Diez mil muertos después, un representante del gobierno militar mexicano ha aceptado el sinsentido de la guerra contra el narcotráfico pues, según el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Rico Ferrat, no está en manos de nuestro país resolver el problema del mercadeo de drogas hacia Estados Unidos. A lo más que se podría aspirar, dijo el funcionario, según información de Notimex, sería a desviar las rutas de trasiego hacia otras naciones. Y es que, mientras no se frene el consumo de estupefacientes en el mercado gringo, de nada servirá todo lo que desde la periferia surtidora se pretenda hacer. Haberlo dicho antes: asunto de vialidad extrema, de diseños logísticos, de rutas alternas y entendimientos vehiculares, de tráfico, pero no la terrible matanza diaria ni el abatimiento escandaloso de los de por sí deprimidos niveles de funcionamiento del Estado que ahora lleva Fallido como apellido.
El ex presidente Calderón (lo fue del comité nacional del PAN) asegundó el golpe mediante una entrevista con la agencia alemana de prensa, Dpa, a la que dijo que “el tráfico de drogas en Estados Unidos también obedece a un fenómeno de corrupción de autoridades americanas. Yo quiero saber cuántas autoridades estadunidenses han sido llevadas a juicio por ese tema”. Luego demandó un cambio de actitud, más responsabilidad y menos evasivas. Tan crecido estaba el antedicho licenciado que casi era posible imaginarlo retando a los gringos a ayudarle a gobernar el calderón desbordado, a ver si son tan picudos como dicen.
Las plegarias intervencionistas del tarasco posterior al foxismo clásico, que ayer convirtió en un discurso a Jaime Torres Bodet en cuico de la letra, es decir, en secretario de Seguridad Pública, fueron escuchadas en el santuario del Pentágono y por ello se organiza ya la aparición milagrosa del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, que viene esta semana a México oficialmente a ver cómo puede sumar recursos gringos a la catástrofe de los Estados Fallidos Mexicanos y, extraoficialmente, a afinar los mecanismos de intervención preventiva llamada Iniciativa Mérida. El tutor Mullen es partidario explícito del Plan Colombia y cree que es la mejor forma de ayudar a un vecino con problemas graves. ¡Hurra, los mandos gringos están entrando en acción, como si ese hubiera sido el propósito real de la absurda y muy mal llevada guerra felipista!
A propósito, Stephen Kinzer, un ex reportero de The New York Times que ahora escribe libros sobre asuntos internacionales, publicó este martes en The Guardian un artículo en el que habla de la curva de aprendizaje sobre Latinoamérica que debe recorrer Obama. La vista global sobre lo que pasa en esta región comienza con el relato de una plática que el articulista tuvo con un joven recién dado de alta en los marines al que preguntó adónde esperaba ser enviado. La respuesta fue carente de sorpresa: a Afganistán. Pero con un agregado: El comandante nos ha dicho que, después de Afganistán, probablemente seremos enviados a México. Si los oficiales del ejército estadunidense están diciendo a sus soldados que se preparen para entrar en funciones en México, ello hace parecer poco probable que el presidente Barack Obama seguirá ignorando a Latinoamérica por mucho tiempo, escribió Kinzer. Y la posibilidad de un colapso violento en México, de la clase que podría llevar a algunos estadunidenses a demandar intervención militar allí, ha sido bien instalada en Washington, agregó el articulista.
VIOLENCIA EN LA CARCEL Una mujer policía llega al penal de alta seguridad de Ciudad Juárez, donde ayer se produjo un enfrentamiento entre bandas rivales de reos, con resultado de 20 muertos y siete heridos; los grupos de seguridad pública, incluyendo efectivos del Ejército y la Policía Federal Preventiva, retomaron el control de las instalaciones alrededor de las 10 de la mañana, reportaron autoridadesFoto Ap
Astillas
Ignorante de la economía, las finanzas y el baile de salón, el autor de las presentes líneas de crédito fallido no atina a entender el significado del grácil movimiento bancario con el que dos preclaros directivos nativos se han hecho de paquetes accionarios de Banamex. ¿Una maniobra más del vaivén de compras y ventas que siempre benefician a privilegiados caballeros bien emparentados con el poder, ahora con la vista puesta en simular mexicanizaciones inminentes para que no haya bronca con la adquisición obámica de un tercio de Citigroup-Banamex? ¿Otro más de los abonos felipillos a las cuentas de los financiadores de 2006, acaso ahora mediante ventas cuasi clandestinas de dólares a precios castigados para que con el diferencial así regalado se pudieran refaccionar los futuros compradores del banco ya antes perdido, rescatado, vendido y vuelto a poner en la mira lucrativa? ¿Simple colocación amistosa de pequeños ahorros de un par de simpáticos triunfadores?... Luis Castillo Alejos recuerda que “meses atrás, las Zucaritas de Kellog’s promovieron su producto adicionado con vitaminas como Z-7 (se hacía una alusión indirecta a los códigos utilizados por la delincuencia) y hoy en día puedes ver esa promoción como Zuca-7, así que tal vez pronto veamos al IFE con una estrategia similar de cambio de referencia a la letra zeta”... César Hernández comenta que una parte de los problemas para la integración de las mesas directivas de casilla nace desde el momento en que los ciudadanos insaculados dicen sí a la responsabilidad sólo por salir del paso. Conocedor del punto, pues trabajó en el IFE en 2006, asegura que el día de las elecciones muchas personas capacitadas no llegan, y que en el DF las sustituciones se hicieron con gente no sólo del Panal, sino del PRIAN. Mejor sería, dice, que se integrara a ese proceso a personas realmente dispuestas a realizar la actividad, sin la restricción de las letras iniciales del apellido. Este año, señala, las cosas serán peores, pues hay mucha gente que no quiere participar... Carstens: del catarrito local al gran catarritsunami exterior... Y, mientras el octogenario de tres colores sueña con un Viagra electoral para este año y 2012, ¡hasta mañana, con la señora Me Harta que decepciona gravemente al respetable público al anunciar que se retira de la política, para dedicarse por entero al Centro Egox y a la Fundación (Ro)bamos México, oh...!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
El ex presidente Calderón (lo fue del comité nacional del PAN) asegundó el golpe mediante una entrevista con la agencia alemana de prensa, Dpa, a la que dijo que “el tráfico de drogas en Estados Unidos también obedece a un fenómeno de corrupción de autoridades americanas. Yo quiero saber cuántas autoridades estadunidenses han sido llevadas a juicio por ese tema”. Luego demandó un cambio de actitud, más responsabilidad y menos evasivas. Tan crecido estaba el antedicho licenciado que casi era posible imaginarlo retando a los gringos a ayudarle a gobernar el calderón desbordado, a ver si son tan picudos como dicen.
Las plegarias intervencionistas del tarasco posterior al foxismo clásico, que ayer convirtió en un discurso a Jaime Torres Bodet en cuico de la letra, es decir, en secretario de Seguridad Pública, fueron escuchadas en el santuario del Pentágono y por ello se organiza ya la aparición milagrosa del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, que viene esta semana a México oficialmente a ver cómo puede sumar recursos gringos a la catástrofe de los Estados Fallidos Mexicanos y, extraoficialmente, a afinar los mecanismos de intervención preventiva llamada Iniciativa Mérida. El tutor Mullen es partidario explícito del Plan Colombia y cree que es la mejor forma de ayudar a un vecino con problemas graves. ¡Hurra, los mandos gringos están entrando en acción, como si ese hubiera sido el propósito real de la absurda y muy mal llevada guerra felipista!
A propósito, Stephen Kinzer, un ex reportero de The New York Times que ahora escribe libros sobre asuntos internacionales, publicó este martes en The Guardian un artículo en el que habla de la curva de aprendizaje sobre Latinoamérica que debe recorrer Obama. La vista global sobre lo que pasa en esta región comienza con el relato de una plática que el articulista tuvo con un joven recién dado de alta en los marines al que preguntó adónde esperaba ser enviado. La respuesta fue carente de sorpresa: a Afganistán. Pero con un agregado: El comandante nos ha dicho que, después de Afganistán, probablemente seremos enviados a México. Si los oficiales del ejército estadunidense están diciendo a sus soldados que se preparen para entrar en funciones en México, ello hace parecer poco probable que el presidente Barack Obama seguirá ignorando a Latinoamérica por mucho tiempo, escribió Kinzer. Y la posibilidad de un colapso violento en México, de la clase que podría llevar a algunos estadunidenses a demandar intervención militar allí, ha sido bien instalada en Washington, agregó el articulista.
