobiernos priístas y sus antecesores revolucionarios, con la luminosa excepción del de Cárdenas, jamás se distinguieron por proteger las relaciones del trabajo, y en ello ni los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, se escaparon. Los gobernantes panistas, por su modo de actuar, si no es que incluso por sus palabras, nos vienen demostrando que, para ellos, el mejor derecho del trabajo es el que no existe. Los hechos de Cananea en los dos años recientes lo muestran sin ningún género de duda.
El 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, obtuvo sin problemas y en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando inexistente la huelga y en otras tantas la justicia federal amparó a los trabajadores. El 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección amañada para verificar las condiciones de las instalaciones de la mina. Se hizo en un lugar donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial y los alcahuetes de Economía certificaron que la mina no estaba en condiciones de seguir operando.
En un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía produjo una resolución asentando el resultado de la inspección, notificó a la empresa de la misma y ésta presentó una demanda ante la Junta que fue admitida y, a la vez, se fijó audiencia para el 14 de abril. Pasada la medianoche de este día, la Junta declaró la terminación de la relación laboral. Pocos días después, al interponer una demanda de amparo, el sindicato minero obtuvo la suspensión del acto reclamado y la huelga sigue su curso. Al mismo tiempo, los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento y que la “inspección” era una farsa.
Lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que la continua agresión a los mineros de Cananea implica, abiertamente, la conculcación en los hechos de las instituciones del derecho del trabajo. La “causal” que la Junta admitió sobre la base de la inspección de Economía no entra, como lo ha hecho ver Néstor de Buen, en los supuestos que se establecen en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo para levantar una huelga: acuerdo entre las partes; aceptación del patrón a lo que se le demanda; laudo de árbitro que ambas partes decidan o laudo de la Junta si los huelguistas someten el conflicto a su consideración. Tampoco está entre las causales de inexistencia de la huelga y, ante todo, la resolución de la Junta es violatoria de los derechos que produce el contrato de trabajo y los términos de la ley, aparte de que es un golpe brutal al derecho de huelga.
La terminación de la relación o contrato de trabajo es un concepto jurídico que no ofrece ningún problema: quiere decir simplemente que ya no existe. Los hechos, sin embargo, son necesarios para decidirlo y la ley los fija. Aquí el problema es que la huelga, derecho establecido por la ley (y la Constitución) y reivindicado y aceptado en el contrato de trabajo, forma parte de la relación y es una necedad afirmar que es algo independiente de ésta. Sí hay huelga y, además, ha sido amparada cuatro veces por el Poder Judicial federal la relación existe. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, debería dedicarse a chicanear en otra parte y no decir idioteces como aquella de que “no habiendo contrato colectivo, entonces no hay huelga”.
Si la huelga y las condiciones en que se podía realizar se preveían como condiciones para el cumplimiento del contrato, es lógico que mientras haya huelga la relación subsiste y la ley lo impone. Las instalaciones de la empresa quedan a cargo de los huelguistas y su deterioro, por lo demás, fue meramente inventado por la empresa y la Secretaría de Economía. Mientras haya huelga subsisten también las condiciones para negociar; si se recurre mañosamente a otro expediente, no se está negociando y, ya desde aquí, se está violando el derecho de huelga y el mismo contrato de trabajo.
No es posible saber cómo es que a Don Roque se le pudo venir a la cabeza que “todo lo que hace la STPS en cuanto al conflicto minero es para resolverlo y no para agravarlo”; según él, la resolución de la Junta ahora permitirá “restablecer la normalidad en un sector clave de nuestra economía, aumentar la productividad, la generación de riqueza, el ingreso de los trabajadores, establecer la normalidad de las relaciones laborales, la paz laboral”. Pues sí: destruyendo el contrato colectivo de trabajo, declarado por sus gatos “inexistente”; echando a mil 200 trabajadores con una miserable liquidación y, si se resisten, desalojarlos con 400 policías que al mismo tiempo se instalaron en las inmediaciones. Es la solución panista a los conflictos de trabajo.
