PORTADAS EL UNIVERSAL: MOURIÑO: NO LUCREN CON LA SEGURIDAD EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓNAgosto 19th, 2008
EL UNIVERSAL: MOURIÑO: NO LUCREN CON LA SEGURIDADEl secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo en un mensaje que el gobierno encabeza una estrategia integral para combatir la inseguridad y pidió no caer en provocaciones de quienes quieren lucrar políticamente con el tema. Aunque no quiso personalizar el mensaje, el secretario salió a los medios luego de las declaraciones del senador Manlio Fabio Beltrones, en las que asegura que el presidente Felipe Calderón fracasó en su estrategia contra la inseguridad y que ha actuado "irresponsablemente" ante ese problema. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE El Partido Revolucionario Institucional no optará en su viraje ideológico hacia la izquierda radical, pues "no nos interesa ganar la calle; nos interesa ayudar a los que viven en la calle", afirmó Miguel Alemán Velasco, coordinador general de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional priista. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO El gobierno federal asumirá la propuesta de cinco puntos para combatir a las bandas criminales que planteó la organización México Unido contra la Delincuencia, en la que se propone un trato "especializado" para enfrentar el secuestro. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX La Guardia Nacional (GN) de Venezuela tomó el control de la planta de la trasnacional Cemex en el noroccidental estado Zulia, en el comienzo del proceso de expropiación de la filial de la empresa mexicana. Elementos de la GN entraron a las instalaciones de la planta en la ciudad de Maracaibo, en compañía de cuatro jueces para asumir su control. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas para –-según dijo— revertir la escalada de violencia, recuperar la paz y el imperio de la ley. VER NOTA COMPLETA
NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓN La emoción de muchos niños por el regreso a clases, se vio eclipsada al ver sus escuelas con aulas llenas de lodo, con pupitres insuficientes, con techos llenos de hoyos por los que la lluvia mañanera se coló, porque las bardas perimetrales estaban a medias. VER NOTA COMPLETA
REFORMA ENERGÉTICA PROPUESTA DEL PRD SERÁ LA QUE PRESENTE EL FAP: GONZÁLEZ GARZA
Editorial
Romero Deschamps: poder y encubrimiento
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Peroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es "totalmente legal" y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de "chantajes" los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.
Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.
Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado.
En esta misma lógica se inserta lo expresado ayer también por el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al ser interrogado sobre la necesidad de reformar las relaciones con el sindicato petrolero, en el contexto de la reforma a Pemex, el responsable de la política interna afirmó que ésa " es una discusión distinta y por ello (...) debe tratarse en un plano o en un momento distinto", como si el rosario de vicios que corroe la estructura administrativa de la paraestatal no formara parte de los problemas actuales que ésta debe resolver con urgencia.
Las posturas de Lozano y Mouriño dan cuenta del amplio respaldo que el gobierno federal ha decidido otorgarle a Romero Deschamps, no obstante que ello implique que la administración calderonista, ante el conjunto de la opinión pública, sea vista como garante de impunidad y encubridora de las consabidas corruptelas del máximo líder del STPRM. Por lo demás, los elementos mencionados ponen en perspectiva, una vez más, el empleo de los instrumentos legales y de meros trámites administrativos –como las tomas de nota–, como herramientas para, según sea el caso, favorecer o golpear políticamente: en relación con lo segundo, baste mencionar la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió –a la que el calderonismo ha dado continuidad– contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dirigente con añejas acusaciones por presunto desvío de fondos a las que, sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que éste asumió una postura crítica hacia el gobierno foxista por la tragedia de Pasta de Conchos.
En suma, el apoyo gubernamental irrestricto del que, por lo que puede verse, goza Romero Deschamps, en buena medida explica la indiferencia del dirigente petrolero hacia el cúmulo de críticas, acusaciones y reclamos de que es objeto dentro y fuera de su gremio. Adicionalmente, esta situación revela el mantenimiento, al amparo del poder público, de estructuras sindicales añejas, descompuestas y nocivas, carentes de altura moral para representar a los trabajadores, que constituyen, en cambio, un lastre para éstos y la nación en su conjunto.
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Calderón: "alentadores" resultados en la prueba Enlace
En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2008-2009, el jefe del Ejecutivo federal se congratuló porque en primaria, en la asignatura de español, el número de alumnos con buen desempeño o excelente pasó de 24.6 a 30.5 por ciento; en matemáticas "subimos bastante" y en ciencias naturales las cifras fueron "de panzazo". En el caso de secundaria "tenemos que apretarle", dijo. En el acto, en el que estuvieron presentes Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón mordió un pastel por su cumpleaños Foto Cristina Rodríguez
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David Brooks Corresponsal
Durante casi medio siglo en esta ciudad han esperado un cambio de régimen en La Habana, pero resulta que esa transición está ocurriendo precisamente en Miami.
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Rayuela
¿Qué pretenderá la maestra? ¿Extender su imperio a la industria sin chimeneas creando un sindicato de técnicos en turismo?
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The Independent y agencias
Columnas
Julio Hernández López : Astillero
El día del cumpleaños de su jefe complaciente, el secretario afanoso tuvo a bien pronunciar una frase de oro (o de petróleo, para no desentonar con los privilegiados contratos familiares): en materia de seguridad pública no se debe lucrar políticamente. Lo dijo el oneroso titular de Gobernación mientras en Los Pinos el festejado ocupante de ese solar recibía al padre de un adolescente asesinado, cuyo caso ha sido utilizado con intensidad para crear un ambiente social de indignación por asuntos criminales que desplace o atenúe el tema central de la defensa del petróleo como bien público. Retórica sin sustento mientras continúa el montaje de la obra de ilusionismo denominada Consejo Nacional de Seguridad Pública (que de nada servirá, como de nada sirvieron las anteriores) y mientras se avivan las veladoras de Iluminemos México con que se pretende contrastar una movilización nocturna en demanda de verdadera seguridad pública, con las concentraciones dominicales que significarán el inicio de la segunda fase de la resistencia civil contra la maquillada privatización petrolera.