VIOLENCIA EN LA CARCEL Una mujer policía llega al penal de alta seguridad de Ciudad Juárez, donde ayer se produjo un enfrentamiento entre bandas rivales de reos, con resultado de 20 muertos y siete heridos; los grupos de seguridad pública, incluyendo efectivos del Ejército y la Policía Federal Preventiva, retomaron el control de las instalaciones alrededor de las 10 de la mañana, reportaron autoridadesFoto Ap
Astillas
Ignorante de la economía, las finanzas y el baile de salón, el autor de las presentes líneas de crédito fallido no atina a entender el significado del grácil movimiento bancario con el que dos preclaros directivos nativos se han hecho de paquetes accionarios de Banamex. ¿Una maniobra más del vaivén de compras y ventas que siempre benefician a privilegiados caballeros bien emparentados con el poder, ahora con la vista puesta en simular mexicanizaciones inminentes para que no haya bronca con la adquisición obámica de un tercio de Citigroup-Banamex? ¿Otro más de los abonos felipillos a las cuentas de los financiadores de 2006, acaso ahora mediante ventas cuasi clandestinas de dólares a precios castigados para que con el diferencial así regalado se pudieran refaccionar los futuros compradores del banco ya antes perdido, rescatado, vendido y vuelto a poner en la mira lucrativa? ¿Simple colocación amistosa de pequeños ahorros de un par de simpáticos triunfadores?... Luis Castillo Alejos recuerda que “meses atrás, las Zucaritas de Kellog’s promovieron su producto adicionado con vitaminas como Z-7 (se hacía una alusión indirecta a los códigos utilizados por la delincuencia) y hoy en día puedes ver esa promoción como Zuca-7, así que tal vez pronto veamos al IFE con una estrategia similar de cambio de referencia a la letra zeta”... César Hernández comenta que una parte de los problemas para la integración de las mesas directivas de casilla nace desde el momento en que los ciudadanos insaculados dicen sí a la responsabilidad sólo por salir del paso. Conocedor del punto, pues trabajó en el IFE en 2006, asegura que el día de las elecciones muchas personas capacitadas no llegan, y que en el DF las sustituciones se hicieron con gente no sólo del Panal, sino del PRIAN. Mejor sería, dice, que se integrara a ese proceso a personas realmente dispuestas a realizar la actividad, sin la restricción de las letras iniciales del apellido. Este año, señala, las cosas serán peores, pues hay mucha gente que no quiere participar... Carstens: del catarrito local al gran catarritsunami exterior... Y, mientras el octogenario de tres colores sueña con un Viagra electoral para este año y 2012, ¡hasta mañana, con la señora Me Harta que decepciona gravemente al respetable público al anunciar que se retira de la política, para dedicarse por entero al Centro Egox y a la Fundación (Ro)bamos México, oh...!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Enrique Galván Ochoa: Dinero
En una de las actuaciones más abyectas de que se tenga registro –¡y sobran!–, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Luis Pazos, se pronunció en contra… ¡de los usuarios de los servicios financieros! El presidente de la Asociación de Bancos de México, Enrique Castillo, lo llevó de chalán a la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discute un proyecto para limitar los abusos en comisiones e intereses. Uno puede entender que Castillo defienda la posición de su sector. Sin embargo, es una obscenidad que un funcionario cuyo sueldo cobra de nuestros impuestos y tiene a su cargo la protección y defensa de los consumidores, públicamente se pronuncie en su contra. Según Pazos, poner límites a las altísimas tasas de interés y comisiones afectaría negativamente a los más pobres. ¿Desde cuándo un pobre lleva en la cartera una American Express Platino?
El saqueo
Teóricamente vivimos todavía en la etapa de la libre flotación del peso. Se supone que la oferta y la demanda fijan su valor, sin la intervención del gobierno. Empero, ahora podemos ver con claridad que la flotación terminó en abril de 2003, cuando el Banco de México anunció que comenzaría a subastar dólares de la reserva entre los bancos comerciales. Dio diversas explicaciones técnicas, la realidad es que Fox había recibido el dólar a $9.50 el año 2000, pero en 2003 se presentó un movimiento especulativo. Guillermo Ortiz, aquellos días en la mira del panismo, se prestó a la manipulación política del foxismo que no quería ser manchado por una devaluación como las que tanto criticó a los priístas. Desde el 2003 a la fecha, dos gobiernos panistas han dispuesto de una suma aproximada a 50 mil millones de dólares de las reservas. Obstinadamente se resisten a revelar la identidad de los compradólares. ¿Contuvieron la depreciación? No, al contrario, de $9.50 el dólar se ha ido a más de $15. La gráfica muestra las subastas y las ventas directas que ha hecho el Banco de México de octubre pasado a la fecha; habría que añadir otros 30 mil millones subastados a lo largo de cinco años anteriores. En estos días Guillermo Ortiz se reunirá con algunos legisladores para darles otra embarrada de atole con el dedo.
La tenencia
Me da pena desengañar a los automovilistas que abrigaron la ilusión de que fuera anulado el pago de la detestada tenencia. El Partido Revolucionario Institucional presentará en las próximas horas, o días, a través de Jorge Estefan Chidiac, una tramposa iniciativa: su partido respaldaría la derogación del gravamen si Felipe Calderón le repone a los gobernadores perrepripánicos los 30 mil millones de pesos que dejarían de recibir. El entusiasmo del Primer Optimista del país no da para tanto. La semana anterior más de 200 diputados de todos los partidos hicieron fila para estampar su firma en la propuesta de anular la tenencia. Recientemente habían hecho otro ridículo: votaron un inútil llamado a Calderón para que detenga los aumentos del diesel.
El saqueo
Teóricamente vivimos todavía en la etapa de la libre flotación del peso. Se supone que la oferta y la demanda fijan su valor, sin la intervención del gobierno. Empero, ahora podemos ver con claridad que la flotación terminó en abril de 2003, cuando el Banco de México anunció que comenzaría a subastar dólares de la reserva entre los bancos comerciales. Dio diversas explicaciones técnicas, la realidad es que Fox había recibido el dólar a $9.50 el año 2000, pero en 2003 se presentó un movimiento especulativo. Guillermo Ortiz, aquellos días en la mira del panismo, se prestó a la manipulación política del foxismo que no quería ser manchado por una devaluación como las que tanto criticó a los priístas. Desde el 2003 a la fecha, dos gobiernos panistas han dispuesto de una suma aproximada a 50 mil millones de dólares de las reservas. Obstinadamente se resisten a revelar la identidad de los compradólares. ¿Contuvieron la depreciación? No, al contrario, de $9.50 el dólar se ha ido a más de $15. La gráfica muestra las subastas y las ventas directas que ha hecho el Banco de México de octubre pasado a la fecha; habría que añadir otros 30 mil millones subastados a lo largo de cinco años anteriores. En estos días Guillermo Ortiz se reunirá con algunos legisladores para darles otra embarrada de atole con el dedo.
La tenencia
Me da pena desengañar a los automovilistas que abrigaron la ilusión de que fuera anulado el pago de la detestada tenencia. El Partido Revolucionario Institucional presentará en las próximas horas, o días, a través de Jorge Estefan Chidiac, una tramposa iniciativa: su partido respaldaría la derogación del gravamen si Felipe Calderón le repone a los gobernadores perrepripánicos los 30 mil millones de pesos que dejarían de recibir. El entusiasmo del Primer Optimista del país no da para tanto. La semana anterior más de 200 diputados de todos los partidos hicieron fila para estampar su firma en la propuesta de anular la tenencia. Recientemente habían hecho otro ridículo: votaron un inútil llamado a Calderón para que detenga los aumentos del diesel.
Para estabilizar el tipo de cambio e inyectar confianza en el mercado, según dice, el gobierno federal mantiene su rígida estrategia de llenar el barril sin fondo de la especulación cambiaria. En poco más de cuatro meses sacrificó más de 22 mil millones de dólares de las reservas internacionales para tal fin y, a cambio, en el mismo lapso, el peso se ha devaluado casi 50 por ciento frente al dólar, con lo que la administración Calderón ya supera la quema de reservas que para igual propósito –con idéntico resultado– ordenó en 1994 el gobierno salinista saliente y el zedillista entrante.