¿A quién defiende el gobierno panista? Pues a Germán Larrea, dueño, junto con algunos socios menores, de Grupo México. Larrea defraudó a la Asarco (antigua propietaria de la mina de Cananea en tiempos del porfirismo) por miles de millones de dólares y en Estados Unidos se sospecha que el narcotráfico utiliza Ferromex, también de su propiedad, junto con la Union Pacific, su socia; pero es uno de los hombres más acaudalados de México, de esos a los que el gobierno panista cuida y protege para permitirles enriquecerse sin medida. De ello depende que el país produzca más para que unos cuantos dueños de la riqueza se embolsen todo lo que queda.
No entiendo el revuelo causado tras la donación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela a su homónimo estadunidense del ensayo Las venas Abiertas de América latina. Dicho gesto está derramando más tinta informativa que la persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega a las mujeres que abortan, que las políticas represivas de la presidenta Bachelet a las comunidades mapuches, que las matanzas de campesinos a manos del gobierno de Álvaro Uribe o el asedio a las comunidades zapatistas por parte del gobierno de Felipe Calderón en Chiapas. Sin olvidar el silencio mediático a las acciones del gobierno de Lula contra el movimiento de los sin tierra o la entrega de la selva Amazónica a las trasnacionales. Y qué decir del enmudecimiento al elevado nivel de corrupción del gobierno de Cristina Kichner en Argentina.
La sociedad del espectáculo prefiere la farándula. Se apegan a lo fácil y lo superficial. Acertado o no el regalo, quien debe opinar, tras su lectura, es el agasajado. O acaso, preferían que le entregase una edición de las Obras completas de Simón Bolívar o Francisco de Miranda. Tal vez debía inclinarse por Howard Zinn y su famosa La otra historia de los Estados Unidos. No, en su fuero interno, el presidente venezolano optó por Las venas abiertas de América Latina, una entre otras muchas. Sin duda, hubo quienes le aconsejarían haber pensado en Nuestra América, de José Martí, o Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez, o Doña Bárbara, por hacer patria. Las posibilidades eran múltiples. En cualquier caso, para los representantes de los medios de información pertenecientes a los grandes monopolios informativos, la noticia estaba en el gesto y su protagonista, el presidente Chávez. Una vez acotado el autor del gesto, lo siguiente venía rodado. Haga lo que haga, siempre lo hará mal y será un acto vulgar y caricaturesco. Es la lógica esquizofrénica del doble vínculo, propio de la siquiatría clínica aplicada a la crítica política. Ante dos opciones sea cual sea la elegida, el hacedor será siempre cuestionado por elegir la opción equivocada. Forma parte de una construcción paradójica y ofrece la posibilidad para deslegitimar la decisión. En este caso, sólo ha faltado mencionar que no contento con elegir mal, su arrogancia le hizo olvidar que Obama no lee en castellano. Un doble insulto. Debía haberse informado y optar por la versión en lengua inglesa.
Sin embargo, saltándose el protocolo, tuvo el descaro de darle la mano y ofrecer el tan traído ensayo. A continuación se urden estratagemas interpretativas de diván sicoanalítico para explicar el motivo secreto de tal acto. ¿Qué esconde la intención? ¿Pretende lavar el cerebro de Obama?
Al día siguiente de dar la noticia, muchos se apresuraron a comprar el susodicho titulo, disparándose sus ventas. Seguramente Eduardo Galeano recuerda hoy con cierta nostalgia de autor, al final de la campaña del PSOE, en medio del discurso compulsivo de Javier Solana contra la OTAN, su presencia en la Plaza Mayor de Madrid, apoyado en los soportales, con una mesa plegable, vendiendo Las venas abiertas. Pocos lo reconocimos. Hoy deberá estar pendiente para que no le esquilmen sus derechos de autor. La historia no olvida.
