3/16/2011

No es posible que un gobierno extranjero decida la estrategia anticrimen: senadores

México en Wikileaks

El contenido de los cables filtrados demuestra que estamos doblegados frente a EU


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Legisladores aseguran que el gobierno federal debe una explicación por la injerencia estadunidense en la lucha contra el crimen organizadoFoto Reuters

Andrea Becerril, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 4

Senadores de PRI, PRD y PT advirtieron ayer que las revelaciones de los cables de Wikileaks publicados por La Jornada en torno a la salida del Ejército de Ciudad Juárez, a propuesta del gobierno de Estados Unidos, son una vergüenza, ya que corroboran la sujeción del gobierno de Felipe Calderón a los designios de Washington. Mientras, legisladores del PAN consideraron que el hecho es grave y amerita una explicación del gobierno federal.

En tanto, diputados de PRI, PRD y PT hicieron un llamado al gobierno federal a modificar su relación bilateral con la administración estadunidense, porque la intromisión de Washington en asuntos de política interna mexicana manifiestan una absoluta pérdida de respeto entre naciones, y el paso siguiente para ver derrotada la soberanía nacional será la participación de las fuerzas armadas de aquel país en territorio mexicano para aparentemente resolver el escenario de violencia creciente en la República.

No es posible que sea un gobierno extranjero el que decida la estrategia contra el crimen organizado, dijo el senador blanquiazul Ramón Galindo, ex presidente municipal de Ciudad Juárez, quien comentó que los únicos ausentes en la toma de decisiones son los propios juarenses, los que pagan además los costos de una estrategia equivocada, que incluye al operativo Rápido y furioso, con 4 mil muertos y la salida de miles de familias que no pueden ya con tanta violencia e inseguridad.

Clara injerencia

Su correligionario Felipe González recordó que se argumentó en su momento que el Ejército salía de Ciudad Juárez porque así lo demandaban la ciudadanía y los gobiernos estatal y municipal. “Sería una lástima que hayan sido manipulados y lo interesante sería cómo los manipularon. Esto es una injerencia en asuntos internos del país, que no debe permitir el gobierno federal, recalcó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

El senador priísta Francisco Arroyo comentó que el gobierno de Acción Nacional no ha aprendido a manejar las coordinadas de respeto con Estados Unidos. Sostuvo que no hay política exterior, y el país perdió ya el respeto de la comunidad internacional.

Tomás Torres, del PRD, consideró que el contenido de los cables de Wikileaks lo que muestra son realidades, independientemente del procedimiento seguido para obtener los documentos confidenciales de la diplomacia estadunidense. El contenido nos muestra que México está doblegado y acobardado frente a Estados Unidos en sus decisiones internas.

El coordinador del PT, Ricardo Monreal, recalcó que los cables de Wikileaks confirman una política exterior entreguista, de sometimiento, donde las decisiones fundamentales, entre ellas del destino de Ciudad Juárez, se acuerdan y aprueban en Washington y luego Calderón las acata.

Fernando Morales y Jorge Rojo García de Alba, diputados del PRI, consideraron que ante la pobre reacción diplomática del gobierno mexicano al conocerse los cables de Wikileaks, es necesario que el Senado asuma la dirección de la política exterior de México.

Rojo García de Alba añadió que la diplomacia mexicana se encuentra en el peor momento de su historia contemporánea, porque ha permitido que una nación extranjera determine los proyectos y acciones que corresponden a la administración nacional. “No hay antecedentes cercanos a la omisión de la responsabilidad diplomática del gobierno mexicano como la que observamos. La información contenida en los cables de Wikileaks confirma que la administración federal ha perdido el control y la ruta de las decisiones soberanas en materia de política exterior; no hay rumbo, y determinaciones como el retiro del Ejército Mexicano de Ciudad Juárez implica que en los últimos cuatro años se ha cedido en conjunto la política exterior e interior”

Mauricio Toledo, diputado por el PRD, advirtió que de continuar manifestándose la intervención directa del gobierno de Estados Unidos en México, corremos el riesgo de que decidan pronto intervenir militarmente ante la desaparición paulatina de la frontera norte. El Senado, ante tal realidad, estará obligado a retomar en sus manos la coducción de la política exterior de México.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, consideró que Estados Unidos lesionó gravemente la soberanía nacional al intervenir en la estrategia antinarcóticos que siguió el gobierno de Felipe Calderón en Ciudad Juárez, Chihuahua”.