A razón promedio de casi 185 millones de dólares cotidianamente –sábados, domingos y días festivos incluidos–, en 143 días se han quemado 22 mil 89 millones de dólares en reservas internacionales, un monto superior a los aproximadamente 20 mil millones de billetes verdes que el gobierno salinista sacrificó de enero a noviembre de 1994, más el primer mes de la administración zedillista. En todos los casos el resultado obtenido fue idéntico: la caída en picada del peso y la felicidad plena de las hordas especulativas.
Más allá de que con Calderón el sacrificio de reservas ya es mayor que el reportado por la dupla Salinas-Zedillo, la diferencia entre uno y otro episodio, es que en 1994 en promedio se quemaron casi 55 millones de dólares por día, mientras que en el caso del actual inquilino de Los Pinos esa proporción alcanza ya los 185 millones de billetes verdes cada 24 horas, en los 143 días que van del 8 de octubre de 2008 al 28 de febrero de 2009, una diferencia de 3.4 tantos entre una y otra cifra, marcador favorable al mochoacano.
Es el mercado, gritaron a coro gobierno y jilgueros en 1994, en plena sacudida político-económico-financiera, y ahora lo repite, con sospechosa puntualidad, la actual administración e idénticos jilgueros, como si tal mercado no tuviera responsables y éstos nombre y apellido, los cuales, sin duda, deben ser los mismos que saquearon al país en las no pocas devaluaciones registradas en las tres últimas décadas.
En su edición de ayer, La Jornada (en nota de Roberto González Amador) denuncia que “uno de cada cuatro dólares que el Banco de México tenía en la reserva internacional de divisas al inicio de octubre, cuando comenzaron los ataques especulativos contra el peso, se han esfumado de las arcas del banco central, mientras el valor del peso frente a la divisa estadunidense continuó cayendo esta semana a niveles sin precedente, indicaron reportes oficiales. Desde principios de octubre de 2008 y hasta el cierre de febrero de este año, la reserva internacional de divisas acumuló una pérdida de 22 mil 89 millones de dólares, que han sido utilizados por el banco central para proveer liquidez al mercado de cambios, a través de dos mecanismos: la subasta de dólares entre las instituciones financieras o, como es práctica desde el mes pasado, la venta de manera discrecional y opaca a determinados bancos. La pérdida de reservas por estas dos vías es equivalente a 26.51 por ciento –es decir, poco más de una cuarta parte– de las divisas que el banco central tenía en custodia a principios de octubre de 2008, al comenzar el actual periodo de inestabilidad financiera mundial, que eran 83 mil 312 millones de dólares, de acuerdo con datos del banco emisor”.
Pues bien, la cifra detallada por el buen Roberto resulta casi el doble, si se compara con lo que al país le costó, en términos de reservas internacionales, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que el próximo cumple 15 años. En esa ocasión, el sacrificio para estabilizar, fallidamente desde luego, el tipo de cambio del peso frente al dólar le costó al país 10 mil 388 millones de dólares, de acuerdo con la estadística del Banco de México, la misma que hoy documenta los citados 22 mil 89 millones de billetes verdes que, antes como ahora, han sido servidos en bandeja de plata por la Comisión de Cambios (Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México) para que las hordas especulativas se alimenten, aunque nunca quedan satisfechas. Y van por más, y se los van a servir.
Sólo para dar un punto de comparación, el llamado error de diciembre (el día 21 del último mes de 1994, o lo que es lo mismo el arranque de la crisis económico-financiera de entonces) a los mexicanos les significó la pérdida de 4 mil 543 millones de dólares en reservas internacionales, y si se considera el mes completo, el primero del gobierno zedillista, 6 mil 336 millones de billetes verdes, lo que arroja un promedio diario en el último mes del año citado de poco más de 204 millones, un monto no lejano de los 185 millones que cotidianamente, a lo largo de 143 días, ha quemado el que, según Felipe Calderón, resulta un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo (¿cómo serán los peores?).
Si tal sacrificio cuando menos arrojara resultados tangibles, pues bueno se podría pensar que ese es el lamentable y elevado costo que hay que pagar por la estabilidad de la moneda nacional, pero a mayor quema de reservas internacionales más alto vuela el tipo de cambio, en detrimento, obvio es, del peso mexicano. Si ello es exasperante, peor aún resulta que el gobierno federal se niegue a denunciar, con nombre, apellido y nacionalidad, quiénes son los devoradores –como bien lo apunta la cabeza jornalera de ayer– de los recursos que pertenecen a la nación, en este nuevo capítulo del inagotable historial de saqueos de que han sido víctimas los mexicanos.
De cualquier suerte, la estrategia y el saqueo de las reservas internacionales deben concluir, y los responsables de la sangría –de ambos lados, meseros y comensales– pagar las consecuencias.
Las rebanadas del pastel
Agarraditas de la mano, ya se escucha a las plañideras: sería nocivo poner un tope a tasas de interés, según la trinca infernal (Secretaría de Hacienda, la Condusef y la Asociación de Banqueros de –en- México), porque, dicen con el pañuelo húmedo, una decisión de tal naturaleza afectaría a sectores desprotegidos que no tendrían acceso a las tarjetas de crédito, es decir, los mismos indefensos usuarios que por el agio institucionalizado que avala el gobierno federal hoy no pueden pagarlas.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
A razón promedio de casi 185 millones de dólares cotidianamente –sábados, domingos y días festivos incluidos–, en 143 días se han quemado 22 mil 89 millones de dólares en reservas internacionales, un monto superior a los aproximadamente 20 mil millones de billetes verdes que el gobierno salinista sacrificó de enero a noviembre de 1994, más el primer mes de la administración zedillista. En todos los casos el resultado obtenido fue idéntico: la caída en picada del peso y la felicidad plena de las hordas especulativas.
Más allá de que con Calderón el sacrificio de reservas ya es mayor que el reportado por la dupla Salinas-Zedillo, la diferencia entre uno y otro episodio, es que en 1994 en promedio se quemaron casi 55 millones de dólares por día, mientras que en el caso del actual inquilino de Los Pinos esa proporción alcanza ya los 185 millones de billetes verdes cada 24 horas, en los 143 días que van del 8 de octubre de 2008 al 28 de febrero de 2009, una diferencia de 3.4 tantos entre una y otra cifra, marcador favorable al mochoacano.
Es el mercado, gritaron a coro gobierno y jilgueros en 1994, en plena sacudida político-económico-financiera, y ahora lo repite, con sospechosa puntualidad, la actual administración e idénticos jilgueros, como si tal mercado no tuviera responsables y éstos nombre y apellido, los cuales, sin duda, deben ser los mismos que saquearon al país en las no pocas devaluaciones registradas en las tres últimas décadas.
En su edición de ayer, La Jornada (en nota de Roberto González Amador) denuncia que “uno de cada cuatro dólares que el Banco de México tenía en la reserva internacional de divisas al inicio de octubre, cuando comenzaron los ataques especulativos contra el peso, se han esfumado de las arcas del banco central, mientras el valor del peso frente a la divisa estadunidense continuó cayendo esta semana a niveles sin precedente, indicaron reportes oficiales. Desde principios de octubre de 2008 y hasta el cierre de febrero de este año, la reserva internacional de divisas acumuló una pérdida de 22 mil 89 millones de dólares, que han sido utilizados por el banco central para proveer liquidez al mercado de cambios, a través de dos mecanismos: la subasta de dólares entre las instituciones financieras o, como es práctica desde el mes pasado, la venta de manera discrecional y opaca a determinados bancos. La pérdida de reservas por estas dos vías es equivalente a 26.51 por ciento –es decir, poco más de una cuarta parte– de las divisas que el banco central tenía en custodia a principios de octubre de 2008, al comenzar el actual periodo de inestabilidad financiera mundial, que eran 83 mil 312 millones de dólares, de acuerdo con datos del banco emisor”.
Pues bien, la cifra detallada por el buen Roberto resulta casi el doble, si se compara con lo que al país le costó, en términos de reservas internacionales, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que el próximo cumple 15 años. En esa ocasión, el sacrificio para estabilizar, fallidamente desde luego, el tipo de cambio del peso frente al dólar le costó al país 10 mil 388 millones de dólares, de acuerdo con la estadística del Banco de México, la misma que hoy documenta los citados 22 mil 89 millones de billetes verdes que, antes como ahora, han sido servidos en bandeja de plata por la Comisión de Cambios (Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México) para que las hordas especulativas se alimenten, aunque nunca quedan satisfechas. Y van por más, y se los van a servir.