El país arde y decenas de mexicanos mueren diariamente, pero la politización del caso Martí sólo tiene ojos para ese expediente. En Creel han muerto jóvenes estudiantes y un pequeño, pero sus infortunios no son difundidos estremecedoramente por las televisoras nacionales ni hay indignación de voceros de organizaciones utilizables para centrar el enojo social en objetivos específicos. El tema políticamente lucrativo es el del secuestro en el Distrito Federal, no el del resto del país y sus miles de muertes por una discutible guerra contra el narcotráfico, que, según señaló ayer el gobernador priísta de Chihuahua, no ha sido lo eficaz que se había anunciado, a pesar del uso del Ejército y con un saldo oscuro de violaciones a los derechos humanos. El punto es empujar al indeciso Marcelo a la encrucijada que le lleve finalmente a sentarse a la mesa con quien tachaba de ilegítimo (en sus términos, con su agenda, en su Palacio) o atenerse al linchamiento mediático que pretenderá culparle de que no funcionen bien los planes que de cualquier manera no funcionarán porque, en realidad, esas reuniones de fantasmas gobernantes sólo han producido discursos y promesas, intocadas como siguen las causas verdaderas del desbordamiento de la delincuencia.
La campaña de manipulación y engaño es tan fuerte que el jefe del Gobierno capitalino zigzaguea, deseoso de recibir las menores pérdidas políticas que le sea posible. Primero se declaró ampliamente convencido de que debe estar en toda reunión sobre el tema de seguridad pública donde se atendieran las exigencias ciudadanas recientes. Luego reconsideró sus palabras iniciales y dijo que analizará la agenda del día de la fotografía panorámica con Calderón para decidir si asiste o se reserva para cuando se realice la "cumbre" que él planteó. Ebrard sabe que al compartir escenario con el panista al que no reconoce legitimidad como presidente de la República quedará como un político sin palabra (pues nadie le obligó a comprometerse a no hacer tratos públicos con Calderón) y que será breve el periodo de elogios envenenados en los mismos medios que otras veces le atacan por el mismo sistema de consignas.
Pero finalmente el indeciso ha optado por la salida de mejor rentabilidad inmediata. Irá a la sesión del Consejo de Seguridad Pública porque de esa manera ganará imagen de civilizado, dialogador e independiente de pejismo alguno. El secretario federal de seguridad pública le convenció de las bondades de la reunión a la que él, Ebrard, será llevado como pieza exótica de cacería en función de circo de morbo. La sesión de El hijo pródigo ganará espacios y comentarios. La marcha ciudadana que busca iluminar México ha ganado un devoto en busca de luz. Y la suma de factores de distracción u obstrucción tratará de consolidar un clima adverso a las movilizaciones contra la privatización del petróleo. "Eso ya no es tema. Está rebasado. Son obsesiones de unos cuantos fanáticos", dirán los voceros con lucro. Porque lo importante es la seguridad pública, los rituales del poder, las fotografías panorámicas de los reconciliados a distancia. Lo demás (el petróleo y los negocios privatizados) ha de ser lo de menos.
Los partidos políticos siguen, en tanto, sus rutinas olímpicas. Los perredistas naufragan, unos por creer que asidos al control del membrete tendrán autoridad y fuerza; otros, por aferrarse a la estructura que les ha sido expropiada e incluso por llegar a la desesperación de proponer que un Chucho (Lazarucho) de apellido Cárdenas pudiese ser una solución aceptable. Convergencia y el Partido del Trabajo, sobre todo éste, esperan el desenlace del pleito que dejará a unos lo negro y a otros lo amarillo. En el PRI, los poderes reales (Beltrones y Gamboa) le ceden tribuna y reflectores a la presidenta formal, Beatriz Paredes, que tendrá sus momentos de gloria convenida en la asamblea nacional del partido tricolor que se realizará en Aguascalientes. Y en el PAN se consuma la renuncia prevista de Javier Corral al comité nacional, en tardía protesta por los motivos televisivos que llevaron a Germán Martínez a quitar a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas.
Astillas
El segmento conservador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende echar abajo las leyes capitalinas que dejaron sin penalidad la interrupción del embarazo en ciertas condiciones. No es un detalle aislado, sino parte del gran mural de intolerancia y regresión que manos enfebrecidas pintan por todo el país (guanajuatizar es la consigna)… Pues sí, Mouriño y Javier Lozano defienden al sindicato petrolero de la misma manera que combaten al minero. Cuestión de negocios (políticos)… Y, mientras la señora Marta es premiada en Baja California por su estilo para pisar uvas destinadas a convertirse en vino (de verdad: ¡qué país!), ¡hasta mañana, en esta columna sin cementos por expropiar!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Cristina Barros y Marco Buenrostro : Itacate
Opinión
José Blanco : Gordillo
La maestra Gordillo es un producto más del corrupto sistema corporativo de partido cuasi único que nos gobernara por décadas. Lo mismo puede decirse de sus antecesores, o de Deschamps y sus antecesores, y así ad nauseam.
Pero no porque ello sea sociológicamente cierto esa política mexicana está exenta de responsabilidades de lo que ocurre en la formación básica de sucesivas generaciones de niños mexicanos. Nada la exime de sus atroces declaraciones y menos de sus actos. Sume a los daños cometidos los millones de pesos que han ido a parar a sus bolsillos y los de su cofrades, a la vista de quien quiera ver su estilo de vida.
Hace poco estuvo en la firma con otro distinguidísimo personaje: el góber precioso, de la Alianza por la Calidad de la Educación; aunque resulte impensable, fue un hecho que estos dos incultivables cerebros hablaron de calidad educativa.
La inefable maestra advirtió sobre "el desempleo de maestros ante la falta de vacantes proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados". Dijo Gordillo "que en todo el país hay 25 mil egresados normalistas que demandan un lugar, la SEP sólo puede ofrecer 6 mil vacantes. Muchos dicen qué vamos a hacer con los exámenes de oposición para las plazas, yo me preocupo seriamente, 25 mil demandantes a plazas y tenemos apenas 6 mil plazas, pregunto, producto de qué es esto, ¿es responsabilidad del SNTE?"
Era un momento previo a la presentación por parte de 87 mil profesores del primer examen de oposición, que rápidamente empezó a enseñar la punta del iceberg del yermo político que son las escuelas normales que por décadas ha administrado el SNTE: dos de cada tres profesores reprobaron el examen. Resultado obligado de la formación que reciben en las normales. Tenemos, con ese examen, por primera vez un diagnóstico muy inicial sobre la preparación que poseen los mentores que aspiran a incorporarse al sistema educativo.
Podemos suponer que tendremos ahora al menos 6 mil 275 profesores con los conocimientos mínimos para responsabilizarse de los niños que inician su camino escolar. Se han anunciado programas para los profesores en funciones, pero la prueba Pisa nos ha hablado claro de cuál es el lamentable estado en que se encuentran los egresados de la escuela de formación básica.
