José Antonio Crespo
Antes que nada, convendría que los medios y los comunicadores tuvieran clara la distinción entre delito electoral y falta administrativa, pues utilizan los dos conceptos de manera indistinta; así, dicen frecuentemente que el IFE o el Tribunal Electoral los quiere criminalizar, que la ley electoral los empuja a cometer delitos electorales, que los tratan como delincuentes.
Es como confundir un robo con pasarse un alto. Las infracciones al Cofipe son de orden estrictamente administrativo, en tanto que los delitos electorales sí son sancionados con penas de cárcel (sin derecho a fianza), según lo estipula el Código Penal. Por eso mismo, las infracciones electorales las sanciona el IFE o el Trife, en tanto que los delitos son abordados por la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.
Bueno, eso se dice en el papel, pues bien sabemos que ante la gran cantidad de delitos que se cometen, y no por parte de los comunicadores, sino de funcionarios de todo nivel, en realidad esa dependencia se va por la “morralla”, es decir, delincuentes muy menores. Al tratarse de altos niveles políticos, lo que ha prevalecido es la impunidad. Pero también la parcialidad, pues la Fepade depende de la PGR, que a su vez forma parte del Ejecutivo federal, y, en ciertos casos, el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Recordemos, por ejemplo, como en 2006 salieron varios correos de oficinas gubernamentales atacando a Andrés Manuel López Obrador.
El uso de recursos públicos para favorecer a un candidato está penalizado con cárcel hasta por nueve años, según el artículo 407 del Código Penal. Sin embargo, la entonces fiscal especial María de los Ángeles Fromow se sacó de la chistera una doctrina muy original, pero absolutamente tramposa: el Código castiga el uso de recursos públicos utilizados a favor de un partido o candidato, ¡pero nada dice de esos mismos recursos canalizados para atacar a un partido o candidato! (por cierto, la ley no ha modificado ese punto para que los fiscales no tengan la misma “confusión” en adelante).
Se requería un mínimo de sentido común para interpretar la ley adecuadamente, pero sobre todo imparcialidad, que estructuralmente la Fepade está impedida de mostrar.Por otro lado, en 2010, durante los procesos estatales en varios estados, justo después de que revelaron grabaciones en que se detectaban posibles delitos en Veracruz y Oaxaca, la fiscal Arely Gómez renunció, justo semanas antes de la jornada electoral. Nunca se aclaró la razón de esa salida; ¿acaso no quiso sancionar a quienes sus jefes le pidieron que hiciera, o qué diablos pasó? Seguimos sin saberlo. En ese sentido, tienen razón los priístas de sospechar del reciente cambio que se hizo del titular de la Fepade, en pleno proceso electoral.
No tengo elementos que prueben que hubo en ello una intencionalidad electoral y partidista, pero ese ha sido el sello de los gobiernos panistas (que tanto criticaron esa conducta en el PRI). En todo caso, basta el hecho de que la Fepade no tenga autonomía estructural, así como su trayectoria, como para pensar mal. Los priístas quieren exhibir desde ahora la parcialidad de la dependencia, al acusar de posible delito electoral a la hermana de Felipe Calderón, por ordenar el reparto de “billetazos” en la contienda interna del PAN en Michoacán. Sabemos que las grabaciones ilícitamente obtenidas no tienen valor probatorio, pero son indicador para abrir una investigación exhaustiva. Si la Fepade no hace nada al respecto (como seguramente no hará), quedará inhabilitada su credibilidad para actuar contra alguien más.
Y Luisa María responde demandando a quien resulte responsable de haber realizado dicha grabación, suponiendo que fueron los priístas. Pero, ¿qué tal que los responsables fueran panistas?, pues se trataba todavía de un proceso interno. Y Milenio Televisión ha exhibido videograbaciones en que se observa con claridad la compra de votos en la elección interna del PAN en Chihuahua (pero se consideran el único partido democrático en México; sí, claro). En todo caso, tal parece que es hora de incluir en una futura (pero próxima) reforma la autonomía de la Fepade, o hacerla depender de algún organismo que no dependa a su vez del Ejecutivo.MUESTRARIO. En la mesa política de Carmen Aristegui, Gabriel Quadri intentó infructuosa y lastimosamente justificar y legitimar su decisión de abanderar al Panal. La única incógnita que queda por despejar es: ¿a cambio de qué aceptó sacrificar su prestigio y credibilidad?