Sin embargo, el gesto del presidente Chávez se torna un factor más, en manos de sus detractores, para desacreditar a la República Bolivariana y su presidente. Así, se emprende una diatriba contra su política interna entre los cuales podemos destacar los programas de vivienda social, educación, salud popular y de participación en el proceso de toma de decisiones en políticas públicas antes reservadas a la clase política. Es un populista y un caudillo, se dirá. Igualmente, se arremete contra su acción exterior. Se busca deslegitimar su política en América latina. Desde el proyecto de la Alba, la creación de un banco regional y adopción de una moneda única, el Sucre, pasando por sus denuncias contra el bloqueo hacia Cuba o su defensa al gobierno constitucional de Evo Morales.
Hay muchos que ven en sus palabras y actos, un obstáculo para seguir esquilmando las riquezas naturales y vivir como auténticos plutócratas, en medio de la miseria y la explotación de sus connacionales. En este sentido, no les gusta su empeño en promover una América Latina soberana en el terreno internacional. Es por este motivo y no otro que atacan a su persona y sus actos, sea cual sea su índole. Puede ser desde un regalo, cantar en una fiesta, dar el pitido inicial a un partido de futbol o beisbol. Todo se puede utilizar en su contra y sirve para tal propósito. En este caso ha sido un libro, el contenido y su autor es lo de menos. Otro hubiese sido igualmente útil para la ocasión.
Seguramente Las venas abiertas de América Latina resumen de forma épica las luchas de los pueblos latinoamericanos y ninguno de los hechos relatados es falso. Recoge fielmente algunos de los momentos degradantes de la actuación del imperialismo y las clases dominantes de nuestro continente, a la par que expone con dolor, en ocasiones con frustración, las luchas de las clases oprimidas por la dignidad, la democracia y la justicia social. Estoy convencido que ha sido esta manera de presentar la historia desde abajo lo que más irrita a sus detractores. Ello pone en evidencia como son y como se comportan las oligarquías y aristocracias latinoamericanas, junto con sus socios europeos y de Estados Unidos. Se sienten insultados.
En España, sin ir más lejos, el corresponsal para la cumbre de Trinidad y Tobago, Antonio Caño, opta por descalificar la obra al adjetivarla de calenturienta, maniquea, izquierdista, poco rigurosa y falta de objetividad. Opinión a la cual se sumarían tertulianos adscritos a las cadenas de radio y televisión, públicas y privadas. Así, un sin número de personajes de la farándula política decidieron aplicar la inquisición y dar puyas a su autor. Los detractores del gesto del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, encuadran Las venas abiertas en una visión esquemática proveniente de una generación de revolucionarios anticapitalistas llena de rencor hacia Occidente y su cultura. Hoy recogen su relevo antisistémicos y globalofóbicos. Hugo Chávez recoge el testigo, siendo el verdadero motivo para regalarlo al mayor representante de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en el mundo. ¿Tal vez buscaba su reconversión? Todo es posible. Aun así, Las venas abiertas de América Latina tiene vida propia. No deja de alertar sobre lo estúpido de guardar silencio ante tanta ignominia.
Hace algunas semanas, la Banda de Concierto de la Universidad de Yale visitó la ciudad de México para presentarse en la Sala Nezahualcóyotl. El programa propuesto contenía, es cierto, algunas cosas interesantes, pero se antojaba escuchar a la banda, sobre todo por la bien ganada reputación que tienen los ensambles de alientos de las instituciones académicas de Estados Unidos. Al final del día, ni lo uno ni lo otro se materializaron, y lo escuchado esa tarde se presta no sólo al comentario meramente musical, sino también a algunas consideraciones culturales de mayor alcance.
Bajo la conducción de Thomas Duffy, la Banda de Concierto de Yale inició con la poderosa, dinámica Obertura festiva, de Shostakovich. Una banda que pifia notablemente el primer acorde de la primera obra de su concierto no se deja mucho espacio para un correcto desempeño sonoro y, en efecto, el ensamble siguió caminando con el pie izquierdo a lo largo de la velada después de haberlo plantado de manera firme y sonora desde el inicio de su concierto. Después, una transcripción del Sensemayá, de Revueltas, ejecutada apenas con corrección, con evidente preocupación por descifrar el extraño e irregular compás de la obra, lo cual les impidió meterse de lleno en el poder y la sensualidad de la partitura. Hay quienes dicen (chovinistas ignorantes, al fin y al cabo) que se necesita ser mexicano para tocar bien a Revueltas. Una simple patraña, como tantas otras. Basta escuchar, por ejemplo, las versiones de Sensemayá grabadas por Esa-Pekka Salonen, con la Filarmónica de Los Ángeles, y por la Ebony Band de Amsterdam, bajo la conducción de Werner Herbers. Ya quisieran muchos de nuestros músicos.