México no puede soltar ya la hebra que acaba de tomar por la punta. Es inmensa la madeja que de ahí derivará y existe un campo inacabable para la formulación de políticas educativas que vayan abarcando todos los niveles.
Del mismo modo que estos primeros 6 mil 275 serán certificados por una evaluación, pronto se impondrá revisar los términos y contenidos de esa evaluación.
De otra parte, en algún momento del próximo futuro tendrán que ser certificados adecuadamente todos los profesores en funciones. La maestra ya se refirió a la alta demanda de aspirantes a mentores de la escuela básica. Pero no le pasa por las mientes la indispensable planeación de la oferta de profesores para ese nivel educativo, a la luz de la gradual inversión de la pirámide poblacional.
Por otro lado, hay mucho trabajo por delante para definir con claridad y certidumbre el paradigma educativo que regirá a la formación elemental. No puede tratarse de la mera repetición de nuestros métodos del pasado, ahora con profesores certificados. Los niños deben ganar en autonomía con la mayor velocidad posible. No podemos seguir siendo una sociedad que debe ser llevada de la manita, no nos vayamos a perder. Los niños tienen que ganar el mayor número de habilidades y destrezas con rapidez. Justamente su edad se los permite.
Y si eso es así, es preciso evaluar los programas con los que están formándose y con los que se formarán los profesores del futuro.
Un número significativo de las escuelas normales no ha sido en el pasado un espacio de formación de docentes, sino una escuela de política rastacuera controlada por el SNTE. "Estudian" ahí para pasar a ser "bases" de la maestra, para convertirse en presidentes municipales, acaso un día diputados locales, en dirigentes sindicales comisionados (los hay por miles), en funcionarios de la SEP y de las secretarías de educación de los gobiernos estatales. Conforman una red de poder tan invisible como efectiva. La venta y la herencia de plazas han sido una constante durante décadas y la corrupción con las cuotas de los propios profesores es un secreto a voces; hablamos, no lo olvidemos, del sindicato más grande de América Latina. Este monstruo debe morir, si queremos tener escuelas normales para la formación de docentes, si queremos reformas educativas en esas instituciones, que después reviertan los nuevos métodos educativos hacia las aulas de las escuelas de formación básica.
Si ello no ocurre, será imposible tener un día una buena escuela secundaria, un bachillerato digno de su nombre y una educación superior para una nación que se desarrolla. Una buena escuela se forma, según dijo convincentemente Pero Grullo, de buenos maestros y de buenos estudiantes. Y, todo, todo, empieza en las escuelas normales, y en las escuelas de formación básica, con profesores evaluados y certificados, y con paradigmas educativos a la altura de la sociedad del conocimiento y la información. Y nada, nada, de todo ello será posible con esa malformación social purulenta llamada SNTE.
Marco Rascón : Mordiendo la bala
Sergio Ramírez : Volcanes encendidos
Luis Hernández Navarro : Orlando Fals Borda
Pedro Miguel : Miramar responde
Javier Flores : Aborto: decisión en puerta
No sorprende el proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que declara fundados los recursos de inconstitucionalidad mediante los cuales se trata de revertir la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Si bien ha causado gran indignación en amplio sector de la sociedad –pues para las mujeres que deciden la interrupción de un embarazo no deseado se plantea la disyuntiva entre la cárcel o la posibilidad de la muerte–, se trata de algo esperado. Pero la discusión seria y decisiva en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas está por comenzar, y este documento de 610 páginas es tan sólo un punto de partida. Sin embargo, el texto es interesante porque hace visible, por medio de una particular interpretación de la Constitución y otros ordenamientos legales, la postura de un sector de la sociedad ante el tema del aborto.
El proyecto de Aguirre Anguiano tiene una característica importante que también se esperaba: en sus argumentos no hay ninguna alusión directa a conceptos de tipo religioso. Aparece entonces como un alegato neutro, centrado en aspectos que pretenden exhalar pulcritud jurídica, para eludir cualquier confrontación con la naturaleza laica del Estado mexicano. Esfuerzo vano, pues a nadie escapa que en el origen de los recursos de inconstitucionalidad que guiaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) hay un elemento ideológico, o más precisamente, religioso. Si no, ¿cómo explicar la identidad del argumento central en estos recursos y del proyecto mismo, con los preceptos de un poder extranjero, el Vaticano, sobre la defensa de la vida desde la concepción? No es difícil ver la mano que mece la cuna.
En un proceso que lleva más de un año se logró evitar –al menos parcialmente– que entre los protagonistas de los debates aparecieran los representantes de la jerarquía católica; en su lugar se colocó al frente a científicos conservadores y a profesoras de embriología para "demostrar científicamente" que el ser humano y la persona humana son lo mismo que el cigoto. Pero ahora este escenario se hace a un lado y se cede el lugar a los argumentos constitucionales, en los que, al parecer y como veremos, hay también lugar para el malabarismo.
Precisamente un punto importante en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano consiste en esa sustitución. Se hacen a un lado los aspectos éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual comienza la vida humana y en el que ésta debe protegerse en virtud de que, a su juicio, en estos campos existen posturas encontradas, por lo que plantea que, dada esta diversidad, la decisión de la SCJN debe atenerse solamente a lo que establece la Constitución.
De este modo la prueba pericial realizada el 16 de agosto de 2007 –llena de irregularidades y trampas en su elaboración y desarrollo, de las que me ocuparé en su momento–, a la que fueron convocados Jesús Kumate, María Cristina Márquez Orozco, Fabio Salamanca, Rubén Lisker y Ricardo Tapia, en la que los tres primeros identificaron al cigoto con una persona y los dos últimos no, sólo sirvió para construir el argumento de que los científicos ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo sobre este tema. De este modo lo que prevalece es una interpretación particular de la Carta Magna. Al no abundar en el texto constitucional los puntos que permitieran una solución directa al tema del aborto (en particular el momento del desarrollo en el que la vida humana debe protegerse), se recurre a leyes secundarias o tesis en las que en el pasado la Iglesia católica ha dejado impresa su huella, pues incluyen la noción de que la vida se inicia con la concepción. Pero no se explica en ninguna parte del documento cómo se da el salto para identificar la concepción (idea metafísica) con la fecundación (concepto biológico) para concluir que la Constitución defiende la vida en todas las etapas del desarrollo humano.
