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5/22/2016

Buscando 3 de 3 pies al gato


Irma Eréndira Sandoval Ballesteros *
La iniciativa 3 de 3 se parece al Teletón. Utiliza una causa perfectamente legítima, la atención a los discapacitados o el combate a la corrupción, para fines políticos y empresariales. En lugar de atacar de raíz los problemas estructurales que están destruyendo la nación, este tipo de iniciativas son salidas falsas que ofrecen a los ciudadanos el desahogo de donar unos pesos o de firmar una hoja, sin realmente permitir que la sociedad se movilice en favor de un cambio de fondo en la política nacional.
No nos hagamos tontos, quien realmente está frenando la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la tan traída y llevada Ley 3 de 3 no es ni el Senado de la República ni los partidos, sino los verdaderos dueños del negocio de la política: Televisa y sus aliados estratégicos. El Senado ha frenado la aprobación del SNA porque los mismos patrocinadores de la iniciativa ciudadana así se lo han ordenado. A Televisa, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y a sus organizaciones no-gubernamentales aliadas, como el IMCO, no les conviene que se apruebe un Sistema Anticorrupción verdaderamente robusto. Para ellos la corrupción debe ser reducida, ubicada y concentrada exclusivamente dentro de las instituciones públicas y gubernamentales. Jamás reconocerán al sector privado como la fuente primigenia de la corrupción, ni siquiera se muestran dispuestos a señalar la activa complicidad y fomento de las élites empresariales y el sector privado en el saqueo del presupuesto público.
El mismo asesor jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, ha argumentado de forma cínica que es un sinsentido que todas las empresas del sector de comunicaciones estén sujetas a la ley 3 de 3 tan sólo por el simple hecho de recibir ingresos del gobierno por alguna venta. El vocero de la televisora se dice traicionado ya que reconoce que si bien el motor para conseguir las firmas que respaldan esa iniciativa fueron las empresas afiliadas de forma corporativa al CCE y el CMHN, hoy el empresariado acabó siendo víctima de su propia iniciativa. Para los oligarcas de este país, la corrupción es, y sólo puede ser, un fenómeno que emerge de las instituciones públicas.
Tal posición es hoy insostenible después de los escándalos que involucran tanto al Grupo Higa como a Televisa en ominosos episodios de lavado de dinero y transferencias multimillonarias de fondos a paraísos fiscales. También habría que recordarle a Tejado Dondé que Televisa no sólo realiza alguna venta al gobierno, sino que cada año vende miles de millones de pesos en publicidad. La organización Fundar lo sabe, ellos han documentado que Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil millones de pesos en publicidad solamente durante los primeros dos años de su gobierno, y para el gasto de estos millones Televisa ha sido contratista favorito.
Mientras que con gran histrionismo los voceros de la iniciativa 3 de 3 vociferan indignados desde las pantallas de Televisa contra el inmovilismo de los políticos, nunca se atreven a exigir su 3 de 3 a ningún funcionario corporativo de los medios de comunicación o inversionista de Asociaciones Público Privadas, ni siquiera se atreven ellos mismos a predicar con el ejemplo. Se trata de un espectáculo mediático diseñado para distraer la atención de los verdaderos enemigos de la rendición de cuentas y de paso desprestigiar la vía de la acción social y política de izquierda para la resolución de nuestros problemas que ha planteado el nuevo partido Morena.
La simulación gubernamental y de algunos sectores de la autodenominada sociedad civil quedó particularmente exhibida en la reciente cumbre de combate a la corrupción celebrada en Londres. Tanto Virgilio Andrade como Eduardo Bojórquez se paseaban con donaire entre los miembros élite de la corruptología internacional presumiendo sus grandes logros e iniciativas, mientras en México nos hundimos cada día más bajo una montaña de mentiras y simulaciones.
El verdadero propósito de la Ley 3 de 3 –que en realidad no es ley ni busca combatir la corrupción– no es aprobar un nuevo marco jurídico de vanguardia, sino, hay que decirlo sin ambages, la acción política y electoral. Las más de 600 mil firmas y datos personales supuestamente reunidos por los organizadores constituyen una formidable plataforma de despegue para el lanzamiento de un candidato independiente apoyado por la oligarquía en 2018. Este nuevo partido ya incluso cuenta con numerosos precandidatos. Jaime Rodríguez, Pedro Ferriz de Con, Jorge Castañeda y Denise Dresser, todos han anunciado sus intenciones de competir por la Presidencia de la República.
Es también importante señalar que en el fondo la llamada Ley 3 de 3 está destinada al fracaso. Primero porque se trata de un desarticulado conjunto de planteamientos que no toca ni con el pétalo de una rosa a los poderes fácticos y las redes de testaferros y lavadores de dinero que están desmantelando la nación. Segundo porque la iniciativa no sale de la óptica tecnocrática que ya ha demostrado ser tan poco útil para el combate de la corrupción. Su gran propuesta es el establecimiento de un Coneval de la corrupción, que a la manera de Perogrullo rediseñe el derecho penal y administrativo por completo. Tercero porque, como el propio Mauricio Merino lo ha reconocido en la televisión, la Ley 3 de 3 no sería sino una simple marca, una estrategia de comunicaciónorientada a aprovechar la indignación y el hartazgo social de la corrupción.
Así, la pregunta central es ¿por qué le buscamos tres de tres pies al gato si lo que hace falta para andar en la lucha contra la corrupción son cuatro? Lo que realmente necesitamos en México es un cuarto poder ciudadano constitucionalizado, que a la manera en que se ha venido haciendo en los países del Cono Sur, destacadamente en Bolivia, Uruguay y Ecuador, se establecen Consejos Cívicos y autónomos que sin interferencia de los otros poderes y sobre todo de los nuevos poderes fácticos y oligárquicos tomen en sus manos la verdadera lucha para acabar con la corrupción.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