México en Wikileaks

Informó cónsul de EU sobre paramilitares en Ciudad Juárez

“El Ejército se siente cómodo al dejar que cárteles hagan la guerra”
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Según Estados Unidos, el Operativo Conjunto Chihuahua, con la participación de militares, fracasó como estrategia de seguridad públicaFoto Reuters
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 2

Para el anterior cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Raymond Mc Grath, el inicio de la Operación Conjunta Chihuahua, en marzo de 2008, fue un despliegue militar de bombo y platillo que, bajo la promesa de acabar con el baño de sangre que agobiaba a la ciudad, logró abatir las cifras de homicidios en abril de ese año. “Solamente el tiempo suficiente para que los cárteles le tomaran la medida a las tácticas de los militares y reanudaran y aceleraran sus acciones violentas durante el resto del año”.

“Una percepción generalizada –dice Mc Grath– es que el Ejército se siente cómodo dejando que los cárteles de Sinaloa y Juárez hagan la guerra entre ellos por el control de la plaza y minen sus respectivas fuerzas. Como corolario, existe la teoría de que a los militares les gustaría ver que gane el cártel de Sinaloa”.

Esa es la valoración que hace en el cable diplomático 09CIUDADJUAREZ22 enviado al Departamento de Estado el 23 de enero de 2009.

En el periodo analizado en ese cable surgen grupos armados de autodefensa, “como ocurrió en Colombia en los años 90, con Los Pepes”. Según los informantes del consulado, algunos de estos elementos contratados por empresarios son zetas y tienen tratos incluso con las unidades militares.

Dos meses después, marzo de 2009, la embajada tomaba este informe como referencia para enviar un reporte confidencial al Departamento de Estado (cable 09MEXICO748) en el que analiza críticamente la escalada que el gobierno mexicano estaba a punto de ordenar para la Operación Conjunta Chihuahua, con el envío de 5 mil soldados y 2 mil policías adicionales.

En vista que la primera oleada de soldados disminuyó momentáneamente el nivel de violencia en la ciudad, una segunda fase con presencia masiva de fuerzas federales (5 mil soldados y 2 mil policías federales) puede abrir una ventana de oportunidad para reconstruir a las fuerzas municipales que se encuentran en un estado ruinoso, dice el analista.

Sin embargo, advierte líneas más adelante: Esta ventana se está cerrando rápidamente, en la medida en que el gobierno local intenta crear una fuerza policiaca de 3 mil elementos sin estrategia ni metas claras.

En resumen, en la opinión de los estadunidenses, comprometer al Ejército en la lucha contra los cárteles en Juárez fue una medida de corto plazo que logró perturbar a los grupos criminales hasta cierto punto, pero como estrategia de seguridad pública fue un fracaso.

Lo anterior, además de ser fuente de fricciones políticas soterradas entre el gobierno federal y el estatal. El ministro consejero Charles Barclay refirió que funcionarios y líderes políticos del PRI en Chihuahua le aseguraron a oficiales de la embajada que fueron ellos los que pidieron el refuerzo militar. Por el contrario, el vocero de la operación, Enrique Torres Valadez, les confió que fue necesario presionar al gobernador José Reyes Baeza para que aceptara ayuda adicional.

¿Efecto cucaracha?

Pero existe otro problema de fondo: La cadena de mandos y la distribución de responsabilidades no es clara en el Operativo Conjunto Chihuahua, dice el despacho. El vocero Torres y el consulado aseguran que el comandante de la quinta Zona Militar con sede en Chihuahua, general Felipe Espitia, es el jefe del operativo, con seis coroneles responsables de las respectivas zonas de Juárez. Según este despacho, el comando central en la ciudad fronteriza no parece estar integrado y sus métodos de colaboración con el C-4 son ambiguos.

Insiste: Hay suspicacias entre las distintas instituciones. La única excepción parece ser la buena relación que existe entre el comando militar y la Procuraduría de Justicia estatal.

Explica: Es difícil discernir cómo actuará la Operación Conjunta en el terreno y si el gobierno municipal va a jugar algún rol o no. Funcionarios del consulado especializados en cuestiones judiciales y nuestros contactos locales esperaban que la policía municipal patrullara en forma conjunta con los militares en operativos para arrestar a infractores de delitos no federales. Pero nuestros oficiales no han visto trabajando a estas patrullas mixtas.