Hay otros mensajes en el proyecto aludido, como que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia para modificar el Código Penal y la ley de salud locales, pero, al proponer declarar inconstitucionales algunas de sus partes –como la definición de aborto, en la que se elimina el periodo de las 12 semanas de gestación y lo amplía hasta la "concepción"; y la de embarazo, cuyo inicio se define a partir del mismo concepto religioso–, Aguirre los transforma en ordenamientos inaceptables, pues condenan a las mujeres con un embarazo no deseado a ser simples incubadoras al margen de sus propias decisiones; o, en el otro extremo, a la cárcel o la muerte.
Pero el debate en la SCJN, que será histórico, apenas está por comenzar. Para declarar la inconstitucionalidad, siete ministros tendrían que respaldar la visión de Aguirre y del sector social del que este ministro se ha convertido en vocero. Lo que está por definirse es si nuestro país entra en una ruta de desarrollo marcada por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, o si simplemente nos alineamos, de manera dócil, a la corriente mundial neoscurantista.
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A pesar de que el tema del derecho a la vida se ha centrado mediáticamente en el debate sobre el aborto, cuya discusión pública iniciarán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes próximo, la decisión del asunto girará básicamente sobre dos puntos que se han abordado poco: ¿el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación puede ser excluyente del delito? Y ¿los diputados capitalinos están facultados para legislar sobre la interrupción del embarazo?
Fuentes judiciales precisaron lo anterior y agregaron que uno de los problemas principales del proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es que tiene "demasiada información" sobre aspectos filosóficos, sociológicos y morales, pero pocos elementos que fundamenten por qué considera que el delito del aborto es de índole federal y, por ende, debe permanecer la pena de tres a seis meses de prisión y con 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que aborte por propia voluntad.
En este contexto, los funcionarios consultados precisaron que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) se fundamentan en que buscan defender "el derecho a la vida desde la concepción", argumento que fue retomado por diversas organizaciones, políticos y grupos que se oponen a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Sin embargo, "el derecho a la vida no está en juego" porque está consagrado en la Constitución, como tampoco está a discusión si el producto de la concepción tiene derecho a la vida, subrayaron.
De lo que se trata en este asunto es simplemente determinar si la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud capitalinos se ajusta o no a lo establecido en la Carta Magna.
Es decir, explicaron, si puede considerarse que la despenalización hasta las 12 semanas de gestación puede ser considerada una "excluyente de delito válida", como es el caso de la interrupción legal del embarazo en caso de violación o malformación genética, el derecho penal precisa que el aborto es un delito y seguirá siéndolo.
Lo que sí deberá ser motivo de análisis de los ministros es determinar si una mujer por su voluntad puede abortar antes de las 12 semanas de gestación, es decir, si puede ejercer libremente el derecho a decidir sobre su cuerpo bajo estas condiciones.
Por otro parte, comentaron que el proyecto de Aguirre Anguiano, que ya se encuentra en la página de Internet de la Corte, se limitó a proponer la inconstitucionalidad de la reforma capitalina con el argumento de que los integrantes de la Asamblea Legislativa no están facultados para legislar en materia de salud.
Sin embargo, se sabe que algunos de los ministros que avalan la validez de la norma consideran que el aborto es un delito del orden común –en ninguna ley dice que sea del orden federal– y, por tanto, los diputados locales sí pueden legislar en la materia.
Este argumento, de proceder, daría lugar a que el pleno discuta el fondo del asunto y determine si la norma impugnada es constitucional o no. Según funcionarios consultados, José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero le han confiado a sus más cercanos colaboradores que avalan la reforma, y con sus votos sería suficiente para que la ley impugnada siga vigente, porque se requiere de que ocho de 11 ministros voten por la invalidez para que la ley sea derogada.
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Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- A tres días de que se celebre la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, convocada por instrucciones del presidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación,
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MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- La corriente Izquierda Unida (IU) impugnará ante la acéfala Comisión Nacional de Garantías el resolutivo del Consejo Nacional del PRD que prorrogó la presidencia sustituta de Guadalupe
ANALISIS POLITICO
Coparmex: “eliminar” a López ObradorÁlvaro delgadoMÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Justo en el contexto de la psicosis por el asesinato del niño Fernando Martí
EL UNIVERSAL: MOURIÑO: NO LUCREN CON LA SEGURIDADEl secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo en un mensaje que el gobierno encabeza una estrategia integral para combatir la inseguridad y pidió no caer en provocaciones de quienes quieren lucrar políticamente con el tema. Aunque no quiso personalizar el mensaje, el secretario salió a los medios luego de las declaraciones del senador Manlio Fabio Beltrones, en las que asegura que el presidente Felipe Calderón fracasó en su estrategia contra la inseguridad y que ha actuado "irresponsablemente" ante ese problema. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: PRI: VAMOS POR LA GENTE DE LA CALLE El Partido Revolucionario Institucional no optará en su viraje ideológico hacia la izquierda radical, pues "no nos interesa ganar la calle; nos interesa ayudar a los que viven en la calle", afirmó Miguel Alemán Velasco, coordinador general de la Comisión Nacional Organizadora de la XX Asamblea Nacional priista. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: ASUME CALDERÓN LAS 5 DEMANDAS DE MÉXICO El gobierno federal asumirá la propuesta de cinco puntos para combatir a las bandas criminales que planteó la organización México Unido contra la Delincuencia, en la que se propone un trato "especializado" para enfrentar el secuestro. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: OCUPÓ LA GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA UNA FILIAL DE CEMEX La Guardia Nacional (GN) de Venezuela tomó el control de la planta de la trasnacional Cemex en el noroccidental estado Zulia, en el comienzo del proceso de expropiación de la filial de la empresa mexicana. Elementos de la GN entraron a las instalaciones de la planta en la ciudad de Maracaibo, en compañía de cuatro jueces para asumir su control. VER NOTA COMPLETA
LA CRÓNICA: PIDEN A FHC "REVISAR RÉGIMEN DE LIBERTADES" El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, propuso al presidente Felipe Calderón revisar el régimen de libertades individuales y garantías ciudadanas para –-según dijo— revertir la escalada de violencia, recuperar la paz y el imperio de la ley. VER NOTA COMPLETA
NOROESTE DE SINALOA: REGRESAN A AULAS DE CARTÓN La emoción de muchos niños por el regreso a clases, se vio eclipsada al ver sus escuelas con aulas llenas de lodo, con pupitres insuficientes, con techos llenos de hoyos por los que la lluvia mañanera se coló, porque las bardas perimetrales estaban a medias. VER NOTA COMPLETA
REFORMA ENERGÉTICA PROPUESTA DEL PRD SERÁ LA QUE PRESENTE EL FAP: GONZÁLEZ GARZA
Editorial
Romero Deschamps: poder y encubrimiento
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, afirmó ayer que la toma de nota del líder del Sindicato de Trabajadores Peroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, es "totalmente legal" y que por tanto no hay motivo alguno para que sea removido del cargo. Al mismo tiempo, el funcionario calificó de "chantajes" los reclamos de los sectores que se oponen a la ratificación de Romero Deschamps al frente del gremio, y que tomaron, en protesta, la sede del STPRM en la ciudad de México el viernes pasado.
