Aumentan casos de funcionarios implicados
Por la Redacción
México, DF, 7 abr 11 (CIMAC).- Amnistía Internacional (AI) denunció ante el Comité de Naciones Unidas (ONU) para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que durante el último año aumentaron los abusos contra las y los migrantes de Centroamérica en su paso por México y en los cuales han participado las autoridades de nuestro país.
Durante la reunión del Estado mexicano con el Comité de Naciones Unidas, el pasado 4 y 5 de abril en Ginebra, Suiza, Rupert Knox, investigador sobre México de AI, señaló que las agresiones también se registraron en contra de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) de personas migrantes.
En ambos casos, el acceso a la justicia fue “muy débil” y las medidas adoptadas para proteger a la población migrante y las personas que defienden sus derechos y les brindan ayuda humanitaria han sido insuficientes.
Knox habló sobre la impunidad en la que permanecen los delitos cometidos en contra de las y los centroamericanos durante su tránsito por México rumbo a Estados Unidos. Y cuestionó a las autoridades del país acerca de cuántos funcionarios públicos habían tenido que rendir cuentas por su complicidad en estos crímenes.
De igual modo cuestionó: “¿Qué está haciendo (el Estado mexicano) para combatir esta impunidad?”. Además solicitó datos nacionales fiables que muestren los juicios y condenas contra los agresores de la población migrante, sean miembros de bandas delictivas o funcionarios públicos.
Rupert Knox denunció también que existe una brecha entre los datos oficiales sobre los delitos cometidos contra los migrantes y “el número real” de crímenes, el cual es considerablemente más alto.
Según cálculos de organizaciones civiles, de las 400 mil personas migrantes que cada año ingresan por la frontera sur de México, 24 por ciento son mujeres, de ellas sólo siete por ciento llega a la frontera norte debido a la violencia que sufre en el camino.
De abril a septiembre de 2010 se registraron 11 mil 333 secuestros de personas migrantes, quienes padecieron violaciones sexuales, tortura y, en casos extremos, fueron asesinadas, informó este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En tanto, miembros del Comité de la ONU cuestionaron a la representación del Estado mexicano –encabezada por Salvador Beltrán del Río, comisionado del Instituto Nacional de Migración– en qué medida las autoridades federales y estatales han cumplido con las recomendaciones de la CNDH en la materia.
Algunos integrantes del Comité calificaron como “alarmantes” los datos expuestos por organizaciones mexicanas que señalan la participación y complicidad de funcionarios del gobierno en los crímenes contra las y los trabajadores migrantes.
Durante la reunión Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la CNDH, respondió a los cuestionamientos del Comité de la ONU y de AI. Sobre las recomendaciones dijo que de más de mil quejas, la Comisión hizo 27 recomendaciones por violaciones graves, y que se iniciaron investigaciones contra los funcionarios de migración, implicados en estos delitos.
Las autoridades federales y estatales “tuvieron que sancionar a los que habían actuado mal y esto no se ha hecho siempre. Así que había una brecha entre la aceptación y cumplimiento”, explicó Batista.
Señaló que la CNDH emprendió campañas de capacitación para los empleados públicos que se ocupan de los migrantes, incluidos los policías.
El quinto visitador reconoció que aún queda mucho por hacer para combatir el abuso físico y sexual de las y los trabajadores migrantes, los atentados contra sus vidas y su explotación laboral y sexual.
De igual manera admitió que el Estado mexicano necesita tomar medidas urgentes para proteger a las y los defensores de DH de la población migrante, de modo que puedan realizar “su trabajo libremente y con seguridad”.
Durante la reunión, Melissa Vértiz Hernández, en representación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”, denunció que la política del gobierno mexicano se ha caracterizado por criminalizar a las y los migrantes y a las personas que defienden los derechos de esta población.
Añadió que la nueva Ley de Migración, que actualmente revisa la Cámara de Diputados, refuerza la penalización de las y los migrantes al vincular el tema de seguridad nacional al migratorio, y no establecer garantías al debido proceso o el acceso a la justicia o la protección de los defensores de DH.
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