Sostiene este cable: “Hay diversas teorías sobre la causa de la disminución de la violencia (en el mes de abril de 2009). El gobierno de la ciudad, quizá demasiado optimista, sugiere que la operación está provocando un efecto cucaracha. El alcalde Reyes Ferriz dice que que espera que los cárteles se vayan a Sonora. Nuestros asesores del área policiaca piensan distinto. Para ellos las organizaciones criminales bajaron su perfil mientras observan y reúnen información de inteligencia sobre los movimientos del Ejército y la Policía Federal... Generales de la Zona Militar y funcionarios de la procuraduría estatal coinciden con nosotros”.

En efecto, las organizaciones criminales no emigraron a ningún lado; permanecieron en Juárez, diversificaron sus actividades hacia la extorsión, el robo de autos y el secuestro; surgieron miles de pequeñas pandillas afiliadas a uno u otro cártel, y al final de 2009, aun con la presencia masiva del Ejército, la cifra de muertos en hechos violentos relacionados con el crimen organizado alcanzó una cuota de 185 al mes.

De militares y paramilitares

Respecto de la policía municipal, en el cable del cónsul Mc Grath anota que el alcalde José Reyes Ferriz le comentó a principios de año que el 100 por ciento de los elementos están corrompidos, en mayor o menor medida. De una fuerza de mil 600, 800 fueron despedidos. Además hubo bajas (asesinatos) y deserciones. Reyes esperaba poder reconstituir una policía local con 2 mil 200 nuevos elementos para 2009 e informó también al cónsul que pensaba contratar a 2 mil agentes adicionales de policías privadas para el resguardo de bancos, maquilas y negocios.

Respecto del surgimiento de grupos armados de autodefensa, como Yonkeros Unidos y Comando Ciudadano por Juárez (CCJ), el informe del cónsul cita reportes de sus informantes, aunque las autoridades estatales y municipales niegan su existencia. Según este dato, el CCJ estaría integrado por ocho zetas contratados por empresarios juarenses, quienes hicieron una visita a los

comandantes militares en septiembre de 2008 e incluso les compraron armas decomisadas que estaban resguardadas en el cuartel a cambio de la promesa de no atacar unidades del Ejército.

“No podemos confirmar si es verídica la existencia de estos grupos de autodefensa, pero sí percibimos que la ausencia de una persecución efectiva del crimen crea las condiciones para el surgimiento de éstos, del mismo modo como surgieron Los Pepes en Colombia a principios de los noventa”.

Agrega: En teoría, los tratos o la complicidad de estos grupos justicieros con elementos del Ejército es consecuencia de la frustración dentro de los cuarteles, ya que aunque las unidades militares sean capaces de capturar armas y cargamentos de droga, no tienen ni la autoridad ni el entrenamiento necesarios para evitar que los criminales arrestados salgan libres luego de ser absueltos en los tribunales.

El despacho comenta también un episodio de las armas confiscadas en abril de 2008 a los agentes de tránsito. Resulta que la institución no pudo acreditar un control adecuado de éstas. El problema se resolvió hasta enero del año siguiente, prueba del nulo sentido de urgencia que tienen las autoridades federales respecto de la seguridad de los agentes de tránsito.

Reporta además que ante el problema de las amenazas de extorsión a los maestros de todas las escuelas de la ciudad en noviembre y diciembre, los meses en los que los docentes cobran sus aguinaldos, la única medida que se tomó fue cerrar los centros escolares, incluido el Colegio Iberoamericano, adonde asisten los hijos del personal del consulado.

Licencias fotocopiadas

Con una guerra entre cárteles desarrollándose en Ciudad Juárez desde 2008, con los índices de criminalidad disparados (más de 70 policías asesinados, 55 secuestros denunciados, 300 violaciones sexuales denunciadas, 86 asaltos bancarios y mil 650 robos de vehículo a mano armada), el cónsul Mc Grath envió el 27 de enero un reporte al Consejo de Seguridad en el Exterior (Overseas Security Advisory Council), en el que alerta sobre la situación, pero aclara que la comunidad de ciudadanos estadunidenses que residen en esta ciudad industrial no son blanco de estas acciones criminales de manera específica (cable 09CIUDADJUAREZ27).

El norte de México no es, históricamente, antinorteamericano... Muy rara vez se expresan sentimientos adversos contra los estadunidenses.

Aun así, se emite un instructivo con medidas de seguridad elementales para el personal estadunidense. Entre las recomendaciones se señala que conducir un vehículo en Juárez requiere una actitud alerta y defensiva.