Sólo para dar un punto de comparación, el llamado error de diciembre (el día 21 del último mes de 1994, o lo que es lo mismo el arranque de la crisis económico-financiera de entonces) a los mexicanos les significó la pérdida de 4 mil 543 millones de dólares en reservas internacionales, y si se considera el mes completo, el primero del gobierno zedillista, 6 mil 336 millones de billetes verdes, lo que arroja un promedio diario en el último mes del año citado de poco más de 204 millones, un monto no lejano de los 185 millones que cotidianamente, a lo largo de 143 días, ha quemado el que, según Felipe Calderón, resulta un muy buen equipo económico, probablemente uno de los mejores del mundo (¿cómo serán los peores?).
Si tal sacrificio cuando menos arrojara resultados tangibles, pues bueno se podría pensar que ese es el lamentable y elevado costo que hay que pagar por la estabilidad de la moneda nacional, pero a mayor quema de reservas internacionales más alto vuela el tipo de cambio, en detrimento, obvio es, del peso mexicano. Si ello es exasperante, peor aún resulta que el gobierno federal se niegue a denunciar, con nombre, apellido y nacionalidad, quiénes son los devoradores –como bien lo apunta la cabeza jornalera de ayer– de los recursos que pertenecen a la nación, en este nuevo capítulo del inagotable historial de saqueos de que han sido víctimas los mexicanos.
De cualquier suerte, la estrategia y el saqueo de las reservas internacionales deben concluir, y los responsables de la sangría –de ambos lados, meseros y comensales– pagar las consecuencias.
Las rebanadas del pastel
Agarraditas de la mano, ya se escucha a las plañideras: sería nocivo poner un tope a tasas de interés, según la trinca infernal (Secretaría de Hacienda, la Condusef y la Asociación de Banqueros de –en- México), porque, dicen con el pañuelo húmedo, una decisión de tal naturaleza afectaría a sectores desprotegidos que no tendrían acceso a las tarjetas de crédito, es decir, los mismos indefensos usuarios que por el agio institucionalizado que avala el gobierno federal hoy no pueden pagarlas.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Violencia y devaluación humana
Editorial de la Jornada
Ayer, en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió un violento enfrentamiento –originado, al parecer, por una riña entre bandas de reos rivales– que dejó como saldo, según información del gobierno de la entidad, una veintena de muertos y al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad.
La reiteración de estos episodios en varias cárceles del país es indicativa de la exasperante falta de capacidad de las autoridades para poner orden y hacer cumplir la ley en los centros de reclusión, pero también, en un sentido más amplio, de una devaluación de la condición humana en general que es presenciada y padecida por la sociedad en su conjunto, y que se expresa al mismo tiempo en el ámbito económico, en el que la crisis actual ha depreciado los ingresos de los sectores mayoritarios y que cientos de miles de historias de sufrimiento humano son reducidas a simples indicadores estadísticos.
Es por demás alarmante que, en casos como el que se comenta, esta degradación sea permitida e incluso alentada por el propio Estado: las autoridades penitenciarias han permitido que prevalezcan, en la mayoría de los reclusorios, condiciones infrahumanas de subsistencia y, en consecuencia, han propiciado que esos centros se conviertan en espacios de negación rotunda de la legalidad, del estado de derecho y de las condiciones humanitarias más elementales. Los supuestos encargados de llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reinserción social de los reos han demostrado –con episodios como el ocurrido en el penal de La Mesa, en Tijuana, donde se perpetró una masacre a mansalva de presos por agentes de las policías federal y estatal– que las intenciones de venganza y aniquilamiento de delincuentes están por encima de los compromisos de procuración e impartición de justicia. No puede omitirse que estos sucesos tienen como telón de fondo un discurso oficial empeñado por caracterizar a los delincuentes como enemigos y hasta como traidores a la patria, y la obstinación gubernamental en mantener una política de seguridad que se niega sistemáticamente a ver el fenómeno de la criminalidad en su complejidad social y pretende confrontarlo únicamente por medio de una represión policial y militar, cuya legitimidad se ve regularmente sometida a cuestionamiento por las violaciones a los derechos humanos que suele conllevar.
El nivel de civilidad de un país no sólo se mide en el trato a sus ciudadanos comunes, sino también en el que se da a los infractores a la legalidad y en la capacidad del régimen para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin importar su condición legal, social, económica o política. En esa medida, México vive una situación de barbarie por demás alarmante, y una degradación moral que se reproduce, por desgracia, en sectores de la opinión pública que se congratulan con escenas como la de ayer y que claman por la aplicación de la pena de muerte para los delincuentes.
Por último, la evidente pérdida de control oficial en las cárceles del país, además de resultar ilustrativa del grado de corrupción que se ha alcanzado en tales establecimientos, abre la perspectiva de que el control y la seguridad de esos centros sean encomendados a las fuerzas armadas, como ocurre ya con diversas ciudades del país y con casetas de peaje carretero en distintos puntos del territorio nacional. Por esa vía bien podrían seguir, además, las aduanas, los aeropuertos y otras instalaciones estratégicas. Lo grave de esa lógica no es sólo que no haya suficientes uniformados para desempeñar todas las tareas que les son requeridas, sino también que, llevada a sus últimas consecuencias, las autoridades civiles acabarían por abdicar de sus responsabilidades de gobierno en favor de los militares.
Opinión
Octavio Rodríguez Araujo: Remuneraciones ofensivas
Ayer, en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió un violento enfrentamiento –originado, al parecer, por una riña entre bandas de reos rivales– que dejó como saldo, según información del gobierno de la entidad, una veintena de muertos y al menos seis heridos, tres de ellos de gravedad.
La reiteración de estos episodios en varias cárceles del país es indicativa de la exasperante falta de capacidad de las autoridades para poner orden y hacer cumplir la ley en los centros de reclusión, pero también, en un sentido más amplio, de una devaluación de la condición humana en general que es presenciada y padecida por la sociedad en su conjunto, y que se expresa al mismo tiempo en el ámbito económico, en el que la crisis actual ha depreciado los ingresos de los sectores mayoritarios y que cientos de miles de historias de sufrimiento humano son reducidas a simples indicadores estadísticos.
Es por demás alarmante que, en casos como el que se comenta, esta degradación sea permitida e incluso alentada por el propio Estado: las autoridades penitenciarias han permitido que prevalezcan, en la mayoría de los reclusorios, condiciones infrahumanas de subsistencia y, en consecuencia, han propiciado que esos centros se conviertan en espacios de negación rotunda de la legalidad, del estado de derecho y de las condiciones humanitarias más elementales. Los supuestos encargados de llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reinserción social de los reos han demostrado –con episodios como el ocurrido en el penal de La Mesa, en Tijuana, donde se perpetró una masacre a mansalva de presos por agentes de las policías federal y estatal– que las intenciones de venganza y aniquilamiento de delincuentes están por encima de los compromisos de procuración e impartición de justicia. No puede omitirse que estos sucesos tienen como telón de fondo un discurso oficial empeñado por caracterizar a los delincuentes como enemigos y hasta como traidores a la patria, y la obstinación gubernamental en mantener una política de seguridad que se niega sistemáticamente a ver el fenómeno de la criminalidad en su complejidad social y pretende confrontarlo únicamente por medio de una represión policial y militar, cuya legitimidad se ve regularmente sometida a cuestionamiento por las violaciones a los derechos humanos que suele conllevar.
El nivel de civilidad de un país no sólo se mide en el trato a sus ciudadanos comunes, sino también en el que se da a los infractores a la legalidad y en la capacidad del régimen para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos, sin importar su condición legal, social, económica o política. En esa medida, México vive una situación de barbarie por demás alarmante, y una degradación moral que se reproduce, por desgracia, en sectores de la opinión pública que se congratulan con escenas como la de ayer y que claman por la aplicación de la pena de muerte para los delincuentes.