No le fue mejor a la Banda de Yale con la transcripción de la Sinfonía india, de Carlos Chávez, a cuya ejecución le faltó, sobre todo, la potencia que es indispensable en las últimas páginas de la obra. De hecho, esta fue una constante a lo largo del concierto; extraña que un ensamble musical formado por jóvenes toque con tan poca convicción y con tan poco espíritu lúdico. Pero más que estas y otras carencias específicamente musicales, destacó sobre todo la sempiterna actitud paternalista que los músicos estadunidenses suelen tener hacia la música de México y, por extensión, hacia su público. No sé si venir aquí a tocar tímidas versiones de obras de Chávez y Revueltas sea un apreciable gesto de deferencia, o simple falta de imaginación. Lo que es francamente censurable, por ejemplo, es incluir en el programa dos mediocres y olvidables pasodobles españoles, y que el director los anuncie, con feo acento y beatífica sonrisa, como “un poco de música mexicana”. Parece mentira que el director de la banda de música de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos todavía crea que los greasers de este lado de la frontera nos vestimos de traje corto andaluz con sombrero de bolitas, y que el atuendo natural de las mexican señoritas es de rigurosa mantilla y peineta. Esta actitud fue reflejada fielmente en la selección de la última obra del programa, La fiesta mexicana, de H. Owen Reed, pastiche sin ton ni son de falsos y mal urdidos “mexicanismos” sonoros. A pesar de todo esto, nuestro cada vez más inculto y complaciente público no dudó en ponerse a batir palmas (con una lamentable falta de ritmo) para acompañar una pieza de David Amram, ofrecida por la banda fuera de programa.
Insisto: más que el mediocre desempeño musical de la Banda de Conciertos de Yale y su director, lo que queda es la confirmación de la actitud zafia y condescendiente de ciertas instancias culturales estadunidenses que no han querido aprender, entre muchas otras cosas, que lo que está de este lado del Río Bravo no es lo mismo que lo que está más allá del Río Manzanares. Prueba contundente: en las notas de programa que la banda envió para su concierto se afirmaba que “la palabra maya ‘sensemayá’ se refiere a un ritmo o canción ritual popular”. ¿Maya de Camagüey, o de Pinar del Río? Me queda la duda.
Carlos Monsiváis
¿Qué se fizo de la provincia?
El Ejército patrulla las calles de las ciudades afligidas por el narcotráfico de aquí a 2013 (información de Sedena); las atrocidades de los narcos son el tema recurrente en las conversaciones y los pavores aquietados a fuerza del sueño de la huida; abundan los relatos de muertos y prófugos en cada región; las economías “sospechosas” son el tema de habladurías y de admiraciones no muy marginales; se comenta de varias maneras el fin de la tranquilidad que había durado demasiado para ser cierta.
El narcotráfico rehace con violencia la imagen interna y externa del país y modifica una visión histórica de la provincia.
* * *
Por más de un siglo se vivió la creencia que aún no se disipa: en México sólo hay dos regiones. La capital y la provincia. La capital concentra los poderes, las zonas de expresión libre (relativamente), los estímulos, las interpretaciones “planetarias”; a la provincia le toca el otro catálogo: la significación que se le quiere conceder a la insignificancia, las revueltas, la indefensión ante los desastres naturales, la represión moral, las migraciones de la gente valiosa, los éxitos mínimos y el catálogo de la violencia, que es en lo básico las impunidades otorgadas por los intereses creados al machismo primitivo. Según la visión arrogante del centralismo, a la provincia, término forzosamente peyorativo, la han distinguido la historia lineal, la historia que lleva el nombre y el apellido de los hombres fuertes, la historia de las manías circulares del tedio. Y el regionalismo (cualquier regionalismo) ha sido por antonomasia lo insuficiente, lo mezquino, lo payo. Regionalismo y localismo son las categorías opuestas por principio a lo nacional.