Es como confundir un robo con pasarse un alto. Las infracciones al Cofipe son de orden estrictamente administrativo, en tanto que los delitos electorales sí son sancionados con penas de cárcel (sin derecho a fianza), según lo estipula el Código Penal. Por eso mismo, las infracciones electorales las sanciona el IFE o el Trife, en tanto que los delitos son abordados por la Fiscalía Especial para Delitos Electorales.
Bueno, eso se dice en el papel, pues bien sabemos que ante la gran cantidad de delitos que se cometen, y no por parte de los comunicadores, sino de funcionarios de todo nivel, en realidad esa dependencia se va por la “morralla”, es decir, delincuentes muy menores. Al tratarse de altos niveles políticos, lo que ha prevalecido es la impunidad. Pero también la parcialidad, pues la Fepade depende de la PGR, que a su vez forma parte del Ejecutivo federal, y, en ciertos casos, el Ejecutivo se convierte en juez y parte. Recordemos, por ejemplo, como en 2006 salieron varios correos de oficinas gubernamentales atacando a Andrés Manuel López Obrador.
El uso de recursos públicos para favorecer a un candidato está penalizado con cárcel hasta por nueve años, según el artículo 407 del Código Penal. Sin embargo, la entonces fiscal especial María de los Ángeles Fromow se sacó de la chistera una doctrina muy original, pero absolutamente tramposa: el Código castiga el uso de recursos públicos utilizados a favor de un partido o candidato, ¡pero nada dice de esos mismos recursos canalizados para atacar a un partido o candidato! (por cierto, la ley no ha modificado ese punto para que los fiscales no tengan la misma “confusión” en adelante).
Se requería un mínimo de sentido común para interpretar la ley adecuadamente, pero sobre todo imparcialidad, que estructuralmente la Fepade está impedida de mostrar.Por otro lado, en 2010, durante los procesos estatales en varios estados, justo después de que revelaron grabaciones en que se detectaban posibles delitos en Veracruz y Oaxaca, la fiscal Arely Gómez renunció, justo semanas antes de la jornada electoral. Nunca se aclaró la razón de esa salida; ¿acaso no quiso sancionar a quienes sus jefes le pidieron que hiciera, o qué diablos pasó? Seguimos sin saberlo. En ese sentido, tienen razón los priístas de sospechar del reciente cambio que se hizo del titular de la Fepade, en pleno proceso electoral.
No tengo elementos que prueben que hubo en ello una intencionalidad electoral y partidista, pero ese ha sido el sello de los gobiernos panistas (que tanto criticaron esa conducta en el PRI). En todo caso, basta el hecho de que la Fepade no tenga autonomía estructural, así como su trayectoria, como para pensar mal. Los priístas quieren exhibir desde ahora la parcialidad de la dependencia, al acusar de posible delito electoral a la hermana de Felipe Calderón, por ordenar el reparto de “billetazos” en la contienda interna del PAN en Michoacán. Sabemos que las grabaciones ilícitamente obtenidas no tienen valor probatorio, pero son indicador para abrir una investigación exhaustiva. Si la Fepade no hace nada al respecto (como seguramente no hará), quedará inhabilitada su credibilidad para actuar contra alguien más.
Y Luisa María responde demandando a quien resulte responsable de haber realizado dicha grabación, suponiendo que fueron los priístas. Pero, ¿qué tal que los responsables fueran panistas?, pues se trataba todavía de un proceso interno. Y Milenio Televisión ha exhibido videograbaciones en que se observa con claridad la compra de votos en la elección interna del PAN en Chihuahua (pero se consideran el único partido democrático en México; sí, claro). En todo caso, tal parece que es hora de incluir en una futura (pero próxima) reforma la autonomía de la Fepade, o hacerla depender de algún organismo que no dependa a su vez del Ejecutivo.MUESTRARIO. En la mesa política de Carmen Aristegui, Gabriel Quadri intentó infructuosa y lastimosamente justificar y legitimar su decisión de abanderar al Panal. La única incógnita que queda por despejar es: ¿a cambio de qué aceptó sacrificar su prestigio y credibilidad?
Facebook: José Antonio Crespo Mendoza.
Investigador del CIDE
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