Por último, la evidente pérdida de control oficial en las cárceles del país, además de resultar ilustrativa del grado de corrupción que se ha alcanzado en tales establecimientos, abre la perspectiva de que el control y la seguridad de esos centros sean encomendados a las fuerzas armadas, como ocurre ya con diversas ciudades del país y con casetas de peaje carretero en distintos puntos del territorio nacional. Por esa vía bien podrían seguir, además, las aduanas, los aeropuertos y otras instalaciones estratégicas. Lo grave de esa lógica no es sólo que no haya suficientes uniformados para desempeñar todas las tareas que les son requeridas, sino también que, llevada a sus últimas consecuencias, las autoridades civiles acabarían por abdicar de sus responsabilidades de gobierno en favor de los militares.
Opinión
Octavio Rodríguez Araujo: Remuneraciones ofensivas
Varios de quienes escribimos en los periódicos somos profesores y/o investigadores universitarios. Los sueldos máximos en las instituciones de educación superior son, para los profesores e investigadores de tiempo completo (prestaciones al margen), de alrededor de 15 mil 800 pesos más la prima de antigüedad (véase la página en Internet de transparencia de la UNAM). Y con esos sueldos, más los honorarios que pagan los periódicos por artículo, en general mantenemos nuestra independencia y normalmente, hasta donde se sabe, no hay casos de soborno ni de venta de la pluma al mejor postor. Nadie puede garantizar que los académicos universitarios seamos incorruptibles, pero tendrá que reconocerse que a lo largo de los años muy pocos profesores o investigadores han sido acusados de ser comprados. No somos ángeles, ciertamente, pero por contraste con la corrupción que priva en el país, parecemos ser excepcionales en este punto.
Si los universitarios, con los sueldos mencionados, no somos corruptos ni traicionamos, en general, nuestra conciencia por monedas de plata, ¿por qué se ha supuesto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, además de los magistrados electorales, sí lo harán? La pregunta no es ociosa. Los artículos 116 y 127 de la Constitución mencionan que todos los anteriores, más los diputados, senadores, representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. Y el artículo 41, V, establece que los consejeros electorales, incluido su presidente, percibirán retribuciones iguales a las previstas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La remuneración que todos éstos reciben es determinada anualmente por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda, bajo criterios de ecuanimidad, justicia, imparcialidad, moderación y todos los sinónimos de equitativo. Aunque no está escrito, se juzga remuneración adecuada aquella que resulte ser suficientemente atractiva para evitar que los aludidos caigan en tentaciones de corrupción. Y así, los diputados les asignaron remuneraciones altísimas, superiores a los 300 mil pesos para los altos cargos del Poder Judicial, incluido el tribunal electoral y los consejeros del IFE. Todos ellos ganan 21 veces más que un profesor o un investigador universitario del más alto nivel. Ya no digamos la diferencia con los salarios mínimos, que son los que obtienen la mayoría de los mexicanos cuando cuentan con un empleo. Es una obscenidad, y lo peor es que a pesar de tales remuneraciones han demostrado que no actúan de acuerdo con su conciencia, o que ésta ha sido comprada infinidad de veces.
Se argumentará que las decisiones que tiene que tomar un académico universitario no tienen la misma trascendencia que las de un juez o un consejero. Que no es lo mismo poner un 10 de calificación o un 5 que decidir controversias constitucionales o dictaminar sobre la culpabilidad de tal y cual. ¿Y? Cada quien realiza su función, y actuar con responsabilidad y justicia cuesta lo mismo, en términos de conciencia, para dictaminar una calificación o aprobar una tesis de grado que para calificar un proceso electoral o un acto delictivo. En todos los casos se toman decisiones y éstas son igualmente difíciles cuando se trata de hacer justicia, con un alumno o con un presunto delincuente, con la opinión de un articulista sobre las libertades o los derechos constitucionales o con el dictamen de un ministro de la Suprema Corte sobre lo mismo. La diferencia, en todo caso, consiste en que un académico-articulista puede ser convencido, con argumentos y datos, de que está equivocado y cambiar sus puntos de vista si se es razonable, en tanto que los dictámenes de un juez son inapelables y una vez subidos en su burro nadie los baja de ahí, por más argumentos que les demos desde la tribuna ciudadana que, obviamente, no tiene poder. (Aquello de que la prensa era el cuarto poder es cosa del pasado, y más con los panistas que ni leen el periódico.)
Por otro lado, si vamos al valor de la trascendencia en las decisiones, al margen de lo que yo piense sobre la legitimidad de Calderón, éste debería ganar mayor sueldo que los ministros y demás, pero no es el caso. Aun así, si hablamos de sueldos y tomamos en cuenta que los salarios en Estados Unidos son, por un mismo trabajo promedio, unas 13 veces más altos que en México, las remuneraciones de Calderón y de los jueces, consejeros, diputados, etcétera, deberían ser 13 veces menores que los de sus pares en aquel país, el más poderoso del planeta. Tampoco es el caso, al contrario, casi son iguales, y en algunos casos superiores.
Quiero dejar claro que no soy de los que piensan que reducir el salario de los servidores públicos a la mitad sea la panacea económica del país, aunque en algo ayudaría en la crisis que vivimos y sería una señal de solidaridad con el país en su conjunto. Mi argumento es que no hay proporción entre esas remuneraciones y las del resto de los empleados en México. Con lo que ha salido a la luz en la guerra absurda de Calderón contra el crimen organizado hemos podido corroborar que la corrupción se ha filtrado a las más altas esferas de la administración pública (federal, estatal y municipal), y esto a pesar de sus altos salarios. La conclusión sería que no son éstos los que inhibirían la corrupción, la venta de conciencias y de acciones, sino la fortaleza ética de las personas que, por lo visto, es escasa. La solución a la crisis no va, necesariamente, por la reducción de remuneraciones de quienes obtienen tanto dinero a cambio de su probada poca eficiencia, pero de que ofende, ofende.
Irma Eréndira Sandoval*: Opacidad en el Ministerio Público
Si los universitarios, con los sueldos mencionados, no somos corruptos ni traicionamos, en general, nuestra conciencia por monedas de plata, ¿por qué se ha supuesto que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, además de los magistrados electorales, sí lo harán? La pregunta no es ociosa. Los artículos 116 y 127 de la Constitución mencionan que todos los anteriores, más los diputados, senadores, representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. Y el artículo 41, V, establece que los consejeros electorales, incluido su presidente, percibirán retribuciones iguales a las previstas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La remuneración que todos éstos reciben es determinada anualmente por los diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda, bajo criterios de ecuanimidad, justicia, imparcialidad, moderación y todos los sinónimos de equitativo. Aunque no está escrito, se juzga remuneración adecuada aquella que resulte ser suficientemente atractiva para evitar que los aludidos caigan en tentaciones de corrupción. Y así, los diputados les asignaron remuneraciones altísimas, superiores a los 300 mil pesos para los altos cargos del Poder Judicial, incluido el tribunal electoral y los consejeros del IFE. Todos ellos ganan 21 veces más que un profesor o un investigador universitario del más alto nivel. Ya no digamos la diferencia con los salarios mínimos, que son los que obtienen la mayoría de los mexicanos cuando cuentan con un empleo. Es una obscenidad, y lo peor es que a pesar de tales remuneraciones han demostrado que no actúan de acuerdo con su conciencia, o que ésta ha sido comprada infinidad de veces.
Se argumentará que las decisiones que tiene que tomar un académico universitario no tienen la misma trascendencia que las de un juez o un consejero. Que no es lo mismo poner un 10 de calificación o un 5 que decidir controversias constitucionales o dictaminar sobre la culpabilidad de tal y cual. ¿Y? Cada quien realiza su función, y actuar con responsabilidad y justicia cuesta lo mismo, en términos de conciencia, para dictaminar una calificación o aprobar una tesis de grado que para calificar un proceso electoral o un acto delictivo. En todos los casos se toman decisiones y éstas son igualmente difíciles cuando se trata de hacer justicia, con un alumno o con un presunto delincuente, con la opinión de un articulista sobre las libertades o los derechos constitucionales o con el dictamen de un ministro de la Suprema Corte sobre lo mismo. La diferencia, en todo caso, consiste en que un académico-articulista puede ser convencido, con argumentos y datos, de que está equivocado y cambiar sus puntos de vista si se es razonable, en tanto que los dictámenes de un juez son inapelables y una vez subidos en su burro nadie los baja de ahí, por más argumentos que les demos desde la tribuna ciudadana que, obviamente, no tiene poder. (Aquello de que la prensa era el cuarto poder es cosa del pasado, y más con los panistas que ni leen el periódico.)
