En los perfiles de estos hombres y mujeres late un deseo común: cambiar el destino de los más vulnerables. Hacerlos escapar del carril donde la historia los colocó. Su búsqueda se resume en una: justicia para todos y cada uno. Protegen a los migrantes o a quienes buscan a un hijo, un hermano o un padre desaparecido. Ellos mismos han padecido en carne propia la pérdida y el sometimiento. Ninguno se propuso ser famoso, pero sus tragedias personales y, ahora, sus afanosas luchas los pusieron en la palestra nacional. Y es que lo han dado todo; hasta la vida. Son algunos de los miles de hombres y mujeres que le dieron nombre a la lucha social en México durante 2011, una batalla que también evolucionó este año con el apoyo de las herramientas tecnológicas, especialmente las redes sociales
Javier Sicilia
Sus biógrafos podrán identificar bien en qué momento este hombre abandonó su vida de poeta y se convirtió en el luchador al frente del movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Sabrán decir cuándo torció el gesto en esa mueca dolorida que a veces pone. Describirán cómo logró transformar su tragedia en una marcha que llamó la atención en el planeta: este diciembre ocupó la portada de la revista Time como un líder reconocido en los personajes del año.
Dejó de escribir poesía porque le mataron a su hijo Juan Francisco en marzo pasado. Hasta ahora, no se le ha visto llorar. Desde el aciago mes, ha caminado miles y miles de kilómetros. Casi toda la República. A su paso se le añadieron decenas de deudos. Los de hijos jovencísimos que desaparecieron sin rastro. Los de hermanos y hermanas. Los de amigos. Todos, muertos o desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico, por una razón u otra. Sicilia coronó el sentimiento de todos con una frase: “Estamos hasta la madre”.
Los meses pasaron y la Caravana de la Paz se convirtió en Caravana del Consuelo. De ese consuelo –como él mismo lo llama- con 55 años cumplidos en mayo, el poeta se mantiene al frente. Acaso no puede dar marcha atrás. Muchos esperan que no lo haga. Su movimiento se transformó en el único vínculo entre el gobierno federal y las víctimas de la violencia desatada en este sexenio. Se ha reunido dos veces con el presidente Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec. En resumen, le ha dicho que para revertir la violencia desatada, es necesario un cambio en la estrategia anticrimen.
Don Sicilio, como le llaman algunos de los deudos, ha dejado claro en sus discursos que de esta situación son responsables los criminales, pero también las autoridades. “Dos abstracciones surgen como responsables de los hechos: los señores de la muerte y los señores del poder”, es una de sus frases.
Javier Sicilia no ha estado desprovisto de controversia: se abrazó con el presidente Calderón; al senador Manlio Fabio Beltrones le dio un beso y le gritó groserías a una reportera en plena marcha.
Con todo, ha refrendado su ser en la filosofía de la paz. Al subcomandante Marcos le escribió: “La paz, querido Subcomandante, es, como decía Gandhi, “el camino”.
Alejandro Solalinde
En el albergue que fundó el 26 de febrero de 2006, en Ixtepec, Oaxaca, Alejandro Solalinde protegía a los migrantes que transitaban hacia Estados Unidos. Nada indicaba que su batalla cotidiana sería –alguna vez- reconocida; la casa no era más que un callejón oscuro, levantado con madera y láminas, a unos metros de las vías del tren. Él dormía en una hamaca, en un cuarto de tres por cuatro.
Pero la revelación del asesinato colectivo de 72 migrantes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, lo envolvió con el manto de la fama. Esa matanza puso de manifiesto la crisis humanitaria que viven los centroamericanos en su paso por el país para llegar a Estados Unidos y a Solalinde lo colocó como el gran defensor de sus derechos.
Hoy tiene 66 años de edad, un cúmulo de denuncias en su contra y pocas ganas de transformarse en obispo. Lo último es porque piensa que su madre Iglesia no es fiel a Jesús sino al poder y al dinero. Además -ha dicho en varias entrevistas- que no es la representante exclusiva de Cristo en la Tierra.