2/03/2016

La opacidad y la secrecía del Acuerdo Transpacífico TPP y las APP


La regla en el sector privado, no es la transparencia sino la opacidad. La legislación privada está colmada de figuras jurídicas como los secretos bancario, fiscal, hacendario y corporativo que se orientan a generar un nicho de impunidad y opacidad en beneficio de los poderes fácticos.  El extremo y abusivo poder de las corporaciones oligárquicas y multinacionales se han convertido en los agentes que con mayor fuerza impulsan el hundimiento de los valores democráticos y civilizatorios vigentes a través de la normalización de la enfermiza búsqueda del lucro, la maximización de la ganancia, la acumulación desenfrenada y el crecimiento económico incesante. A nivel internacional la secrecía del capitalismo de casino en que se ha convertido la actual fase de globalización neoliberal no tiene límites. Hoy el TPP o el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Internacional es la prueba más reciente y palpable de tal fenómeno.



En México las APP son precisamente los vehículos ideales para este ominoso proceso, las APPs no buscan promover una mayor eficacia o eficiencia en la prestación de los servicios públicos a la sociedad, no son ni novedosos ejemplos de “intersectorialidad” ni de fluidez en las nuevas políticas sociales, como las lecturas apologéticas de la Admon Pública las retratan. Aquí demostramos con datos y detallada información que bajo condiciones de corrupción estructural, como es el caso de México, y en donde el sector privado yace en manos de un reducido grupo de corporaciones oligopólicas, las APP lejos de transferir el riesgo económico del sector público al privado, transfieren riesgos, costos y pérdidas al gobierno, a la fuerza de trabajo, y al público usuario y contribuyente

Entrevista con Irma Erendira Sandoval Ballesteros, Investigadora Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Coordinadora Laboratorio Anticorrupción, UNAM y y autora del libro interés publico y Asociaciones Publico Privadas para hablar del Acuerdo de Asociación Transpacífico conocido en ingles como TPP.

10/12/2014

Ayotzinapa: entre Figueroa y Hank


Irma Eréndira Sandoval Ballesteros


La convicción libertaria del pueblo de Guerrero se yergue de pie frente a la ignominia de la clase política. Las luchas de ese valeroso pueblo que nos diera patria y Constitución han sido traicionadas a manos de un partido construido desde abajo y corrompido desde arriba: el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Se equivocan, sin embargo, quienes buscan en esa entelequia al culpable de la ignominiosa masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

La burocracia perredista no se compone sino de viles operadores de los peores intereses neoliberales. Hoy los verdaderos dueños de las rentas políticas y económicas del estado se encuentran en el príismo caciquil y mafioso gestado durante las décadas de los años 70 con la guerra sucia y hoy abiertamente coludido con el crimen organizado.

En Guerrero, los apellidos Figueroa, Aguirre, Ruiz Massieu, Juárez Cisneros y otros más evocan lo mismo que los apellidos Hank González, Montiel Rojas, Peña Nieto, Del Mazo y Chuayffet en el estado de México. Ambos conjuntos de familias, el grupo Atlacomulco y la cofradía de los caciques guerrerenses, nunca han respetado las reglas de la democracia y siempre han mostrado un profundo desprecio para el pueblo mexicano. Ambos grupos son los verdaderos culpables de esta barbarie.

Los heroicos estudiantes de Ayotzinapa representan el último reducto de quienes han defendido lo que consagra la Constitución: una educación pública, laica y gratuita. Frente al neoliberalismo y la privatización devastadora, los jóvenes guerrerenses han representado con esmero el espíritu de lucha revolucionaria, cardenista y campesina, esa superioridad moral de la educación humanista que está siendo hoy hostigada con la represión y la muerte.

Son risibles las cobardes declaraciones del Presidente de la República delegando la responsabilidad en el gobernador, y éste a su vez ofreciendo un millón de pesos para encontrar al alcalde de Iguala. En el ridículo juego a la papa caliente que Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero están escenificando, ambos repiten como loros el famoso ¿y yo por qué? foxista.

La pirámide de corrupción e irresponsabilidad parecería funcionar así: a. El presidente priísta le echa la culpa a b. el gobernador perredista, y éste a su vez responsabiliza a c., el alcalde narcotraficante. Eureka, parecen gritar los políticos corruptos: la casa de la corrupción pública se ha salvado porque la responsabilidad ha caído en el ámbito privado, en donde no habría necesidad alguna por rendir cuentas ni ofrecer justicia a nadie.

En eso consiste el verdadero proyecto neoliberal: el vaciamiento del Estado para convertirlo en una fábrica de empobrecimiento, desempleo, violencia y convulsión económica y social, y lo mejor de todo para ellos, sin ninguna necesidad de rendir cuentas. La entrega de pedazos del territorio nacional a los narcotraficantes constituye la contracara del reparto de las reservas petroleras a las trasnacionales rapaces.

Quien ya se frota las manos para recibir la corona neoliberal es el desprestigiado saltimbanqui de Armando Ríos Piter. Este antiguo funcionario foxista y ex asesor de Francisco Gil Díaz, a quien le encanta departir y convivir con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón, tiene claros vínculos con los peores intereses del estado y una convicción neoliberal a prueba de todo. La llegada de una persona de este perfil a la gubernatura del estado solamente podría empeorar la situación.