Por otro lado, si vamos al valor de la trascendencia en las decisiones, al margen de lo que yo piense sobre la legitimidad de Calderón, éste debería ganar mayor sueldo que los ministros y demás, pero no es el caso. Aun así, si hablamos de sueldos y tomamos en cuenta que los salarios en Estados Unidos son, por un mismo trabajo promedio, unas 13 veces más altos que en México, las remuneraciones de Calderón y de los jueces, consejeros, diputados, etcétera, deberían ser 13 veces menores que los de sus pares en aquel país, el más poderoso del planeta. Tampoco es el caso, al contrario, casi son iguales, y en algunos casos superiores.
Quiero dejar claro que no soy de los que piensan que reducir el salario de los servidores públicos a la mitad sea la panacea económica del país, aunque en algo ayudaría en la crisis que vivimos y sería una señal de solidaridad con el país en su conjunto. Mi argumento es que no hay proporción entre esas remuneraciones y las del resto de los empleados en México. Con lo que ha salido a la luz en la guerra absurda de Calderón contra el crimen organizado hemos podido corroborar que la corrupción se ha filtrado a las más altas esferas de la administración pública (federal, estatal y municipal), y esto a pesar de sus altos salarios. La conclusión sería que no son éstos los que inhibirían la corrupción, la venta de conciencias y de acciones, sino la fortaleza ética de las personas que, por lo visto, es escasa. La solución a la crisis no va, necesariamente, por la reducción de remuneraciones de quienes obtienen tanto dinero a cambio de su probada poca eficiencia, pero de que ofende, ofende.
Irma Eréndira Sandoval*: Opacidad en el Ministerio Público
Al cerrar la puerta al acceso ciudadano a las averiguaciones previas, la reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales violenta nuestro derecho a la información y sume al Ministerio Público en un pozo de opacidad. Además de atropellar el principio de máxima publicidad incluido en el artículo sexto constitucional, la reforma también violenta el artículo 20 de la Carta Magna que señala que el proceso penal se debe regir por el principio de publicidad. Asimismo, el nuevo texto legal es contrario a diversos instrumentos regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos signados y ratificados por el Estado mexicano.
Quienes buscan defender la opacidad del Ministerio Público tratan de situar el presente debate en el terreno del combate eficaz a la delincuencia organizada. Supuestamente el acceso indiscriminado a las actuaciones ministeriales ayudaría a los criminales a burlar a la autoridad. Los apologistas de la reforma también quieren vendernos la idea de que las nuevas disposiciones se orientan a salvaguardar el honor de las personas implicadas en las indagatorias. De forma lamentable, incluso el propio comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, ha utilizado este último argumento para apoyar la reserva de información pública en averiguaciones previas.
Sin embargo, el interés de fondo no es la mejora de la eficacia en las tareas investigadoras o la defensa del buen nombre de los ciudadanos de a pie. Al contrario, el detonador principal de la reforma fue la desesperación y el malestar causado por las solicitudes de acceso a las averiguaciones previas de conspicuos personajes vinculados con el poder, el dinero y el partido en el gobierno federal como Genaro García Luna, Vicente Fox, Marta Sahagún, Jorge y Manuel Bribiesca, Elba Esther Gordillo, Juan Camilo Mouriño, Diego Fernández de Cevallos y Francisco Gil Díaz.
Lo que está en juego es el combate eficaz a la corrupción gubernamental. Y al hablar de corrupción no nos referimos solamente a la deplorable corrupción cotidiana del Ministerio Público, esa que se refleja en la famosa mordida y que se maneja en pesos y centavos. El problema central es la corrupción estructural y sistémica que alcanza los más altos niveles de gobierno y que invade las funciones centrales del Estado. Una corrupción que no involucra sólo a delincuentes menores, sino principalmente a quienes, abusando de su autoridad, cotidianamente burlan nuestras leyes y manchan nuestras instituciones. Y para combatir este tipo de corrupción se requiere de una transparencia igual de estructural e integral.
Sin embargo, la ominosa reforma al Código de Procedimientos Penales es el resultado de la transparencia opaca, minimalista y de aparador que ha venido prevaleciendo entre los servidores públicos en todo el país. Proviene de los mismos legisladores federales que hoy violan la Constitución al negarse a adecuar la Ley Federal de Transparencia y los reglamentos de transparencia del Congreso de la Unión a las disposiciones del artículo sexto constitucional. Son los mismos legisladores que no se han atrevido a convertir los partidos políticos en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y que se quedaron cortos a la hora de reformar el artículo sexto de la Constitución.
Habría que celebrar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma. Sin embargo, la CNDH también debería tomar esta oportunidad para predicar con el ejemplo. Bajo la gestión de José Luis Soberanes este organismo autónomo se ha caracterizado por la más absoluta opacidad. De manera reiterada se ha negado, por ejemplo, a permitir el acceso ciudadano a los expedientes de queja, precisamente el equivalente de las averiguaciones previas. El reglamento de transparencia de la CNDH también viola de manera flagrante las disposiciones del artículo sexto constitucional Resulta paradójico que ahora el ombudsman quiera convertirse en el paladín de la transparencia, cuando está sentado encima de una montaña de opacidad en su propia institución.
Con respecto al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), llama la atención que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del pleno hayan dispuesto colocar el nuevo texto del Código de Procedimientos Penales por encima de la Ley de Transparencia y negar el acceso a toda información relacionada con las averiguaciones previas. Esta decisión desoye la jurisprudencia en la materia que señala que por encima de la ley general siempre debe prevalecer la ley especial, en este caso la Ley de Transparencia. Habría que exigirle al IFAI que la posición disidente expresada por los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo tenga eco y que la institución siga resolviendo los recursos de inconformidad sobre averiguaciones previas como había venido haciéndolo, aplicando la Ley de Transparencia.
Empecemos a actuar. No esperemos a que sepulten nuestro derecho de acceso a la información y que las averiguaciones previas después, como las boletas electorales, nos sean ofrecidas en vitrinas insultantes.
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM. www.corrupcion.unam.mx
Ángel Guerra Cabrera: La crisis, los estallidos sociales y el socialismo
Quienes buscan defender la opacidad del Ministerio Público tratan de situar el presente debate en el terreno del combate eficaz a la delincuencia organizada. Supuestamente el acceso indiscriminado a las actuaciones ministeriales ayudaría a los criminales a burlar a la autoridad. Los apologistas de la reforma también quieren vendernos la idea de que las nuevas disposiciones se orientan a salvaguardar el honor de las personas implicadas en las indagatorias. De forma lamentable, incluso el propio comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, ha utilizado este último argumento para apoyar la reserva de información pública en averiguaciones previas.
Sin embargo, el interés de fondo no es la mejora de la eficacia en las tareas investigadoras o la defensa del buen nombre de los ciudadanos de a pie. Al contrario, el detonador principal de la reforma fue la desesperación y el malestar causado por las solicitudes de acceso a las averiguaciones previas de conspicuos personajes vinculados con el poder, el dinero y el partido en el gobierno federal como Genaro García Luna, Vicente Fox, Marta Sahagún, Jorge y Manuel Bribiesca, Elba Esther Gordillo, Juan Camilo Mouriño, Diego Fernández de Cevallos y Francisco Gil Díaz.
Lo que está en juego es el combate eficaz a la corrupción gubernamental. Y al hablar de corrupción no nos referimos solamente a la deplorable corrupción cotidiana del Ministerio Público, esa que se refleja en la famosa mordida y que se maneja en pesos y centavos. El problema central es la corrupción estructural y sistémica que alcanza los más altos niveles de gobierno y que invade las funciones centrales del Estado. Una corrupción que no involucra sólo a delincuentes menores, sino principalmente a quienes, abusando de su autoridad, cotidianamente burlan nuestras leyes y manchan nuestras instituciones. Y para combatir este tipo de corrupción se requiere de una transparencia igual de estructural e integral.
Sin embargo, la ominosa reforma al Código de Procedimientos Penales es el resultado de la transparencia opaca, minimalista y de aparador que ha venido prevaleciendo entre los servidores públicos en todo el país. Proviene de los mismos legisladores federales que hoy violan la Constitución al negarse a adecuar la Ley Federal de Transparencia y los reglamentos de transparencia del Congreso de la Unión a las disposiciones del artículo sexto constitucional. Son los mismos legisladores que no se han atrevido a convertir los partidos políticos en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y que se quedaron cortos a la hora de reformar el artículo sexto de la Constitución.