Solalinde se propone resguardar a los hombres, mujeres y niños del secuestro de bandas criminales y autoridades. Cada mes, recibe a cuatro mil migrantes, pero a veces –como ocurrió en 2011- llegan hasta 600 cada día. Está graduado de dos carreras universitarias (Historia y Psicología) además de sus estudios sacerdotales y cuenta con una maestría en Terapia Familiar.
Esta lucha la ha realizado en medio de denuncias penales. El 24 de julio de 2008, un grupo de unos 50 residentes de Ciudad Ixtepec, encabezado por el alcalde y 14 policías municipales, irrumpieron en su albergue y amenazaron con prenderle fuego al edificio si no se cerraba.
La más reciente acusación la recibió del Instituto Nacional de Migración. El organismo –al que el sacerdote ha señalado como “la migra” mexicana- lo acusó en noviembre ante la Procuraduría General de la República de abandonar a un migrante centroamericano que requería atención médica. Él, en su declaración, negó el hecho. Hasta este diciembre vivió en ese cuarto de tres por cuatro. Se ha mudado a una habitación un poco más grande en un segundo piso, a la que llama “penthouse”. Sigue con una característica maleta rota que ha perdido las rueditas y las asas. En cada entrevista, dice que siente algo parecido al miedo cuando toma conciencia de esta fama suya.
Norma Andrade
La tarde del 2 de diciembre, Norma Andrade recibió varios impactos de bala cuando salía de trabajar de la escuela primaria donde era maestra, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue internada en la Clínica 66 del IMSS. Los primeros reportes policiacos arrojaron que el atentado en contra de la copresidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC) lo motivó un asalto.
La maestra, una vez que fue dada de alta, le pidió ayuda al gobernador del estado, César Duarte Jáquez, para abandonar ese Juárez que hace una década le arrebató a su hija; el mismo territorio donde nació, creció, se convirtió en madre y –por su infortunio- en dirigente social.
El apoyo otorgado a Norma Andrade consistió en un cambio de la adscripción de su cátedra, así como la permuta de la casa que adquirió mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Ya no se le encuentra en Juárez. Tampoco a su hija Malú, quien desde 2003 se había incorporado a la asociación. Quienes se quedaron al frente, admiten que la base del trabajo será el recuerdo de Lilia Alejandra García, la hija a quien la profesora Andrade no volvió a ver después del 14 de febrero de 2001. Porque la de Lilia Alejandra es una historia similar a la de muchas en Juárez. Muy parecida a la de esas muchachas encontradas en descampado. Las que presentaron cuellos ahorcados con cinturones, labios como flores deshojadas, ninguna ropa que les cubriera esas piernas en posiciones chuecas. De sus casas se fueron en el amanecer de un día rumbo al trabajo. Y las destrozaron con múltiples cortes de navaja: en la vagina, en los pezones, en la cintura, en el corazón.
El cuerpo de 17 años de edad de Lilia Alejandra fue encontrado el 21 de febrero de 2001 en un lote baldío aledaño a la avenida Paseo Triunfo. La asociación de Norma Andrade nació a los pocos meses.
En una década de trabajo, NHRC ha brindado acompañamiento a decenas de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas. Otra de sus dirigentes es Marisela Ortiz, maestra y amiga de la familia García Andrade. Lilia Alejandra fue su alumna en la secundaria.
El atentado en contra de Norma Andrade colma la historia de esta asociación. Desde que se conformó, sus integrantes han documentado 30 actos de amenaza. A partir de 2008, cuatro de los integrantes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Este año, Norma Andrade se había unido a la batalla dada por Javier Sicilia. Se le vio caminar junto a él o en la caravana. Siempre manifestó que por nada se iría de Juárez; deseaba continuar con su proclama hasta que le aclararan quién fue el autor de su desventura. Tiene 51 años de edad.
