EL UNIVERSAL:
EXCÉLSIOR: CHÁVEZ AMAGA A CEMEXEl presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció ayer la nacionalización de “toda la industria del cemento” en el país, lo que representa una decisión que afectará a la compañía mexicana Cemex, que es la mayor productora de concreto en esa nación. “Vamos a nacionalizar la industria del cemento. Ya basta, se llevan el cemento a partir de este instante tómense todas las medidas jurídicas y económicas para nacionalizar en el corto plazo toda la industria cementera nacional.” VER NOTA COMPLETA
MILENIO: NACIONALIZA CHÁVEZ CEMEX-VENEZUELAEl presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció ayer la nacionalización de “toda la industria del cemento” en el país, en respuesta a la supuesta actitud de ese sector que, según ha dicho el mandatario, exporta la mayoría de su producción en detrimento de los planes oficiales de vivienda. El grupo Cemex es el mayor fabricante de cemento y hormigón de Venezuela, donde posee tres plantas con una capacidad de producción de 4.6 millones de toneladas de cemento al año, lo que implica una participación de mercado de 52 por ciento. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA:
LA CRÓNICA: FCH: EL DIAGNÓSTICO NO ES CATASTROFISTA; IGNORARLO, SÍIgnorar los datos del diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos “por temor, por interés político o por intereses de grupo, sí sería una catástrofe”, aseguró el presidente Felipe Calderón al defender el contenido del documento presentado el domingo pasado por la Secretaría de Energía. El Primer Mandatario endureció ayer su discurso al señalar que los datos que la oposición ha calificado “como de catástrofe”, son reales y preocupantes por lo que urgió a “actuar ahora antes de que sea demasiado tarde”. VER NOTA COMPLETA
■ Repsol obtendrá 21,650 millones y sólo liquidará a Perú 6,026 millones
En un comunicado emitido ayer, el “presidente legítimo” respondió a los argumentos vertidos el lunes por la CFE –que defendió la legalidad del contrato– y demandó que el funcionario explique por qué al aceptar la intermediación de Repsol no se consideró que el costo del gas, incluyendo utilidades, es de sólo 2.45 dólares por millón de BTU, pero la empresa española lo cobrará a 8.80 dólares, a precios de marzo de este año.
Si bien la CFE argumentó que el convenio implica un gasto de 15 mil millones de dólares por 15 años, López Obrador detalló que en las condiciones del convenio se acordó que éste tiene como referencia el índice Henry Hub, que continúa al alza. Por eso, el mes pasado el monto de la operación se incrementó a 21 mil 650 millones de dólares, mientras Repsol sólo pagará a Perú 6 mil 26 millones de dólares en ese periodo.
Como la ganancia para Repsol será de aproximadamente 15 mil millones de dólares, en su comunicado López Obrador pregunta: “¿Cuál ahorro, señor Alfredo Elías Ayub?”
Además, enlistó otras ocho preguntas para cuestionar por qué, si se buscaba un ahorro, no se contrató el suministro de gas de manera directa con el gobierno de Perú.
También inquirió cómo es que la trasnacional española sabía, desde diciembre de 2005 –cuando se sumó al grupo de compañías que ya negociaban la compra de gas al gobierno peruano–, que la CFE abriría una licitación pública para suministro del combustible, y que la ganaría 21 meses después.
Agregó: “¿A qué acuerdos llegó usted, señor Elías Ayub, con Repsol, antes de la licitación, que llevó a esta empresa a negociar a finales de 2005 su participación como inversionista en el consorcio de empresas que explotan el gas en Camisea, Perú, y a obtener en exclusiva la comercialización del gas que sería extraído de esta región?”
También pregunta al funcionario por qué antes de publicarse la licitación Repsol informó a las autoridades de Perú que el gas sería vendido en México, y por qué la CFE recortó en dos ocasiones el periodo de suministro de 25 años de gas a 20 y más tarde a sólo 15 años, hasta ajustarlo a los términos del contrato que Repsol obtuvo en Perú, precisamente por 15 años.
Se requiere, agregó, que la CDE aclare por qué finalmente Repsol fue la única empresa que presentó una propuesta técnica y económica.