Las declaraciones del titular de la STPS son más que desafortunadas, porque dejan entrever la postura sesgada del gobierno federal en un conflicto creciente en el seno del sindicato petrolero, ante el que lo más deseable sería una actitud imparcial y conciliadora. Los asertos constituyen, además, una muestra contundente del enorme peso político que Romero Deschamps –cabeza de una dirigencia antidemocrática, charra y corrupta– tiene para la presente administración, como parte de la herencia del corporativismo sindical que se consolidó en tiempos del priísmo, en calidad de instrumento político clave de la estructura autoritaria del llamado superpresidencialismo mexicano.
Por añadidura, el apoyo del oficialismo al dirigente petrolero se explica en términos de la coyuntura política: el líder pudiera fungir como elemento clave en el proceso de reforma energética emprendido por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. Ante el creciente rechazo social que ha despertado el cariz privatizador y antinacional de la iniciativa presidencial –cuya inviabilidad legal, política y económica fue puesta en evidencia durante los foros de discusión que se llevaron a cabo en el Senado de la República–, resulta lógico suponer que para el actual gobierno es crucial contar con Romero Deschamps de su lado.
En esta misma lógica se inserta lo expresado ayer también por el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Al ser interrogado sobre la necesidad de reformar las relaciones con el sindicato petrolero, en el contexto de la reforma a Pemex, el responsable de la política interna afirmó que ésa " es una discusión distinta y por ello (...) debe tratarse en un plano o en un momento distinto", como si el rosario de vicios que corroe la estructura administrativa de la paraestatal no formara parte de los problemas actuales que ésta debe resolver con urgencia.
Las posturas de Lozano y Mouriño dan cuenta del amplio respaldo que el gobierno federal ha decidido otorgarle a Romero Deschamps, no obstante que ello implique que la administración calderonista, ante el conjunto de la opinión pública, sea vista como garante de impunidad y encubridora de las consabidas corruptelas del máximo líder del STPRM. Por lo demás, los elementos mencionados ponen en perspectiva, una vez más, el empleo de los instrumentos legales y de meros trámites administrativos –como las tomas de nota–, como herramientas para, según sea el caso, favorecer o golpear políticamente: en relación con lo segundo, baste mencionar la campaña de desconocimiento y persecución que la administración de Vicente Fox emprendió –a la que el calderonismo ha dado continuidad– contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dirigente con añejas acusaciones por presunto desvío de fondos a las que, sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que éste asumió una postura crítica hacia el gobierno foxista por la tragedia de Pasta de Conchos.
En suma, el apoyo gubernamental irrestricto del que, por lo que puede verse, goza Romero Deschamps, en buena medida explica la indiferencia del dirigente petrolero hacia el cúmulo de críticas, acusaciones y reclamos de que es objeto dentro y fuera de su gremio. Adicionalmente, esta situación revela el mantenimiento, al amparo del poder público, de estructuras sindicales añejas, descompuestas y nocivas, carentes de altura moral para representar a los trabajadores, que constituyen, en cambio, un lastre para éstos y la nación en su conjunto.
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Hazaña histórica
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Calderón: "alentadores" resultados en la prueba Enlace
En la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2008-2009, el jefe del Ejecutivo federal se congratuló porque en primaria, en la asignatura de español, el número de alumnos con buen desempeño o excelente pasó de 24.6 a 30.5 por ciento; en matemáticas "subimos bastante" y en ciencias naturales las cifras fueron "de panzazo". En el caso de secundaria "tenemos que apretarle", dijo. En el acto, en el que estuvieron presentes Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón mordió un pastel por su cumpleaños Foto Cristina Rodríguez
Claudia Herrera y Karina Avilés
Miami: se tambalea el poder del exilio cubano
Se vive una transición política, señalan expertos; candidatos demócratas podrían entrar al relevo
David Brooks Corresponsal
Durante casi medio siglo en esta ciudad han esperado un cambio de régimen en La Habana, pero resulta que esa transición está ocurriendo precisamente en Miami.
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Rayuela
¿Qué pretenderá la maestra? ¿Extender su imperio a la industria sin chimeneas creando un sindicato de técnicos en turismo?
Gordillo emite sentencia de muerte para escuelas normales
"Maestros, sin mercado de trabajo; mejor que se preparen en turismo'
Karina Avilés y Claudia Herrera
Dimite Pervez Musharraf; júbilo popular en Pakistán
The Independent y agencias
Columnas
Julio Hernández López : Astillero
El día del cumpleaños de su jefe complaciente, el secretario afanoso tuvo a bien pronunciar una frase de oro (o de petróleo, para no desentonar con los privilegiados contratos familiares): en materia de seguridad pública no se debe lucrar políticamente. Lo dijo el oneroso titular de Gobernación mientras en Los Pinos el festejado ocupante de ese solar recibía al padre de un adolescente asesinado, cuyo caso ha sido utilizado con intensidad para crear un ambiente social de indignación por asuntos criminales que desplace o atenúe el tema central de la defensa del petróleo como bien público. Retórica sin sustento mientras continúa el montaje de la obra de ilusionismo denominada Consejo Nacional de Seguridad Pública (que de nada servirá, como de nada sirvieron las anteriores) y mientras se avivan las veladoras de Iluminemos México con que se pretende contrastar una movilización nocturna en demanda de verdadera seguridad pública, con las concentraciones dominicales que significarán el inicio de la segunda fase de la resistencia civil contra la maquillada privatización petrolera.
El país arde y decenas de mexicanos mueren diariamente, pero la politización del caso Martí sólo tiene ojos para ese expediente. En Creel han muerto jóvenes estudiantes y un pequeño, pero sus infortunios no son difundidos estremecedoramente por las televisoras nacionales ni hay indignación de voceros de organizaciones utilizables para centrar el enojo social en objetivos específicos. El tema políticamente lucrativo es el del secuestro en el Distrito Federal, no el del resto del país y sus miles de muertes por una discutible guerra contra el narcotráfico, que, según señaló ayer el gobernador priísta de Chihuahua, no ha sido lo eficaz que se había anunciado, a pesar del uso del Ejército y con un saldo oscuro de violaciones a los derechos humanos. El punto es empujar al indeciso Marcelo a la encrucijada que le lleve finalmente a sentarse a la mesa con quien tachaba de ilegítimo (en sus términos, con su agenda, en su Palacio) o atenerse al linchamiento mediático que pretenderá culparle de que no funcionen bien los planes que de cualquier manera no funcionarán porque, en realidad, esas reuniones de fantasmas gobernantes sólo han producido discursos y promesas, intocadas como siguen las causas verdaderas del desbordamiento de la delincuencia.