Nepomuceno Moreno Núñez
Ya no está entre nosotros. Dueño de una historia controvertida, Nepomuceno Moreno Núñez, el activista social cuyo hijo Jorge Mario desapareció en junio de 2010, fue muerto a cinco tiros en noviembre, dos días después de que el escritor Fernando Vallejo dijera en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que estaba muy contento de estar en la tierra de Rulfo, “donde los muertos hablan”.
El activista se llamaba como el escritor jalisciense, autor de Pedro Páramo: Juan Nepomuceno.
Nació en el ejido La Sangre, municipio de Tubutama, Sonora. Y en Hermosillo le quitaron todo: en julio de 2010 se llevaron a su hijo de 17 años. Un año y medio después, a él lo mataron en una calle, con el sol muy alto.
Una vez conocido su fallecimiento, el gobierno estatal difundió una ficha poco luminosa de este hombre, convertido en representante de las causas de quienes no encuentran a sus hijos en ese estado norteño. Dijo que Nepomuceno trabajó en la procuraduría de Sonora y en la Dirección de Seguridad Nacional, y estuvo sujeto a un proceso en Arizona por posesión y contrabando de heroína en 1979.
Señaló también que fue detenido en México por posesión de armas para uso exclusivo del Ejército y su supuesta participación en noviembre de 2005 en una balacera en el Club de Golf Los Lagos en Hermosillo, donde fue asesinado un guardia de seguridad. No obstante, en 2009 fue absuelto de dicho delito.
Ante esta información, el movimiento de Javier Sicilia demandó a las autoridades no enlodar la memoria del activista.
Porque al final, este hombre era uno entre tantos que buscaba a su hijo. Este 2011 lo dedicó a denunciar su secuestro y asesinato. Formó parte de la comitiva del segundo encuentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el Presidente de la República, en el Castillo de Chapultepec. Ante Felipe Calderón, expuso su pavoroso caso. Mostró pruebas. La principal fue un reporte del celular de su hijo. Horas después de haber sido levantado, recibió tres llamadas de la procuraduría estatal. Luego, entre sollozos, Nepomuceno expuso: “Me manifesté en Palacio de Gobierno y de ahí empezó el hostigamiento, me mandaron patrullas a mi casa. Y yo tengo una carreta para vender comida, mariscos, pero ya ni me da chance, porque uno anda con el temor de que nos maten”.
Trinidad de la Cruz
El pasado 6 de diciembre fue secuestrado Trinidad de la Cruz, dirigente de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán. Al día siguiente fue encontrado muerto en el municipio de Aquila, en la misma entidad.
Don Trino, como se le conocía al seno del Movimiento Indígena Independiente –y quien también era integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad–, ya había sido amenazado con anterioridad y él, al igual que otros dirigentes de Ostula contaban con supuestas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apenas el 21 de septiembre de 2010.
Trino, de 73 años, fue interceptado junto con una comisión del Movimiento por la Paz mientras viajaba de Xayakalan a Santa María Ostula.
El líder comunero buscaba que los habitantes de esa localidad no fueran amedrentados por talamontes ni presuntos integrantes del crimen organizado en la disputa de sus tierras.
Su lucha no es reciente. De acuerdo con La Jornada, Xayakalan nació el 1 de julio de 2009, un día después de recobrada la tierra por los nahuas de Santa María Ostula, cuando comenzaron a construirse las primeras casas en lo que antes se llamó La Canahuancera.
“Trinidad estuvo ahí durante varios días, encabezó la férrea defensa contra los grupos armados que asediaban a quienes recuperaron el territorio por la vía de los hechos, amparados en una dotación presidencial de 1961 y en títulos primordiales datados en los primeros años del siglo XIX. Pero desde ese día comenzaron los asesinatos en contra de líderes comunitarios y personas cercanas a ellos (28 hasta ahora; de las 40 familias que llegaron a poblar Xayakalan quedan sólo 30, las otras 10 forman parte del centenar que se ha ido de Ostula por la violencia”, reportó el diario capitalino.