También le pregunta a Elías Ayub: “¿Sabía Felipe Calderón de este negocio o fue un asunto nada más de usted? ¿O acaso Calderón sólo estaba enterado ‘en lo general’, como en su momento dijo Juan Camilo Mouriño, tratándose de defender ante la acusación de tráfico de influencias, conflicto de intereses y lo que resulte?”
López Obrador confirmó que el lunes entregará todo el expediente del caso a los legisladores del Frente Amplio Progresista para que éstos, a su vez, soliciten a la Auditoría Superior de la Federación iniciar una investigación. Porque, insistió, el costo que implicará el contrato con Repsol se trasladará a los consumidores de energía eléctrica, además de que causó daño patrimonial.
A la convocatoria de la secretaria de Energía y del director de Pemex para un debate amplio sobre la reforma energética, respondimos afirmativamente en nuestro carácter de ser uno más de los numerosos grupos y personas interesados en uno de los asuntos fundamentales del desarrollo nacional. A la invitación primera no han seguido propuestas del gobierno federal sobre las formas y los métodos del debate y, en abierta contradicción con la propuesta, el Partido Acción Nacional da por inexistente el llamado a discutir y anuncia que serán ellos y no el Poder Ejecutivo, quien envíe el proyecto a las Cámaras. También, y en sentido complementario, el senador Manlio Fabio Beltrones decide que no hace falta el debate y que ya todo debe estar en manos de expertos. Eso es, de modo tajante, el llamado a la privatización del conocimiento, sin más. Los expertos tienen necesariamente, la última palabra, pero en una democracia, esa última palabra se integra por las decisiones informadas de la colectividad.
Suponíamos y suponemos que el Ejecutivo tiene por razón natural una información abundante sobre el petróleo, muy superior a la de Acción Nacional, pero cada grupo decide cómo distribuye sus costos políticos. Y, también, es curioso que el PRI, por voz de su líder, decida que a los ciudadanos, en su calidad de no expertos, les toca callar y obedecer.
Confiamos en las virtudes críticas del debate y por eso insistimos en mantenerlo como salida racional. Por eso ahora presentamos una definición posible de la privatización del petróleo. Estamos seguros que por su carácter crucial, la discusión continuará. ¿Cuál es la prisa?
Privatización significa vulnerar el principio constitucional que hace de la Nación la propietaria de los recursos del subsuelo, en especial de los hidrocarburos, y reducir la exclusividad de Pemex en la explotación de los recursos petroleros de la Nación. Privatizar es entregar parte de esa riqueza a empresas nacionales y extranjeras, afectando la soberanía nacional y el presente y el futuro de los mexicanos.
Atentamente
Carlos Monsiváis
Sergio Pitol
Elena Poniatowska
Fernando del Paso
Margo Glantz
Hugo Gutiérrez Vega
Enrique González Pedrero
Laura Esquivel
José María Pérez Gay
Guadalupe Loaeza
Lorenzo Meyer
Arnaldo Córdova
Rolando Cordera
Ida Rodríguez Prampolini
Luis Javier Garrido
Víctor Flores Olea
Héctor Vasconcelos
Carlos Payán
Héctor Díaz Polanco
David Ibarra
Enrique Semo
Carlos Pellicer
Jorge Eduardo Navarrete
Luis Linares
Antonio Gershenson
Roberto Garduño, Víctor Ballinas, Andrea Becerril, José A. Román y Angeles Cruz
El diputado perredista José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa, destacó que “la situación de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en los operativos policiacos que realizan han tomado tintes alarmantes”.
Dijo que desde febrero pasado, los legisladores de su partido advirtieron que en Baja California y Tamaulipas los elementos castrenses habían cometido diversas transgresiones a las garantías fundamentales de los ciudadanos e impuesto un estado de excepción.
Mientras, el senador Carlos Navarrete, también del PRD, aseveró que si el gobierno de Felipe Calderón no atiende los llamados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el presidente del organismo, José Luis Soberanes, “debe sacar la casta” y tomar otras medidas de apremio, ya que tiene instrumentos para hacerlo”.