La campaña de manipulación y engaño es tan fuerte que el jefe del Gobierno capitalino zigzaguea, deseoso de recibir las menores pérdidas políticas que le sea posible. Primero se declaró ampliamente convencido de que debe estar en toda reunión sobre el tema de seguridad pública donde se atendieran las exigencias ciudadanas recientes. Luego reconsideró sus palabras iniciales y dijo que analizará la agenda del día de la fotografía panorámica con Calderón para decidir si asiste o se reserva para cuando se realice la "cumbre" que él planteó. Ebrard sabe que al compartir escenario con el panista al que no reconoce legitimidad como presidente de la República quedará como un político sin palabra (pues nadie le obligó a comprometerse a no hacer tratos públicos con Calderón) y que será breve el periodo de elogios envenenados en los mismos medios que otras veces le atacan por el mismo sistema de consignas.
Pero finalmente el indeciso ha optado por la salida de mejor rentabilidad inmediata. Irá a la sesión del Consejo de Seguridad Pública porque de esa manera ganará imagen de civilizado, dialogador e independiente de pejismo alguno. El secretario federal de seguridad pública le convenció de las bondades de la reunión a la que él, Ebrard, será llevado como pieza exótica de cacería en función de circo de morbo. La sesión de El hijo pródigo ganará espacios y comentarios. La marcha ciudadana que busca iluminar México ha ganado un devoto en busca de luz. Y la suma de factores de distracción u obstrucción tratará de consolidar un clima adverso a las movilizaciones contra la privatización del petróleo. "Eso ya no es tema. Está rebasado. Son obsesiones de unos cuantos fanáticos", dirán los voceros con lucro. Porque lo importante es la seguridad pública, los rituales del poder, las fotografías panorámicas de los reconciliados a distancia. Lo demás (el petróleo y los negocios privatizados) ha de ser lo de menos.
Los partidos políticos siguen, en tanto, sus rutinas olímpicas. Los perredistas naufragan, unos por creer que asidos al control del membrete tendrán autoridad y fuerza; otros, por aferrarse a la estructura que les ha sido expropiada e incluso por llegar a la desesperación de proponer que un Chucho (Lazarucho) de apellido Cárdenas pudiese ser una solución aceptable. Convergencia y el Partido del Trabajo, sobre todo éste, esperan el desenlace del pleito que dejará a unos lo negro y a otros lo amarillo. En el PRI, los poderes reales (Beltrones y Gamboa) le ceden tribuna y reflectores a la presidenta formal, Beatriz Paredes, que tendrá sus momentos de gloria convenida en la asamblea nacional del partido tricolor que se realizará en Aguascalientes. Y en el PAN se consuma la renuncia prevista de Javier Corral al comité nacional, en tardía protesta por los motivos televisivos que llevaron a Germán Martínez a quitar a Santiago Creel de la coordinación de los senadores panistas.
Astillas
El segmento conservador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende echar abajo las leyes capitalinas que dejaron sin penalidad la interrupción del embarazo en ciertas condiciones. No es un detalle aislado, sino parte del gran mural de intolerancia y regresión que manos enfebrecidas pintan por todo el país (guanajuatizar es la consigna)… Pues sí, Mouriño y Javier Lozano defienden al sindicato petrolero de la misma manera que combaten al minero. Cuestión de negocios (políticos)… Y, mientras la señora Marta es premiada en Baja California por su estilo para pisar uvas destinadas a convertirse en vino (de verdad: ¡qué país!), ¡hasta mañana, en esta columna sin cementos por expropiar!
Miguel Ángel Rivera : Clase Política
Enrique Galván Ochoa : Dinero
Carlos Fernández-Vega : México SA
Cristina Barros y Marco Buenrostro : Itacate
Opinión
José Blanco : Gordillo
La maestra Gordillo es un producto más del corrupto sistema corporativo de partido cuasi único que nos gobernara por décadas. Lo mismo puede decirse de sus antecesores, o de Deschamps y sus antecesores, y así ad nauseam.
Pero no porque ello sea sociológicamente cierto esa política mexicana está exenta de responsabilidades de lo que ocurre en la formación básica de sucesivas generaciones de niños mexicanos. Nada la exime de sus atroces declaraciones y menos de sus actos. Sume a los daños cometidos los millones de pesos que han ido a parar a sus bolsillos y los de su cofrades, a la vista de quien quiera ver su estilo de vida.
Hace poco estuvo en la firma con otro distinguidísimo personaje: el góber precioso, de la Alianza por la Calidad de la Educación; aunque resulte impensable, fue un hecho que estos dos incultivables cerebros hablaron de calidad educativa.
La inefable maestra advirtió sobre "el desempleo de maestros ante la falta de vacantes proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los estados". Dijo Gordillo "que en todo el país hay 25 mil egresados normalistas que demandan un lugar, la SEP sólo puede ofrecer 6 mil vacantes. Muchos dicen qué vamos a hacer con los exámenes de oposición para las plazas, yo me preocupo seriamente, 25 mil demandantes a plazas y tenemos apenas 6 mil plazas, pregunto, producto de qué es esto, ¿es responsabilidad del SNTE?"
Era un momento previo a la presentación por parte de 87 mil profesores del primer examen de oposición, que rápidamente empezó a enseñar la punta del iceberg del yermo político que son las escuelas normales que por décadas ha administrado el SNTE: dos de cada tres profesores reprobaron el examen. Resultado obligado de la formación que reciben en las normales. Tenemos, con ese examen, por primera vez un diagnóstico muy inicial sobre la preparación que poseen los mentores que aspiran a incorporarse al sistema educativo.
Podemos suponer que tendremos ahora al menos 6 mil 275 profesores con los conocimientos mínimos para responsabilizarse de los niños que inician su camino escolar. Se han anunciado programas para los profesores en funciones, pero la prueba Pisa nos ha hablado claro de cuál es el lamentable estado en que se encuentran los egresados de la escuela de formación básica.