El estado de derecho yace masacrado en nuestro país, no en una fosa clandestina, sino en la fosa común del neoliberalismo y el racismo. Es obligación de todos apoyar a los jóvenes de Ayotzinapa y al pueblo e Guerrero para exigir justicia y gritarle fuerte a este desgobierno entreguista: ¡Que se vayan todos!
Twitter: @Irma_Sandoval

11/17/2013

Futbol y corrupción


Irma Eréndira Sandoval

La fotografía de falsa euforia de Enrique Peña Nieto, su esposa y sus cercanos ante el triunfo de la selección nacional contra Nueva Zelanda tiene un tufo de los típicos arreglos corruptos que suelen caracterizar al futbol. Si algo se celebra en esa imagen ensayada, no sería la victoria de una selección mediocre, sino el alivio de Televisa que tanto invirtió en los derechos de transmisión de la Copa Mundial.
El engañoso y perverso enaltecimiento del consumismo del Buen Finconstituye la perfecta metáfora para la coyuntura nacional actual. Si Peña Nieto compró la elección que lo llevó a la Presidencia, si la Secretaría de Hacienda compró su Presupuesto de Egresos para 2014 con precios que oscilan entre 10 y 24 millones de pesos por diputado, y los cabilderos de las grandes petroleras compran al precio que sea plumas y conciencias con el fin de aprobar su reforma energética, ¿por qué no Televisa habría de comprar un partido de futbol que para la selección de Nueva Zelanda no significaba absolutamente nada?
Abundan las historias de corrupción, fraudes y engaños en el futbol. La comisión de ética interna de la FIFA ha tenido que reconocer la constante realización de millonarios sobornos a los más altos funcionarios de la federación internacional. Este mismo año estos escándalos le costaron el cargo de presidente honorario al propio Joao Havelange y a su yerno Ricardo Teixeira, entre otros altos funcionarios.
También existe una intricada red de corruptelas en el mundo de las apuestas futbolísticas, un gran negocio por su propia naturaleza frecuentemente vinculado al lavado de dinero y el crimen organizado. Esta red involucra a las más altas autoridades gubernamentales, deportivas y empresariales de más de una decena de países europeos. La policía europea, Europol, ha identificado a Singapur como el nodo articulador y ha señalado que al menos 380 partidos disputados entre 2009 y 2011, varios de ellos incluso para la clasificación a la Copa del Mundo, estuvieron amañados con sobornos. Los más de dos millones de euros involucrados en los sobornos, implican a casi 500 diferentes personas, entre jugadores, árbitros, jueces de línea y desde luego, de manera preponderante, altos directivos de los clubes involucrados.
La designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo para 2022 estuvo envuelta también en un gran escándalo de corrupción involucrando la millonariacompra de la sede por el autoritario país árabe a través de sus famosospetrodólares. Michel Platini, presidente de la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA), y el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, han aceptado sin pudor la participación en las reuniones y cenas secretas con el príncipe de Qatar, Tamin bin Hamad al-Thani. Aunque, con total descaro y cinismo, también han declarado que ellos habrían decidido su voto a favor de Qatar en total independencia de estos agasajos.
La magia del futbol, que de manera genuina exige una amalgama de habilidades físicas e intelectuales, ha devenido hoy una herramienta de dominación de las oligarquías mediáticas en su afán por despolitizar, desmovilizar y dominar a los pueblos. La corrupción no se engendra únicamente en entes públicos, sino que es también parte consustancial de los actores de mercado y afecta desde ese supuesto ámbito privado a gobiernos y ciudadanos.
La corrupción en el futbol, como en la política, es institucional, estructural y cotidiana e involucra múltiples dopajes, intercambio de jugadores, fraudes financieros, apuestas manipuladas, contratos millonarios a patrocinadores y sobornos a árbitros e instituciones futbolísticas capturadas. Esta larga lista de irregularidades no es más que un reflejo fiel de lo que acontece también en la política electoral de países como México, con sus vínculos entre el crimen organizado y los poderes constituidos, los habituales fraudes electorales, el continuo transfuguismo político, los pactos palaciegos, las concertacesiones, la captura de las instituciones reguladoras, electorales y de justicia y, hoy como nunca en la era de las asociaciones público-privadas, la continua asignación de contratos millonarios a aliados, cofrades y amigos.
Después del más reciente encuentro futbolístico entre la selección nacional de nuestro país y el equipo de Nueva Zelanda, aquella bella formulación gramsciana del futbol como el reino de la libertad humana ejercida al aire libre ha quedado reducido hoy al abyecto reino de las mercancías del que hablara Marx. El mediocre triunfo del Tri, la cancelación de las celebraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana y el teatro del Buen Fin reflejan de manera indiscutible la misma lógica corrupta de las oligarquías mediáticas del país.
Twitter: @Irma_Sandoval

3/14/2012

Réquiem a lo público

Irma Eréndira Sandoval*


La ominosa propuesta del Partido Verde Ecologista de privatizar cárceles y prisiones se inserta en la lógica rentista y depredadora de lo público que ha dejado desde hace 30 años la economía nacional en la ruina. La situación de horror que cotidianamente se vive en los centros penitenciarios y que en días pasados se manifestó con suma crueldad en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, no se debe a su gestión pública, sino precisamente a que los gobiernos federal y locales han abdicado a la rectoría estatal en favor de actores privados y poderes fácticos. Está demostrado, además, que las prisiones privadas tienden a ser más violentas y corruptas que las públicas, operan con personal mal capacitado, de bajos salarios y con una alta rotación, lo que hace que el trato hacia los reos muestre continuos abusos a sus derechos humanos más básicos.

Este tipo de iniciativas hoy encuentran su máxima expresión en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP), firmada por Felipe Calderón el pasado 16 de enero. Esta ley implica la consolidación del proyecto neoliberal que ha gobernado el país mediante corruptas e ineficientes privatizaciones que desde los años 90 Carlos Salinas usó para dar poder a amigos, monopolizar mercados y destruir la competencia y la competitividad de la economía. Hoy la LAPP demuestra que, más allá de los diferendos electorales coyunturales, los gobiernos de PRI y PAN han compartido un solo proyecto de desgobierno nacional.