Durante la sesión de ayer en el Senado se cabildeó un punto de acuerdo en el que todas las fuerzas políticas solicitan que se brinden mayores facilidades a la CNDH para la realización de sus labores en el estado de Chihuahua. La senadora panista Teresa Ortuño dijo que deben combinarse dos aspectos: la lucha contra el crimen organizado en Chihuahua y velar en todo momento por el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Quien no tenía mucha información sobre el tema es el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Jorge Mendoza. Sólo comentó que buscará reunirse con Soberanes “para que me diga qué quiere”.
En tanto, organizaciones civiles plantearon la posibilidad de presentar una denuncia ante organismos internacionales, a fin de que desde fuera se exhorte a México a cumplir los compromisos que ha contraído en materia de defensa de derechos humanos, y el presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano, Gustavo Rodríguez Vega, consideró que las denuncias contra los militares que actúan en el combate al narcotráfico deben atenderse “hasta sus últimas consecuencias”.
Rodríguez Vega expresó su deseo de que la labor del Ejército en esta tarea “termine lo más pronto posible”, en beneficio de los derechos humanos y la tranquilidad de la población. “No es conveniente que se prolongue por mucho tiempo la presencia de los militares en esta lucha contra el narco y el crimen organizado. Se ha venido generando un ambiente muy tenso y de preocupación en todas las ciudades donde ha llegado el Ejército, especialmente en la frontera”, dijo el también obispo auxiliar de la arquidiócesis de Monterrey.
En San Lázaro, el diputado perredista Suárez del Real sostuvo que lejos de frenarse los atropellos, abusos y vejaciones de soldados contra ciudadanos, “ahora somos testigos de cómo elementos militares violan el principio de presunción de inocencia consignado desde 1871 en el Código Penal Federal e imponen un régimen de persecución”.
A su vez Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, señaló que la estrategia es errónea, pues antes de sacar a los militares a las calles tendría que haber resuelto los problemas de impunidad y corrupción que existen en las estructuras policiacas.
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Debato, luego privatizo
■ IFE Money, Gordillo, PRD
■ Rememorar en Puebla
Otro acto de deshonra pública está a cargo del rápidamente desgastado consejero presidente del Instituto Federal del Monitoreo Electoral (IFE Money), el siempre sorprendente L. V. Zurita, que se ha revelado como todo un gourmet del presupuesto, deseoso de incrementos económicos antes de dar siquiera medianos resultados de algún asunto más o menos aceptable. Los pasos del citado IFE Money han sido sostenidamente lamentables: desde la propuesta leonardina de organizar apresuradas exhibiciones bajo vitrina de documentación electoral de 2006 antes de destruirla, hasta los aumentos salariales y la pretensión de más presupuesto para quemarlo, entre otras cosas, en procesos de verificación de pautas de espots partidistas (chido: según eso, con la tal reforma electoral se hicieron ahorros que ahora serían gastados en ver que se cumplan los términos de la reforma que hizo ahorros para que…) Por lo pronto, desde la jefatura máxima del IFE V. Zurita, es decir, desde los dominios de Manlio Fabiruchis, se ha expresado rechazo a la voracidad de los “nuevos” consejeros.
La profesora Gordillo exhibe a todo México la crudeza del poder caciquil. Por un lado, cumple con la farsa de un congreso electoral que acaba confirmando que la jefa sigue siendo jefa, con su mismo caporal, Rafael Ochoa, y cambios menores en la distribución sólo nominal de un poder que no tolera disidencias. La coordinadora de acción electoral subterránea de la campaña presidencial panista de 2006 ha recibido, además, regalías agradecidas de su pupilo llegado a Los Pinos: formas de exención fiscal para demostrar que la presidencia formal de la República es agradecida con sus puntales, concediendo beneficios exclusivos a las fuerzas armadas (aunque hay descontento entre militares porque las promesas no se han cumplido plenamente) y a las fuerzas electorales (el gordillismo especializado en manejo de mapaches).
