Irma Eréndira Sandoval
La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad.La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.La nueva ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas “reservas” redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el gobierno.
Por ejemplo, ahora ya no podremos conocer cualquier documento que “comprometa la seguridad del Estado”, “dañe la estabilidad financiera o económica” o “contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos…”. Por otro lado, se amplía la inclusión de todo tipo de secretos de derecho privado y mercantil que en la vida pública han actuado más como escudos para la corrupción y la colusión política y empresarial que como una verdadera protección a la privacidad o confidencialidad de los datos personales nadie.En este mismo renglón de reservas, se subsume la normatividad jalisciense a las autoridades federales, de otras entidades federativas e incluso de organismos internacionales, cuyos criterios de reserva la nueva ley se obliga a observar.
También, de forma irresponsable se incorpora de manera explícita la reserva de las “las averiguaciones previas”, así sin mayor especificación y sin considerar que ese delicado tema se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a razón de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 16 al Código Federal de Procedimientos Penales promovida por el ombudsman nacional.Pero quizás lo más grave es que con la nueva ley también se busca eliminar la utilización del criterio de “prueba de daño” a la hora de interpretar y aplicar estas reservas. Este criterio de avanzada limita el abuso de las categorías de reserva ya que obliga a la autoridad a demostrar que la divulgación de la información tendría un impacto real, “probable y presente”, sobre alguna de las áreas de reserva.
Es decir, coloca claramente la “carga de la prueba” en el ámbito del gobierno y no en el del ciudadano solicitante.Como colofón de esta colección de yerros es el hecho de que la nueva ley ignora olímpicamente el artículo 14 de la propia Ley Federal de Transparencia que señala que “no podrá invocarse el carácter reservado” sobre información pública que sirva para la “investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” Esta cláusula adquiere una dimensión de gran importancia especialmente en estos tiempos en que padecemos la crisis de seguridad pública más grave de la historia contemporánea.
Hoy la transparencia en las investigaciones sobre abusos y violaciones a los derechos humanos es más urgente que nunca y cualquier estado responsable tendría que incorporarla en su legislación.Como siempre, la única esperanza para frenar esta regresión de vocación autoritaria y opaca está del lado de la participación activa de los ciudadanos quienes por fortuna se encuentran muy organizados en Jalisco sobre estos temas desde hace ya varios anos. Todos tenemos la obligación de apoyar su batalla en este sinuoso y peligroso camino para llegar al establecimiento de una verdadera transparencia democratizadora y democratizante.
@Irma_Sandoval
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio Anti-Corrupción del IIS-UNAM
Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.La nueva ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas “reservas” redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el gobierno.
Por ejemplo, ahora ya no podremos conocer cualquier documento que “comprometa la seguridad del Estado”, “dañe la estabilidad financiera o económica” o “contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos…”. Por otro lado, se amplía la inclusión de todo tipo de secretos de derecho privado y mercantil que en la vida pública han actuado más como escudos para la corrupción y la colusión política y empresarial que como una verdadera protección a la privacidad o confidencialidad de los datos personales nadie.En este mismo renglón de reservas, se subsume la normatividad jalisciense a las autoridades federales, de otras entidades federativas e incluso de organismos internacionales, cuyos criterios de reserva la nueva ley se obliga a observar.
También, de forma irresponsable se incorpora de manera explícita la reserva de las “las averiguaciones previas”, así sin mayor especificación y sin considerar que ese delicado tema se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a razón de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 16 al Código Federal de Procedimientos Penales promovida por el ombudsman nacional.Pero quizás lo más grave es que con la nueva ley también se busca eliminar la utilización del criterio de “prueba de daño” a la hora de interpretar y aplicar estas reservas. Este criterio de avanzada limita el abuso de las categorías de reserva ya que obliga a la autoridad a demostrar que la divulgación de la información tendría un impacto real, “probable y presente”, sobre alguna de las áreas de reserva.
Es decir, coloca claramente la “carga de la prueba” en el ámbito del gobierno y no en el del ciudadano solicitante.Como colofón de esta colección de yerros es el hecho de que la nueva ley ignora olímpicamente el artículo 14 de la propia Ley Federal de Transparencia que señala que “no podrá invocarse el carácter reservado” sobre información pública que sirva para la “investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” Esta cláusula adquiere una dimensión de gran importancia especialmente en estos tiempos en que padecemos la crisis de seguridad pública más grave de la historia contemporánea.
Hoy la transparencia en las investigaciones sobre abusos y violaciones a los derechos humanos es más urgente que nunca y cualquier estado responsable tendría que incorporarla en su legislación.Como siempre, la única esperanza para frenar esta regresión de vocación autoritaria y opaca está del lado de la participación activa de los ciudadanos quienes por fortuna se encuentran muy organizados en Jalisco sobre estos temas desde hace ya varios anos. Todos tenemos la obligación de apoyar su batalla en este sinuoso y peligroso camino para llegar al establecimiento de una verdadera transparencia democratizadora y democratizante.
@Irma_Sandoval
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio Anti-Corrupción del IIS-UNAM
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