* * *
Una descripción precisa de lo que antes del despegue de la violencia se entiende en América Latina (y en el mundo) por vida provinciana, la da en un gran texto el poeta puertorriqueño Luis Palés Matos:
¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo
donde mi pobre gente se morirá de nada!
Aquel viejo notario que se pasa los días
en su mínima y lenta preocupación de rata;
este alcalde adiposo de grande abdomen vacuo
chapoteando en su vida tal como en una salsa;
aquel comercio lento, igual, de hace 10 siglos;
estas cabras que triscan el resol de la plaza;
algún mendigo, algún caballo que atraviesa
tiñoso, gris y flaco, por estas calles anchas;
la fría y atrofiante modorra del domingo
jugando en los casinos con billar y barajas;
todo, todo el rebaño tedioso de estas vidas
en este pueblo viejo donde no ocurre nada,
todo esto se muere, se cae, se desmorona,
a fuerza de ser cómodo y de estar a sus anchas.
¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo!
Sobre estas almas simples, desata algún canalla
que contra el agua muerta de sus vidas arroje
la piedra redentora de una insólita hazaña...
Algún ladrón que asalte ese banco en la noche,
algún Don Juan que viole esa doncella casta,
algún tahúr de oficio que se meta en el pueblo
y revuelva estas gentes honorables y mansas.
¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo
donde mi pobre gente se morirá de nada!
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Es abrumador el costo político, cultural, sicológico, del prejuicio que, por casi dos siglos, a “la provincia” le depara “la minoría de edad”. El centralismo se constituye también por lo que no sucede en las regiones: los desarrollos culturales que no se dan, las liberaciones que no se producen, el rechazo del caciquismo y la intolerancia que no prospera. El camino a la integración nacional ha pasado por el desprecio a regiones y pueblos, y por una certidumbre sardónica: el atraso es la realidad cultural y sicológica que “le va” a lo alejado del centro. Se santificó el juego de los opuestos: civilización y barbarie, capital y provincia, cultura y aislamiento. Hombres fuertes, comunidades débiles. Intelectual que se quede en el terruño, intelectual que desaparece.
En las batallas políticas entre el centro y los grupos regionales, invariablemente gana el centro, aun si a la depresión económica le siguen de tarde en tarde concesiones políticas. En 1929, la conformación del Partido Nacional Revolucionario, con su unificación de facciones, es un homenaje a la gloria del centralismo y a la pequeñez comparativa de las regiones.
En el periodo de la primera domesticación institucional del país (1940-1970), los gobernadores suelen cifrar su mérito en el desconocimiento de la entidad que dirigen, y hay diputados y senadores que son, en el mejor de los casos, embajadores ocasionales del centro. En este panorama, el regionalismo deviene estrategia de las compensaciones: las identidades locales son guías candorosas en el laberinto de la postergación.
A lo regional le tocan el arrasamiento del equilibrio ecológico, el saqueo de materias primas, la carencia de autonomía política, la endeblez o la inexistencia de oportunidades culturales, la inserción desventajosa en la economía nacional. A principios del siglo XX, varias ciudades tienen grupos culturales importantes, si no comparables a los de la capital sí, por lo menos, con actividad sistemática. Ya en 1960 la capital lo retiene todo, y en 1983, por dar un ejemplo básico, sólo en 12 de las capitales de los estados hay bibliotecas públicas en algo dignas de ese nombre.
Es muy diversificada la operación que despoja a la provincia de posibilidades de crecimiento proporcional y de trato justo. El centralismo despolitiza a fondo, expulsa a los ciudadanos de la esfera pública, desinforma para secuestrar las interpretaciones críticas. Para esto se sirve del control rígido en radio y televisión, y de ese periodismo al servicio del ocultamiento y la perversión de la noticia, aún hoy activísimo.
Escritor