Los aspirantes a presidir el PRD siguen empeñados en hacerse de un triunfo que desde hace rato está deslegitimado. No es posible ocultar la gravedad de lo sucedido (en esta elección y en anteriores) argumentando el uso político que, de manera obvia y natural, de esa circunstancia hacen los adversarios de esa dizque izquierda. El partido del sol azteca se ha mostrado tal cual es: un amasijo de intereses menores (plurinominales) disputados por bandas diferenciadas por el uso de la fraseología de izquierda y por la pertenencia provisional a proyectos políticos dialoguistas o impugnadores del poder presidencial fraudulento. El acuerdo al que según eso habrían llegado ayer Encinas y Ortega, de respetar los resultados que arrojen los órganos institucionales del PRD, sin impugnarlos ante instancias federales, es una confesión de que esos comicios internos son irrecuperables (mucho menos susceptibles de “limpias”, como con ánimos detergentes proponen cochambrosamente unos y otros) y que a fin de cuentas lo que se busca es el arreglo privado, la negociación a oscuras.
Y así se llega en esta columna a las Memorias de una Infamia que este sábado serán presentadas en el zócalo de la ciudad de Puebla, a las 12 horas. El libro con ese título, que ha escrito Lydia Cacho, narra la historia que en sus tramos más conocidos arrancó con el secuestro de la periodista en Cancún y su traslado irregular y ofensivo a Puebla, donde fue encarcelada y procesada en una obscena confabulación de poderes que fue conocida a nivel nacional mediante grabaciones en las que se escuchaba al gobernador Mario Marín, desde entonces llamado “precioso”, y al empresario financista de campañas electorales e involucrado en actos de pederastia, Kamel Nacif. Para demostrar que las infamias continúan, y que la impunidad incuba nuevas agresiones, la presentación de las citadas memorias ha sido poco difundida en algunos medios poblanos de comunicación y, según los organizadores del acto, entrevistas concertadas fueron suspendidas. En el colmo de la censura aldeana, la empresa Impresión total, soluciones creativas, que había firmado contrato para mantener en un lugar público una lona con información sobre el libro de Cacho y la mencionada presentación, retiró ese material publicitario el pasado domingo porque, según eso, las autoridades determinaron que no cumplía con las especificaciones oficiales protectoras de la seguridad de la población. De inmediato se colocó, con las mismas medidas de la lona relacionada con Cacho, otra en la que se anuncia una feria de artículos para bebé (nota de La Jornada de Oriente).
Y mientras en el DF sigue la polémica por las restricciones a fumadores, ¡feliz fin de semana!
■ La entrega de la ex candidata presidencial, solamente con el canje de 500 rebeldes: Rodrigo Granda
■ Poco probable, que Tirofijo acceda a que un médico francés la atienda, estima el Polo Democrático
Jorge Enrique Botero (Corresponsal)
Rodrigo Granda, jefe guerrillero excarcelado hace seis meses por solicitud del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo que las FARC no realizarán más liberaciones unilaterales, pues estas expresiones de buena voluntad han sido respondidas por el gobierno del presidente Álvaro Uribe con actos de guerra.
Las declaraciones de Granda deshicieron una oleada de especulaciones surgidas en los últimos días según las cuales la guerrilla estaría próxima a liberar a Ingrid Betancourt, considerando su grave estado de salud.
Según el rebelde, las condiciones de cautiverio de la ex candidata presidencial, así como las de las demás personas en poder de la insurgencia, no son peores a las que sufren los guerrilleros en las cárceles colombianas, ni a las que padecen Simón Trinidad, cuyo nombre es Ricardo Palmera, y Sonia, Anayibe Rojas, guerrilleros extraditados por el mandatario colombiano a Estados Unidos.
Trinidad fue condenado en enero pasado a 60 años de prisión, que deberá purgar en una cárcel bajo tierra situada en Florence, estado de Colorado. Entre tanto, Sonia fue sentenciada a finales del año pasado a 16 años de cárcel, que actualmente paga en Fort Worth, estado de Texas.
La semana que concluye ha estado marcada por una serie de movidas políticas ambientadas con una fuerte campaña mediática sobre el supuesto estado agónico de Ingrid Betancourt.
En medio de una bien orquestada ola de rumores, el gobierno de Uribe expidió dos decretos en los que estipula su disposición a liberar guerrilleros presos, inclusive a los que estén condenados por delitos graves, a cambio de que las FARC entreguen a las personas que están en sus manos.