La LAPP constituye la subordinación absoluta del interés público a las directrices de los intermediarios financieros e implica la institucionalización de la deuda, la ilegalidad y la corrupción. La reforma permite el establecimiento de contratos de largo plazo (hasta por 50 años o más) con empresas privadas nacionales e internacionales para que controlen directamente la infraestructura básica y la prestación de servicios de áreas estratégicas para el desarrollo del país en materia de salud, seguridad pública, comunicaciones, infraestructura, educación, etcétera.

El antecedente de este nuevo instrumento fueron los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), mediante los cuales la Secretaría de Hacienda, aprovechando subterfugios y recovecos legales, empezó a privatizar de forma ilegal desde 2003 amplios sectores de la infraestructura hidráulica, autopistas, puentes, hospitales, centros educativos y hasta penitenciarios en diversos estados de la República. Pero este esquema no bastaba para las empresas monopólicas, porque todavía se tenían que gestionar por conducto de licencias, permisos y autorizaciones.

Con la LAPP ya no se tratará más de concesiones, sino de coinversiones, que exigirán menores obligaciones y compromisos con el interés público. La nueva ley asienta que a los proyectos públicos ya no les serán aplicables ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que incluyen controles orientados a fomentar cierto grado de transparencia y a impedir conflictos de interés. Hoy todo eso quedará sepultado.

Antes el sector público era quien determinaba la necesidad de llevar a cabo los proyectos de inversión. A partir de hoy se permitirá que el sector privado sea quien detecte las necesidades y presente motu proprio las propuestas. Así, los proyectos financiados con los recursos públicos se instaurarán sobre la base de incentivos financiero-mercantiles, en lugar de las prioridades públicas definidas en instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, los nuevos contratos de coinversión también podrán cederse (total o parcialmente) o darse en garantía en favor de terceros. En otras palabras, áreas neurálgicas para el desarrollo del país serán literalmente apostadas en las nuevas aventuras financieras o especuladoras de los inversionistas privados.

La LAPP no fomentará mayor inversión privada en los servicios públicos, sino todo lo contrario. Bajo el nuevo esquema, el Estado podrá financiar las inversiones económicas de privados hasta en 100 por ciento, así como decretar expropiaciones en favor de empresas privadas nacionales e internacionales. Todo ello implicará regresivas reformas a la Ley de Expropiación, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras. Asimismo, el pago de la deuda contraída por medio de estos proyectos será de liquidación prioritaria y obligatoria para el gobierno cada año, violentando así el poder de la Cámara de Diputados de recanalizar el gasto hacia áreas de mayor prioridad o interés social.

Otra innovación procedimental preocupante es la relativa a los avalúos. En el pasado, para los procesos de adquisición o expropiación de los bienes necesarios para la consecución de los proyectos de desarrollo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales era el único autorizado a emitir avalúos. Con la LAPP, la banca privada, casi completamente extranjerizada, podrá elaborar nuevos avalúos que sin duda favorecerán el interés privado y sangrarán aún más al erario.

Calderón está de plácemes porque, con el discurso de buscar equilibrar riesgos entre el Estado y los agentes económicos privados, ha logrado consolidar el proyecto neoliberal de siempre, de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Urge que los mexicanos detengamos este desfalco al interés nacional inserto en esta nueva ley, que pone en riesgo la rectoría del Estado y el desarrollo nacional.

A la memoria de mi tío Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, guerrerense del mundo.

* Investigadora del IIS y Coordinadora del Laboratorio Anticorrupción de la UNAM.

12/28/2011

Jalisco: regreso a la opacidad


Irma Eréndira Sandoval

La aprobación unánime de una nueva Ley de Información Pública en Jalisco demuestra que cuando se trata de cerrar filas en torno a la opacidad no hay división ideológica ni partidista que valga. Fruto de un albazo legislativo en donde se tiran por la borda más de cinco años de ricos e intensos debates y discusiones con expertos nacionales e internacionales, la reforma también dejó fuera la opinión de los mismos comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad.La nueva legislación arremete contra el espíritu de rendición de cuentas presente en la anterior ley y en la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Entre el rosario de graves retrocesos destaca el hecho que podría desatar procesos persecutores en contra de periodistas, investigadores y ciudadanos. Estos se convierten en “delincuentes” cuando difunden, divulgan o publican “información pública reservada o clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”. Así, de la noche a la mañana una ley supuestamente diseñada para facilitar el libre flujo de la información, se convierte en una arma más para que el gobierno pueda reprimir y limitar la libertad de expresión.La nueva ley también cierra la llave de acceso a documentos públicos con un amplio repertorio de nuevas “reservas” redactadas de manera capciosa para prohibir el acceso ciudadano a cualquier información que pudiera afectar los intereses de la clase política o el gobierno.

Por ejemplo, ahora ya no podremos conocer cualquier documento que “comprometa la seguridad del Estado”, “dañe la estabilidad financiera o económica” o “contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos…”. Por otro lado, se amplía la inclusión de todo tipo de secretos de derecho privado y mercantil que en la vida pública han actuado más como escudos para la corrupción y la colusión política y empresarial que como una verdadera protección a la privacidad o confidencialidad de los datos personales nadie.En este mismo renglón de reservas, se subsume la normatividad jalisciense a las autoridades federales, de otras entidades federativas e incluso de organismos internacionales, cuyos criterios de reserva la nueva ley se obliga a observar.

También, de forma irresponsable se incorpora de manera explícita la reserva de las “las averiguaciones previas”, así sin mayor especificación y sin considerar que ese delicado tema se encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a razón de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 16 al Código Federal de Procedimientos Penales promovida por el ombudsman nacional.Pero quizás lo más grave es que con la nueva ley también se busca eliminar la utilización del criterio de “prueba de daño” a la hora de interpretar y aplicar estas reservas. Este criterio de avanzada limita el abuso de las categorías de reserva ya que obliga a la autoridad a demostrar que la divulgación de la información tendría un impacto real, “probable y presente”, sobre alguna de las áreas de reserva.