Elvira Arellano
Lo que ella pretendía era no separarse de su hijo Saúl. Lo procreó en Chicago y por lo tanto, el niño era estadounidense. La orden de deportación, en 2006, llegó sólo para ella. ¿Qué hacer? Bien pudo convertirse en otro nombre de los muchos que integran la historia de la migración mexicana en Estados Unidos. Como tantos otros, Elvira se internó en el territorio del vecino del norte sin documentos. Se dedicó a trabajar. Primero en Oregon y luego en Chicago. Una redada entre los trabajadores del aeropuerto donde laboraba dio inicio a su peregrinar del que emergió como una de las líderes populares más importantes entre la comunidad hispana de Estados Unidos. No abandonó el país tras la orden de deportación. Se pertrechó en la iglesia Adalberto United Methodist, en Chicago, parte de un movimiento religioso creciente que ofrece refugio a inmigrantes ilegales. Permaneció ahí durante un año. Pero fue llevada a Tijuana en contra de su voluntad. Y cientos de personas se manifestaron frente a las oficinas de Inmigración de esa ciudad para protestar. De repente, Elvira Arellano se había transformado en activista.
En declaraciones desde Tijuana al Chicago Tribune, aseguró que los oficiales de Inmigración ni siquiera le dejaron hablar para discutir su caso y habló de la urgencia de establecer una reforma migratoria capaz de respetar la unidad de las familias de mexicanos que se asientan, o las que se forman una vez ya asentados en Estados Unidos. Fue una de las principales oponentes a la llamada Ley Arizona.
En México se integró a la asociación Familias Unidas Sin Fronteras y al Movimiento Mesoamericano del Migrante. En 2011, trabajó en la protección tanto de los mexicanos en Estados Unidos como de los centroamericanos en tránsito hacia aquel país. Organizó marchas y movilizaciones en contra de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas. Con regularidad tomó el micrófono y escribió cartas a los migrantes sobre el significado de estar bajo organización.
Cuando habla en público hace hincapié en la cadena de condiciones que la transformaron de trabajadora manual en distintas empresas estadounidenses a una activista social. Su hijo Saúl se encuentra con ella.
José Francisco García Quintana
José Francisco García Quintana es el presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y padre de uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC en 2009 en Hermosillo, Sonora.
Su hijo se llamaba Andrés Alonso García Duarte, tenía casi tres años y desde su muerte en aquel galerón sin salidas de emergencia, José Francisco se dedicó a buscar justicia por llevar a la cárcel a los dueños de la guardería y a los funcionarios que permitieron que las instalaciones operaran de forma irregular.
Él, junto con los padres de familia que integran el movimiento, acusaron a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, de “proteger” a la dueña de la estancia infantil, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, presunta pariente de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo. Además, a Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ex y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al ex gobernador Eduardo Bours.
Hasta ahora hay 29 personas bajo proceso judicial por lo ocurrido, pero sólo cinco –funcionarios menores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría–están todavía en la cárcel, aunque el crimen imputado cambió de homicidio doloso (considerado grave) a homicidio culposo (no grave), por lo que podrían alcanzar derecho a fianza.
José Francisco nació en Ciudad Obregón, Sonora, cuando era niño emigró a Hermosillo, donde vive hasta la fecha.
Es Ingeniero Químico por la Universidad de Sonora (Unison), tiene 35 años y antes de la tragedia de la ABC, buscaba estudiar una nueva carrera o un posgrado relacionado con la industria de alimentos y bebidas, deseo detenido por falta de tiempo y recursos. Un sueño que ha abandonado en los últimos años para entregarse al activismo social.
El activista asegura que su vida cambió por completo después del incendio, un trágico suceso que todavía no logra superar. La lucha por obtener justicia para Andrés y el resto de los 48 niños le ocupa la mayor parte de su tiempo y energía.