La senadora liberal Piedad Córdoba, quien recibió a seis políticos liberados por las FARC en enero y febrero pasados, dijo a La Jornada que la iniciativa del gobierno no es más que una forma de aparentar su voluntad de solucionar el problema de los rehenes.
“Uribe no sólo busca aparentar que está dispuesto a buscar una salida, sino que se lava las manos previendo un desenlace fatal en el caso de Ingrid Betancourt”, aseguró la senadora.
Córdoba calificó al gobierno de esquizofrénico: “Un día emite dos decretos para liberar guerrilleros presos y al otro anuncia que hará un cerco militar en las áreas donde supone están los retenidos. Al día siguiente, Uribe dice que hará un despeje militar para permitir que una misión médica visite a Ingrid, al mismo tiempo que el ministro de Defensa asegura que sus tropas no renunciarán nunca al rescate de los rehenes por la vía militar... una cosa de locos”.
Las especulaciones sobre la supuesta muerte inminente de Betancourt encendieron las alarmas en el gobierno francés, que envió un mensaje a Manuel Marulanda, Tirofijo, máximo líder de las FARC, pidiéndole que libere a la ciudadana colombo-francesa.
Francia anunció también el envío de una misión médica a una vasta zona del suroriente de Colombia donde se supone que está Betancourt, pero su iniciativa se ha visto frustrada hasta el momento pues no han obtenido una respuesta de las FARC.
Según el dirigente del Polo Democrático (izquierda) Carlos Lozano, es poco probable que la guerrilla acceda a la petición de Francia para que la misión médica atienda a Betancourt.
“Después de la muerte de Raúl Reyes, que era el interlocutor de las FARC para el canje de prisioneros, hay un enorme muro de desconfianza que difícilmente será derrumbado en el corto plazo”, dijo Lozano a La Jornada.
Analistas políticos locales consideran que el tema del intercambio humanitario pasará un buen tiempo en el congelador y que –en caso de reiniciarse– será siempre con la participación del presidente venezolano, Hugo Chávez, y de la senadora Piedad Córdoba.
■ Aplican represalias por denuncias sobre esterilizaciones forzadas y violación de indígenas, dice
■ No hay pruebas de que existan: alcalde
■ Indígenas se quejan de hostigamiento y amenazas
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Según la agrupación, los paramilitares asesinaron a Lorenzo Fernández Ortega el 10 de febrero pasado, en represalia porque encabezó la lucha para que fueran indemnizados los 14 indígenas esterilizados en 1998 por la Secretaría de Salud estatal.
Asimismo, exigió castigo a los soldados que en febrero y marzo de 2002 violaron a Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, hermana de Lorenzo.
Ocotlán Fernández Ortega dijo que días antes del asesinato de su hermano hombres armados lo buscaron en la bodega que utilizaba para dormir. “Lo andaban siguiendo. Le pedían que dejara de encabezar la lucha de los indígenas esterilizados y de exigir justicia para mi hermana violada”, dijo.
La viuda, Modesta Cruz Victoriano, dijo que su esposo trabajaba de albañil en Ayutla desde hacía tres años. “Quiero que se investigue. Sabemos que quienes lo mataron trabajan en el gobierno”, afirmó.
Mencionó que durante el velorio algunos niños dijeron haber visto hombres vestidos de negro y encapuchados. El 13 de febrero, como a la una de la mañana, los perros le ladraban a una persona, pero antes, como a las ocho de la noche, se vio a otra con igual vestimenta, que se quedó a dormir debajo de un encino. Todas serían paramilitares, según la OPIM.
Cuauhtémoc Ramírez, presidente de la OPIM, recordó que la presencia militar aumentó desde el levantamiento armado en Chiapas, en 1994. “En enero de ese año llegaron miles de soldados a esta zona habitada por más de 5 mil indígenas y posteriormente surgieron los grupos paramilitares”, cuando se presentó la queja de los 14 indígenas esterilizados de la comunidad El Camalote.
“Por las noches –dijo– tocan a la puerta de mi casa y también me acosan por teléfono.” Identificó como paramilitares a los hermanos Romualdo, Hermenegildo y Petronilo Remigio Cantú, oriundos de El Camalote, así como a Onésimo Guzmán Remigio.
Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la organización, dijo que también ha sido acosada por hombres que usan botas militares y pantalón de mezclilla. “Tiene cuatro días que vigilan mi casa. También recibimos llamadas anónimas.
“Se dice que van a incursionar militares y paramilitares a las casas de mis hermanos y de mi mamá, y que también vendría el ex militar Alfonso Morales Silvino”, quien “me reclamó que estemos denunciado las violaciones de mujeres. Se hace pasar por periodista y es muy cercano al ex alcalde priísta Cutberto Quiñones Castro.”
En febrero de 2005 Obtilia denunció a Morales Silvino y Onésimo Rendón por amenazas.
La dirigente aseguró que un día antes de que mataran a Lorenzo Fernández Ortega, en su casa de Ayutla, la llamó una mujer que le dijo: “Más vale que calmes a tu gente. Ya los andamos vigilando”, pero “le colgué. Al otro día, como a las dos de la mañana, sonó el teléfono y en ese momento pasaron dos camionetas. En una iba Romualdo Remigio Cantú –quien, se presume, encabeza a los grupos paramilitares–, acompañado por otra persona que no conocí. Poco después se encontró el cuerpo de Lorenzo”.
El día del asesinato “fui al Ministerio Público a reconocer el cuerpo. Ahí estaba el comisario de El Camalote, Isidro Remigio Cantú, junto con su primo Onésimo Guzmán Remigio. Les pregunté cómo y dónde lo habían encontrado y dijeron que por medio de una llamada anónima”, agregó Obtilia.
Recordó que la última vez que vio a Lorenzo, el 5 de febrero, “me dijo que nos cuidáramos porque nos iban a matar, y también a otros compañeros de la OPIM, entre ellos a su hermano Ocotlán; me dijo que no iría a la reunión del 7 de febrero en la ciudad de Tlapa, con la alta comisionada de la ONU”.
El alcalde Homero Lorenzo rechazó que existan grupos paramilitares. “Eso dice la OPIM, pero no tengo ningún argumento. Lo único que sé es que se está investigando el crimen del indígena (Lorenzo Fernández) a través del gobierno estatal, y las violaciones a las mujeres fueron en otras administraciones”, concluyó.
También se atribuye a grupos paramilitares la ejecución, en julio de 2003, en Barranca de Guadalupe, de Fausta Neri Evaristo y sus hijos Marcelino, Antonio y Eugenio. El ex militar Alfonso Morales Silvino ha sido señalado como responsable.
En 2001 fue encarcelado Victoriano, hermano de Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la OPIM, acusado del asesinato de Galdino Sierra, técnico enfermero del 48 batallón de infantería con sede en Cruz Grande, municipio de la Costa Chica.
Publica hoy la Gaceta Oficial del DF lineamientos para bien morir
■ Se podrá recurrir a ello previo diagnóstico avalado por un comité hospitalario de ética médica
■ El objetivo, proteger la dignidad de esos pacientes
■ Consideran terapias sicológica y tanatológica
Ángel Bolaños Sánchez
El Gobierno del Distrito Federal publica este viernes en la Gaceta Oficial el reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada con los lineamientos para la aplicación de la norma que permite a una persona con una enfermedad terminal no ser sometida a tratamientos médicos que prolonguen su vida, previo diagnóstico avalado por la unidad hospitalaria pública o privada en que se encuentre y aprobado por el comité hospitalario de ética médica.
El objetivo es proteger en todo momento la dignidad del enfermo terminal, mediante un plan de manejo médico para cuidados paliativos y en su caso, sedación controlada, además de contar con asistencia sicológica o tanatológica.
El ordenamiento señala que las unidades médicas hospitalarias, públicas y privadas del Distrito Federal, deberán designar a un responsable para recabar los documentos y datos de enfermos en etapa terminal o en su caso su suscriptor.
El enfermo podrá solicitar libremente el trámite ante el personal de la unidad hospitalaria en la que se encuentre y en caso de estar impedido para manifestarlo por su propia voluntad o que sea menor de edad o incapaz legalmente declarado, podrán solicitarlo sus familiares en el siguiente orden: el o la cónyuge; concubina, concubino o conviviente; hijos mayores de edad, consanguíneos o adoptados; nietos mayores de edad y hermanos mayores.