Es decir, coloca claramente la “carga de la prueba” en el ámbito del gobierno y no en el del ciudadano solicitante.Como colofón de esta colección de yerros es el hecho de que la nueva ley ignora olímpicamente el artículo 14 de la propia Ley Federal de Transparencia que señala que “no podrá invocarse el carácter reservado” sobre información pública que sirva para la “investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” Esta cláusula adquiere una dimensión de gran importancia especialmente en estos tiempos en que padecemos la crisis de seguridad pública más grave de la historia contemporánea.

Hoy la transparencia en las investigaciones sobre abusos y violaciones a los derechos humanos es más urgente que nunca y cualquier estado responsable tendría que incorporarla en su legislación.Como siempre, la única esperanza para frenar esta regresión de vocación autoritaria y opaca está del lado de la participación activa de los ciudadanos quienes por fortuna se encuentran muy organizados en Jalisco sobre estos temas desde hace ya varios anos. Todos tenemos la obligación de apoyar su batalla en este sinuoso y peligroso camino para llegar al establecimiento de una verdadera transparencia democratizadora y democratizante.

@Irma_Sandoval
www.irmaerendira.blogspot.com
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio Anti-Corrupción del IIS-UNAM

11/13/2011

Simulación certificada


Irma Eréndira Sandoval

La escaramuza de Felipe Calderón con los gobernadores y el jefe de Gobierno respecto a la certificación policiaca sólo busca levantar polvo electoral para tapar el hecho de que ninguna de las partes está a la altura del gran reto del combate de la corrupción. La aplicación de evaluaciones de control de confianza no podrá por sí sola remediar la enorme debilidad estructural de la policía. Además, si esta política continúa falta de una verdadera estrategia integral de desarrollo profesional y control externo, la obstinación con la famosa “certificación” podría agravar la impunidad y simulación prevalecientes en las fuerzas del orden.

De acuerdo con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, absolutamente todos los elementos policiacos deben quedar certificados a más tardar el tres de enero de 2013, o de lo contrario, quedarán despedidos. Sin embargo, gobernadores y presidentes municipales han avanzado a paso de tortuga en este proceso. Del universo de 458 mil 816 policías estatales y municipales, solamente 71 mil 79 han sido evaluados. De éstos, sólo 35 mil 851 han aprobado, así que hoy únicamente 7.81% del total de los policías en activo se encuentra certificado.

Este atraso caracteriza por igual a estados gobernados por el PRI, el PAN o el PRD. Guerrero, Veracruz, Estado de México, DF, Nuevo León y Jalisco, todos cuentan con un avance menor a 25%.
Los gobernadores están perfectamente conscientes de la corrupción que corroe a sus instituciones de seguridad y no quieren correr el peligro de quedarse sin policías en enero de 2013. Pero en lugar de buscar estrategias alternativas para resolver la situación, prefieren continuar repartiendo sin rubor recursos millonarios para aceitar sus maquinarias electorales. Apuestan a que las elecciones del primero de julio generen una coyuntura política diferente que permitirá modificar las exigencias de ley e ignorar los llamados de Calderón.

En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 31 de octubre, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se atrevió a proponer posponer hasta por 12 años el plazo para construir cuerpos policiacos confiables. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, también fue transparente: “Yo pienso que los gobernadores quisiéramos tener ya certificada la policía al 100%. Sin embargo, nuestra realidad es otra, no aspiremos a una policía como la de Suiza o países tan avanzados”. De acuerdo con los mandatarios estatales, en lugar de luchar por la paz, habría que conformarnos con la muerte e impunidad, por lo menos en el mediano plazo.

Pero Calderón les sigue tronando los dedos a los gobernadores, no porque tenga un verdadero compromiso con el combate a la corrupción sino por evidentes motivos políticos. No es gratuito el hecho de que el Presidente haya escogido el mes de mayo, y no hasta después de las elecciones, como la fecha clave para presentar avances en la materia. Calderón sabe perfectamente que el tema de la certificación es una farsa. Los exámenes aplicados a nivel federal no se han traducido en mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

Al contrario, la comisión de delitos del fuero federal va en aumento y el abuso de autoridad de las fuerzas federales continúa como nunca antes. Las constantes extorsiones cometidas por la Policía Federal en Ciudad Juárez y otros sitios así lo demuestran.
Urgir a los gobernadores para que “cumplan” sea como sea, con las metas cuantitativas de la aplicación de exámenes, lo único que podrá arrojar son procesos de certificación simulados con efectos desastrosos. Con examinadores improvisados, mal capacitados y bajo presión, los policías corruptos recibirán fácilmente su certificación, lo que les refrendará su licencia para delinquir, y muchos elementos honestos de estas corporaciones serán despedidos, lo que los expondrá a ser reclutados por el narcotráfico y el crimen organizado. Vale la pena recordar que los centros de evaluación y control de confianza no cuentan con ninguna independencia de los titulares de las secretarías de Seguridad y procuradores correspondientes.

Ni a Calderón ni a los gobernadores les interesa el combate a la corrupción. De nada sirve extirpar las “manzanas podridas de los canastos” por medio de exámenes estériles y simulados, si el mismo canasto está hecho de fibras que incentivan la deshonestidad, la impunidad y la corrupción. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) logra cobrar solamente 0.60% de las multas que aplica y ha dejado de cobrar 61 mil millones de pesos en multas de 1991 hasta la fecha. Estas cifras sólo documentan algo que todos sabemos, el Latinobarómetro de 2011 señala que 55% de la población mexicana, el porcentaje más alto de toda la región, considera a la corrupción el problema más lacerante de nuestro sistema político.