Daniel Gershenson
Un cargo adicional por su servicio telefónico, de parte de Teléfonos de México, y la nula respuesta a sus quejas de parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fue el resorte que impulsó a Daniel Gershenson a movilizarse, primero, en contra de los abusos de las empresas que prestan “servicios” de telecomunicaciones en México.
“Me di cuenta de que lo que me estaba sucediendo a mí era un microcosmos de lo que tenían que padecer millones de personas, en donde el gobierno ni siquiera mete las manos, y es donde vi que estos derechos tan cacareados (de la tercera generación: económicos, sociales y culturales) se cumplen únicamente en el discurso en México”, dijo en una entrevista para el blog Kaja Negra.
Esa mala experiencia provocó que Gershenson, junto con otros ciudadanos, formaran y constituyeran en 2006 “la primera asociación civil (Alconsumidor y Alarbo, AC) no vinculada a Profeco, para asistir y facultar a las y los consumidores de las telecomunicaciones y la energía”.
Poco después, Gershenson, quien también colaboró en el libro Ciudadanos Mx, Twitter y el cambio político en México, se involucró en una “especie de tarea ciudadana” al tomar conciencia de la problemática del daño ambiental que causaba el descuido del Bosque de Chapultepec. Este acervo “no estaba siendo debidamente cuidado por autoridades delegacionales, ni por el gobierno del Distrito Federal, ni por la sociedad en su conjunto…”.
En ese entonces, trabajaba en otro sector, alejado del activismo: “Me dedicaba a la industria textil”, cuenta, pero la cercanía con el foco del daño ambiental, –él vive en la zona, en un departamento que fue de sus padres– le permitió no olvidar el asunto. “Me preocupé por eso”, dice.
Entonces buscó la posibilidad de rescatar algunos de estos árboles patrimoniales. “Siguió en marcha el proyecto de Marinela Servitje”, miembro del Comité Técnico del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, “que sabe de medioambiente lo que yo sé de literatura suajili del siglo XIV”. Ese proyecto implicó, según Gershenson: “Una tala sin motivo cierto, el arquitecto que lo hizo no sabía de árboles y llegó a decirme que se talaban los árboles que no estaban perpendiculares al suelo”.
El también cofundador del Centro de Investigación del Consumo y del Consumidor (CICC) no dejó el asunto, pues, “ya estábamos a nivel nacional en una espiral ecocida desde 2005”.
A partir de estas dos vivencias, Gershenson dejó su trabajo en la industria textil, al que dedicó 20 años, para ocuparse de tiempo completo a la actividad social.
Ahora suele verse en marchas y en conferencias. Es un activo tuitero y desde esa red social suele transmitir detalles de las reuniones y temas donde se ocupa.
Desde el 5 de junio de 2009, cuando se suscitó el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, apoya la causa del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, asociación civil que formaron los padres de los 49 niños fallecidos en esa conflagración, y es parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Jesús Robles Maloof
El mismo se describe como abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de doctorado en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y de doctorado en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. También recibió la medalla al mérito universitario en 2008 por la misma Universidad
Pero, además, es defensor de los derechos humanos. Fue director ejecutivo de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y presidente del Alternativa Socialdemócrata en la Ciudad de México. Desarrolló investigaciones sobre metodologías para el diálogo y la paz.
“Soy activista por el derecho a decidir, el matrimonio igualitario, acceso a la justicia entre otros temas. Actualmente soy asesor de diversas organizaciones civiles en materias de cultura de paz, equidad de género y derecho internacional. Soy integrante del colectivo de activistas digitales Contingente Mx”, expone Robles Maloof, quien desde Twitter ha logrado movilizar conciencias. Ahora, según sus propias palabras: “Las redes sociales se vuelven espacios de información y protección ciudadana cuando los medios convencionales dejan de informar de los hechos de violencia al ser amenazados por el crimen o censurados por el poder”.