Podrá también nombrar a un representante para que supervise que se cumplan sus disposiciones y en caso de que desee manifestar su voluntad de donar sus órganos o tejidos tendrá que hacerlo mediante el formato correspondiente del centro local o nacional de transplantes.
Cuando el enfermo en fase terminal se encuentre con tratamiento en su domicilio particular, la autorización para la aplicación de la ortotanasia podrá otorgarse vía telefónioca o domiciliaria, una vez que éste o sus familiares la soliciten por medio del área de trabajo social de la unidad médica en la que se atiende, la cual deberá estar dentro de la jurisdicción del Distrito Federal.
Hecho esto, el personal de dicha unidad acudirá a proporcionar la información para los cuidados paliativos, en caso de sedación controlada, así como el tratamiento sicológico y tanatológico para el paciente y sus familiares.
Legisladores piden a la Contraloría indagar anomalías en Benito Juárez
■ Se construyeron mil 547 edificios para vivienda, la mitad con fallas
Raúl Llanos y Gabriela Romero
Diputados de las fracciones de PRD, PRI, Panal y Coalición Socialdemócrata de la Asamblea Legislativa (ALDF) exhortaron a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal a dar vista al Ministerio Público para que inicie las investigaciones sobre las presuntas anomalías cometidas por funcionarios de la delegación Benito Juárez, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y por desarrolladores inmobiliarios en la construcción de mil 547 conjuntos residenciales en esa demarcación, la mitad de ellos con irregularidades.
La Jornada publicó ayer que al terminar sus trabajos, la comisión especial de la Asamblea para indagar la legalidad de los permisos otorgados a proyectos inmobiliarios de 2000 a la fecha en la Benito Juárez concluyó que la complicidad entre servidores públicos y las empresas privadas dejó ganancias por 11 mil 500 millones de pesos, o mil millones de dólares, además de que se tuvieron elementos suficientes para interponer las 13 denuncias mencionadas, y hoy mismo presentará 400 quejas más ante la misma dependencia capitalina.
Toda esa información, pidieron los legisladores, debe ser entregada a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que haga las pesquisas correspondientes y finque responsabilidades sobre los hechos mencionados.
Demandan ir al fondo
Incluso, junto con la panista Paula Soto, los diputados del PRI Jorge Schiaffino y Armando Tonatiuh; los perredistas Daniel Salazar y Edy Ortiz; del Panal, Xiuh Guillermo Tenorio, así como Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la Coalición Socialdemócrata, se manifestaron por solicitar al titular de la Contraloría General, Ricardo García Sáinz, vaya al fondo con las investigaciones y sancione las conductas anómalas, sin importar cuestiones partidistas, lazos familiares o presiones de legisladores o autoridades del gobierno central.
Con base en la información hecha pública por la comisión especial de la ALDF, en esas irregularidades están implicados servidores públicos que tienen relación con diputados del PAN, como Víctor Hugo Errasti, hermano de Miguel Angel Errasti, integrante de la bancada de Acción Nacional de la Asamblea Legislativa.
De hecho, ayer esa comisión amplió la información sobre el ex funcionario del área jurídica de Benito Juárez. Con base en los documentos entregados, Víctor Hugo Errasti estaría relacionado con al menos 41 expedientes de anomalías cometidas en la construcción de condominios.
En la relación entregada a La Jornada se detalla que el aludido habría avalado con su firma numerosos proyectos de constructoras y desarrolladores inmobiliarios en varias colonias de la mencionada jurisdicción, que a la fecha presentan irregularidades como haber edificado más viviendas y niveles de los permitidos; falta de cajones de estacionamiento en varios condominios, y tener los departamentos áreas menores a lo que se estipuló.
Tortuguismo para otorgar amparos contra la Ley del ISSSTE, dice el jurista Eduardo Miranda Esquivel UJM.