La única solución es transformar radicalmente los marcos institucionales de los cuerpos policiacos para generar nuevos incentivos para la ética pública, la honestidad, y la eficacia policiaca, como por ejemplo serían la implementación de un verdadero servicio civil de carrera policiaca, el establecimiento de nuevos protocolos de actuación, la apertura total a la transparencia y el control ciudadano, y un riguroso control externo y fiscalización por instituciones completamente independientes. En lugar de más simulaciones, evaluaciones estériles y acusaciones mutuas, habría que exigir soluciones de fondo. Lo que falta, como de costumbre, es simple y llana voluntad política.

www.irmaerendira.blogspot.org
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales
y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia, UNAM

6/12/2011

Impunidad democrática



Irma Eréndira Sandoval

Sabemos bien que Jorge Hank Rhon y Pablo Salazar Mendiguchía no son los únicos políticos “con cola que les pisen”. En el México de la impunidad democrática, el abuso de autoridad para acumular recursos y poder no es la excepción sino la regla, y se manifiesta por igual entre todos los partidos. Lo excepcional de los políticos detenidos no son sus delitos, sino que sean llamados a cuentas.

Pero seguramente ni el ex alcalde de Tijuana, ni el ex gobernador de Chiapas serán sentenciados por los endebles delitos que se les imputan. Más temprano que tarde los hallaremos paseando junto con otros políticos impunes como Raúl Salinas, Oscar Espinosa, Mario Marín, Ulises Ruiz, Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, Zeferino Torreblanca, Amalia García, Sergio Estrada, Marta Sahagún y Fidel Herrera, por mencionar algunos casos emblemáticos.

La rendición de cuentas es una deuda del sistema de procuración de justicia. Hoy por hoy, lo que determina la suerte de una investigación criminal no es el profesionalismo o independencia de los MP, sino las órdenes de “sus superiores”, que deciden si el caso se resuelve o se archiva según las necesidades políticas del momento.
La total opacidad de la PGR y de las 32 procuradurías estatales impiden cualquier escrutinio público, lo que permite el uso faccioso de la ley. El inconstitucional Art. 16 del Código Federal de Procedimientos Penales ha cerrado el acceso a las averiguaciones previas. Asimismo, las denuncias en contra de los funcionarios de procuración de justicia se archivan tan rápido como se reciben. Por ejemplo, la Visitaduría General de la PGR, área responsable de investigar la corrupción dentro de la institución, tendría que contar con un robusto apoyo financiero así como una fuerte protección política para poder fungir como punta de lanza para una limpia general. Pero en los hechos esta oficina ha quedado totalmente relegada durante los cuatro años de la “guerra” de Felipe Calderón. Una situación similar ocurre con las oficinas correspondientes en las 32 entidades federativas. Simplemente no existe un sistema de control interno, externo o ciudadano en la procuración de justicia del país.

El sospechoso y vergonzoso extravío de la averiguación previa del asesinato de Armando Chavarría por parte la PGJ del estado de Guerrero precisamente durante los últimos días de la gestión de Torreblanca constituye otro ejemplo más de la inexistencia de un sistema de rendición de cuentas dentro del contexto de la “alternancia” política. En lugar de que la incertidumbre electoral haya generado incentivos para que los gobernantes se comporten con mayor honestidad y profesionalismo, resulta que más bien ha empujado a los políticos para innovar en materia de evasión y simulación jurídica.

Otro caso emblemático es el de Oaxaca, donde las auditorías del gobierno de Gabino Cué han revelado un desfalco por más de mil 735 millones de pesos durante la administración de Ulises Ruiz en dependencias tan importantes como el DIF, la Contraloría estatal y el Seguro Popular. Sin embargo, resulta que “casualmente” durante su mandato el ex gobernador “investigó” y exoneró a uno de los principales responsables de este masivo fraude, al ex tesorero estatal Miguel Ángel Ortega Habib. Hoy, la acción de la justicia en el nuevo gobierno se ve seriamente afectada, pues, como sabemos, nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.

En Zacatecas la ex gobernadora también ha sido exhibida en meses recientes por posibles desvíos de recursos públicos en áreas tan diversas como las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas y el propio DIF. El nuevo gobernador, Miguel Alonso Reyes, denunció desfalcos por más de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, después de un importante escándalo mediático a finales del año pasado, una vez más prevaleció la “reconciliación” y se implementó una operación cicatriz más que un ejercicio de rendición de cuentas. Lo más seguro es que después de los “arreglos” correspondientes simplemente se archivarán todos estos incómodos expedientes.

Si México quiere tener alguna esperanza de empezar a andar por la senda de la renovación institucional urge pasar de la lógica del “ajuste de cuentas” a la de la rendición de cuentas. Los políticos y gobernantes que delincan, independientemente de sus recursos, conexiones e influencias, no deben solamente realizar visitas de cortesía a la cárcel, sino quedarse encerrados una larga temporada por defraudar la confianza ciudadana y los principios democráticos.

http://www.irmaerendira.blogspot.com/
Investigadora y Coordinadora del Laboratorio
Anti-Corrupción del IIS-UNAM

5/25/2011

La primavera de Mayo en Madrid



Irma E. Sandoval

La valentía, imaginación política y fraternidad de los miles de participantes en el movimiento del 15 de Mayo surgido en Madrid y otras capitales españolas, constituyen el más bello homenaje que pudo haberse organizado al 80 Aniversario de la República Española. Todos los discursos huecos preparados para la ocasión por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los partidos y actores políticos tradicionales fueron rebasados por el entusiasmo y clarividencia de una juventud que sabe que "un mundo mejor es imperativo".