De acuerdo con su descripción, “la breve historia del #contingentetuiter es también la historia de la posibilidad que nos dan las herramientas de comunicación para enlazarnos con personas que tienen intereses comunes y que están dispuestas a articularse en su defensa. El contingente tuiter es una forma de articulación de activistas que en Twitter comparten la misma agenda”.
El contingente, expuso, se constituyó en un grupo de activismo flexible, sin dirigentes y membresía rígidas que ha logrado desde entonces aglutinar a quienes defienden causas y agendas con un común denominador: la defensa de los derechos humanos.
Entre los eventos que ha organizado se encuentran la #VigiliaporJuarez y #15×15 que consistieron en actos en repudio por la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, en actos contra el maltrato de los animales y en acciones por el derecho a decidir de las mujeres.
Quizá la participación más importante de este grupo de activistas ha sido en el caso de la Guardería ABC, donde se han realizado decenas de actos de apoyo en diferentes lugares del país.
“Para mi la experiencia ha sido fantástica, me he enriquecido de visiones y voluntades he ganado amistades, he alcanzado a vislumbrar las posibilidades de extender la acción social”, reconoció este luchador social.
Netzaí Sandoval Ballesteros
Su nombre brincó a la palestra cuando un grupo de activistas mexicanos solicitó firmas para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que analizara la gravedad de la violencia en México, y se plantee abrir una investigación sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra que sufre el país en contra del mismísimo presidente Felipe Calderón y sus colaboradores del gabinete de Seguridad.
Netzaí es abogado, de 28 años de edad, egresado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM con una tesis sobre Derecho Comparativo de Legislaciones Estatales en Materia de Transparencia. Amigo de Genaro Góngora Pimentel, ex ministro de la Suprema Corte y actual integrante del Consejo del Movimiento de Regeneración Nacional, creado por el ahora aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Sandoval fue dirigido por el ex ministro para realizar su tesis de maestría en la UAM, titulada “El fraude electoral impulsado por la jurisprudencia del Tribunal Electoral”, en la que revisa fallos irregulares de ese órgano, asegura la periodista Katia DArtigues.
Es maestro nacional de ajedrez desde que tenía 12 años; ha trabajado en el Instituto Electoral del DF y en la Suprema Corte de Justicia cuando la presidía Guillermo Ortiz Mayagoitia. Como asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras en el Instituto Electoral del Distrito Federal se desempeñó como encargado del despacho de la Unidad de Comunicación Social y Transparencia, en tiempos de Isidro Cisneros.
Sus hermanos son Pablo Amílcar e Irma Eréndira; ella es investigadora titular “A” del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en Ciencia Política, Universidad de California, Santa Cruz, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores: Nivel I. Irma es esposa de John M. Ackerman, investigador de la UNAM y uno de los principales defensores de la denuncia presentada en la CPI. El intelectual y abogado Ackerman es también investigador de la UNAM, editor en jefe de la publicación Mexican Law Review y columnista de La Jornada y de la revista Proceso.
Pablo Amílcar es economista egresado de la UNAM y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Yale en Estados Unidos.
Es el hijo menor del fallecido (2000) Pablo Sandoval Ramírez, ex diputado federal de 1997 a 2001, presidente del Congreso de la Unión en 1998 y fundador el PRD en Guerrero. En los 70, fue secretario general de la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (actual STAUAG), Consejero Universitario, participa en la dirección de los proyectos de democratización universitaria. Dirigió el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) en los ochenta y participó en la dirección del STUNAM. Fue dirigente estudiantil en 1968 (miembro del Consejo Nacional de Huelga) y participó de forma destacada en el movimiento de 1971.
Su madre es Irma Ballesteros Corona, es historiadora y profesora, y formó parte del primer Comité Ejecutivo de la Seccion IX del SNTE que derrocó a Carlos Jonguitud y que se enfrentó a Elba Esther Gordillo.
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