■ Es una estrategia de colusión para vencer a los trabajadores, argumenta
En promedio, según datos del Poder Judicial, un amparo se resuelve en “50 días hábiles”, pero los recursos en contra de la Ley del ISSSTE tardarán entre “dos y tres años”, señaló Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México (UJM), quien criticó que en la tramitación de estos recursos haya “tanta dilación injustificada”, la cual, dijo, no sólo demuestra la “falta de voluntad política” para atender el asunto, sino también una “carencia de eficacia” del Consejo de la Judicatura Federal.
En el contexto de un mitin realizado a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el litigante sostuvo que esta demora tiene como finalidad “desanimar” a los trabajadores que se oponen a esta normatividad. “Esta es una estrategia de desgaste y de colusión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial”, consideró.
Artemio Ortiz Hurtado, líder del magisterio democrático de la sección 18 de Michoacán, comentó que ante la tardanza, el camino que queda es intensificar la protesta en contra del referido ordenamiento que entró en vigor hace un año, y en este sentido comentó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará acciones de protesta el 10, 11 y 30 de abril y el primero de mayo. Éstas incluirán marchas, tomas de instalaciones del ISSSTE y de la Secretaría de Educación Pública en todo el país, así como cierres de carreteras.
De igual forma criticó el hecho de que aun habiendo tramitado amparos, a los trabajadores se les estén haciendo descuentos previstos en la referida ley; un ejemplo de ello, dijo, son las deducciones para el rubro de pensión y jubilación, cuyo descuento era de 3.5 por ciento, y ahora es de “4.2 por ciento, pero subirá a 6.625”.
Luego de casi dos horas de protesta, el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, recibió a una comisión de los inconformes, con los que platicó por 25 minutos. En esa charla “justificó” el hecho de que no se haya dictado resoluciones en los amparos interpuestos en la primera etapa, durante el primer trimestre de este año, tal y como lo había prometido el máximo tribunal.
Miranda Esquivel refirió que el ministro les explicó que la demora se dio porque los juzgados auxiliares deben primero acreditar el interés jurídico de los quejosos y valorar las pruebas periciales, y aprovechó para informarles que a fin de acelerar el proceso se crearán dos juzgados de distrito auxiliares más para resolver la tramitación de esos recursos.
La comisión estuvo integrada por Miranda Esquivel, Ortiz Hurtado, Jesús Cervantes, secretario general de la UJM, Arturo Contreras Macías, de la sección 16 de Jalisco del SNTE, y Rafael Gómez Andrés, de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, y ambas partes acordaron que los inconformes presentarán a los ministros, en un plazo de 24 horas, una propuesta de mecanismo para estudiar y revisar con mayor prontitud los amparos, de los cuales sólo se han resuelto 70.
COLOMBIA-CANJE
Pocas expectativas en el canje humanitario por Ingrid Betancourt
Tras hacerse públicas las condiciones del Gobierno de Colombia para negociar la liberación de rehenes con las FARC, familiares de Ingrid Betancourt se mostraron poco esperanzados.
Audios disponibles:
Juan Carlos Lacompte, esposo de Ingrid Betancourt - 22 seg. (153 KB)
Álvaro Uribe, presidente de Colombia - 15 seg. (107 KB)
(+) Ecuador apoya la misión de Francia y Venezuela propone buscar a Betancourt
COSTA RICA-SEGURIDAD
Nueva Ministra de Seguridad en Costa Rica sustituye a Fernando Berrocal
El Presidente, Oscar Arias, explicó que el ahora ex ministro creó "expectativas grandes de que podría dar nombres importantes de costarricenses involucrados a las FARC", pero "no tiene ningún nombre, no tiene ninguna lista".
MUJERES-CUENTOS
En la semana de conmemoración de la literatura infantil se debate mucho el tema de que las niñas y los niños se han alejado de los libros priorizando la televisión o Internet, pero pocos debaten en los contenidos sexistas presentes en los textos.
(+) Campaña: ¿Qué de lo que sos no está en los cuentos?
MÉXICO-ABUSOS
Investigan abusos militares en Chihuahua, México
La Procuraduría General de la República inició una investigación en Ciudad Juárez, donde se denunciaron detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, incomunicación de detenidos, entre otros abusos por parte las Fuerzas Militares.
AGENCIA INFORMATIVA PULSAR - FIN DEL DESPACHO
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