México no puede soltar ya la hebra que acaba de tomar por la punta. Es inmensa la madeja que de ahí derivará y existe un campo inacabable para la formulación de políticas educativas que vayan abarcando todos los niveles.
Del mismo modo que estos primeros 6 mil 275 serán certificados por una evaluación, pronto se impondrá revisar los términos y contenidos de esa evaluación.
De otra parte, en algún momento del próximo futuro tendrán que ser certificados adecuadamente todos los profesores en funciones. La maestra ya se refirió a la alta demanda de aspirantes a mentores de la escuela básica. Pero no le pasa por las mientes la indispensable planeación de la oferta de profesores para ese nivel educativo, a la luz de la gradual inversión de la pirámide poblacional.
Por otro lado, hay mucho trabajo por delante para definir con claridad y certidumbre el paradigma educativo que regirá a la formación elemental. No puede tratarse de la mera repetición de nuestros métodos del pasado, ahora con profesores certificados. Los niños deben ganar en autonomía con la mayor velocidad posible. No podemos seguir siendo una sociedad que debe ser llevada de la manita, no nos vayamos a perder. Los niños tienen que ganar el mayor número de habilidades y destrezas con rapidez. Justamente su edad se los permite.
Y si eso es así, es preciso evaluar los programas con los que están formándose y con los que se formarán los profesores del futuro.
Un número significativo de las escuelas normales no ha sido en el pasado un espacio de formación de docentes, sino una escuela de política rastacuera controlada por el SNTE. "Estudian" ahí para pasar a ser "bases" de la maestra, para convertirse en presidentes municipales, acaso un día diputados locales, en dirigentes sindicales comisionados (los hay por miles), en funcionarios de la SEP y de las secretarías de educación de los gobiernos estatales. Conforman una red de poder tan invisible como efectiva. La venta y la herencia de plazas han sido una constante durante décadas y la corrupción con las cuotas de los propios profesores es un secreto a voces; hablamos, no lo olvidemos, del sindicato más grande de América Latina. Este monstruo debe morir, si queremos tener escuelas normales para la formación de docentes, si queremos reformas educativas en esas instituciones, que después reviertan los nuevos métodos educativos hacia las aulas de las escuelas de formación básica.
Si ello no ocurre, será imposible tener un día una buena escuela secundaria, un bachillerato digno de su nombre y una educación superior para una nación que se desarrolla. Una buena escuela se forma, según dijo convincentemente Pero Grullo, de buenos maestros y de buenos estudiantes. Y, todo, todo, empieza en las escuelas normales, y en las escuelas de formación básica, con profesores evaluados y certificados, y con paradigmas educativos a la altura de la sociedad del conocimiento y la información. Y nada, nada, de todo ello será posible con esa malformación social purulenta llamada SNTE.
Marco Rascón : Mordiendo la bala
Sergio Ramírez : Volcanes encendidos
Luis Hernández Navarro : Orlando Fals Borda
Pedro Miguel : Miramar responde
Javier Flores : Aborto: decisión en puerta
No sorprende el proyecto presentado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que declara fundados los recursos de inconstitucionalidad mediante los cuales se trata de revertir la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Si bien ha causado gran indignación en amplio sector de la sociedad –pues para las mujeres que deciden la interrupción de un embarazo no deseado se plantea la disyuntiva entre la cárcel o la posibilidad de la muerte–, se trata de algo esperado. Pero la discusión seria y decisiva en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas está por comenzar, y este documento de 610 páginas es tan sólo un punto de partida. Sin embargo, el texto es interesante porque hace visible, por medio de una particular interpretación de la Constitución y otros ordenamientos legales, la postura de un sector de la sociedad ante el tema del aborto.
El proyecto de Aguirre Anguiano tiene una característica importante que también se esperaba: en sus argumentos no hay ninguna alusión directa a conceptos de tipo religioso. Aparece entonces como un alegato neutro, centrado en aspectos que pretenden exhalar pulcritud jurídica, para eludir cualquier confrontación con la naturaleza laica del Estado mexicano. Esfuerzo vano, pues a nadie escapa que en el origen de los recursos de inconstitucionalidad que guiaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) hay un elemento ideológico, o más precisamente, religioso. Si no, ¿cómo explicar la identidad del argumento central en estos recursos y del proyecto mismo, con los preceptos de un poder extranjero, el Vaticano, sobre la defensa de la vida desde la concepción? No es difícil ver la mano que mece la cuna.
En un proceso que lleva más de un año se logró evitar –al menos parcialmente– que entre los protagonistas de los debates aparecieran los representantes de la jerarquía católica; en su lugar se colocó al frente a científicos conservadores y a profesoras de embriología para "demostrar científicamente" que el ser humano y la persona humana son lo mismo que el cigoto. Pero ahora este escenario se hace a un lado y se cede el lugar a los argumentos constitucionales, en los que, al parecer y como veremos, hay también lugar para el malabarismo.
Precisamente un punto importante en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano consiste en esa sustitución. Se hacen a un lado los aspectos éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual comienza la vida humana y en el que ésta debe protegerse en virtud de que, a su juicio, en estos campos existen posturas encontradas, por lo que plantea que, dada esta diversidad, la decisión de la SCJN debe atenerse solamente a lo que establece la Constitución.
De este modo la prueba pericial realizada el 16 de agosto de 2007 –llena de irregularidades y trampas en su elaboración y desarrollo, de las que me ocuparé en su momento–, a la que fueron convocados Jesús Kumate, María Cristina Márquez Orozco, Fabio Salamanca, Rubén Lisker y Ricardo Tapia, en la que los tres primeros identificaron al cigoto con una persona y los dos últimos no, sólo sirvió para construir el argumento de que los científicos ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo sobre este tema. De este modo lo que prevalece es una interpretación particular de la Carta Magna. Al no abundar en el texto constitucional los puntos que permitieran una solución directa al tema del aborto (en particular el momento del desarrollo en el que la vida humana debe protegerse), se recurre a leyes secundarias o tesis en las que en el pasado la Iglesia católica ha dejado impresa su huella, pues incluyen la noción de que la vida se inicia con la concepción. Pero no se explica en ninguna parte del documento cómo se da el salto para identificar la concepción (idea metafísica) con la fecundación (concepto biológico) para concluir que la Constitución defiende la vida en todas las etapas del desarrollo humano.