Una tendencia similar ocurre en nuestro país. Más allá de la indiferencia, desgano y posibles irregularidades que marcaron la organización por el gobierno federal de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, cuyo costo ascendió a más de 45 millones de dólares, el verdadero homenaje a estas gestas históricas está siendo desplegado por el emergente movimiento por la paz con justicia y de repudio a la criminal guerra de exterminio del pueblo mexicano. Como en los tiempos de la Revolución mexicana, el norte del país se vuelve epicentro hoy de la transformación social y la consigna de "Todos somos Ciudad Juárez" adquiere una resonancia fundamental.

Así como en Madrid los jóvenes rechazan un bipartidismo que simula una aparente confrontación ideológica para esconder la total coincidencia en las decisiones fundamentales de sometimiento al poder del capital financiero, en México estamos ante la emergencia de un movimiento de nuevo signo y que rechaza a las tres principales fuerzas electorales. Tal y como en España se exigen nuevas instituciones y se desafían las absurdas prohibiciones de la Junta Electoral de Madrid a las manifestaciones, en México se despliegan acciones de resistencia civil de gran alcance como la marcha del 8 de mayo y las iniciativas convocadas por No + Sangre.

De la misma manera que del otro lado del Atlántico se busca combatir la manipulación mediática y la impunidad de los responsables de la actual crisis económica, en México la exigencia del fin de la corrupción, de la destitución de García Luna y del castigo a los responsables de los más de 40 mil muertos oficialmente reconocidos es una demanda que hoy nadie puede acallar. No es gratuito a este respecto las casi 10,000 firmas que en tan sólo un par de semanas ha concitado la petición de juicio a Calderón y sus más cercanos colaboradores ante la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, a pesar de tantas coincidencias, también hay una gran diferencia entre el discurso anti-partidista de los jóvenes españoles y las tendencias anti-electorales de expresiones que dentro del movimiento mexicano han abogado por el llamado al voto nulo y las candidaturas ciudadanas. Mientras que para los primeros, se trata de avanzar hacia la verdadera democratización de la vida pública, el discurso y propuestas de los segundos podría llevarnos a preparar el terreno para la más abierta dominación de los poderes facticos de siempre.

En Madrid, antes que un rechazo existe una reivindicación de la política. El movimiento del 15 de Mayo busca concientizar a sus partícipes de la dominación de lo que ellos llaman la "mercadocracia" y aspiran a tomar el poder de forma autogestiva. En esta búsqueda, los jóvenes de Madrid subrayan la solidaridad con la clase obrera, los inmigrantes y los sindicalistas, mientras que para los "anulistas" mexicanos cualquier organización que tenga que ver con el Sindicato Mexicano de Electricistas o cualquier otra organización popular es mirada con resquemor y sospecha.

Los jóvenes españoles reclaman una "democracia real ya", y con tal consigna han puesto de manifiesto la naturaleza altamente defectuosa de la democracia realmente existente en España y en el resto de Europa. La contribución más importante de este nuevo movimiento ha sido demostrar que sin democracia en lo económico no es posible la democracia en lo político. Una manta en la Puerta del Sol reza: "Soy un joven sin casa, sin curro, sin pensión, sin futuro, pero sin miedo" y ello es precisamente la gran valía de esta nueva hora histórica en España, la alta concientización de estos jóvenes "sin futuro" que han logrado demostrar la falacia del binomio democracia y neoliberalismo.

La juventud española de hoy se revela como digna heredera de aquella otra generación de jóvenes de 1931. Solidaricémonos con esta digna lucha y aprendamos de ella para imprimir un sentido crítico, político y de movilización juvenil a nuestro propio movimiento emergente por una democracia verdadera.

*La autora es investigadora del IIS-UNAM

3/07/2011

Calderón y la corrupción

Irma Eréndira Sandoval

La ausencia de estrategias innovadoras y estructurales para combatir la corrupción ha sido uno de los elementos que han caracterizado la alternancia política del país. Ahora, de manera tardía y meramente simbólica en el ocaso de su sexenio, Felipe Calderón busca enmendar este gran fracaso histórico lanzando un par de propuestas nuevas en la materia.

En principio, habría que reconocer los avances de las iniciativas anunciadas el pasado miércoles. Éstas incluyen dos demandas históricas de los estudiosos del combate a la corrupción: por un lado, sanciones contundentes para los miembros del sector privado que se coludan en actos de corrupción y, por otro lado, estímulos económicos para quienes denuncien tales actos. Ambos temas son ampliamente tratados en mi libro más reciente, Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad (Siglo XXI–IISUNAM, 2009). Allí se señala, por ejemplo, que como signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, México estaba obligado desde hace mucho a adoptar medidas de protección y estímulo a los whistleblowers o informantes y denunciantes internos. Sin embargo, tanto el contexto en que estas iniciativas fueron presentadas como la falta de un andamiaje institucional y legal apropiado para hacerlas funcionar, indican que terminarán siendo una nueva llamarada de petate.

Este anuncio se realizó en la víspera del encuentro de Calderón-Obama, lo que sugiere que la propuesta está más diseñada para congraciarse con el gobierno estadounidense, que para lograr la recuperación de la confianza de la ciudadanía mexicana. De la misma forma en que Carlos Salinas, en el marco de la aprobación del TLCAN en 1990, anunciara con bombo y platillo la creación de una CNDH subordinada al Ejecutivo, hoy Calderón también estaría respondiendo a las presiones del Norte.

Los principales estudios internacionales sobre la implementación de las leyes de denunciantes internos demuestran que estas normas sólo pueden funcionar de forma adecuada en el marco de la vigencia de las libertades de expresión, de acceso a la información, de asociación y de sindicalización, todo lo cual por desgracia hoy es más una quimera que una realidad para los ciudadanos de este país. De otra forma, los whistleblowers podrían poner en riesgo su integridad física y laboral y no pocas veces podrían arrepentirse de su participación. Otro grave riesgo es que estas figuras terminen siendo utilizadas para ajustes de cuentas, tal y como ha sido la pauta con los programas de “testigos protegidos” tan utilizados hoy por la Procuraduría General de la República.