Informa que la policía de Ciudad Juárez es insuficiente y sin recursos, que en los puestos de emergencia no siempre se responde con la velocidad que se requiere.

Por tanto, el consulado recomienda a sus conciudadanos que, como medida de seguridad al manejar, fotocopien sus licencias de conducir, los documentos del auto y sus identificaciones. En caso de ser detenidos por una infracción de tránsito, los instruye para que no entreguen los documentos originales, sino las fotocopias y le digan al agente: No hablo ni entiendo bien el español. Si usted considera que he cometido una infracción de tránsito, expida el recibo de la multa que lo ampara... por favor solicite la presencia de un policía que hable inglés. Gracias.

Enlaces:

Esta nota con vínculos a los cables

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

México en Wikileaks

El gobierno de Calderón es entreguista y llorón, asegura experto en seguridad nacional

Sedena declina fijar una postura; que lo haga la SRE
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de marzo de 2011, p. 5

Los cables de la embajada de Estados Unidos revelados por La Jornada en los que se hace referencia a que el Ejército falló en su encomienda de detener la violencia en Ciudad Juárez y que por ello se fortaleció la presencia de la Policía Federal en esa entidad, son apreciaciones personales y no son una postura oficial, sostuvo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Voceros de la dependencia aseguraron que no se emitirá comentario alguno ya que la información de los cables filtrados por Wikileaks son únicamente opiniones, y que al no ser declaraciones oficiales, la dependencia no tiene por qué fijar una postura al respecto.

En todo caso, indicaron los funcionarios, a quien le correspondería fijar una postura al respecto es a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Jornada publicó ayer que por insistencia de Estados Unidos se relegó al Ejército de la lucha contra el narcotráfico en Ciudad Juárez y que, incluso, el embajador de ese país en México, Carlos Pascual, conoció los detalles del repliegue militar meses antes de que el gobierno de Calderón anunciara el incremento de la participación de la Policía Federal en esa frontera.

La Sedena evitó comentar lo escrito en uno de los cables de la embajada estadunidense respecto de que el plan gubernamental conjunto que se aplicó en la ciudad fronteriza durante dos años (2008 y 2009) y en el que el Ejército llevó el peso del combate al narcotráfico, no contaba con el beneplácito de los militares.

La dependencia evitó hacer algún comentario sobre los cables en los que se hacen también graves señalamientos de los diplomáticos estadunidenses sobre la incapacidad de los militares para obtener buenos resultados contra el narcotráfico.

El especialista en temas de seguridad nacional Erubiel Tirado sostuvo que los cables de la embajada de Estados Unidos en México demuestran que en la relación con el vecino país pesan mucho las asimetrías y queda en evidencia que el gobierno de Felipe Calderón es entreguista y llorón, porque mientras se queja del tono arrogante e impertinente de los cables diplomáticos, no hace nada para sancionar a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y de otros órganos en la materia, quienes al acudir han provocado esa impertinencia.

Antes de quejarse del tono de los cables diplomáticos, debería empezar por limpiar la casa, sostuvo Tirado, quien ha dirigido diplomados sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana.

Agregó que Calderón debe explicar si funcionarios como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna; el ex secretario del Consejo Nacional de Seguridad Pública Jorge Tello Peón, y el director del Cisen, Guillermo Valdés, tenían el compromiso de mantener informados a los estadunidenses de las decisiones de su gabinete de seguridad, como señalan los cables revelados por este diario.

Es preocupante también el hecho de que fue el gobierno estadunidense el que diseñó la política a seguir en Ciudad Juárez, y que después de un año de que se puso en marcha su diseño, ellos mismos digan que la Operación Conjunta Chihuahua no sirvió, poniendo como chivo expiatorio al Ejército.

El patito feo es la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no la sacan de la jugada en Ciudad Juárez; la relegan para que entre el aparato de operadores confiables para Estados Unidos.

Insistió en que los esquemas de los grupos de trabajo binacionales creados para darle seguimiento a la política anticrimen son cuestionables, porque en los hechos constituyen una rendición de cuentas de parte del gobierno de Calderón.

También llamó a los legisladores a que se involucren e investiguen el estado que guarda la relación con el vecino país, para evitar que se mantenga el esquema actual en el que Estados Unidos plantea, presiona y obtiene la conducta de México que le conviene.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks


Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

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