Habría que celebrar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma. Sin embargo, la CNDH también debería tomar esta oportunidad para predicar con el ejemplo. Bajo la gestión de José Luis Soberanes este organismo autónomo se ha caracterizado por la más absoluta opacidad. De manera reiterada se ha negado, por ejemplo, a permitir el acceso ciudadano a los expedientes de queja, precisamente el equivalente de las averiguaciones previas. El reglamento de transparencia de la CNDH también viola de manera flagrante las disposiciones del artículo sexto constitucional Resulta paradójico que ahora el ombudsman quiera convertirse en el paladín de la transparencia, cuando está sentado encima de una montaña de opacidad en su propia institución.
Con respecto al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), llama la atención que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del pleno hayan dispuesto colocar el nuevo texto del Código de Procedimientos Penales por encima de la Ley de Transparencia y negar el acceso a toda información relacionada con las averiguaciones previas. Esta decisión desoye la jurisprudencia en la materia que señala que por encima de la ley general siempre debe prevalecer la ley especial, en este caso la Ley de Transparencia. Habría que exigirle al IFAI que la posición disidente expresada por los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo tenga eco y que la institución siga resolviendo los recursos de inconformidad sobre averiguaciones previas como había venido haciéndolo, aplicando la Ley de Transparencia.
Empecemos a actuar. No esperemos a que sepulten nuestro derecho de acceso a la información y que las averiguaciones previas después, como las boletas electorales, nos sean ofrecidas en vitrinas insultantes.
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM. www.corrupcion.unam.mx
Ángel Guerra Cabrera: La crisis, los estallidos sociales y el socialismo
La huelga general y manifestaciones callejeras estremecen a Guadalupe y Martinica, departamentos franceses de ultramar, eufemismo que designa a las que han sido dependencias de la metrópoli desde la conquista. Iniciada en Guadalupe (500 mil habitantes) el 20 de enero y en Martinica (400 mil habitantes) el 5 de febrero, los movimientos se organizan en torno a una amplia conjunción de sindicatos y asociaciones ciudadanas en protesta contra la crisis social, agravada por las políticas neoliberales de París. El costo de la vida en las islas es mucho más alto que en Francia y el desempleo altísimo, sobre todo entre los jóvenes. Las protestas exigen un aumento del salario mínimo, la rebaja de los precios de la canasta básica y de los servicios, derecho al trabajo, a la educación y la salud, pero tras semanas de dilatadas negociaciones con las autoridades y de renuencia de los patronos a ceder, han tomado ya un cariz político. Afloran el sentimiento de independencia y la disputa por el poder político entre la mayoría de la población de origen africano y los llamados béké, exigua minoría blanca descendiente de franceses que controla la economía y el gobierno desde la época colonial. Si a veces suele olvidarse en América Latina que Haití es fundador de la lucha por nuestra primera independencia, con más frecuencia ocurre respecto a Guadalupe y Martinica como parte de la historia y cultura que nos une. Allí, aunque aplastados en sus comienzos, se produjeron grandes levantamientos de esclavos a finales del siglo XVIII, al unísono que en Haití. Ambos territorios poseen también una fecunda historia de luchas obreras y sociales desde el siglo XX. El malestar se ha extendido a las otras dependencias francesas: Guayana, en Sudamérica, y la isla Reunión, cercana a la costa africana del Pacífico sur, donde está convocada la huelga para el 5 de marzo.
Los movimientos guadalupano y martiniqués pueden servir de valiosa experiencia en muchos sentidos a la nueva generación de levantamientos sociales detonados por el monumental trastorno económico iniciado en Estados Unidos. Varios autores respetables concuerdan en que no se trata de otra recesión cíclica y pasajera de la economía capitalista. Es un fenómeno mucho más complejo, de larga e imprevisible duración, una auténtica quiebra civilizatoria impulsada por las crisis financiera, económica, alimentaria, energética, militar, medioambiental, institucional y de valores, que interactúan y se retroalimentan entre sí, multiplicándose, extendiéndose y complicándose sucesivamente. Como correlato, se vaticina la pérdida de decenas de millones de puestos de trabajo, millones de familias sin hogar, hambrunas severas, derrumbe de las economías de muchos países del tercer mundo y postración de segmentos importantes de la población de los países desarrollados. Este desastroso costo social y la tendencia de la mayoría de los gobiernos y de la maquinaria mediática a no reconocer la gravedad del fenómeno mientras rescatan a los más ricos en detrimento de sus empobrecidas poblaciones, conduce a una crisis de confianza en las instituciones que llevará a la ingobernabilidad y a inevitables estallidos sociales de gran envergadura. Estos no podrán controlarse por los clásicos procedimientos antimotines y no será extraño que rebasen a las fuerzas armadas, pero si no existen en las sociedades, como en Guadalupe y Martinica, fuerzas capaces de dotarlos de una organización, un programa y una orientación política popular, pueden evolucionar hacia la derecha e incluso hacia modalidades del fascismo o ser muy vulnerables.
La amenaza de violencia parecería inevitable en muchos casos, ya sea fruto de la desesperación o de la necesidad de las masas, de la represión o de eventuales conflictos entre estados por causas económicas, pero donde existan movimientos populares con organización y claridad de propósitos es más probable que pueda ser conjurada, o al menos encausada a los objetivos del progreso social. En América Latina se ha demostrado en la última década que las demandas populares pueden articularse en movimientos sociales que luchan por vía política, logran acceder al gobierno mediante elecciones y desde allí comienzan procesos constituyentes de orientación socialista. El socialismo renovado, sostenido desde abajo, es lo único que puede salvar a la humanidad de la debacle que viene.
aguerra_123@yahoo.com.mx
Los movimientos guadalupano y martiniqués pueden servir de valiosa experiencia en muchos sentidos a la nueva generación de levantamientos sociales detonados por el monumental trastorno económico iniciado en Estados Unidos. Varios autores respetables concuerdan en que no se trata de otra recesión cíclica y pasajera de la economía capitalista. Es un fenómeno mucho más complejo, de larga e imprevisible duración, una auténtica quiebra civilizatoria impulsada por las crisis financiera, económica, alimentaria, energética, militar, medioambiental, institucional y de valores, que interactúan y se retroalimentan entre sí, multiplicándose, extendiéndose y complicándose sucesivamente. Como correlato, se vaticina la pérdida de decenas de millones de puestos de trabajo, millones de familias sin hogar, hambrunas severas, derrumbe de las economías de muchos países del tercer mundo y postración de segmentos importantes de la población de los países desarrollados. Este desastroso costo social y la tendencia de la mayoría de los gobiernos y de la maquinaria mediática a no reconocer la gravedad del fenómeno mientras rescatan a los más ricos en detrimento de sus empobrecidas poblaciones, conduce a una crisis de confianza en las instituciones que llevará a la ingobernabilidad y a inevitables estallidos sociales de gran envergadura. Estos no podrán controlarse por los clásicos procedimientos antimotines y no será extraño que rebasen a las fuerzas armadas, pero si no existen en las sociedades, como en Guadalupe y Martinica, fuerzas capaces de dotarlos de una organización, un programa y una orientación política popular, pueden evolucionar hacia la derecha e incluso hacia modalidades del fascismo o ser muy vulnerables.
La amenaza de violencia parecería inevitable en muchos casos, ya sea fruto de la desesperación o de la necesidad de las masas, de la represión o de eventuales conflictos entre estados por causas económicas, pero donde existan movimientos populares con organización y claridad de propósitos es más probable que pueda ser conjurada, o al menos encausada a los objetivos del progreso social. En América Latina se ha demostrado en la última década que las demandas populares pueden articularse en movimientos sociales que luchan por vía política, logran acceder al gobierno mediante elecciones y desde allí comienzan procesos constituyentes de orientación socialista. El socialismo renovado, sostenido desde abajo, es lo único que puede salvar a la humanidad de la debacle que viene.
aguerra_123@yahoo.com.mx
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
05 de marzo de 2009
Yo soy Jacinta
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
Yo soy Jacinta
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
Lydia Cacho
Plan B
El oráculo de la muerte
Hace ocho años Esther Chávez Cano me dijo en Ciudad Juárez: “Hasta que no empiecen a matar muchos hombres el gobierno federal no se ocupará de la violencia en Chihuahua”. Esta experta feminista, quien destapó los feminicidios, es una de las que advirtió los vínculos entre la violencia contra las mujeres, la protección del Estado a los criminales y el resultante fomento de la impunidad para delitos de otra naturaleza.