Hay otros mensajes en el proyecto aludido, como que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene competencia para modificar el Código Penal y la ley de salud locales, pero, al proponer declarar inconstitucionales algunas de sus partes –como la definición de aborto, en la que se elimina el periodo de las 12 semanas de gestación y lo amplía hasta la "concepción"; y la de embarazo, cuyo inicio se define a partir del mismo concepto religioso–, Aguirre los transforma en ordenamientos inaceptables, pues condenan a las mujeres con un embarazo no deseado a ser simples incubadoras al margen de sus propias decisiones; o, en el otro extremo, a la cárcel o la muerte.
Pero el debate en la SCJN, que será histórico, apenas está por comenzar. Para declarar la inconstitucionalidad, siete ministros tendrían que respaldar la visión de Aguirre y del sector social del que este ministro se ha convertido en vocero. Lo que está por definirse es si nuestro país entra en una ruta de desarrollo marcada por el respeto pleno a los derechos de las mujeres, o si simplemente nos alineamos, de manera dócil, a la corriente mundial neoscurantista.
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A pesar de que el tema del derecho a la vida se ha centrado mediáticamente en el debate sobre el aborto, cuya discusión pública iniciarán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el lunes próximo, la decisión del asunto girará básicamente sobre dos puntos que se han abordado poco: ¿el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación puede ser excluyente del delito? Y ¿los diputados capitalinos están facultados para legislar sobre la interrupción del embarazo?
Fuentes judiciales precisaron lo anterior y agregaron que uno de los problemas principales del proyecto elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es que tiene "demasiada información" sobre aspectos filosóficos, sociológicos y morales, pero pocos elementos que fundamenten por qué considera que el delito del aborto es de índole federal y, por ende, debe permanecer la pena de tres a seis meses de prisión y con 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que aborte por propia voluntad.
En este contexto, los funcionarios consultados precisaron que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) se fundamentan en que buscan defender "el derecho a la vida desde la concepción", argumento que fue retomado por diversas organizaciones, políticos y grupos que se oponen a la interrupción legal del embarazo (ILE).
Sin embargo, "el derecho a la vida no está en juego" porque está consagrado en la Constitución, como tampoco está a discusión si el producto de la concepción tiene derecho a la vida, subrayaron.
De lo que se trata en este asunto es simplemente determinar si la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud capitalinos se ajusta o no a lo establecido en la Carta Magna.
Es decir, explicaron, si puede considerarse que la despenalización hasta las 12 semanas de gestación puede ser considerada una "excluyente de delito válida", como es el caso de la interrupción legal del embarazo en caso de violación o malformación genética, el derecho penal precisa que el aborto es un delito y seguirá siéndolo.
Lo que sí deberá ser motivo de análisis de los ministros es determinar si una mujer por su voluntad puede abortar antes de las 12 semanas de gestación, es decir, si puede ejercer libremente el derecho a decidir sobre su cuerpo bajo estas condiciones.
Por otro parte, comentaron que el proyecto de Aguirre Anguiano, que ya se encuentra en la página de Internet de la Corte, se limitó a proponer la inconstitucionalidad de la reforma capitalina con el argumento de que los integrantes de la Asamblea Legislativa no están facultados para legislar en materia de salud.
Sin embargo, se sabe que algunos de los ministros que avalan la validez de la norma consideran que el aborto es un delito del orden común –en ninguna ley dice que sea del orden federal– y, por tanto, los diputados locales sí pueden legislar en la materia.
Este argumento, de proceder, daría lugar a que el pleno discuta el fondo del asunto y determine si la norma impugnada es constitucional o no. Según funcionarios consultados, José Ramón Cossío, Genaro Góngora, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero le han confiado a sus más cercanos colaboradores que avalan la reforma, y con sus votos sería suficiente para que la ley impugnada siga vigente, porque se requiere de que ocho de 11 ministros voten por la invalidez para que la ley sea derogada.
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Toda persona tiene legítimo derecho de buscar resarcir su imagen, limpiar su honor o defender su buen nombre cuando sienta y pruebe que una información le agravia. La justicia debe ser expedita siempre y, en un supuesto como el anterior, rigurosamente cumplida.
Pero nadie que reclame para sí una intachable reputación tiene derecho a aprovecharse de los vacíos legales y las contradicciones legislativas para convertir un proceso judicial en un simple acto de molestia, de acoso, o lo que es peor, de intimidación a la libertad de expresión; mucho menos, fincarse en la dilación y en la negligencia de los juzgadores para vencer por la vía de la “fatiga procesal”. Cuando los jueces dejan correr del tiempo puede volverse simplemente irreparable el daño, en caso de que existiere, y ese mismo transcurrir puede constituirse en una de las formas más deplorables de inhibir el derecho a la libertad de información.
Por eso es tan reprochable la conducta observada por el juez 39 de lo civil para el DF, Miguel Ángel Robles Villegas, que se ha tomado ¡cuatro años! en el desahogo de la demanda que por daño moral interpuso el diputado federal del PRI, Gerardo Sosa Castelán, en contra de los que participaron en la elaboración, diseño, edición e impresión del libro La Sosa nostra: gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo, que documenta los manejos del legislador cuando éste era rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entre los demandados, además del autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, está el fotógrafo Héctor Rubio Traspeña, y quien la prologó, Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista más completo ética y profesionalmente del país.
Sin emitir sentencia alguna, el juez ha mantenido en primera instancia el juicio desde agosto de 2004 hasta la fecha, y de esta manera ya ha convertido el proceso en un auténtico castigo para los demandados. No sólo por la lentitud con que obra, sino por algunas medidas absurdas en la instrucción del juicio: se llevó más de dos años emplazar a los demandados, se han desechado sin razón pruebas fundamentales para la defensa y se han aceptado pruebas inadecuadas de la parte actora como periciales en sicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza. También se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma.
Nadie niega que Sosa Castelán tenga en la ley acreditado el derecho a reclamar la reparación de un posible daño moral; por los elementos que conozco podría afirmar que no le asiste la razón, así ofrezca tres testigos de la altísima consideración que de sí mismo tiene. De lo que casi no tengo duda es de que más que una batalla judicial por defender su nombre, ha planteado un acoso en contra de comunicadores libres, y ha encontrado un juez a modo.
Profesor de la FCPyS de la UNAM
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Proponen a Lázaro para dirigir al PRDrosalía vergara
MÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- La corriente Izquierda Unida (IU) impugnará ante la acéfala Comisión Nacional de Garantías el resolutivo del Consejo Nacional del PRD que prorrogó la presidencia sustituta de Guadalupe
ANALISIS POLITICO
Coparmex: “eliminar” a López ObradorÁlvaro delgadoMÉXICO, D.F., 18 de agosto (apro).- Justo en el contexto de la psicosis por el asesinato del niño Fernando Martí
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