Con respecto a la creación de una nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, no queda claro porque la iniciativa únicamente se limita a las “contrataciones públicas de carácter federal”. Lo que realmente haría falta es una ley general anticorrupción de amplio espectro que cubra la totalidad de las relaciones de complicidad y subordinación del sector público a los intereses privados. También haría falta dotar de independencia real a las instituciones responsables de aplicar las nuevas sanciones al sector privado. De nada servirá que a la Secretaría de Función Pública se le asignen estas nuevas facultades, cuando hasta el momento no ha sido capaz de hacer bien su labor en materia de sanciones para los servidores públicos.

En su discurso del miércoles, el Presidente también señala que “se mejorará sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos con objeto de impedir incrementos inexplicables en los mismos”, lo cual además de ser una perogrullada constituye una tácita aceptación de los altos niveles de impunidad en la materia. Algo verdaderamente útil hubiera sido el convertir en información pública de oficio las declaraciones patrimoniales de absolutamente todos los funcionarios públicos y representantes populares.

Pero ese tipo de transparencia no es del agrado del Presidente. Tan sólo el miércoles pasado durante la aprobación en lo general de las reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la SHCP volvió a presionar a los diputados panistas para que se reservara el artículo 18 Bis que proponía transparentar los recursos públicos depositados en fideicomisos.

En resumen, sin voluntad política, sin consensos, sin respaldo social, sin una política anticorrupción verdaderamente coherente, y sobre todo sin un verdadero Estado de derecho, las reformas anticorrupción propuestas por el Presidente están condenadas al fracaso.

www.irmaerendira.blogspot.com

Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

2/20/2011

Transparencia a juicio


Irma Eréndira Sandoval

¿Nuestro derecho de acceso a la información pública sigue vigente o está condenado a correr la misma suerte de otras garantías constitucionales que en la práctica han quedado en letra muerta? En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre una serie de casos históricos que determinarán nada menos que el futuro de la transparencia en el país.

Entre ellos destacan:

1) la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH en contra de las reformas al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que cancela el acceso ciudadano a las averiguaciones previas;

2) la acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley de Transparencia del Estado de Campeche que permiten apelar las decisiones de la Comisión de Transparencia local ante el Tribunal Judicial estatal;

3) el amparo presentado por dos ONG en contra de la negativa de la PGR a entregar una versión pública de la averiguación previa de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en relación con la desaparición de Rosendo Radilla en los años 70; y

4) el amparo presentado por Fundar en contra del desacato del SAT a una resolución del IFAI que le ordenaba entregar información sobre montos, motivos y recipiendarios de créditos fiscales de 2007.

Lo que está en juego en todos y cada uno de estos casos es nuestro derecho a saber. Si la SCJN rechaza las “acciones de inconstitucionalidad” no solamente estaría cooperando con la tradicional opacidad de la PGR, y obstaculizando el acceso a información pública en el estado de Campeche, sino que propinaría una estocada de muerte al sexto constitucional. Asimismo, si la Corte niega los amparos ciudadanos, ello abonaría no únicamente a la ignorancia e impunidad de uno de los pasajes de mayor oprobio de nuestra historia: la guerra sucia, y a la típica colusión del poder y el dinero, sino que también convertiría las “resoluciones” de los institutos de transparencia del país en meras “recomendaciones” sin mayor robustez legal o poder vinculatorio.

El caso del SAT es particularmente relevante porque involucra el destino de más de 500 mil millones de pesos del erario público equivalentes al 2% del PIB. Si bien es cierto que un “crédito fiscal” no constituye una erogación de recursos gubernamentales, ellos representan pérdidas para el Estado que deja de recibir cuantiosos ingresos para el financiamiento de programas públicos. Asimismo, si estos créditos se otorgan de manera arbitraria o irregular, se fomenta un claro abuso en materia fiscal y ello inevitablemente se traduce en fraudes de mayor alcance por parte de los actores empresariales.

En México, la única información “confidencial”, que nunca podrá ser divulgada, es la que “refiere a la vida privada y los datos personales”. Las personas morales, recordémoslo, no tienen “datos personales” y mucho menos “intimidad”. Como ya hemos argumentado en estas mismas páginas (“La coartada de los datos personales”, 8/09/2010, http://bit.ly/hS8sQD), la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares claramente define al dato personal como aquella “información concerniente a una persona física identificada o identificable”. Así que de entrada no se puede clasificar como confidencial la información sobre los créditos fiscales de empresas como Cemex, Telmex, Grupo Modelo, WalMart, Televisa, Televisión Azteca, AHMSA, etcétera, que han sido las principales beneficiarias directas de esta figura legal.

Para evadir el asunto, el gobierno aduce el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que obliga al personal del SAT a “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”. Pero, un crédito fiscal es un acto gubernamental en el que de forma unilateral se decide no cobrar las deudas de un contribuyente. El cálculo del monto corresponde exclusivamente a la autoridad y, por lo tanto, no constituye en absoluto información “suministrada por los contribuyentes”. De la misma forma, con gran visión en su amparo, Fundar impugna no sólo la aplicación de esta disposición en el caso concreto de los créditos fiscales, sino la propia constitucionalidad del llamado “secreto fiscal”, que evidentemente violenta el principio constitucional de “máxima publicidad” que permite excepciones específicas, pero no prohibiciones genéricas al régimen de transparencia. La Corte tiene la palabra: el respeto al artículo sexto constitucional o el auspicio de la opacidad, la impunidad y la evasión.

Twitter: @Irma_Sandoval
Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción de la UNAM