Edgardo Buscalgia y el juez Carlos Castresana de la Organización de las Naciones Unidas dijeron reiteradamente que el nivel de desarrollo de un país se mide por la forma en que se trata a sus mujeres, y que los bajos niveles de protección ciudadana y altos niveles de corrupción en el sector público ponían en grave peligro a la población chihuahuense. El gobernador, indignado, se dedicó a desestimar la creciente violencia contra las mujeres como un termómetro de otras formas de violencia criminal.
Una fuente confiable asegura que hace meses un comando armado secuestró a la hija del gobernador con todo y escolta, sólo para devolvérsela intacta unas horas después con el mensaje: “Para que sepa quién manda aquí”. La oficina del gobernador rechaza esa versión, pero ahora es él mismo quien pidió la intervención militar.
Eduardo Medina Mora estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2000 a 2005, cuando Gobernación se negó a intervenir en Chihuahua. Las fiscalías se convirtieron en aves de mal agüero. Guadalupe Morfín salió de Chihuahua con un informe sobre la diferencia entre el feminicidio de violencia doméstica y el perpetrado por el crimen organizado; la corrupción quedó intocada. La fiscal López Urbina salió amenazada de muerte por sus propios agentes judiciales. A la procuradora del estado la protege el FBI y la asesora el Departamento de Justicia estadounidense, el gobernador la desprotegió hace tiempo. La ingobernabilidad se anunció de todas las formas posibles.
Ahora los cómplices de la impunidad se muestran sorprendidos. Más de 400 feminicidios no bastaron para tomar medidas radicales a tiempo. Habrá que mirar a los estados con altos índices de feminicidio y adivinar el futuro.
Hace ocho años Esther Chávez Cano me dijo en Ciudad Juárez: “Hasta que no empiecen a matar muchos hombres el gobierno federal no se ocupará de la violencia en Chihuahua”. Esta experta feminista, quien destapó los feminicidios, es una de las que advirtió los vínculos entre la violencia contra las mujeres, la protección del Estado a los criminales y el resultante fomento de la impunidad para delitos de otra naturaleza.
Edgardo Buscalgia y el juez Carlos Castresana de la Organización de las Naciones Unidas dijeron reiteradamente que el nivel de desarrollo de un país se mide por la forma en que se trata a sus mujeres, y que los bajos niveles de protección ciudadana y altos niveles de corrupción en el sector público ponían en grave peligro a la población chihuahuense. El gobernador, indignado, se dedicó a desestimar la creciente violencia contra las mujeres como un termómetro de otras formas de violencia criminal.
Una fuente confiable asegura que hace meses un comando armado secuestró a la hija del gobernador con todo y escolta, sólo para devolvérsela intacta unas horas después con el mensaje: “Para que sepa quién manda aquí”. La oficina del gobernador rechaza esa versión, pero ahora es él mismo quien pidió la intervención militar.
Eduardo Medina Mora estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de 2000 a 2005, cuando Gobernación se negó a intervenir en Chihuahua. Las fiscalías se convirtieron en aves de mal agüero. Guadalupe Morfín salió de Chihuahua con un informe sobre la diferencia entre el feminicidio de violencia doméstica y el perpetrado por el crimen organizado; la corrupción quedó intocada. La fiscal López Urbina salió amenazada de muerte por sus propios agentes judiciales. A la procuradora del estado la protege el FBI y la asesora el Departamento de Justicia estadounidense, el gobernador la desprotegió hace tiempo. La ingobernabilidad se anunció de todas las formas posibles.
Ahora los cómplices de la impunidad se muestran sorprendidos. Más de 400 feminicidios no bastaron para tomar medidas radicales a tiempo. Habrá que mirar a los estados con altos índices de feminicidio y adivinar el futuro.
Rosario Ibarra
¿Mujer divina?
Siempre que se acerca el 8 de marzo es común encontrar por doquier referencias de toda índole, de variadísimos estilos literarios, que tienen que ver con la mujer. Suele haber de todo, desde la inspiración poética que eleva a la mujer a la excelsitud de la divinidad, hasta el denuesto vulgar y grosero de quien la culpa de todas sus congojas y desventuras.
Pensando en esto me vino a la mente, creo que con exactitud plena, algo que leí hace mucho en un libro escrito por un “especialista en el tema”. Decía: “La mujer introduce en la historia una carga de factores irracionales e irresponsables que se acercan mucho al azar”.
Y por el mismo estilo podían leerse muchas otras contundentes afirmaciones en aquel mamotreto, ilustrado profusamente con pinturas de mujeres famosas en la historia, que contradecían —desde la época en que se hicieron sus retratos y quizá desde siglos atrás, cuando vivían— la grotesca afirmación del susodicho “especialista”.
En aquellas páginas podían admirarse varias obras de arte, como la Judith de Botticelli, la misma Judith con la cabeza de Holofernes de Cristofano Atori y la de Lucas Cranach.
También tenía admirables reproducciones de pinturas de Guido Reni, inspiradas en Cleopatra; otras reproducían la imagen de Lucrecia, la mujer romana que se suicidó tras ser ultrajada por un hijo de Tarquino El Soberbio, pintada por Alberto Durero.
Ofelia, Galla Placidia, Santa Teresa, Catalina de Rusia, Madame Recamier, George Sand, Sarah Bernhardt y muchas otras que contradicen lo expresado por el autor, en las mismas páginas de su voluminoso libro.
Y como ese escritor, aún hay varones que se solazan en hacer burla de la mujer, en menospreciar todo lo que hace o propone; pero afortunadamente son minoría pues, al correr de los años, el llamado “sexo débil” ha dado muestra de su fortaleza física y espiritual y ha luchado a brazo partido para erradicar la absurda discriminación que ha sufrido desde tiempo inmemorial.
Siempre me ha parecido que si hay un día dedicado a la mujer, es algo así como un resarcimiento, porque en los restantes 364 del año se le menosprecia... pero justo es decirlo y repetirlo: no todos los varones lo hacen, hay quienes ensalzan sus virtudes, su bondad, sus cualidades, su inteligencia y su belleza, y algunos (poetas tenían que ser) hasta la califican de divina... ¿Mujer divina?
Dirigente del comité ¡Eureka!
Pensando en esto me vino a la mente, creo que con exactitud plena, algo que leí hace mucho en un libro escrito por un “especialista en el tema”. Decía: “La mujer introduce en la historia una carga de factores irracionales e irresponsables que se acercan mucho al azar”.
Y por el mismo estilo podían leerse muchas otras contundentes afirmaciones en aquel mamotreto, ilustrado profusamente con pinturas de mujeres famosas en la historia, que contradecían —desde la época en que se hicieron sus retratos y quizá desde siglos atrás, cuando vivían— la grotesca afirmación del susodicho “especialista”.
En aquellas páginas podían admirarse varias obras de arte, como la Judith de Botticelli, la misma Judith con la cabeza de Holofernes de Cristofano Atori y la de Lucas Cranach.
También tenía admirables reproducciones de pinturas de Guido Reni, inspiradas en Cleopatra; otras reproducían la imagen de Lucrecia, la mujer romana que se suicidó tras ser ultrajada por un hijo de Tarquino El Soberbio, pintada por Alberto Durero.
Ofelia, Galla Placidia, Santa Teresa, Catalina de Rusia, Madame Recamier, George Sand, Sarah Bernhardt y muchas otras que contradicen lo expresado por el autor, en las mismas páginas de su voluminoso libro.
Y como ese escritor, aún hay varones que se solazan en hacer burla de la mujer, en menospreciar todo lo que hace o propone; pero afortunadamente son minoría pues, al correr de los años, el llamado “sexo débil” ha dado muestra de su fortaleza física y espiritual y ha luchado a brazo partido para erradicar la absurda discriminación que ha sufrido desde tiempo inmemorial.
Siempre me ha parecido que si hay un día dedicado a la mujer, es algo así como un resarcimiento, porque en los restantes 364 del año se le menosprecia... pero justo es decirlo y repetirlo: no todos los varones lo hacen, hay quienes ensalzan sus virtudes, su bondad, sus cualidades, su inteligencia y su belleza, y algunos (poetas tenían que ser) hasta la califican de divina... ¿Mujer divina?
Dirigente del comité ¡Eureka!
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